19 de julio de 2010

LLAGAMARCA RECLAMA SU AGUA A YANACOCHA


Según los mineros la minera incumple sus compromisos como la construcción del sistema de agua potable y estudio del reservorio

Junto con personal de la oficina de la administración del agua de Cajamarca, pobladores del caserío de Llagamarca del centro poblado de Santa Bárbara compresión del distrito de Baños del Inca, realizaron hoy a partir de las 9.30 de la mañana una inspección en la bocatoma del canal de la quebrada. El encajón jurisdicción de Minera Yanacocha

El tesorero del comité del canal Llagamarca, Juan Cholán Vargas, manifestó que su comunidad es más afectada porque las explotaciones mineras desaparecieron definitivamente la laguna Yanacocha de donde en 1997 iniciaron la apertura de la zanja para llegar agua a la población de la mencionada comunidad según consta en el Diario Oficial El Peruano de fecha 22 de Mayo de 1997

Precisó que cuando la empresa Minera inicia sus exploraciones el caudal del agua que afloraba de la laguna Yanacocha era de 25 litros por segundo, pero luego esta cantidad disminuyó problema que se agravo con el cierre de 7 km de zanja, sin embargo la empresa minera ofreció que al final de sus operaciones Llagamarca tendría la misma cantidad y calidad de agua que perdieron según consta en el acta del 15 de abril de 1997 documento que se firmó en presencia del entonces alcalde de Baños del Inca Alfredo León Obando

El mencionado dirigente señaló que Minera Yanacocha nunca hizo obras de apoyo social para la comunidad de Llagamarca, lo que hizo fue a cambio del canal, es por estas razonas que después de 13 años reclamamos a la empresa minera cumpla sus compromisos de lo contrario iremos hasta la corte internacional de Derechos Humanos en Cajamarca no nos hacen caso manifestó

Diario El Clarín-Cajamarca 19/07/2010





TRES HERIDOS DE BALA DEJA ENFRENTAMIENTO EN CASMA


Conflicto. Entre comuneros y policía. Mineros artesanales de la zona se oponen a la presencia de la empresa minera Santa Fe.

Durante tres horas mineros artesanales de la comunidad de Huancuy (Casma) se enfrentaron a la policía que escoltaba el ingreso de funcionarios de la mina Santa Fe en oposición al inicio de sus operaciones.

La protesta dejó como resultado tres pobladores heridos de bala, varios policías golpeados y la retención por el lapso de una hora del fiscal Julio Obregón, además de daños materiales a vehículos de la Policía y de la empresa minera.

Los enfrentamientos ocurrieron en la madrugada, en la vía de acceso al yacimiento minero Beta Colorada, donde los comuneros colocaron una tranquera.

Funcionarios de Santa Fe habían conseguido garantías de la gobernatura de Casma para ingresar al centro de operaciones de la mina, por eso llegaron al lugar con policías para despejar la zona. Esto fue tomado como una provocación por los pobladores, quienes temen un desalojo. La violencia desatada fue tal que los policías debieron pedir refuerzos.

Por la tarde las autoridades y los pobladores firmaron un acta.

Diario La República-Lima 19/07/2010





16 de julio de 2010

160 MIL TRUCHAS MUEREN ENVENENADAS EN PISCIGRANJA


Hecho ocurrió en Acopalca y desgracia se habría generado por obra de captación de agua

Más de 160 mil alevines de trucha murieron envenenados en la piscigranja del centro poblado de acopalca en el distrito de Huarí, provincia del mismo nombre

El alcalde de Acopalca Virgilio Huarta Jara, denunció ayer que la muerte masiva de los peces ha sido provocada por el uso de un auditivo tóxico que sirve para endurecer el cemento utilizado en la construcción de una obra de mejoramiento para la captación de agua en el río Purguay en la parte alta de la referida comunidad

El alcalde y el ingeniero pesquero Leonidas Amadeo Morales constataron que en la zona del río Purguay donde se viene construyendo la obra, los trabajadores están levantando muros de concreto y usan un auditivo de nombre, “sice” que acelera el fragnado del cemento peor sería tóxico

Las piscigranjas de Apocalpa- que es además un recurso turístico de la zona- se abastece con el agua del río Purguay, la misma que habría sido intoxicada provocando la muerte de los más de 161 855 alevines, que en peso alcanzan la cantidad de 26 toneladas.

La obra es financiada y ejecutada por la municipalidad provincial de Huari desde el pasado 2 de julio.

Desde ese día la muerte de alevines de trucha ocurrió de manera progresiva, pero recién ayer se pudo determinar la verdadera causa de la tragedia, muerto por envenenamiento debido al uso del aditivo tóxico

El caso fue denunciado penalmente ante la fiscal Dora Cabrera Navarrete quien no la acepto. La demanda fue derivada a la fiscalía de Prevención de contaminación ambiental de Huaraz

Diario La República-Lima 16/07/2010





MINERÍA OCUPA MÁS DE 20 MILLONES HECTÁREAS DE SUELO PERUANO


La minería atraviesa su momento de mayor expansión en la historia del país, con casi 20 millones de hectáreas concesionadas a dicha actividad, reveló el economista José De Echave, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú.

Fue al mencionar las principales conclusiones del Sexto Informe del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, análisis semestral sobre los últimos acontecimientos de la problemática minera en nuestro país.

El documento recoge casos de cinco regiones (Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco) donde se evidencian fuertes tensiones derivadas de las actividades extractivas; y es que la minería ya no sólo abarca zonas alto andinas, sino que ahora también ocupa valles interandinos e incluso, algunas áreas de la selva.

En ese contexto, De Echave dijo que el caso de la provincia arequipeña de Islay y el conflicto no resuelto sobre el proyecto minero Tía María son un ejemplo de cómo el Estado no actúa oportunamente para prevenir enfrentamientos con la población.

Un segundo elemento clave es el ambiental; y es que situaciones como la fuga de relaves mineros en Huancavelica y el derrame de petróleo en el río Marañón (Loreto), ratifican que el Estado carece de capacidad de control y de regulación para con las empresas del rubro.

"El Estado reacciona tarde y ese es un común denominador: hay posibilidades de diálogo, pero demora y la ausencia de una estrategia adecuada que busque canalizar el conflicto por vías institucionales no es asumida. El Estado no demuestra mayor iniciativa y sigue con la actitud de apagar incendios cuando lo que le corresponde es prevenir los conflictos", anotó.

Finalmente, expresó su preocupación por la anunciada transferencia de funciones desde el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

"Ahora se trasladan funciones de OSINERGMIN a la OEFA del Ministerio del Ambiente, pero la transferencia es sin recursos", puntualizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010





COORDINAN PROTESTAS ANTE INCUMPLIMIENTOS DE PLUSPETROL


Pobladores de diversas comunidades del distrito de Parinari, en la provincia de Loreto, se reúnen hoy en la localidad de Santa Rita de Castilla para coordinar acciones de lucha ante el incumplimiento de la empresa Pluspetrol de los compromisos asumidos con los afectados por el derrame de petróleo del pasado 19 de junio.

La propuesta de los pobladores es cerrar el río Marañón como medida de presión para la empresa cumpla con entregarles alimentos, agua y medicinas tras el derrame de crudo en el río Marañón, a la altura del terminal de Saramuro de Petroperú.

El dirigente Alfonso Navarro adelantó que, entre las acciones a ser debatidas, se incluye un plantón frente a las oficinas de la empresa Pluspetrol, ubicadas en la provincia de Maynas, este lunes 19 de julio.

De igual manera, Navarro anunció que presentarán una denuncia penal contra dicha compañía ante el Ministerio Público de Loreto. También dejó abierta la posibilidad de cerrar el río Marañón contra Pluspetrol, la cual dijo trata de confundir a la opinión pública con comunicados donde afirma que ha entregado apoyo a los afectados.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010





MESA DE DIÁLOGO AMBIENTAL SE REUNIRÁ PARA VER CASO DOE RUN


Este viernes, la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín se reunirá este viernes para analizar la situación de la minera Doe Run, la cual no estaría en condiciones de reanudar sus operaciones en La Oroya.

"Quisiéramos equivocarnos, pero desgraciadamente Doe Run no va a cumplir (con retomar sus faenas antes del 25 de julio", afirmó Washington Mori, secretario del referido espacio de diálogo.

Mori advirtió que este hecho provocará un impacto enorme, no sólo en los más de tres mil 500 trabajadores del complejo metalúrgico de la minera, sino en la economía de la ciudad, la cual depende de las operaciones de Doe Run.

En ese sentido, adelantó que la reunión de mañana tendrá carácter ampliado y en ella participará la ex directora general del Ministerio de Energía y Minas, María Chapuís.

Cabe recordar que ayer, jueves, la Mesa de Diálogo Ambiental de Junín presentó los resultados de una encuesta aplicada a más de cinco mil personas donde se les consultó su opinión acerca de los condicionamientos planteados por DRP para reanudar sus faenas.

Mori detalló que, como resultado del estudio, un 95% de los encuestados se declaró en contra de los pedidos formulados por la empresa norteamericana, entre los que destaca su solicitud para prorrogar nuevamente el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Medioambiental (PAMA).

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010





15 de julio de 2010

BLOQUEAN CARRETERA EXIGIENDO MÁS TRABAJO


Con montículos de tierra y piedras, los pobladores de “El Empalme” ubicado en el Km. 68 de la carretera Cajamarca-Bambamarca, nuevamente bloquearon esta principal vía de acceso demandando a la empresa Golfields más oportunidades laborales para empresarios de la zona.

Un aproximado de 150 comuneros no permitieron el paso de los vehículos de la empresa minera, por tres largas horas. La Policía los diluyó y conminó a desistir de su medida de protesta, haciéndoles entender que perjudican a otros transportistas que utilizan la vía para movilizarse y llegar a sus destinos.

Pasadas las 13:00 horas, los manifestantes despejaron la zona, recuperándose el buen tránsito en la zona, a pedido del Fiscal de la Provincia de San Miguel quien actuó en plena coordinación con la Policía Nacional. Es necesario mencionar que los protestantes incurren en un delito si obstruyen o bloquean carreteras y que podrían ser denunciados conforme lo estipula el Cógigo Penal.

Diario Panorama Cajamarquino 15/07/2010





CONTROL DEL AGUA AVIVA LOS CONFLICTOS


Alerta. Entre empresas mineras y los pueblos. Experto José De Echave advierte que el 70% de pugnas socioambientales se vincula con la minería y recomienda al gobierno seguir de cerca estos problemas.

Las constantes asperezas entre las empresas mineras y las poblaciones afectadas van en aumento. Y es que en la actualidad más del 50% de los conflictos sociales que se registran en nuestro país son de carácter socioambiental.

La Defensoría del Pueblo en su último reporte advierte que de los 250 conflictos existentes en todo el territorio nacional, 126 son de tipo socioambiental. El director de CooperAcción, José De Echave, agrega que de esa cantidad, el 70% se vincula directamente con la extracción minera.

