14 de julio de 2010

70 APUS LLEGARON A IQUITOS PARA PROTESTAR POR EL DERRAME DE PETRÓLEO


Río Marañón. Aseguran que toman agua contaminada ante indiferencia de Pluspetrol. Acusan a empresa de repartir un litro de agua por persona para una semana. Nota relacionada

R.Cárdenas y G. Muñoz. Setenta Apus de las comunidades nativas afectadas por el derrame de petróleo en el río Marañón llegaron a Iquitos para denunciar que se ven obligados a beber agua contaminada ante la indiferencia de la empresa Pluspetrol que solo les entrega un litro de este bien por persona para una semana.

El presidente de la Asociación Cocama de San Pablo de Tipishca, Alfonso López Tejada, aseguró que el agua y los alimentos repartidos por Pluspetrol no se dan de manera equitativa a todas las comunidades nativas.

"Nos han informado que atenderán primero a las comunidades más grandes, como si la vida en las comunidades pequeñas no valiera nada”, se quejó.

El dirigente aseguró que la empresa Pluspetrol sabe de esas carencias, sin embargo no les ofrecen una solución.

López Tejada pidió a todas las organizaciones sociales de Iquitos unirse a su lucha y no descartó la posibilidad de que una delegación llegue a Lima para reclamar solución al gobierno central.

Pedimos que Pluspetrol pague una indemnización por los daños causados a la ecología”, dijo.

La clave

Sin ayuda. Denunciaron que a la indiferencia de la empresa Pluspetrol se sumó la desatención del Gobierno Regional de Loreto y de las municipalidades.

Diario La República-Lima 14/07/2010





“EL ESTADO PERUANO SE ARRIESGA A UNA CONDENA SI NO CUMPLE CON LA CONSULTA PREVIA”


El Perú se arriesga a una sentencia al no cumplir con el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se establece el derecho a la consulta previa.

Así lo sostuvo Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) en una entrevista difundida por Enlace Nacional.

“No estamos ante un tema frente al cual el gobierno tiene la libertad de decidir o no. Los derechos se cumplen sí o sí, son límites al poder político” afirmó el especialista.

“Es decir, para que una decisión de Estado sea válida tiene que respetar los derechos fundamentales. Si no los respetan es una decisión que tiene un vicio de nulidad” precisó.

“Primero, tenemos un silencio, una omisión legislativa. Ahora tenemos la observación del Estado, Ya estamos en una situación que compromete la responsabilidad internacional del Estado peruano. Si este caso llega a la Corte Interamericana nos arriesgamos a una condena”.

En ese sentido, Ruiz resaltó el cumplimiento de la consulta previa en Colombia pese a que no cuenta con una ley establecida.

“Colombia no tiene una ley de la consulta. Sin embargo, el gobierno lo ha experimentado en parte, por que la Corte Constitucional -lo que equivale a nuestro Tribunal Constitucional-, a punta de sentencias lo ha obligado a implementar” explicó.

“En consecuencia, el camino primero es que el gobierno mismo se rectifique, el Congreso insista y se apruebe” dijo respecto a la Ley de Consulta aprobada el 19 de mayo por el Congreso pero observada por el Ejecutivo.

Cabe indicar que el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que establece que el derecho a consulta previa no otorga derecho a veto por parte de la población indígena sobre las decisiones del Estado por lo que las observaciones al respecto no tienen asidero jurídico.

Servindi-Lima 14/07/2010





CONTAMINACIÓN EN EL MARAÑÓN SUPERA EN 100 VECES ESTÁNDARES NACIONALES


Un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) determinó que el derrame de petróleo ocurrido el pasado 19 de junio en el río Marañón sobrepasa en más de 100 veces los estándares nacionales de calidad ambiental.

Según el IIAP, las leyes peruanas establecen para las aguas de uso poblacional y recreacional, la presencia de un miligramo de sustancias tóxicas por litro de agua. Sin embargo, en el Marañón se ha detectado hasta 100 miligramos por litro de agua.

Víctor Sotero, especialista de la institución, advirtió que, con tal grado de contaminación, esas aguas no pueden ser utilizadas por la población local para sus quehaceres diarios. “Hay que monitorear el agua y hacer nuevas pruebas, a lo largo de los próximos meses, hasta que la presencia de estas sustancias llegue a cero”, señaló.

