COMUNIDADES DE SELVA CENTRAL SE REUNIRÁN CON PLUSPETROL POR LOTE 108


El próximo 25 de agosto tendrá lugar la reunión entre la empresa Pluspetrol y los jefes y dirigentes de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec) para conocer los detalles sobre la etapa de exploración petrolera en el lote 108. Estará presente también el líder amazónico Alberto Pizango y representantes de la Defensoría del Pueblo.

El presidente de la Ceconsec, Héctor Martín Manchi, manifestó que a la fecha Pluspetrol Perú no ha tenido ningún nivel de coordinación ni diálogo con su organización y que existe la preocupación de varias comunidades por los impactos negativos que podría generar la explotación de petróleo en su entorno.

El dirigente afirmó que el otorgamiento para exploración no ha contado con el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT que consagra el derecho de consulta de los pueblos indígenas en los casos que se prevean medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar.

El lote 108 fue otorgado en concesión por el Estado peruano en el 2005 a Pluspetrol Perú Corporation S.A. para realizar actividades de exploración petrólífera. El lote tiene una extensión promedio mayor 12 mil kilómetros cuadrados y abarca territorios de las regiones Junín, Cusco, Ayacucho y Pasco.

La reunión será en la comunidad nativa Bajo Aldea (cerca a Pichanaki), para la cual se está convocando a los jefes y líderes de las comunidades Carapairo, San Pedro Shevoariari, Chirani, Pachacútec, San Luis Alto Shimaki, Churingaveni, Platanillo Shimaki, Shankivironi, Comavishiqui, Bajo Aldea, San Lorenzo Autiki, Cerro Picaflor, Orito, Pampa Julián, San José de Anapiari, Impitato Cascada, Huantashiri, Bajo Kimiriki, Shanki, Santa Elena, Tambo San Nicolás y Unión Alto Sancachari.

Servindi-Lima 18.08.2011

VINCULAN A YANACOCHA Y GLORIA CON BTR


En juicio. Representantes de ONG Grufides y Cementos Otorongo. Mirtha Vásquez señaló que había interés en conocer sus litigios con la minera, y el español José Revilla afirmó que el espionaje benefició a su competencia.

Los representantes de la ONG Grufides y de Cementos Otorongo señalaron ayer que la minera Yanacocha, la empresa de seguridad Forza y Cementos Yura, del grupo Gloria, estarían detrás del chuponeo telefónico que habrían realizado los funcionarios de Business Track.

Mirtha Vásquez, representante legal de la ONG Grufides, que dirige el padre Marco Arana, y el gerente general de Cementos Otorongo, el español José María Revilla López, hicieron esta sindicación al presentarse a declarar en el juicio a BTR por espionaje de las comunicaciones.

“Forza aparece en la página web de BTR como su cliente y tiene como uno de sus gerentes a (Wilson) Gómez Barrios, ex pareja de Giselle Gianotti. Nosotros estamos seguros de que hay una relación ahí”, declaró Vásquez. Además recordó que el ‘chuponeo’ a la ONG Grufides se realizó en la misma época, 2006, en que se realizó la “Operación diablo” de seguimiento al padre Arana.

Vásquez precisó que por los correos interceptados que le mostraron en el juicio se buscó información sobre procesos judiciales (el derrame de mercurio en Choropampa), temas financieros y personales, números de teléfonos y correos.

La guerra del cemento
Las declaraciones de Vásquez pusieron nerviosos a los abogados y procesados que se opusieron a que la Fiscalía profundice en la “Operación diablo”. Sin embargo, luego, ellos sí querían hacer más preguntas sobre ese tema.

Al ser interrogado, José Revilla afirmó: “Si alguien me ha estado interceptando es porque desea conocer las estrategias comerciales de mi empresa. Nosotros íbamos a poner una planta en Arequipa. Llevo cuatro años luchando por este proyecto, que pudo salir en cuatro meses”.

Agregó que la competencia directa de su empresa en el sur es Cementos Yura, propiedad del Grupo Gloria, que podría haber estado interesada en escuchas ilegales.

En la audiencia también se hicieron presentes para reconocer que fueron víctimas de espionaje de comunicaciones el ex ministro del Interior Luis Alva Castro, el ex presidente regional del Callao Rogelio Canches y los abogados Dora Avendaño Arana, Martín Ugarriza y Eduard García Navarro.