El agua de la discordia
El experto en temas ambientales explicó que el control del agua es el principal detonante de los conflictos entre las mineras y la población. Y advierte que la falta de comunicación e información entre ambas partes solo ayudó a agudizar más la situación actual.

“Estamos en un país donde los limites máximos de contaminación son demasiado permisibles, no hay instrumentos que operen de manera eficiente, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental no funciona adecuadamente, hay que apuntar a esas reformas”, dijo.

De Echave exhortó al gobierno central a articular funciones con los gobierno regionales, para que ambos realicen una mejor fiscalización y monitoreo de los conflictos socioambientales en las zonas de influencia minera.

“Los últimos que se enteran que el territorio fue concesionado es la población, incluso las autoridades locales. Por eso hay que mejorar la información, si la gente está mejor informada estará en mejores condiciones para encontrar posibles salidas y acuerdos”, señaló.

Agenda pendiente en sector Minero
1] El sexto observatorio de conflictos mineros en el Perú señala que dentro de la agenda pendiente en el sector Minero aún se encuentra la implementación de la ley de consulta previa, el ordenamiento del territorio, la implementación del catastro no minero y la protección de fuentes de agua y ecosistemas frágiles.

2] Además señalaron que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tal como se conoce, ha quedado desfasado y resaltaron la necesidad de contar con evaluaciones ambientales estratégicas más profundas.

3] Durante la Conferencia Anual de la Asociación de Exploradores y Explotadores Mineros (PDCA), realizada en marzo del 2010, el gobierno anunció que este año se invertirán US$ 3 mil millones.

Diario La República-Lima 15/07/2010





PELIGROSO INCREMENTO DE PROYECTOS MINEROS EN LA SELVA AGUDIZA CONFLICTOS


Los proyectos de la minería metálica se han desplazado “peligrosamente” de la sierra a la selva en donde existen reservas nacionales y parques nacionales que albergan áreas de frágiles ecosistemas.

Así lo indica el sexto y último reporte elaborado por el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) en el Perú presentado el miércoles 14 por José De Echave de la asociación CooperAcción y Pablo Sánchez de Grufides.

La presencia de empresas mineras en estas zonas de ecosistemas frágiles como cabeceras de cuenca, páramos andinos y zonas de selva agrava la situación de los conflictos sociales.

Se cita como ejemplo, la Cordillera del Cóndor, en donde también habitan los pueblos Awajun y Wampis, que participaron en los lamentables hechos de Bagua, al defender su territorio de la explotación de la minería.

La minería ha aumentado en Amazonas en un 17 por ciento, concentrándose en su mayoría en la zona del Cenepa.
Observaciones desnaturalizan Ley de Consulta

José De Echave, representante de la asociación CooperAcción, señaló en la presentación que es necesario implementar mecanismos de consulta ciudadana como la Ley del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas u Originarios, estipulada en el Convenio 169 de la OIT.

Para De Echave, las ochos observaciones presentadas por el Ejecutivo “modifican aspectos sustantivos de la ley y termina por desnaturalizarla”.

“Una de ellas señala que la consulta no puede limitar o prohibir que el Estado tome medidas en función del interés nacional. Se señala además que la ley de consulta implica el riesgo de retrasar o detener el desarrollo del país”, indicó.

En ese sentido, el especialista señala que las “observaciones del Ejecutivo representan un peligroso retroceso que afectará las relaciones entre Estado y los pueblos indígenas”.

“Habrá que esperar las reacciones que se produzcan en el Congreso y cómo las organizaciones de comunidades defienden lo avanzado”, refirió.

El Informe también destaca la evolución de los conflictos vinculados a la actividad minera en las regiones de Arequipa y Lambayeque, dos regiones en las que las poblaciones comienzan a mostrar preocupación por proyectos como Tía María y La Zanja.

El informe también resume la situación de la minería en Piura, Cajamarca, Apurimac, Junín y Cusco y estará disponible en la internet en los próximos días y se puede solicitar a la dirección: prensa@cooperaccion.org.pe

Servindi-Lima 15/07/2010





RELAVES LLEGAN A AYACUCHO


Los sedimentos de los relaves de la mina Caudalosa Chica, derramados el 25 de junio tras colapsar el dique que los contenía en el distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, llegaron hasta el río Cachi, que cruza la provincia ayacuchana de Huanta. La contaminación minera recorrió más de 110 kilómetros de distancia.

En un informe presentado ante la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, el presidente del consejo directivo de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), Walter García Arata, mostró una fotografía que registra la presencia de sedimentos en el río Cachi, específicamente aguas arriba del puente Allccomachay, en la confluencia del río Mantaro.

García Arata señaló que la contaminación afectó suelos, flora, fauna y los cauces de los ríos Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachimayo, Mantaro y Cachi. La población ribereña de todos esos afluentes habría sido la más afectada.

Diario La Primera-Lima 15/07/2010





MAYORITARIO RECHAZO A CONDICIONAMIENTOS DE DOE RUN EN LA OROYA


Representantes de la Mesa de Diálogo Ambiental de la región Junín presentaron esta mañana los resultados de la encuesta: "Aportes de la ciudadanía sobre el caso Doe Run", cuyo fin fue conocer las opiniones de la población sobre la problemática económica y socio-ambiental de la empresa minera.

Washington Mori, secretario de la Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín, señaló que entre del 90 y 95% de los más de cuatro mil encuestados en contra de los condicionamientos planteados por Doe Run para reanudar sus faenas en La Oroya.

Mori refirió que la empresa estadounidense solicitó, entre otras cosas, la modificación del contrato de concesión de la fundición metalúrgica; fraccionar en 670 años la deuda que mantiene con el Estado; y una nueva prórroga en el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

La encuesta fue presentada hoy en el Congreso de la República. Fue aplicada desde 8 de junio y durante un mes en Lima y en los distritos de la provincia de Huancayo, así como en otras provincias del departamento de Junín.

Cabe recordar que la empresa minera Doe Run ha incumplido en dos oportunidades con aplicar su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual debió concluir en 1997.

Así mismo, se comprometió en reanudar sus operaciones a fines de mayo, luego de once meses de paralización. Sin embargo, en reuniones previas, sus representantes plantearon nuevas condiciones para retomar las actividades en su complejo metalúrgico. El plazo final vence este 27 de julio.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 15/07/2010





14 de julio de 2010

70 APUS LLEGARON A IQUITOS PARA PROTESTAR POR EL DERRAME DE PETRÓLEO


Río Marañón. Aseguran que toman agua contaminada ante indiferencia de Pluspetrol. Acusan a empresa de repartir un litro de agua por persona para una semana. Nota relacionada

R.Cárdenas y G. Muñoz. Setenta Apus de las comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo en el río Marañón llegaron a Iquitos para denunciar que se ven obligados a beber agua contaminada ante la indiferencia de la empresa Pluspetrol que solo les entrega un litro de este bien por persona para una semana.

El presidente de la Asociación Cocama de San Pablo de Tipishca, Alfonso López Tejada, aseguró que el agua y los alimentos repartidos por Pluspetrol no se dan de manera equitativa a todas las comunidades nativas.

"Nos han informado que atenderán primero a las comunidades más grandes, como si la vida en las comunidades pequeñas no valiera nada”, se quejó.

El dirigente aseguró que la empresa Pluspetrol sabe de esas carencias, sin embargo no les ofrecen una solución.

López Tejada pidió a todas las organizaciones sociales de Iquitos unirse a su lucha y no descartó la posibilidad de que una delegación llegue a Lima para reclamar solución al gobierno central.

Pedimos que Pluspetrol pague una indemnización por los daños causados a la ecología”, dijo.

La clave

Sin ayuda. Denunciaron que a la indiferencia de la empresa Pluspetrol se sumó la desatención del Gobierno Regional de Loreto y de las municipalidades.

Diario La República-Lima 14/07/2010





“EL ESTADO PERUANO SE ARRIESGA A UNA CONDENA SI NO CUMPLE CON LA CONSULTA PREVIA”


El Perú se arriesga a una sentencia al no cumplir con el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se establece el derecho a la consulta previa.

Así lo sostuvo Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) en una entrevista difundida por Enlace Nacional.

“No estamos ante un tema frente al cual el gobierno tiene la libertad de decidir o no. Los derechos se cumplen sí o sí, son límites al poder político” afirmó el especialista.

“Es decir, para que una decisión de Estado sea válida tiene que respetar los derechos fundamentales. Si no los respetan es una decisión que tiene un vicio de nulidad” precisó.

“Primero, tenemos un silencio, una omisión legislativa. Ahora tenemos la observación del Estado, Ya estamos en una situación que compromete la responsabilidad internacional del Estado peruano. Si este caso llega a la Corte Interamericana nos arriesgamos a una condena”.

En ese sentido, Ruiz resaltó el cumplimiento de la consulta previa en Colombia pese a que no cuenta con una ley establecida.

“Colombia no tiene una ley de la consulta. Sin embargo, el gobierno lo ha experimentado en parte, por que la Corte Constitucional -lo que equivale a nuestro Tribunal Constitucional-, a punta de sentencias lo ha obligado a implementar” explicó.

“En consecuencia, el camino primero es que el gobierno mismo se rectifique, el Congreso insista y se apruebe” dijo respecto a la Ley de Consulta aprobada el 19 de mayo por el Congreso pero observada por el Ejecutivo.

Cabe indicar que el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que establece que el derecho a consulta previa no otorga derecho a veto por parte de la población indígena sobre las decisiones del Estado por lo que las observaciones al respecto no tienen asidero jurídico.

Servindi-Lima 14/07/2010





CONTAMINACIÓN EN EL MARAÑÓN SUPERA EN 100 VECES ESTÁNDARES NACIONALES


Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) determinó que el derrame de petróleo ocurrido el pasado 19 de junio en el río Marañón sobrepasa en más de 100 veces los estándares nacionales de calidad ambiental.

Según el IIAP, las leyes peruanas establecen para las aguas de uso poblacional y recreacional, la presencia de un miligramo de sustancias tóxicas por litro de agua. Sin embargo, en el Marañón se ha detectado hasta 100 miligramos por litro de agua.

Víctor Sotero, especialista de la institución, advirtió que, con tal grado de contaminación, esas aguas no pueden ser utilizadas por la población local para sus quehaceres diarios. “Hay que monitorear el agua y hacer nuevas pruebas, a lo largo de los próximos meses, hasta que la presencia de estas sustancias llegue a cero”, señaló.

El investigador precisó que se debe hacer un monitoreo de los impactos que se podrían generar a corto y mediano plazo en el agua, sedimento, flora y fauna del área impactada, así como en las diferentes actividades socioeconómicas y en la salud y bienestar de las poblaciones ribereñas del río Marañón.

Así mismo, plantea formar una comisión técnica multisectorial para la evaluación de los impactos ambientales y socioculturales, y establecer un sistema de monitoreo permanente de la calidad del agua, de los peces y de las plantas cultivadas en el río para, así, minimizar las consecuencias de la contaminación.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Loreto, en las riberas del río Marañón viven cerca de siete mil pobladores y al menos cuatro mil resultaron afectados directamente por el derrame de crudo.