El investigador precisó que se debe hacer un monitoreo de los impactos que se podrían generar a corto y mediano plazo en el agua, sedimento, flora y fauna del área impactada, así como en las diferentes actividades socioeconómicas y en la salud y bienestar de las poblaciones ribereñas del río Marañón.

Así mismo, plantea formar una comisión técnica multisectorial para la evaluación de los impactos ambientales y socioculturales, y establecer un sistema de monitoreo permanente de la calidad del agua, de los peces y de las plantas cultivadas en el río para, así, minimizar las consecuencias de la contaminación.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Loreto, en las riberas del río Marañón viven cerca de siete mil pobladores y al menos cuatro mil resultaron afectados directamente por el derrame de crudo.

La empresa Pluspetrol ha enviado al lugar agua y alimentos para los damnificados. Sin embargo, habitantes de 29 comunidades indicaron que aún no han sido atendidos por la referida empresa.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 13/07/2010





ORDENAN PARALIZAR OPERACIONES DE MINERA CAUDALOSA CHICA


El Ministerio de Energía y Minas (MEM) recibió del Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (Osinergmin) un “Acta Medida de Seguridad”, la cual ordena paralizar las actividades mineras metalúrgicas de la empresa.

Esta decisión fue tomada tras constatar y evaluar los daños causados por el derrame de relaves mineros al cauce del río Escalera, ubicado en el distrito de Huachocolpa, en la región Huancavelica, la cual figura en el “Acta Medida de Seguridad” del pasado 30 de junio.

La medida se sustenta en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 28964, que faculta - en caso existe indicios de peligro inminente- a Osinergmin “la paralización temporal de las actividades de cualquier área de trabajo de la unidad minera”.

Asimismo, una segunda “Acta Medida de Seguridad” del último 3 de julio, indica que la minera Caudalosa S.A. debe “tomar las acciones necesarias e inmediatas, para garantizar la estabilidad física de la relavera B, a fin de prevenir un colapso. También señala “tomar medidas inmediatas, a fin de evitar un nuevo evento en la relavera A.

Estas disposiciones de Osinergmin están también respaldadas en el artículo 18 del Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo de Osinergmin Nº 233-2009-OS/CD; así como lo dispuesto por los artículos 21º, 31º y 79º del Reglamento General del Osinergmin, aprobado por el Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM.

Diario La República-Lima 13/07/2010





DENUNCIAN “PERVERSO” ATROPELLO CONTRA DERECHOS DE PPII Y DOBLE DISCURSO DEL GOBIERNO


La Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) denunció que el dictamen de la Comisión de la Constitución aprobado hoy responde a los intereses de las empresas mineras y petroleras y constituye un nuevo atropello e injusticia contra los pueblos indígenas u originarios.

CONACAMI señaló que el nuevo dictamen de la Ley de Consulta que acepta todas las observaciones formuladas por el gobierno “nos devuelve a la triste realidad” y confirma “que nada han aprendido los gobernantes de turno”.

La organización andina señala que la alianza del Partido Aprista, el fujimorismo y Unidad Nacional confirma su orientación política hacia los pueblos y comunidades: “el exterminio o la asimilación. No los derechos.”

Agrega que la política del gobierno se compone de “falacias, hipocresías y engaños” y recordó la postura del Estado peruano presentada ante la conferencia internacional de la OIT el 17 de junio. En esta ocasión sostuvo que la aprobación de la Ley de Consulta se hizo en consenso con los pueblos indígenas.

La Comisión de Constitución es sumisa al poder político y está sometida al poder de las multinacionales mineras, petroleras y forestales que “lucran con el negocio de la depredación, destrucción y contaminación de la Madre Tierra” continúa el pronunciamiento de la organización.

Precisamente, en las últimas semanas se han producido en el Perú graves accidentes calificados de “crímenes ambientales” en la cuenca del río Opamayo en Huancavelica o el derramamiento de crudo de petróleo en el río Marañon.

La CONACAMI sostiene que “no hay legitimidad en el gobierno ni en la Constitución”. Y la herencia constitucional fujimorista “genera exclusión social y fomentará nuevos Baguas y represiones sociales”.

La organización aboga por una Nueva Constitución Política que permita “construir un Perú unido en la diversidad, sobre la base del equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura” y el Vivir Bien para todos.