Petroaudios

Citados. La Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel de Lima citó para el viernes 19 de agosto a Rómulo León Alegría, Alberto Químper Herrera, la congresista Luciana León Romero, Álex Ganoza Céspedes, Eduardo Hoschschild Beeck, Juan Servigón Nakano y Virly Torres Curvello.

Diario La República-Lima 18.08.2011

COMUNIDADES INDÍGENAS SECOYAS Y QUICHUAS CONTRA INGRESO DE PETROLERA

Consideran que Lote asignado a Petrobras se encuentra en zona reservada. "

Exigen al gobierno categorización de la zona reservada de Güeppí con un parque nacional y dos reservas comunales. Indígenas aseguran que Lote 117-Petrobras, está superpuesto en lo que será la zona reservada de Güeppí.

Así lo dieron a conocer el presidente de la Asociación Putumayo, Sixto Shapiama, y Demecio Tangoa Guerra, presidente de la Federación Indígena Quichua del Alto Putumayo, quienes confirmaron que Perupetro ha programado una reunión con las 7 comunidades Secoyas y las 36 comunidades Quichuas, para el próximo 27 de agosto en el distrito “Manuel Clavero”.

“Ahí los pueblos indígenas exigirán sus derechos mientras que Perupetro quiere presentar a la empresa petrolera “Petrobras”, que el año 2006 firmó contrato con el Estado para la exploración y explotación de Hidrocarburos a través del Lote 117. El 30 y 31 marzo de 2006 también se firmó el acuerdo de categorización de la zona reservada de Güeppí como es un parque nacional y dos reservas comunales, para ello se desarrolló y se cumplió con todo un proceso que ahora pretenden desconocer. Han pasado 6 años y no hay respuesta del proceso de categorización, pero sí la hubo para la exploración y explotación de Hidrocarburos”, remarca Sixto Shapiama.

Por otro lado, pese a que la Fuerza Aérea del Perú, a través de su general, declaró que el gobierno saliente estaba entregando una nave para llegar a más comunidades alejadas de Loreto, el distrito de “Manuel Clavero” (a 6 días desde El Estrecho en motonave) ahora se encuentra más aislado que nunca porque los vuelos desde el mes de junio han sido suspendidos, señaló el dirigente Pangoa.

Diario La Primera-Lima 18.08.2011

INDÍGENAS Y CAMPESINOS EXIGEN APROBAR LEY DE CONSULTA DEL 19 DE MAYO 2010

Los pueblos indígenas reclaman un marco legal que desarrolle el derecho de consulta reconocido por el Convenio 169 de la OIT. Foto: Javier Ugaz

Servindi, 18 de agosto, 2011.- Las organizaciones indígenas del país ratificaron su decisión de que el Congreso de la República apruebe nuevamente la Ley de Consulta Previa que fue resultado de varios años y arduas negociaciones con el Estado y que había sido aprobada por el anterior Parlamento el 19 de mayo de 2010.

En un pronunciamiento al país que también está suscrito por las organizaciones del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostienen que dicho dictamen contiene los estándares mínimos jurídicos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

El pedido deja en claro el camino a seguir por el nuevo Congreso que cuenta por ahora con el respaldo de la bancada oficialista de Gana Perú.
Pronunciamiento ante la Ley de Consulta

Las organizaciones indígenas y campesinas nacionales junto a las organizaciones del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ante la actual discusión sobre el derecho a la consulta y la posible discusión y aprobación de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada por parte del Congreso de la República expresamos lo siguiente:

Invocamos al Congreso de la República a garantizar la aprobación, por insistencia, de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”; que recoja íntegramente el contenido de la autógrafa de ley del 19 de mayo del 2010, por cuanto expresa los estándares mínimos jurídicos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, vigente desde 1995; y que cuente con el importante consenso de las organizaciones indígenas y campesinas nacionales.

Solicitamos al Congreso de la República que garantice la aprobación de una Ley de Consulta Previa, libre e informada, de buena fe, y a través de sus organizaciones; que permita establecer mecanismos de diálogo intercultural y reconozca los derechos de los pueblos indígenas, expresados en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y que acate lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Peruano.