La empresa Pluspetrol ha enviado al lugar agua y alimentos para los damnificados. Sin embargo, habitantes de 29 comunidades indicaron que aún no han sido atendidos por la referida empresa.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 13/07/2010





ORDENAN PARALIZAR OPERACIONES DE MINERA CAUDALOSA CHICA


El Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibió del Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (Osinergmin) un “Acta Medida de Seguridad”, la cual ordena paralizar las actividades mineras metalúrgicas de la empresa.

Esta decisión fue tomada tras constatar y evaluar los daños causados por el derrame de relaves mineros al cauce del río Escalera, ubicado en el distrito de Huachocolpa, en la región Huancavelica, la cual figura en el “Acta Medida de Seguridad” del pasado 30 de junio.

La medida se sustenta en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 28964, que faculta - en caso existe indicios de peligro inminente- a Osinergmin “la paralización temporal de las actividades de cualquier área de trabajo de la unidad minera”.

Asimismo, una segunda “Acta Medida de Seguridad” del último 3 de julio, indica que la minera Caudalosa S.A. debe “tomar las acciones necesarias e inmediatas, para garantizar la estabilidad física de la relavera B, a fin de prevenir un colapso. También señala “tomar medidas inmediatas, a fin de evitar un nuevo evento en la relavera A.

Estas disposiciones de Osinergmin están también respaldadas en el artículo 18 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo de Osinergmin Nº 233-2009-OS/CD; así como lo dispuesto por los artículos 21º, 31º y 79º del Reglamento General del Osinergmin, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM.

Diario La República-Lima 13/07/2010





DENUNCIAN “PERVERSO” ATROPELLO CONTRA DERECHOS DE PPII Y DOBLE DISCURSO DEL GOBIERNO


La Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) denunció que el dictamen de la Comisión de la Constitución aprobado hoy responde a los intereses de las empresas mineras y petroleras y constituye un nuevo atropello e injusticia contra los pueblos indígenas u originarios.

CONACAMI señaló que el nuevo dictamen de la Ley de Consulta que acepta todas las observaciones formuladas por el gobierno “nos devuelve a la triste realidad” y confirma “que nada han aprendido los gobernantes de turno”.

La organización andina señala que la alianza del Partido Aprista, el fujimorismo y Unidad Nacional confirma su orientación política hacia los pueblos y comunidades: “el exterminio o la asimilación. No los derechos.”

Agrega que la política del gobierno se compone de “falacias, hipocresías y engaños” y recordó la postura del Estado peruano presentada ante la conferencia internacional de la OIT el 17 de junio. En esta ocasión sostuvo que la aprobación de la Ley de Consulta se hizo en consenso con los pueblos indígenas.

La Comisión de Constitución es sumisa al poder político y está sometida al poder de las multinacionales mineras, petroleras y forestales que “lucran con el negocio de la depredación, destrucción y contaminación de la Madre Tierra” continúa el pronunciamiento de la organización.

Precisamente, en las últimas semanas se han producido en el Perú graves accidentes calificados de “crímenes ambientales” en la cuenca del río Opamayo en Huancavelica o el derramamiento de crudo de petróleo en el río Marañon.

La CONACAMI sostiene que “no hay legitimidad en el gobierno ni en la Constitución”. Y la herencia constitucional fujimorista “genera exclusión social y fomentará nuevos Baguas y represiones sociales”.

La organización aboga por una Nueva Constitución Política que permita “construir un Perú unido en la diversidad, sobre la base del equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura” y el Vivir Bien para todos.

Respecto a la Ley de Consulta la CONACAMI demanda que los congresistas que aún conserven dignidad rechazen esta nueva versión “degenerada” de la iniciativa legal aprobada el 19 de mayo.
Conferencia de prensa

El miércoles 14 a las 12 del mediodíalas organizaciones de los pueblos indígenas realizarán una conferencia de prensa en el hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República para responder al acuerdo de la Comisión de Constitución y Reglamento.

La convocatoria señala que la decisión de aceptar las observaciones del Ejecutivo “bloquea un proceso de entendimiento entre el Estado y los Pueblos Indígenas que se había alcanzado en el proceso de elaboración y aprobación de la Ley el 19 de mayo”.

Dictamen de las mineras y petroleras es aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso
Los Pueblos Indígenas andinos y amazónicos no queremos la degenerada legislación de consulta

La comisión de Constitución y Reglamento del Congreso del Perú consumó un acto más de injusticia -como tantos otros en su historia republicana- contra los pueblos indígenas originarios, que son las comunidades campesinas y nativas al aprobar por mayoría hoy martes 13 de agosto de 2010, un dictamen por el que se allana a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa del proyecto de Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas.

La alianza política (APRA, FIJIMORI, Unidad Nacional) representados en la Comisión de Constitución del Congreso, nos confirma su orientación política respecto a las comunidades; política del Perro del Hortelano donde para los pueblos indígenas andinos y amazónicos solo cabe o el exterminio o la asimilación. No los derechos. La aplicación de estas políticas y la obsecuente intransigencia del gobierno provocaron los lamentables sucesos de Bagua. Esta decisión nos devuelve a la triste realidad que nada han aprendido los gobernantes de turno.

El poder Ejecutivo y el Congreso consagran una misma política de gobierno de falacias hipocresías y engaños, como el presentado a la comunidad internacional en su informe ante la OIT, el último 17 de junio de 2010 aseverando que la aprobación de la Ley de Consulta por el estado peruano ha tomando en cuenta consensos con los representantes de los Pueblos Indígenas. Demuestra también, que la Comisión de Constitución del Congreso es sumiso al poder político (del ejecutivo) y sometido al poder económico de multinacionales mineras, petroleras y forestales que lucran con el negocio de la depredación, destrucción y contaminación de la madre tierra como sucede con los crímenes ambientales en la cuenca del rio Opamayo en Huancavelica o derramamiento de petróleo en el río Marañon.

Este acto perverso cierra para las comunidades, la etapa del debate y la discusión por una ley; como el de la Consulta Previa y abre el camino de la lucha por nuestros verdaderos derechos como Pueblos Kechua Aymara y amazónicos. Derechos territoriales, culturales y políticos reconocidos que no alcanzaremos sino en un nuevo pacto social en el cual los pueblos indígenas seamos sujetos constitutivos del estado.

A las comunidades andinas, amazónicos a las organizaciones sociales, al pueblo peruano y a los congresistas dignos invocamos a:

No aprobar la degenerada Ley de Consulta. Es el momento de exigir al Congreso y los congresistas que si todavía les queda algo de dignidad no aprueben esta degenerada norma. Las comunidades reafirmamos que, con ley o sin ley, el Convenio 169 está vigente en el Perú y haremos cumplir su mandato. Que con todo esto, el Gobierno del Apra y de García solo agrava y profundiza su continua violación de obligaciones internacionales. No aprueben porque este es el Dictamen e interés de las todopoderosas transnacionales mineras y petroleras que operan en el país.

Convocar Nueva Asamblea Constituyente. Porque no hay legitimidad en el gobierno ni en la Constitución. La herencia constitucional fujimorista, defendida por el Apra, Unidad Nacional, Perú Posible genera exclusión social y fomentará nuevos Baguas y represiones sociales. Una Nueva Constitución nos permita construir un Perú unido en la diversidad, sobre la base del equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura, derechos colectivos para los pueblos, servicios públicos, derechos laborales, sociales y Vivir Bien para todos.

Respaldar la demanda y lucha de los pueblos de la Macro región sur en su acuerdo en realizar PARO MACROREGIONAL INDEFINIDO a partir del 27 de julio, en defensa del GAS y la SOBERANIA del Perú.

Servindi-Lima 13/07/2010





13 de julio de 2010

GENERA PROBLEMA ACTIVIDAD MINERA


El conflicto en Hualgayoc podría agravarse si el gobierno no decide enviar una comisión de alto nivel para resolver el problema de contaminación ambiental de las principales cuencas de esta provincia cajamarquina, denunció el presidente del Frente de Defensa, Napoleón Gutiérrez Anticona.

Aseguró que se han plegado a la lucha las bases de Bambamarca, Hualgayoc y Chugur, además de la provincia de San Miguel, cuya población también se opone a la expansión minera mientras no se termine la zonificación ecológica, económica y el reordenamiento territorial.

Gutiérrez dijo que el 26 de julio vence el plazo y los temas de agenda que se expusieron ante la Presidencia del Consejo de Ministros, el 5 de julio, son muy puntuales.

Diario La Primera-Lima 13/07/2010





EN LAGUNAS DE ALTO PERÚ SE HIZO EJERCICIO DE VALORACIÓN


Para lograr el desarrollo de una región como Cajamarca, es necesario insertar el tema biodiversidad en la planificación del desarrollo y vincular procesos regionales en marcha con la aplicación de la valoración económica del patrimonio natural.

Esa fue una de las conclusiones del seminario taller: “Valoración Económica del Patrimonio Natural en el departamento de Cajamarca”, organizado por el Ministerio del Ambiente y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) del Gobierno Regional de Cajamarca.

Este trabajo, de dos días, incluyó la visita a las Lagunas de Alto Perú, en el distrito de Tumbadén, provincia de San Pablo, donde se realizó un ejercicio de valoración económica del potencial hídrico y turístico a favor de los cajamarquinos.

La región Cajamarca posee importantes ecosistemas que suministran servicios ecosistémicos, que son el sustento de las principales actividades económicas, siendo la agricultura y la minería responsables del 21.7% y 20% del PBI regional respectivamente.

Entonces, se hace necesario formular una agenda de trabajo para incorporar la gestión de los ecosistemas y de la diversidad biológica en las políticas ambientales regionales y en el nivel programático de la región, a través de los planes de desarrollo concertado, los proyectos de inversión pública y de los financiados por la cooperación internacional.

En el caso del Gobierno Regional, con la Estrategia Regional de la Biodiversidad de Cajamarca al 2021 se ha consolidado una herramienta que le otorga a los ecosistemas y biodiversidad la importancia para aprovechar de manera responsable y sostenible los recursos que nos ofrecen, acciones que ayudarán a combatir la pobreza así como nuestro medio ambiente.

“Las políticas ambientales también promueven la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, la que pretende llamar la atención sobre los beneficios económicos globales de los ecosistemas, para poner de relieve los crecientes costos de la pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas”, expresó Sergio Sánchez, gerente de RENAMA.

Diario Panorama Cajamarquino 13/07/2010





El nivel de contaminación en el río Marañón sobrepasa los estándares de calidad ambiental y los nativos reclaman por ayuda.

APUS CONTRA PLUSPETROL


Un estudio del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana determinó que el derrame de petróleo en el río Marañón sobrepasa los estándares de calidad ambiental, afectando primero los microorganismos que viven en el agua (algas y crustáceos), luego los peces y finalmente a los humanos.

Apus de 60 comunidades indígenas de las orillas del río Marañón llegaron a Iquitos para rechazar las operaciones de Pluspetrol por contaminar los ríos de Loreto y abandonar a los pobladores afectados por un derrame de petróleo en el terminal de la estatal PetroPerú, el 19 de junio, sin que el gobierno haya tomado medidas para sancionar a los responsables.

