Esta no es una historia excepcional sino una historia-patrón: Lizbeth Emperatriz Vázquez Vázquez, cajamarquina que a los 17 años participaba en las manifestaciones en favor del agua en el contexto del conflicto social por el PM Conga, sufrió fuertes agresiones de la policía mientras defendía a su madre cerca de la Plaza Bolognesi en Cajamarca en junio del 2012. Un video sobre su tortura fue vital durante aquellos meses pues se veía claramente a una jovencísima mujer, vestida enteramente de rosado, que era arrastrada de los pelos por varios DINOES, golpeada con las varillas, atosigada con los gases lacrimógenos, levantada en vilo y dejada a un lado de la vereda inconsciente. La violencia se desató cuando la policía pateó una olla común, los gases lacrimógenos nublaron la plaza y la madre de Lizbeth, recién operada, era golpeada por la policía. Lizbeth presentó una denuncia por abuso de autoridad que fue inmediatamente archivada; en cambio, hoy a sus recién cumplidos 20 años tiene un proceso penal en la Fiscalía de Chiclayo, que solicita para ella nueve años de prisión por desacato a la autoridad. El mundo al revés.
El Perú tiene como parte de sus compromisos internacionales luchar contra toda forma de tortura. La tortura, de ningún tipo ni siquiera la psicológica, puede ser jamás usada en ninguna circunstancia. No hay justificación plausible para torturar a un ser humano ni para infligirle tratos crueles y degradantes. Lamentablemente la tortura en el Perú es una práctica extendida, continua, permanente y lo que intentamos desde diferentes ámbitos –CNDDHH, Defensoría del Pueblo, MINJUS– es que no sea endémica.
Precisamente como parte de esta tarea, ayer se realizó en el PNUD de Lima una reunión para debatir los esfuerzos, insuficientes, del Estado peruano para evitar que en nuestro país se den situaciones de tortura permanentemente. Estuvieron presentes los miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y muchas autoridades, entre ellas, fiscales, congresistas y expertos en derecho penal. El Viceministro de DDHH, José Ávila, apeló en su discurso a la alta tolerancia que tenemos los peruanos a la tortura, en el sentido de que consideramos, contra todos los principios éticos, que debemos usarla para evitar “males mayores”.
Ávila tiene razón pero para actuar su despacho debería plantear, de cara a varios niveles educativos, una política que permita introducir la TOLERANCIA CERO a la tortura no solo entre policías y efectivos de las fuerzas armadas, sino también entre los universitarios y escolares para aprender a combatirla. Muchos peruanos y peruanas creen que una pateadura contra los manifestantes de Conga, Tía María o Cañaris “a veces es necesaria para imponer el Estado de Derecho”. Lo lamentable es que eso también lo piensen los ex ministros y ex presidentes.
Sin embargo el problema es que esta percepción la tengan los propios operadores de justicia incluyendo fiscales, jueces, policías, INPEs y miembros de las Fuerzas Amadas. Escucho a varios abogados jóvenes y entusiastas que trabajan en la actualización del Manual de Derechos Humanos de la PNP (MININTER) como una forma de difundir esta TOLERANCIA CERO. Muy bien, pero ¿cuándo estará listo?, ¿el manual es un protocolo obligatorio?, ¿de qué se trata que los policías no torturen? No olvidemos la muerte de Gerson Falla luego de ser golpeado en una comisaría de Lima mientras sus agresores grababan un video de todo el acto. No olvidemos la golpiza a Marco Arana incluso con medidas cautelares de la CIDH. No olvidemos a Lizbeth Emperatriz ni su ropa rosada y ensangrentada.
Diario La República 27.05.14