La aprobación de dicha ley, bajo los estándares de la autógrafa de ley del 19 de mayo del 2010, contribuirá, en concordancia con los instrumentos y la jurisprudencia internacionales, a establecer los principios y el marco general del derecho a la consulta en el Perú, necesarios para la solución de los conflictos sociales, impulsará la institucionalización y la participación de los pueblos indígenas en los proyectos, programas e iniciativas que los afectan; y evitará que la proliferación de metodologías e interpretaciones, ajenas a la lógica indígena, logren desnaturalizar y vaciar de contenido el derecho de los pueblos a decidir sobre su desarrollo y su destino.

Lima, 17 de agosto del 2011

AIDESEP, CCP, CNA, CONACAMI, ONAMIAP

Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos:
APRODEH, CAAAP, COOPERACCION, DAR, FEDEPAZ, IDL, Paz y Esperanza, SERVINDI

Servindi-Lima 18.08.2011

EXIGEN INVESTIGAR A MINERAS QUE ESTÁN DETRÁS DE CHUPONEO

Marco Arana cuestionó que solo se busque sancionar a los que operaron y no a los que pagaron por el ilícito procedimiento. "

Organizaciones de derechos humanos preocupadas por caso BTR.

El sacerdote Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad, afirmó que existe una enorme preocupación por parte de las organizaciones de derechos humanos con respecto al desarrollo judicial del caso Business Track (BTR), pues solo se condenaría a quienes chuponearon y no a los que ordenaron y pagaron ese ilícito, como la Minera Yanacocha.

“En el caso BTR, hay una estrategia orquestada para que la sala se centre solo en Manuel Elías Ponce Feijóo (fundador y exgerente general de BTR) y compañía, que son solo instrumentos, y no en los que estuvieron detrás de todos estos operativos de chuponeo, que son los grandes grupos de poder, como las mineras. Las organizaciones de derechos humanos estamos preocupadas porque el Poder Judicial pudiera no llegar a establecer la responsabilidad de estos otros”, dijo.

ESPIONAJE
El sacerdote y la organización Grufides, que lideraron la lucha contra la explotación minera en la región Cajamarca el 2006, habrían sido espiados por la minera Yanacocha, a través de BTR y de la empresa de seguridad Forza (ahora Securitas), que utilizó como service a la empresa C&G Investigaciones, del excapitán de la Policía, César Cáceres.

C&G Investigaciones otorgaba información de los chuponeados al oficial retirado de la Marina, Aldo Schwarz, gerente de operaciones de Forza, empresa que trabajó para las mineras Yanacocha y Antamina. Sin embargo, la denuncia de Arana y Grufides fue archivada el 2007 por el fiscal de Cajamarca Fredy Gómez.

“Hay una investigación que ha señalado la clara relación entre integrantes de la Marina y mineras como Yanacocha, un vínculo preocupante en que muchos oficiales en retiro trabajan para estas empresas de seguridad y que sumado al poder político que respalda eso, revela que hay un complejo entramado entre poder político, empresas de seguridad y servicios de inteligencia para realizar este tipo de actividades. Es decir, existe una mafia completa”, expresó.

HABLA GRUFIDES
La representante de Grufides, Mirtha Vásquez, chuponeada también en el 2006, ha sido citada hoy para reconocer audios de sus conversaciones privadas encontrados en el disco duro de Ponce Feijóo y el exmarino Manuel Ojeda Angles.

“Desde el 2006, supimos que las mineras nos chuponeaban para obtener datos personales y de nuestros familiares más cercanos, además sobre cómo trabajamos, vivimos, y luego mediante amenazas de muerte dañar nuestra moral y atentar contra nosotros. Por eso, ahora la integridad física de los integrantes de derechos humanos de todas las partes del Perú, que están reglados desde hace tiempo, está en riesgo”, sentenció.

Diario La Primera-Lima 17.08.2011

INVESTIGARÁN CONTAMINACIÓN DE LAGUNA

Tras las desacertadas declaraciones que emitiera a la prensa, el director regional de energía y Minas de Puno, Julio Misme Medina, al sostener que la coloración “rojiza” que presenta la laguna de “Pasto Grande”, se debía a una reacción química del agua con el suelo, el presidente regional, Mauricio Rodríguez, aclaró que ese fenómeno es debido a la indiscriminada contaminación de relaves que vierte la Minera Aruntani S.A.C.