Llegaron a la capital de Loreto los jefes de caseríos de Lisboa, Lagunillas, Parinari, Bagazán y otros, para demandar ayuda y exigir a las autoridades a adoptar acciones para evitar que se continúe con la contaminación ambiental, pues viven de la pesca y caza, así como de la naturaleza. Voceros de los Apus indicaron que pedirán declarar en emergencia toda la provincia de Loreto, a consecuencia de la explotación de Hidrocarburos, y acusan a Pluspetrol por atentar contra los indígenas y el medio ambiente.

Pluspetrol ha demorado en atender con agua y medicina a las comunidades afectadas por el derrame, pero también hubo una lentitud por parte de las autoridades para implementar un plan de contingencia, observaron.

Pluspetrol, que en los últimos años ha causado otros derrames de petróleo, sobre todo en Loreto, aseguró que “los trabajos de limpieza y remediación en el río (Marañón) concluyeron el 25 de junio” y que mantendrá el puente aéreo y fluvial para llevar víveres y agua a las poblaciones de Urarina y Parinari.

Sin embargo, pobladores de 29 comunidades del distrito de Parinari se reunirán este jueves en la localidad de Santa Rita de Castilla para tomar acciones de lucha, como impedir el pase de naves por el río Marañón, por el supuesto incumplimiento de Pluspetrol de entregar ayuda a todos los afectados por el derrame de crudo en San José de Saramuro, ocurrido hace tres semanas.

Indicaron que los representantes de Pluspetrol prometieron a los dirigentes indígenas entregar alimentos, agua y medicinas. “Es una tremenda mentira cuando Pluspetrol saca comunicados a la opinión pública diciendo que cumple con todo lo acordado cuando ellos saben que no es así”, sostuvo Mayer Curitima Caritimari, de la comunidad de Parinari.

Diario La Primera-Lima 13/07/2010





60 COMUNIDADES ARRIBAN A IQUITOS PARA PROTESTAR POR DERRAME EN EL MARAÑÓN


Aproximadamente representantes de sesenta comunidades indígenas ubicadas a orillas del río Marañón llegarán hoy en la tarde a Iquitos para protestar por el derrame de petróleo ocurrido el 19 de junio.

Las comunidades pertenecientes a diferentes etnias se encuentran afectadas por la actividad extractiva que desarrolla en la zona la empresa de origen argentina Pluspetrol, que derramó 400 barriles de crudo en el río Marañón.

Las delegaciones de comunidades y caseríos como Parinari, Lisboa, Lagunillas, Bagazán, entre otros, exigirán al Gobierno Regional de Loreto adoptar acciones inmediatas que impidan se agrave la contaminación de los ríos y atiendan a la población afectada.

Desde el derrame la población se ha visto obligada a cambiar su forma de vida y exigen se declare en emergencia toda la provincia de Loreto y se denuncie a la empresa Pluspetrol por el abandono en que los tienen.

Sin embargo, la empresa informó a través de una nota de prensa que “los trabajos de limpieza y remediación en el río concluyeron el viernes 25 de junio”.

“Hemos implementado un programa de monitoreo de calidad de aguas en el área, a fin de verificar la efectividad de estas labores”, precisó.

Un tema prioritario para Pluspetrol Norte es mantener activo el puente aéreo y fluvial establecido para continuar con la distribución de víveres y agua a las poblaciones de los distritos de Urarina y Parinari.

La nota de prensa indicando que “para Pluspetrol Norte, es fundamental colaborar y participar con las diferentes instituciones en todos los esfuerzos para el monitoreo y estudio de la calidad de las aguas, con el objetivo de darle tranquilidad y confianza a la población”.

La presencia de los Apus en Iquitos contradice todas estas afirmaciones y, según los voceros, no se retirarán de la capital loretana sino atienden sus pedidos.
Anuncian cierre del río Marañón

En tanto, los pobladores de veintinueve comunidades de Parinari, Loreto, se reunirán este jueves en la localidad de Santa Rita de Castilla para decidir qué acciones de lucha iniciarán ante el incumplimiento de la empresa Pluspetrol de entregar alimentos, agua y medicinas a todos los afectados por el derrame.

La primera propuesta escuchada por la población indígena es cerrar el río Marañón como medida de presión para la empresa que en reiteradas oportunidades incumplió con sus compromisos.

Servindi-Lima 12/07/2010





AFECTADOS POR DERRAME PROTESTARÁN POR INCUMPLIMIENTO DE PLUSPETROL


Pobladores de 29 de comunidades del distrito de Parinari, provincia de Loreto, se reunirán este jueves en la localidad de Santa Rita de Castilla para implementar acciones de lucha ante el incumplimiento de la empresa Pluspetrol de entregar alimentos, agua y medicinas a todos los afectados por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 19 de junio en el terminal de Saramuro de Petroperú.

La propuesta de los pobladores es cerrar el río Marañón como medida de presión para la empresa que en reiteradas oportunidades incumplió con sus compromisos y por el contrario viene mintiendo a la opinión pública difundiendo comunicados donde se afirma que si se viene entregando ayuda a los afectados por el derrame.

“Hemos tenido tres reuniones con Marisol Rodríguez y Alejandro Mattos, representantes de Pluspetrol. Ellos se comprometieron a entregar alimentos, agua y medicinas pero todo quedó en nada. Es una tremenda mentira cuando Pluspetrol saca comunicados a la opinión pública diciendo que cumple con todo lo acordado cuando ellos saben que no es así”, sostuvo Mayer Curitima Caritimari, representante de comuneros de Parinari.

Por su parte, Rusbel Rimachi Canaquiri, miembro de la comisión de dialogo de Parinari, dijo que la población ha sido convocada para este jueves donde se distribuirán tareas para proceder a tomar el río Marañón pues consideran que es la única forma de evidenciar la situación en la que se encuentran.

“La intención es cerrar todo el río Marañón para que ellos vean que en verdad tenemos la necesidad de alimentos, agua y medicinas. La empresa no esta cumpliendo con esos compromisos asumidos. Por esa situación hemos llegado a Iquitos, queremos entrar a dialogar con la intermediación de las autoridades Pero nosotros creemos que por debajo de la mesa de hacen otras cosas, como pasa con el alcalde de nuestra provincia, Rene Navarro, quien se ha convertido en el vocero de Pluspetrol”, dijo el dirigente en referencia al alcalde provincial de Loreto-Nauta, Rene Navarro Dos Santos, quien el último fin de semana promovió una reunión secreta entre comuneros y representantes de Pluspetrol, la misma que fue suspendida por razones que aun se desconocen.

Los delegados rechazaron el reciente comunicado difundido hoy por Pluspetrol mediante el cual informa que, “un tema prioritario para Pluspetrol Norte es mantener activo el puente aéreo y fluvial establecido para continuar con la distribución de víveres y agua a las poblaciones de los distritos de Urarina y Parinari. A efectos de dar tranquilidad a las comunidades, esto se vienen realizando con fluidez gracias al diálogo permanente con ellas”.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 12/07/2010





DAÑOS AMBIENTALES QUE EL GOBIERNO PODRÍA EVITAR


Es necesario que se desarrollen proyectos ecológicos que garanticen que nuestros recursos naturales sean usados, pero no abusados, como sucede en la práctica

Es irónico, pero mientras países con menos recursos naturales que los nuestros han intensificado sus políticas de protección del medio ambiente, en el Perú seguimos minimizando desastres ecológicos, como los producidos hace poco en Huancavelica y en la cuenca del río Marañón.

En este último caso, como ha dado a conocer una investigación de El Comercio, los perjuicios parecen ser más graves de lo que se había imaginado. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no ha sancionado a la empresa responsable de la contaminación —Pluspetrol— ni tampoco ha tomado medidas frente a estos frecuentes “accidentes”.

Como hemos señalado siempre en esta columna, las tareas de conservación del ambiente no se reducen a actuar por reacción, cuando el daño ya se perpetró o simplemente para responder a la queja ciudadana que suelen generar estos atentados.

La salida es prevenir su ocurrencia, mediante mecanismos puntuales de riguroso cumplimiento por todos los actores involucrados, desde las mineras y las empresas petroleras, hasta la sociedad civil organizada, las comunidades amazónicas e indígenas y la población en general. Luego, producido el perjuicio, se requiere actuar de inmediato, para revertir en algo los efectos de problemas medioambientales casi siempre irreversibles y de impacto impredecible. Finalmente, se necesita desarrollar proyectos y negocios ecológicos que garanticen que nuestros valiosos —y cada vez más escasos— recursos naturales sean usados, pero no abusados, como sucede en la práctica.

En el caso de la contaminación por petróleo en el río Marañón, producida el pasado 19 de junio, nada de eso se ha cumplido.

En primer lugar, si existen antecedentes de barcazas con petróleo que se vuelcan en los ríos, Pluspetrol debió prevenir y trasladar el crudo en una nave más confiable. Lo contrario solo revela informalidad, negligencia grave y la ausencia de una política de responsabilidad social; algo por lo demás injustificable en una empresa que opera en varios países y que opera en una zona que antes estuvo en manos de Petro-Perú.

Igualmente, nada justifica la inacción después de 23 días de ocurrida la desgracia. La empresa dice que está evitando la dispersión del petróleo que, sin embargo, ha afectado ya a diez comunidades que se abastecen de las especies y de las aguas del río, y a las que ha pretendido compensar con alimentos.

El Gobierno no ha reaccionado. La Marina sigue investigando qué pasó y el actual presidente regional de Loreto distribuye bolsitas de agua entre los damnificados para hacerse propaganda camino a la reelección. Obviamente, tampoco ha habido sanción; este atentado contra la ecología sigue impune.

Sería bueno preguntarse qué habría pasado si el derrame de petróleo hubiera sucedido en otro país, más preocupado por su ecología. Aquí, en el Perú, no valoramos nuestras riquezas naturales, pues la defensa del ambiente sigue siendo una necesidad de segundo orden.

Lo que necesitamos es un Estado que priorice políticas de desarrollo sostenible, promueva la interacción de la economía, la sociedad y el ambiente, facilite la innovación tecnológica, y regule y controle el uso responsable de nuestros recursos.

Diario El Comercio-Lima 12/07/2010





12 de julio de 2010

EL MEM AL MARGEN DE LOS INTERESES DEL PAÍS


La denuncia del ex viceministro de Energía Pedro Gamio, realizada ayer en este diario, nos revela claramente que en el Ministerio de Energía y Minas no hay voluntad de defender los intereses del país.

Gamio ha mostrado la carta de Repsol fechada el 28 de febrero del 2008 y dirigida al Ministerio de Energía y Minas, en la que la empresa dice que “pone a disposición del Ministerio la posibilidad de exportar la producción de gas del Lote 57 a la que Repsol YPF pudiera tener derecho”. Agrega Gamio que el entonces ministro de Energía Juan Valdivia estaba llevando a cabo negociaciones en esa línea, las que se frustraron cuando este dejó el ministerio por el escándalo de los petroaudios.