Respecto a la Ley de Consulta la CONACAMI demanda que los congresistas que aún conserven dignidad rechazen esta nueva versión “degenerada” de la iniciativa legal aprobada el 19 de mayo.
Conferencia de prensa

El miércoles 14 a las 12 del mediodíalas organizaciones de los pueblos indígenas realizarán una conferencia de prensa en el hall de los Pasos Perdidos del Congreso de la República para responder al acuerdo de la Comisión de Constitución y Reglamento.

La convocatoria señala que la decisión de aceptar las observaciones del Ejecutivo “bloquea un proceso de entendimiento entre el Estado y los Pueblos Indígenas que se había alcanzado en el proceso de elaboración y aprobación de la Ley el 19 de mayo”.

Dictamen de las mineras y petroleras es aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso
Los Pueblos Indígenas andinos y amazónicos no queremos la degenerada legislación de consulta

La comisión de Constitución y Reglamento del Congreso del Perú consumó un acto más de injusticia -como tantos otros en su historia republicana- contra los pueblos indígenas originarios, que son las comunidades campesinas y nativas al aprobar por mayoría hoy martes 13 de agosto de 2010, un dictamen por el que se allana a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa del proyecto de Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas.

La alianza política (APRA, FIJIMORI, Unidad Nacional) representados en la Comisión de Constitución del Congreso, nos confirma su orientación política respecto a las comunidades; política del Perro del Hortelano donde para los pueblos indígenas andinos y amazónicos solo cabe o el exterminio o la asimilación. No los derechos. La aplicación de estas políticas y la obsecuente intransigencia del gobierno provocaron los lamentables sucesos de Bagua. Esta decisión nos devuelve a la triste realidad que nada han aprendido los gobernantes de turno.

El poder Ejecutivo y el Congreso consagran una misma política de gobierno de falacias hipocresías y engaños, como el presentado a la comunidad internacional en su informe ante la OIT, el último 17 de junio de 2010 aseverando que la aprobación de la Ley de Consulta por el estado peruano ha tomando en cuenta consensos con los representantes de los Pueblos Indígenas. Demuestra también, que la Comisión de Constitución del Congreso es sumiso al poder político (del ejecutivo) y sometido al poder económico de multinacionales mineras, petroleras y forestales que lucran con el negocio de la depredación, destrucción y contaminación de la madre tierra como sucede con los crímenes ambientales en la cuenca del rio Opamayo en Huancavelica o derramamiento de petróleo en el río Marañon.

Este acto perverso cierra para las comunidades, la etapa del debate y la discusión por una ley; como el de la Consulta Previa y abre el camino de la lucha por nuestros verdaderos derechos como Pueblos Kechua Aymara y amazónicos. Derechos territoriales, culturales y políticos reconocidos que no alcanzaremos sino en un nuevo pacto social en el cual los pueblos indígenas seamos sujetos constitutivos del estado.

A las comunidades andinas, amazónicos a las organizaciones sociales, al pueblo peruano y a los congresistas dignos invocamos a:

No aprobar la degenerada Ley de Consulta. Es el momento de exigir al Congreso y los congresistas que si todavía les queda algo de dignidad no aprueben esta degenerada norma. Las comunidades reafirmamos que, con ley o sin ley, el Convenio 169 está vigente en el Perú y haremos cumplir su mandato. Que con todo esto, el Gobierno del Apra y de García solo agrava y profundiza su continua violación de obligaciones internacionales. No aprueben porque este es el Dictamen e interés de las todopoderosas transnacionales mineras y petroleras que operan en el país.

Convocar Nueva Asamblea Constituyente. Porque no hay legitimidad en el gobierno ni en la Constitución. La herencia constitucional fujimorista, defendida por el Apra, Unidad Nacional, Perú Posible genera exclusión social y fomentará nuevos Baguas y represiones sociales. Una Nueva Constitución nos permita construir un Perú unido en la diversidad, sobre la base del equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura, derechos colectivos para los pueblos, servicios públicos, derechos laborales, sociales y Vivir Bien para todos.

Respaldar la demanda y lucha de los pueblos de la Macro región sur en su acuerdo en realizar PARO MACROREGIONAL INDEFINIDO a partir del 27 de julio, en defensa del GAS y la SOBERANIA del Perú.

Servindi-Lima 13/07/2010