“Hemos estado en la zona y Aruntani es una de las primeras mineras irresponsables que derraman sus residuos a la laguna. Han creado una ONG que engaña con desfachatez a los campesinos que siguen esperando infraestructura. La ANA (Autoridad Nacional del Agua) en los próximos días analizará el nivel de contaminación de las aguas”, sotuvo la autoridad.

Diario La Primera-Lima 17.08.2011

VUELVEN A CITAR A REPRESENTANTE DE ONG GRUFIDES


Caso BTR. Mirtha Vásquez irá el miércoles en calidad de agraviada. Abogados de los acusados se opusieron a que declare ayer porque no estaba programada.

La representante legal de la ONG Grufides de Cajamarca, Mirtha Vásquez, acudirá mañana a declarar en el juicio que se les sigue a los directivos y trabajadores de la empresa Business Track (BTR) por interceptación de las comunicaciones.

Dicha ONG fue una de las principales perjudicadas del espionaje industrial realizado años atrás, justo en la época en que denunció una serie de abusos de la minera Yanacocha.

Vásquez precisó que la citación para su manifestación le llegó el 27 de julio, para que declare dos días antes, el 25 de julio, por lo que no pudo asistir. El viernes último, el fiscal se comunicó con ella y le pidió que asistiera este lunes, lo que ella aceptó viajando desde Cajamarca, pese a encontrarse en el noveno mes de embarazo.

Sin embargo, los abogados de los acusados se opusieron a su participación diciendo que no están preparados para interrogarla.

La 2da Sala Penal de Lima aceptó la oposición, la citó para el miércoles, pero recordó que los abogados deben estar preparados para interrogar, a fin de no dilatar el juicio.

En tanto, ayer declaró el secretario del Sindicato Unitario de los Trabajadores de Telefónica, Pedro Calcina. Los correos del sindicato de Telefónica fueron hackeados cuando discutían su pliego de reclamos con la empresa.

La próxima semana se reprogramará la nueva citación a los agraviados que no han acudido hasta ahora, como el ex presidente Alan García, Luis Alva Castro, Rómulo León y Alberto Químper.

La clave
Ausente. El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, no acudió a declarar como agraviado. El miércoles continúa el juicio con otros 10 agraviados, entre ellos Cristina Osorio y Mariel Trujillo.

Diario La República-Lima 16.08.2011

KAKINTES SUSPENDEN DIÁLOGO CON REPSOL Y MEM

Moisés Sergio Salazar, presidente de la Organización de Desarollo del Pueblo Kakinte que cuestiona la actitud del ministerio de Energía y Minas y Repsol

La Organización de Desarollo del Pueblo Kakinte (ODPK) acordó suspender cualquier diálogo con la empresa Repsol y la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del ministerio de Energía y Minas sobre el proyecto de exploración de gas en el lote 57 por no haberse respetado la representatividad indígena y los acuerdos durante la reunión que sostuvieron el pasado 5 de agosto en Lima.

Los kakintes denuncian haber sido burlados por Iris Cárdenas, titular de la DGAAE, por haberse presentado el 11 de agosto en la comunidad nativa de Tsoroja junto a empleados de Repsol, sin conocimiento de la organización kakinte, con la intención de obtener un acta de entendimiento entre la empresa y las autoridades de la comunidad.

En Tsoroja, Iris Cárdenas informa a los comuneros de Tsoroja y de Corinto que la aprobación del EIA ha sido hecha por las propias comunidades al participar de los talleres de información y audiencia públicas.

Para los comuneros, la intención de confundirlos quedó en evidencia, puesto que ellos poseen actas de la comunidad y documentos remitidos al ministerio en los cuales rechazan los talleres y audiencias desde el 2010.

Según las normas es la propia Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos quien otorga la aprobación de los EIA.

Se ha intentado responsabilizar a las comunidades solo por haber asistido a los talleres de información, no obstante, haber manifestado nuestra desaprobación, sostuvo un dirigente del pueblo kakinte.