El fondo de este importante asunto es que si los dos (2) billones de pies cúbicos (bpc; TCF, en inglés) que encontró Repsol en el Lote 57 van a la exportación, entonces buena parte de los problemas y conflictos que suscita la exportación del gas podrían solucionarse.

¿Por qué? Porque entonces los dos bpc del Lote 88 que actualmente están destinados a la exportación serían sustituidos por los dos bpc del Lote 57. De esa manera, los dos bpc del Lote 88, que fue un “regalo de Dios y que por eso tiene precios bajos, serían destinados de inmediato al mercado interno, con lo cual cesaría el actual racionamiento al cual están sometidos los industriales y toda la población. Se habría revertido así, aunque sea en parte, el brutal despojo que hoy padecemos por culpa de los gobiernos de Toledo y de García.

¿Por qué entonces el ministro Sánchez no continuó con las tratativas para que se exporte el gas del Lote 57? Eso es lo que le corresponde responder. Por el lado de Repsol, se podría decir que cuando hizo el ofrecimiento, en febrero del 2008, el precio Henry Hub del gas era de US$ 8 por millón de BTU.

Pero en agosto del 2009, cuando se da la crisis en el Perú que lleva a “renegociar” algunos temas sobre Camisea, el precio HH estaba en US$ 3.14/MMBTU, lo que habría hecho “reflexionar” a Repsol, pues tomando en cuenta el “netback” (pago de costos), entonces el precio en boca de pozo en Camisea es de solo US$ 0.50/MMBTU. Y, claro, el precio de venta en el Perú es de US$ 2/MMBTU en promedio.

Por nuestra parte, en agosto del 2009, con ocasión de una presentación en RPP, le preguntamos al viceministro Daniel Cámac cuál fue la respuesta de Repsol frente al planteamiento de que se exporte el gas del Lote 57 (el público debe saber que esta carta ya era conocida, pero no se le dio la debida importancia), el Ing. Cámac me respondió que a Repsol ya no le interesaba esa propuesta.

Lo inaudito aquí son dos cosas. Primero, que Repsol es la empresa que le va a comprar el gas a Perú LNG para venderlo en México. Dicho de otra manera, el negocio final lo tiene Repsol “solito”, si bien participa como socio en la explotación del Lote 56 y del Lote 88 y, también, en el consorcio exportador Perú LNG. Si ellos van a hacer un “buen negocio” deberían estar interesados en exportar “su“ gas. Pero no. Ellos quieren exportar el gas del Lote 88, pero no el suyo, que sí lo quieren vender caro en el Perú.

Segundo, que el Ministerio haya aceptado tan fácilmente el cambio de posición de Repsol, cuando los intereses del país exigían –y exigen– que Repsol mantenga su compromiso. Pero no. No se le dijo nada a Repsol y, por el contrario, se le aceptó a la empresa que pueda vender su gas en el mercado interno y abastezca al gasoducto surandino. Increíble. Se le da al sur el gas caro de Repsol y no el gas regulado del Lote 88. A esto se suma el sobrecosto de US$ 7,000 millones mencionado por Gamio.

Por todos estos motivos, queda claro que el ministro Sánchez debe dar un paso al costado. Su actitud pro-empresa privada no garantiza el respeto de los derechos del país.

Diario La República-Lima 12/07/2010





PROTESTAN POR CONTAMINACIÓN DE RÍO AYAVIRI


Representantes de organizaciones de base de la ciudad de Ayaviri demandaron a la Municipalidad Provincial de Melgar realizar un estudio de las aguas del río Avaviri ante la posibilidad de que se encuentre contaminado, producto de los trabajos de la empresa minera Arasi. La autoridad de la comuna indicó que la empresa Aguas del Altiplano es la encargada del monitoreo y aseguró que los estudios continuarán.

Los dirigentes locales, asimismo, pidieron la intervención de Indecopi en la regulación de los pasajes de Ayaviri-Juliaca, ya que los transportistas cometen abusos al incrementar el costo de pasajes.

Diario La Primera-Lima 11/07/2010





JUEZ DECLARA PROCEDENTE SUSPENDER ACTIVIDADES DE MINERA TRAS DERRAME DE RELAVE EN HUANCAVELICA


El Poder Judicial declaró procedente el pedido de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y Medio Ambiente de Huancavelica para suspender las actividades mineras de la empresa Caudalosa Chica, luego del derrame de relaves en ríos de la zona registrado en junio pasado, informó hoy el Ministerio Público.

La medida cautelar fue dispuesta por el Primer Juzgado Penal de Huancavelica ante la solicitud del fiscal Frans Ponce Rosado por la presunta contaminación ambiental de los ríos Escalera, Opamayo y Casavi, en agravio de la sociedad.

La admisión de la medida fue notificada por el juez Mario Díaz Giraldez al representante de la empresa investigada.

Por otro lado, el fiscal dispuso ampliar la investigación preliminar contra los responsables de la minera por el presunto delito de alteración del ambiente o paisaje y que se realicen las diligencias para determinar las responsabilidades de ley.

Asimismo, un equipo forense de Materia Ambiental del Instituto de Medicina Legal tomó muestras de agua de los ríos Escalera, Opamayo y Casavi, en las zonas de Huachocolpa, Angaraes y Acobamba, respectivamente, para verificar el grado de contaminación.

Ponce Rosado, inmediatamente conocidos los hechos, convocó a una reunión con los comuneros y los pobladores aledaños al río Escalera para advertirles de los peligros que ocasiona el derrame de relaves mineros y alertó que no consuman esas aguas por contener residuos mineros.

El fiscal adjunto de prevención del delito Julio César Salas Cruces, en una reunión de la Comisión Ambiental Regional (CAR) de Huancavelica, exhortó a que se descontaminen las aguas del río Escalera lo antes posible y se dé una pronta solución al problema.

Las disposiciones para la acción inmediata del Ministerio Público en torno al derrame de relaves y contaminación ambiental suscitados en la zona fueron impartidas por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial e Huancavelica, Luis Jorge Valdivia Grados.

Andina-Lima 09/07/2010





CORRESPONDE A FISCALÍA GESTIONAR PEDIDO DE INDEMNIZACIÓN TRAS DERRAME DE RELAVES


El pedido de indemnización para los afectados por el derrame de relaves mineros ocurrido el 25 de junio en el río Opamayo es una gestión que corresponde efectuar a los alcaldes junto a la Fiscalía.

Así lo sostuvo Alfredo Larraudi, presidente encargado del Gobierno Regional de Huancavelica, quien a través de CNR ofreció algunos alcances de la reunión sostenida en la víspera en Lima, donde se definieron los puntos del Plan de Acción Inmediata dispuesto por el Ministerio del Ambiente (MINAM) para atender el desastre ecológico.

Larraudi detalló que en la cita participaron representantes de los sectores involucrados como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la Dirección General de Salud (DIGESA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Indicó que, de acuerdo al plan aprobado, corresponderá a la minera La Caudalosa Chica asumir el recojo de relaves y la protección de las cuencas del Opamayo y el río Lircay a fin de evitar que el ganado consuma las aguas contaminadas.

De igual modo, dicha compañía deberá encargarse del abastecimiento de agua y forraje para los animales. En cuanto a la atención en salud de los habitantes de las zonas afectadas, la Dirección Regional de Salud ya puso en alerta médica a la totalidad de establecimientos en la zona.

"Hemos exigido que esto no sea meramente declarativo", subrayó el titular encargado de Huancavelica, quien recordó que esta iniciativa será aprobada en un lapso de cinco días, y ratificada mediante una nueva resolución del MINAM.

De otro lado, Larraudi señaló de acuerdo a las evaluaciones de su despacho, se determinó que el escape de relaves alcanzó los 21 mil metros cúbicos. Este hecho afectó a 40 hectáreas de terrenos agrícolas en el distrito de Pomacocha, provincia de Acobamba.
Así mismo, existen tres mil 362 cabezas de ganado afectados por el impedimento consumir agua del río contaminado. En tanto, se calcula que los pobladores afectados directamente suman cuatro mil 120 personas.

Finalmente, si bien evitó pronunciarse sobre el pedido del Comité de Fiscalizción del Medio Ambiente de Aymaraes para que La Caudalosa Chica se retire de la zona, Larraudi dijo que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) está evaluando el uso de los recursos hídricos de manera que se dicten las medidas correspondientes.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/07/2010





8 de julio de 2010

HUALGAYOC DA ULTIMÁTUM AL PRESIDENTE ALAN GARCÍA


El comité de lucha de Hualgayoc presentó un memorial al presidente pidiendo que solucione los problemas ambientales y responda hasta el 26 de julio

El dirigente ambientalista de la provincia de Hualgayoc, informo que por las diferentes irregularidades de carácter socio ambiental en dicha provincia, el 15 de junio se hizo la consulta pertinente sobre la problemática ambiental en los distritos de Chugur, el 16 en el distrito de Hualgayoc y el 17 en el distrito de Bambamarca, todo esto se concretizo en un documento que se presentó el 05 de julio a la Presidencia de la República en la misma fecha al Congreso y también a la Presidencia del Consejo de Ministros

En el documento se señala los problemas de interés local, regional y nacional con énfasis en la provincia de Hualgayoc, por tal motivo convocan al presidente de la República, al Presidente del Consejo de Ministros y al Presidente del Congreso para que en un plazo de 20 días a partir del 05 de julio se constituya a la provincia de Hualgayoc ara que mediante el diálogo y trato directo con la población se soluciones los problemas socioambientales

Caso contrario dice textualmente el documento no se responsabilizan de las acciones de protesta de la esta provincia puede iniciar en defensa de sus justos derechos amparados en la constitución y la ley porque automáticamente se estarían tomando las acciones de fuerza y los dirigentes no se responsabilizan de lo que pueda suceder

En este documento se señala también varios aspectos bastante delicados, por ejemplo según información de Ingermmet se sabe que Hualgayoc está sobre concesionado al 160% Bambamarca al 84% y el distrito de Chugur al 162% de su territorio, esto demuestra la total irresponsabilidad de los gobiernos de la última década que cometen el peor acto criminal en agravio de la provincia, no existe la menor voluntad política del gobierno para atender la problemática, sobre protegen a las empresas mineras instaladas en las cabeceras de cuenca

Es vergonzoso dijo Napoleón Gutiérrez que el gobierno siga dándole el aval a las empresas mineras, no podemos morir a pausas, no tenemos agua lo poco que hay está totalmente contaminado la población tiene toda la razón para reclamar ante el presidente de la República, no solamente será un paro provincial sino un paro interprovincial y probablemente regional porque además ya tenemos la comunicación de la cuenca de Lambayeque para acatar también esta provincia, acotó

En el memorial presentado el 05 de julio al presidente de la república también responsabiliza al gobierno central y regional por fomentar un conflicto socioambiental entre las provincias de Celendín y Hualgayoc para favorecer los intereses mineros del proyecto Minas Conga de propiedad de Minera Yanacocha.

Diario El Clarín-Cajamarca 08/07/2010





PIDEN INDEMNIZACIÓN A EMPRESA MINERA


La declaración de emergencia ambiental en el área perjudicada por los relaves, entre 50 y 70 kilómetros a partir del punto de derrame, en el distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, es una medida insuficiente, señalaron los más de 40 mil afectados, quienes a su vez pidieron una indemnización a la minera Caudalosa Chica. El secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Aymaraes, Carlos Candietti, dijo que la resolución del ministerio del Ambiente no hace mención a las miles de personas afectadas por el derrame de residuos tóxicos. Sostuvo que la población acordó un paro preventivo de 48 horas.

Cuestionó, asimismo, el Plan de Acción del gobierno para remediar el desastre, ya que sólo abarca al distrito de Huachocolpa y deja de lado la cuenca del Lircay, que desemboca en los ríos Urubamba y Mantaro.

Candietti adelantó que presentará ante la Fiscalía Provincial de Angaraes una denuncia penal contra la minera Caudalosa para que reconozcan los daños ocasionados, por un monto de cien mil dólares por comunidad.

Diario La Primera-Lima 08/07/2010





EXIGEN INDEMNIZACIÓN POR DERRAME DE RELAVES


Gobierno regional informó que 4,120 personas se vieron afectadas por los desechos.

Indignados por el grave daño ecológico que ha causado el derrame de 30 mil toneladas de relaves de la minera Caudalosa Chica en los ríos Escalera y Opamayo, que se extendió a los torrentes de Huachocolpa, Cachi, Mantaro y Urubamba, los pobladores y las autoridades locales y comunales de la provincia de Angaraes iniciaron ayer un paro de 48 horas con el fin de exigir la inmediata remediación ambiental y el cierre definitivo de la empresa.

La medida de fuerza se acató con el cierre de todas las instituciones públicas y privadas, así como con la suspensión de las labores escolares y la restricción del servicio de transporte. La protesta fue pacífica, pero desde las primeras horas de la mañana se realizaron marchas por las principales calles, donde los pobladores afectados pidieron que la multa que Osinergmin aplicará a la minera por el accidente sirva para indemnizar a los pobladores perjudicados.

Mauro Santiago Ticllasuca, comunero de Huachocolpa, manifestó que la declaratoria de emergencia no es suficiente pues el daño ya está hecho. “Se debe imponer todo el peso de la ley, y las multas a la minera deben usarse para tratar de minimizar el grave daño causado a los habitantes”, dijo.

Carlos Candiotti, secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de Aymaraes, señaló, por su parte, que la protesta también tuvo la finalidad de exigir al Gobierno el envío de una comisión de alto nivel que constate los efectos de la contaminación minera.

Por otro lado, adelantó que en las próximas horas formalizarán –ante la Fiscalía Provincial de Angaraes– una denuncia penal contra los directivos de la minera Caudalosa Chica, para que reconozcan los daños ocasionados con una indemnización de 100 mil dólares por comunidad.

BALANCE DE DAÑOS. Según el informe de impacto ambiental realizado por el Gobierno Regional de Huancavelica, que fue dado a conocer ayer, el derrame ocurrido el 25 de junio pasado afectó a 4,120 pobladores de las riberas del río Opamayo. Además, la capa de lodo sedimentado en los cauces de los ríos Escalera, Huachocolpa y Opamayo –que contendría metales pesados– se encuentra en un tramo aproximado de 120 kilómetros, desde la minera hasta su desembocadura, en el río Mantaro.

De acuerdo con el informe de la Dirección Regional de Agricultura, el derrame también afectó a 3,362 cabezas de ganado y dejó inservibles 40 hectáreas de cultivos.

Diario Perú 21-Lima 08/07/2010





7 de julio de 2010

Moradores defienden manglares de SAN PEDRO
SECHURA RECHAZA A PETROLERAS


Comunidad campesina San Martín rechazó posición del estado de otorgar conceiones mineras

La organización comunal del distrito de de Vice rechazó la posición tomada por el Estado para otorgar concesiones mineras a empresas transnacionales en la provincia de Sechura. Pues aducen que estos permisos ponen en riego la integridad de los recursos naturales, caso especial el Manglar de San Pedro de Vice, que se encuentra en peligro por la pretensión a la petrolera Olympic INC de explotar hidrocarburos en esa zona.

Francisco Ayala Chonga, presidente de la comunidad campesina San Martín de Sechura, expreso su rechazo a la actividad del Ministerio de Energía y Minas por otorgar concesiones mineras en esa provincia a empresas transnacionales como Savia, American Potash y Olympic las mismas que no cuentan con licencia social

“Como es sabido, esta última (Olympic) atenta contra la preservación del área de conservación natural de los manglares de San Pedro al pretender explotar hidrocarburos”, manifestó Ayala

Estas declaraciones las hizo luego de la inspección que hizo en la zona, donde se comprobó que una empresa –presumiblemente Olympic-realizaba trabajos de construcción de una trocha carrozable a 1.5 kilómetros de distancia de está área natural, hecho que fue denunciado por las autoridades viceñas ante la Fiscalía del Medio Ambiente

“Como comunidad pedimos al gobierno central y regional que antes de proporcionar estos permisos consulten con la población para obtener la licencia social y verifiquen si no se pone en riesgo zonas de conservación natural”, agregó

Diario La República-Lima 07/07/2010





CONSIDERAN INSUFICIENTE DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN HUANCAVELICA


La resolución ministerial que declara en emergencia ambiental el área afectada por el derrame de relaves mineros en Huancavelica es insuficiente, opinó Carlos Candietti, secretario del Comité de Fiscalizción del Medio Ambiente de Aymaraes.

A través de CNR, el dirigente señaló que la resolución emitida en la víspera por el Ministerio del Ambiente (MINAM) no hace alusión a la indemnización que reclaman para los más de 40 mil afectados por la masiva fuga de residuos tóxicos ocasionado por la minera La Caudalosa Chica.

En ese sentido, ratificó que a partir de hoy, miércoles, la población de la provincia de Aymaraes acatará un paro preventivo de 48 horas, para exigir al gobierno el envío de una comisión de alto nivel que constate los efectos de la contaminación minera.

De igual manera, el dirigente cuestionó que el Plan de Acción planteado por el MINAM para remediar el desastre sólo abarque el distrito de Huachocolpa, dejando de lado la cuenca del Lircay, que desemboca en el río Urubamba y este, a su vez, en el río Mantaro.

Reiteró que el río arrastró los materiales tóxicos a las comunidades de Totora, Palcas, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca, Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay, Callanmarca, Huancahuanca, Congalla y otras, acabando con miles de truchas y poniendo en riesgo la salud de la población que usa estas aguas para el consumo humano
y agrícola.

Candietti adelantó que en las próximas horas formalizarán ante la Fiscalía Provincial de Angaraes una denuncia penal contra los responsables de La Caudalosa Chica, para que reconozcan los daños ocasionados, por un monto de cien mil dólares por comunidad.

Como se recuerda, el 25 de junio pasado, colapsó un dique de relaves de la empresa minera La Caudalosa Chica provocando que más de 500 toneladas métricas de residuos tóxicos cayeran al río Totora, ubicado en la jurisdicción del distrito de Huachocolpa; y en los cauces del río Opamayo, ubicado en el distrito de Lircay.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la empresa minera Caudalosa Chica incurre en este tipo de daños contra el medio ambiente; ya en octubre del 2007 fue denunciada ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por un hecho similar.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/07/2010





YA SE LIMPIÓ EL 30% DE RELAVES VERTIDOS EN RÍO


Minera Caudalosa asegura que limpieza total de la zona afectada demorará 40 días. Pobladores de provincia de Aymaraes exigen indemnización y cumplen paro desde hoy.

Diez días después del grave derrame de relaves con desechos tóxicos en las aguas del río Opamayo –que se extendió por los cauces de los torrentes Huachocolpa, Lircay, Urubamba, Cachi y Mantaro–, recién ayer el Ministerio del Ambiente declaró en emergencia ambiental el área afectada.

A través de un dispositivo publicado en El Peruano, el mencionado portafolio también aprobó un plan para la recuperación de la zona y estableció un plazo de 90 días para que diversas instituciones públicas y la minera Caudalosa Chica pongan en marcha las medidas ambientales necesarias para evitar que los pobladores se sigan viendo perjudicados por el desastre ecológico.

Aunque el experto en gestión integral de residuos peligrosos Percy Irribarren señaló que limpiar los terrenos y los ríos contaminados por un relave minero podría demorar entre tres y cuatro años, la minera Caudalosa indicó que ya se ha logrado limpiar el 30% de la cuenca de los ríos Escalera y Opamayo y que la limpieza total de la zona afectada demandaría 40 días.

Según la empresa, el plan de remediación comenzó a ejecutarse el mismo día del accidente y cuenta con el apoyo de sus 760 trabajadores. Además, se ha contratado a 256 comuneros del lugar para acelerar el proceso y se ha aumentado el número de maquinaria y equipos para avanzar más rápidamente.

ANUNCIAN PROTESTA. Pese a ello, la población de la provincia de Aymaraes anunció un paro de 48 horas para hoy, a fin de pedir celeridad en los trabajos de remediación ambiental. Carlos Candiotti, secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de Aymaraes, dijo que la medida fue acordada en una asamblea –realizada el pasado fin de semana– para exigir la indemnización inmediata a los más de 40 mil pobladores que han resultado afectados por el derrame.

“El paro también es para pedir el cierre definitivo de la minera Caudalosa Chica, pues en octubre del 2007 fue denunciada por un tema similar ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, pero no pasó nada”, agregó el dirigente, quien advirtió que, si las autoridades no escuchan sus reclamos, se llevará a cabo una protesta indefinida.

Diario Perú 21-Lima 07/07/2010






EL TEMA AMBIENTAL, NUEVAMENTE EN ALERTA


Por CooperAcción

En las dos últimas semanas, los peruanos nuevamente hemos constatado lo endeble que es nuestra institucionalidad ambiental y los enormes riesgos que se presentan constantemente en diferentes partes de nuestro territorio.

Primero, el derrame de petróleo en el río Marañón, en el distrito de Urarina en Loreto; luego el colapso del depósito de relaves, en el distrito de Huachocolpa, en Huancavelica, que está causando una terrible contaminación de tres ríos de la zona, además de los impactos en las actividades económicas de las comunidades y en la salud de sus pobladores.

Lo más terrible de todos estos hechos es constatar que las empresas petroleras y mineras implicadas, tienen un largo historial de comportamiento irresponsable en sus actividades. Pluspetrol ha provocado varios derrames similares en los últimos años y es la misma empresa que durante años arrojó al río Corrientes, el 100% de las aguas de producción sin tratamiento en los lotes 1AB y 8, causando graves problemas de contaminación. Denuncias de las comunidades Achuar, medidas cautelares de por medio, cierres temporales y finalmente una acta, la de Dorissa, firmada entre la empresa, las comunidades y el Estado, no han impedido que los derrames continúen.