Otros funcionarios que asistieron a la comunidad de Tsoroja son Máximo Borja Usurin, especialista en evaluación de EIA de la DGAAE, Heydi Rocío Araujo Sifuentes, asistente en gestión social del ministerio de Energía y Minas, y Richard Miguel Jaimes, representante del Indepa.
Consulta previa y supervisión ambiental

Los kakintes han observado el estudio de impacto ambiental principalmente por no haber sido consultados sobre el proyecto de hidrocarburos y además, porque no se ha cumplido la exigencia indígena de que participen órganos supervisores del Estado como Osinergmin, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Perupetro, Sernanp, la Autoridad Nacional del Agua y el Indepa.

Asimismo, en la reunión del 5 de agosto se pidió a la funcionaria Iris Cárdenas que se conforme una instancia de diálogo y de gestión tripartita con el ministerio de Energía y Minas y el equipo técnico dialogante, la empresa Repsol y la organización kakinte.

El objetivo de este grupo de trabajo sería diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo de las comunidades kakintes a fin de impulsar mecanismos de negociación, resolución de conflictos, así como supervisar las obligaciones socioambientales y disponer las indemnizaciones en caso de daño.

Según el documento suscrito por las autoridades comunales y la directiva de la organización del pueblo kakinte, Iris Cárdenas había aceptado la viabilidad de la propuesta nativa.
Suspensión del diálogo

Los kakinte se sienten ofendidos con la DGAAE del ministerio de Energía y Minas, por haberles faltado el respeto a su representatividad política y por no haber respetado los diálogos y acuerdos iniciales en el que ODPK propone crear una instancia de diálogo y gestión tripartita.

“La actitud de la DGAAE refuerza una vez más el incumplimiento del Estado y los organismos supervisores y fiscalizadores frente al proyecto de gas de Repsol en el lote 57 en territorios de la comunidad nativa Tsoroja”, precisa el comunicado.

Mientras esto dure, los indígenas kakintes suspenden todo diálogo con el ministerio de Energía y Minas.

También cierran el diálogo con Repsol por pretender condicionar continuamente los proyectos y apoyos sociales con tal de que la comunidad y autoridades comunales y jefes de la comunidad de Tsoroja y Corinto accedan a firmar actas de entendimiento”.

La ODPK, además, desconoce el acta suscrita el 2010 pues denuncia que la empresa se aprovechó de la buena fe de las comunidades y de sus dirigentes.

Para Moisés Sergio Salazar, presidente de la organización kakinte, el gobierno peruano debe fortalecer sus instituciones estatales en especial las vinculadas a las actividades de supervisión y las que participan de los procesos de diálogo y gestión.

Servindi-Lima 16.08.2011

ESTADO PERUANO SE REÚNE CON BID SOBRE CAMISEA Y EL LOTE 88

Hoy se llevará a cabo la décima reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con las partes interesadas del Proyecto Camisea para tratar la ampliación de operaciones del lote 88 y su impacto en la Reserva Territorial Nahua Kugapakori, la estrategia de desarrollo en el Bajo Urubamba, el estado de avance del gaseoducto Loop Sur y debatir el marco institucional para la vigilancia y fiscalización del proyecto Camisea.

Se espera que el Estado peruano exponga los avances de la gestión ambiental y social del Proyecto Camisea y sus impactos en la cuenca del Urubamba y que se asuman compromisos coherentes para proteger a los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial de la mencionada reserva.

Para la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales se requiere desarrollar acciones coordinadas para mitigar los impactos sociales y ambientales que pueden producir el conjunto de lotes hidrocarburos que existen actualmente en la cuenca del Urubamba, así como una solución satisfactoria a la exigencia de las comunidades machiguengas para un desarrollo local, sostenible y equitativo por el proyecto Camisea.

En nota aparecida en el diario La Primera, autoridades del gobierno regional del Cusco e instituciones gremiales y profesionales denunciaron al Estado peruano por el incumplimiento del Convenio 1441-0C, suscrito entre el Perú y el BID en el 2003 para la gestión socioambiental del Proyecto Camisea.