En Huancavelica la situación es dramática. Las comunidades denuncian que en los últimos años se han producido una serie de accidentes que involucran a la misma empresa y otras que operan en la región y que hay más de 70 pasivos ambientales mineros que no tiene dueño y no se remedian. Las principales cuencas que atraviesan Apurímac vienen siendo afectadas sin que nadie haga nada. Ahora, en el caso específico se acepta que faltó una adecuada política de control y prevención, pero ¿quién asume la responsabilidad?

¿Qué hacer? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? Estos lamentables sucesos plantean la necesidad de revisar criterios, políticas públicas y romper el esquema predominante de la autorregulación privada. Las empresas, sobre todo las extractivas, han construido un discurso que apunta a señalar que sus propias regulaciones son las que les permiten operaciones seguras y totalmente limpias. No es así. No se puede confiar en los mecanismos de control de las empresas que dependen por lo general de sus intereses económicos. Se hace necesario fortalecer los mecanismos públicos de regulación y control, más aún en operaciones de alto riesgo.

Este es un tema fundamental por la creciente presencia de actividades mineras y de hidrocarburos. Esperemos que las autoridades reaccionen, hagan algo y dejen de lado absurdas acusaciones contra los líderes ambientales y sacerdotes que denuncian estos hechos y exigen con justa razón que se protejan los ecosistemas y a los pobladores.

Desde acá nuestra solidaridad con el sacerdote Paul McAuley y el rechazo a la insensatez gubernamental de querer expulsarlo.

Servindi-Lima 07/07/2010





HUANCAVELICANOS ACATARÁN PARO DE 48 CONTRA CONTAMINACIÓN MINERA


La población de la provincia de Aymaraes, en Huancavelica, acatará desde mañana, miércoles, un paro de 48 horas en protesta por la contaminación generada al río Opamayo por la fuga de relaves pertenecientes a la minera La Caudalosa Chica.

Así lo anunció Carlos Candietti, secretario del Comité de Fiscalizción del Medio Ambiente de Aymaraes, quien a través de CNR criticó la actitud irresponsable de la minera al tener una cancha de desechos tóxicos en forma artesanal.

El dirigente señaló que la medida de fuerza -de carácter preventivo- fue acordada en una asamblea desarrollada el jueves 1 de julio; empero, el paro puede convertirse en una huelga regional indefinida si es que las autoridades no atienden sus reclamos.

Candietti denunció que los funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas sólo han centrado sus esfuerzos por limpiar el distrito de Huachocolpa, dejando de lado la cuenca del Lircay, que desemboca en el río Urubamba y este, a su vez, en el río Mantaro.

Precisó que el río arrastró los materiales tóxicos a las comunidades de Totora, Palcas, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca, Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay, Callanmarca, Huancahuanca, Congalla y otras, acabando con miles de truchas y poniendo en riesgo la salud de la población que usa estas aguas para el consumo humano y agrícola.

Incluso, el dirigente señaló que los efectos de este desastre ecológico estarían alcanzando a comunidades en Ayacucho. "No es sólo el 80% del río Opamayo (que está contaminado), sino el 100% de la cuenca del Lircay", enfatizó.

Por ello, agregó que la paralización servirá para demandar la indemnización a más de 40 mil afectados en esta zona, así como el cierre definitivo de La Caudalosa Chica, que ya en octubre del 2007 fue denunciada ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/07/2010





MINAM DECLARA EN EMERGENCIA ZONAS AFECTADAS POR DERRAME DE RELAVES EN HUANCAVELICA


Mediante resolución Nº 117-2010, el Ministerio del Ambiente (MINAM) declaró en emergencia ambiental por 90 días el área afectada por el derrame de relaves mineros en los distritos de Huachocolpa (provincia de Huancavelica) y Lircay (provincia de Angaraes).

Como se recuerda, el 25 de junio pasado, colapsó un dique de relaves de la empresa minera Caudalosa Chica provocando que más de 500 toneladas métricas de residuos tóxicos cayeran al río Totora, ubicado en la jurisdicción del distrito de Huachocolpa; y en los cauces del río Opamayo, ubicado en el distrito de Lircay.

Así mismo, se aprueba un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la recuperación de la zona afectada cuyas precisiones se coordinarán con el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Huancavelica, la Autoridad Nacional del Agua y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

La resolución también señala que “corresponde a la autoridad sectorial competente disponer las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental en la zona afectada, que deberá implementar la Compañía Minera Caudalosa S.A. Dichas medidas deberán considerar las acciones señaladas en el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, sus precisiones y aspectos complementarios de ser el caso”.

Entre las actividades que se desarrollarán como Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo se señalan el recojo de relaves mineros en la zona afectada, la remoción de suelos afectados, la protección del ganado y camélidos en la zona para evitar se acerquen a los ríos afectados, así como el abastecimiento de agua y forraje para el ganado. De igual modo, se consideran como acciones el repoblamiento de especies acuáticas en ríos afectados, la atención de la salud de los habitantes de las localidades afectadas, entre otros.

Sin embargo, en ninguno de los documentos se señala indemnizaciones para los pobladores afectados por este grave atentado contra el medio ambiente que según Carlos Candietti, secretario del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de Aymaraes, suman más de 40 mil personas.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la empresa minera Caudalosa Chica incurre en este tipo de daños contra el medio ambiente; ya en octubre del 2007 fue denunciada ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) por un hecho similar.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/07/2010





6 de julio de 2010

PRONUNCIAMIENTO

El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible-GRUFIDES, hace conocer a la opinión pública su rotundo rechazo frente al accionar arbitrario del gobierno quien ha ordenado ilegalmente, la expulsión del país del religioso británico Paul Mc Auley, reconocido defensor de los derechos de los pueblos Amazónicos y del Medio Ambiente.

Según la resolución del Ministerio del Interior 0571-2010-IN/1601, en donde señalan las razones oficiales para la expulsión del Hermano Paul Mc Auley, la “alteración del orden público” y la “participación en actividades de carácter político”, sin especificar nada más, violando el principio de la debida motivación de las resoluciones administrativas.

Consideramos que este accionar por parte del Gobierno es parte de su política de hostilización y amedrentamiento hacia los líderes, dirigentes sociales y religiosos que defienden los derechos de las poblaciones afectadas por actividades y empresas que generan daño al medio ambiente y degradan la calidad de vida de los más pobres.

Exigimos al Estado la revocación inmediata de esta Resolución ilegal y espuria que no solo vulnera los derechos básicos de un ciudadano como es el religioso Paul Mc Auley, sino rompe con todo principio básico de democracia a la cual tenemos derecho todos los peruanos.

Cajamarca, 06 de Julio 2010
SENTENCIAN A 4 AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD A CAMPESINOS DE PORCÓN


11 campesinos de Porcón fueron sentenciados por el Juzgado Liquidador de Cajamarca a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de Atentado contra los medios de transporte colectivo y de comunicación, debido a una protesta contra la minera Yanacocha, en defensa del cerro Quilish. Sin embargo los mismos campesinos fueron absueltos por el delito de disturbios.

Sin embargo la sentencia de 4 años que impuso la jueza Ana María Vásquez Alday, fue apelada, debiendo esperar un nuevo juicio, según explicó Mirtha Vásquez, abogada defensora de los campesinos, quien dio a conocer que no hay pruebas para demostrar que la carretera haya sido bloqueada.

Los campesinos involucrados en dicha denuncia son Juan Calua Castrejón, María Chuquimango de Terán, Augusto Donato Ruitón, Orfelinda Ramos Chilón y otros. Quienes fueron acompañados a dicho juzgado por varios campesinos quienes dijeron respaldarlos. Los manifestantes aludieron que la minera Yanacocha bajo esas argucias pretende impedir que reclamen la intangibilidad del cerro Quilizh, pero a pesar de ello no retrocederán en su posición.

La protesta por la que los campesinos son juzgados fue el 11 de septiembre, donde los campesinos reclamaban la no explotación del cerro Quilizh y el abastecimiento de agua en la zona, la misma que habría sido perjudicada por la construcción de un poso tubular en las inmediaciones de los manantiales del cero en mención.

Diario El Mercurio-Cajamarca 06/07/2010





HUALGAYOC EXIGE PRONTA SOLUCIÓN A CONFLICTO MINERO


Dio plazo al gobierno. Cuenca Tingo-Maygasbamba está contaminada y hay peligro de desborde de relavera, afirman.

Walter Barboza Villena y Napoleón Gutiérrez Anticona, dirigentes del Comité de Lucha Socioambiental de Hualgayoc, llegaron a Lima para exigir a las autoridades del Ejecutivo que solucionen el problema socioambiental generado por la empresa minera Gold Fields desde el 2007, y dieron 20 días de plazo antes de iniciar actos de protesta en la provincia.

“La cuenca Tingo-Maygasbamba está totalmente anulada para el riego y la ganadería, según informe de Digesa” ,reclamó Walter Barboza tras señalar que en este momento el campamento de Gold Fields está resguardado por más de 200 policías.

También expresaron su preocupación por el peligro de desborde de la relavera, hecho que los mismos funcionarios de Gold Fields reconocieron cuando les dijeron que, ante un deslizamiento, corran hacia la parte alta de la quebrada.
“Si no nos escuchan ahora, luego que no nos responsabilicen de las consecuencias”, advirtieron.

Diario La República-Lima 06/07/2010





Decisiones Perú Y Ecuador no cederán terreno a transnacionales
COMUNIDADES SE UNEN CONTRA LA MINERÍA


Firman convenio de apoyo a las fronteras y expresaron su negativa a otorgar sus tierras a cualquier actividad referente a la minería

El fin de semana varias comunidades campesinas indígenas del Perú y Ecuador se reunieron en el II Encuentro Binacional de Comunidades Campesinas Indígenas del Perú y Ecuador afectada por la minería. Uno de los objetivos de este encuentro fue promover un intercambio de procesos organizativos y de experiencia de resistencia frente a la imposición del modelo extractivita que los Gobiernos de Ecuador y Perú impulsan en sus territorios

Como resultado se obtuvo la firma de la Declaración Binacional de Comunidades Indígenas de Perú Y Ecuador afectadas por empresas mineras, en la cual se expresa que frente a la política extractiva similar basada en la actividad minera, los dos países han tenido una historia de represión, persecución, criminalizaciónde la protesta, la cual se ha incrementado y han participado activamente tanto las empresas mineras como el Estado

Declaraciones Conjuntas

El dirigente de la Federación de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión Pintado, precisó que el compromiso es crear una organización que los vincule para plantear metas, evaluar avances, impulsar un proceso continuo de formación y educación a sus comunidades

También difundir lo que ocurre con los países en conferencia de prensa en simultáneo en Quito y Lima y realizar declaraciones permanentes en solidaridad y respaldo con las acciones que ocurran en cualquiera de las dos naciones y en contra de las empresas mineras

Como último item, y uno de los más importantes decisiones, se busca impulsar políticas y procesos de ordenamiento territorial participativo, y la declaratoria de gobiernos locales libres de minería, específicamente respaldar a la campaña para declarar a las provincias de Jaén, San Ignacio, Huancabamba, Ayabaca libres de minería.

Diario La República-Lima 06/07/2010





MINAM DECLARA EMERGENCIA AMBIENTAL EN HUANCAVELICA


El área afectada por el derrame de relaves mineros de la compañía Minera Caudalosa en las localidades Huachocolpa y Lircay, en el departamento de Huancavelica, fueron declaradas en emergencia ambiental por 90 días por el Ministerio del Ambiente (Minam).

Asimismo se aprobó el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo para la recuperación de la zona señalada, de acuerdo al decreto supremo 024-2008-PCM.

En un plazo de cinco días, el Minam deberá dar las precisiones del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, previa coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los ministerios de Salud y de Energía y Minas, el gobierno regional de Huancavelica, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

El Minam indicó que corresponderá a la autoridad sectorial competente disponer las medidas de mitigación, remediación y compensación ambiental en la zona afectada que deberá implementar la minera Caudalosa, las cuales deberán considerar las acciones señaladas en el plan de acción.

Lo establecido no exime a la compañía de efectuar en forma inmediata las medidas ambientales conducentes a evitar mayor daño en el área impactada.

La norma señala también que el Organismo Supervisor de la Inversión de la Energía y Minería (Osinergmin), en tanto la OEFA asuma efectivamente sus funciones, estará encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las acciones de remediación ambiental.

Diario La República-Lima 06/07/2010





CUESTIONAN SILENCIO DE SNMPE ANTE CONTAMINACIÓN DE RÍOS EN LORETO Y HUANCAVELICA


Francisco Muguiro, vicario general del Vicariato Apostólico Francisco Javier de Jaén (Cajamarca), criticó el silencio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ante los derrames de petroleo y relaves mineros ocurridos en Loreto y Huancavelica, respectivamente.

A través de CNR, Muguiro Ibarra recordó que, el 19 de junio, el río Marañón soportó el derrame de 400 barriles de petróleo pertenecientes a Pluspetrol Norte; y menos de una semana después, 21 mil litros cúbicos de relaves tóxicos de la empresa La Caudalosa Chica contaminaron las aguas del río Opamayo.

"No entiendo cómo la SNMPE no ha hablado ya (...) esto le hace mucho daño a la minería moderna", comentó el también director de Radio Marañón, al recordar que estos desastres impactarán no sólo en el medio ambiente sino en la salud de la población.

En ese sentido, Muguiro Ibarra expresó su respaldo al religioso ambientalista Paul Mc Aucley, a quien el gobierno peruano le canceló su permiso de residencia en el país acusándolo de agitador.

Indicó que este caso puede compararse con lo vivido por el padre Mario Bartolini, obispo del distrito de Barranquita (San Martín), quien ha sido acusado penalmente por el respaldo que brindó a las movilizaciones indígenas de junio del 2009.

"Nosotros estamos de acuerdo que debemos buscar un desarrollo junto con los nativos y no lo que se le ocurra al presidente o al Ejecutivo, dando unas leyes que luego resultan siendo inconstitucionales", enfatizó.

Por ello, destacó la necesidad de que las autoridades asimilen la diversidad cultural que caracteriza al interior del país y aprendan a relacionarse de manera armónica, en favor del desarrollo común del Perú, mediante mecanismos como la consulta previa.

"Lima ve la selva como un lugar de donde puede extraer todos los recursos naturales que quiera, sin pensar en la gente y sin consulta. Eso no puede ser", acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 05/07/2010





5 de julio de 2010

Dragar el cauce de los ríos para remediar materia tóxica en Huancavelica, propone experto.
SOLUCIÓN AL DERRAME


El pasado viernes 25 de junio, la ruptura del dique de contención de la planta de relave “A” de la empresa Caudalosa Chica originó que un volumen de 50 mil metros cúbicos de relave se vertiera sobre el río Huachocolpa, afectando más de mil 500 hectáreas de terreno aguas abajo y a alrededor de cuatro mil 100 usuarios directos, llegando hasta los ríos Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachi y Mantaro.

En una emisora de radio, Guy Carvajal, profesor del curso de biorremediación de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), planteó que se realice un dragado de los fondos para eliminar toda la materia tóxica.

“Para el problema actual de la contaminación del río lo que se tiene que hacer es tratar de restaurar el cauce del río, es decir hacer el dragado de los fondos, de los sedimentos, tratar de eliminar toda esta materia tóxica que ha venido”, dijo.

“Ese sedimento se puede llevar a canchas de relave y se puede volver a tratar eso mediante el uso de vegetación, se puede acostumbrar a cierto tipo de organismos como las plantas a que se pueda a través de canales o de zanjas que se puedan hacer los llamados humedales en los cuales se restaura un poco la relación que se hace entre bacterias, hongos que viven en las raíces de las plantas”, precisó Carvajal.

En otro momento, Manuel Pulgar Vidal director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental subrayó en “Ampliación del domingo” la situación de pobreza que se vive en la región. “Huancavelica es una región con minería histórica, es más, las famosas minas de azogue que se utilizaban para luego llevarlas a las minas de Potosí, durante la Colonia, están en esta región y efectivamente hay una actividad minera por años. Huancavelica es la región más pobre del país, más del 85% en condiciones de pobreza y algunos de los distritos afectados por estos relaves, uno de ellos Anchonga, que es uno de los distritos más pobres del país, con el 91% de la población en condiciones de pobreza”, aseguró.

Sobre el particular, Pulgar Vidal indicó que se deben ejecutar una serie de acciones desde el punto de vista legal. “Acá es necesaria una declaratoria de emergencia ambiental, porque se necesitan acciones de corto plazo por lo menos para asegurar la calidad de vida de la población y su salud, eso es lo más urgente”, precisó.

“Lo segundo, dentro de lo que es el derecho penal cuando uno piensa en tipificación de delitos, aquí no solamente hay una cuestión de exceso de límites máximos permisibles, sino el hecho de que no se haya avisado oportunamente a la población y haya utilizado esta agua para beber, para su ganado o para riego, que esto ocurrió en la noche y al día siguiente sin la debida información, esta población se ha visto expuesta a una contaminación”, continuó.

“Lo tercero y lo más importante, es una situación típica es crónica de una muerte anunciada. Estas empresas mineras están actuando con muy poca responsabilidad y Osinergmin había hecho un monitoreo inopinado a la zona de Huancavelica y además Apoyo consultoría había hecho un informe sobre el tema del comportamiento ambiental y si se lee estos informes son dramáticos. En la zona donde hay dos grandes yacimientos Huachocolpa y San Genaro el nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental no llega ni al 50%”, puntualizó.

Diario La Primera-Lima 05/07/2010





PADRE PAUL MC AULEY APELARÁ LA ORDEN DE SU EXPULSIÓN DEL PAÍS


Descargo. Niega haber cometido faltas, pues su trabajo está en la línea de la iglesia católica. Religioso británico señaló que todas las acusaciones que ha recibido del gobierno se tendrán que aclarar. Niega presidir una ONG.

El padre Paul John Mc Auley rechazó las acusaciones del premier Javier Velásquez Quesquén sobre una supuesta labor para promover protestas contra el gobierno, y anunció que hoy iniciará junto a sus abogados la apelación de los cargos que le ha formulado la División de Seguridad del Estado por, supuestamente, haber violado la Ley de Extranjería.

En declaraciones para La República, el sacerdote británico señaló que todas las acusaciones que ha recibido del gobierno se tendrán que aclarar. Mc Auley precisó que la organización que preside, Red Ambiental Loretana, no es una ONG –como lo ha señalado Velásquez Quesquén– sino una asociación civil.

“Si se ve, los apoyos para proyectos son muy pocos. Todos somos voluntarios, no somos una institución de gente que gana sueldos, el único que gana sueldo es el encargado de la página web”, afirmó el sacerdote.

Asimismo, Paul John Mc Auley manifestó que todo el trabajo que ha realizado, como miembro de la Iglesia, durante estos años a favor de las comunidades amazónicas, ha estado dirigido bajo los lineamientos de la Iglesia Católica, precisados en el Concilio Vaticano II, y lo establecido por la Conferencia Episcopal Peruana en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.

El religioso indicó que, desde que se hizo público su caso, ha tenido contacto con los obispos de la amazonía, así como con el vicariato de San José –Iquitos–, quienes le han expresado su respaldo frente a la orden de expulsión del país. Además, indicó que dichas autoridades se pronunciarían oficialmente en las próximas horas en contra de la medida del gobierno.

Acciones legales

El padre Mc Auley anunció que en las primeras horas de hoy se acercará junto a sus abogados a las oficinas de la División de Seguridad del Estado de Iquitos, a fin de solicitar el atestado que ha servido de base para la cancelación de su residencia en el país para así poder apelar la resolución en su contra.

“Difícilmente los abogados pueden defenderme si no tienen los detalles ni los cargos levantados en mi contra”, apuntó.
El religioso cuenta con el apoyo legal de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), así como del vicariato de Iquitos y de la Congregación de Hermanos de La Salle, a la cual pertenece.

La medida contra el padre Mc Auley también ha sido rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que el religioso no ha cometido ninguna falta contra la Ley de Extranjería y que, por lo tanto, el gobierno debería revocar la medida.

Pronunciamiento oficial

Por su parte, el premier Javier Velásquez Quesquén volvió a hablar del tema y dejó abierta la posibilidad de que la defensa del padre Mc Auley apele la resolución de la Dirección General de Migraciones que le canceló la residencia y ordenó su salida del país.

“Es un acto administrativo que puede ser apelado”, expresó.

Sin embargo, Velásquez indicó que la decisión fue tomada en el marco de la ley y de los convenios internacionales, de los cuales –puntualizó– nuestro país es respetuoso tanto en lo correspondiente a los derechos como a las obligaciones.

“El Perú es muy respetuoso del principio internacionalmente reconocido de no intervención en los asuntos internos de cada uno de los países de la comunidad internacional”, agregó.

Claves

Labor. La Red Ambientalista Loretana es una asociación que busca el manejo justo y sostenible de los recursos naturales de la selva. Como parte de ese trabajo han visitado colegios y universidades para realizar campañas de concientización.

Cargos. Según las autoridades, la institución que preside Mc Auley maneja fondos de la cooperación internacional y ha participado en protestas contra el gobierno por temas amazónicos.

“Es una afrenta a nuestra misión”

La Conferencia de Religiosos del Perú expresó su indignación ante la expulsión de nuestro país del padre Paul John Mc Auley, pues calificaron esa medida como un grave atentado contra la democracia en el país y contra el convenio suscrito entre el Estado Peruano y la Santa Sede. Además, señalaron que la expulsión de Mc Auley “es sentida por los miles de religiosos peruanos como una seria afrenta a nuestra misión”.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de la organización medioambientalista Red Muqui, Ana Leyva, señaló que el pedido de expulsión del padre Mc Auley es un acto de arbitrariedad del gobierno, pues el religioso solo realizaba una labor para que los nativos de la amazonía tengan una opinión crítica y participen en las decisiones del Estado sobre su territorio.

Diario La República-Lima 05/07/2010