Entre las obligaciones incumplidas del Convenio 1441-OC figuran:
- No existen ni está previsto implementarse en el corto ni mediano plazo los mecanismos adecuados de protección de la reserva territorial Nahua Kugapakori y Nanti. Además, se ha vulnerado el DS N° 028–2003-AG que establece la intangibilidad de la reserva al haberse permitido el desarrollo de actividades de hidrocarburos en el lote 88.

- Los recursos económicos no son suficientes para la gestión de las zonas naturales protegidas en el área de influencia del Proyecto Camisea, como el Santuario Nacional Megantoni, la Reserva Comunal Machiguenga y Asháninka, el Parque Nacional de Otishi, entre otros.

Por ese motivo, el Consejo Regional del Cusco, el Colegio de Ingenieros del Cusco, la Asociación Ecosistemas Andinos, la Coordinación Intercentro de Investigación Desarrollo y Educación, la Asociación Arariwa, el Centro Bartolomé de las Casas, la Coordinadora de Organizaciones Juveniles del Cusco y el Centro Andino de Educación y Promoción José María Arguedas demandaron la ejecución de un Programa de Desarrollo y Mitigación de Impactos Directos e Indirectos en la Cuenca del Urubamba.

Respecto de los pueblos indígenas solicitan implementar un plan de salud y educación efectivo en la Reserva Territorial Nahua Kugapakori y Nanti y en las comunidades nativas con participación del gobierno regional, así como el apoyo técnico en la elaboración de proyectos de desarrollo autosostenibles.

Servindi-Lima 16.08.2011

¿POR QUÉ EL CONSORCIO CAMISEA CUESTIONA LA EXISTENCIA DE PUEBLOS EN AISLAMIENTO?

La expansión del proyecto de gas de Camisea a los territorios Nahua y la Reserva Nahua/Kugapakori en el sur este del Perú implica una serie de cuestiones legales, morales y sociales agravadas por la complejidad que supone operar un proyecto de explotación de gas en territorios de pueblos indígenas en aislamiento(1).El siguiente análisis se propone indagar sobre tres preguntas clave(2):


1. ¿Qué significa ser vulnerable?
La combinación de amenazas y regalos utilizada para persuadir a los Nahua a que acepten la continuidad de estudios ambientales en su territorio, refleja su extrema vulnerabilidad (su primer contacto con la sociedad nacional fue en 1984). La vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento es entendida muchas veces sólo en sentido físico, lo que impide considerarla también con respecto a la futura operación extractiva. Este artículo explora aún más estas cuestiones y las condiciones que deberían darse para asegurar los derechos del pueblo Nahua al consentimiento libre, previo e informado en el marco de relaciones de poder asimétricas.

2. “¿Qué pueblos en aislamiento?” Las respuestas corporativas.
Con el paso de los años, las respuestas del Consorcio Camisea ante los cuestionamientos por sus actividades en territorios de pueblos en aislamiento han sido “buscamos a estas personas pero ya no existen” o “no se preocupen, seguimos un protocolo en caso de encuentros”. El presente artículo analiza estos argumentos, que no son ingenuos. Primero, se nos pide que ignoremos el enorme conflicto de intereses potencial que afecta la independencia de la información generada por esos estudios. Segundo, convenientemente la empresa desconoce el impacto de su propia presencia en la zona sobre las poblaciones. ¿Si tu territorio fue invadido por helicópteros, te quedaras para hacer preguntas? Finalmente, estos llamados protocolos y papeles bastan para estimar lo impredecible de las consecuencias que podrían tener estas primeras situaciones de contacto. Después de todo, si algo sale mal no estamos hablando de la rotura de un ducto sino de la vida de seres humanos.

3. Reserva Nahua/Kugapakori. Historia de hipocresía y olvido.
La responsabilidad para esta lamentable situación no puede endilgarse solo al Consorcio Camisea (¿qué más puede esperarse de una empresa petrolera?). La escena refleja la hipocresía y el olvido que caracterizan al manejo de la reserva por parte del gobierno peruano. ¿La historia podría haber sido diferente? El gobierno peruano tiene una gran responsabilidad ante el problema Nahua, durante años les ha negado la posibilidad de generar ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas a partir de la tala artesanal y el aprovechamiento sustentable del bosque. Su argumento siempre ha sido lo mismo ‘no podemos ayudarlos porque viven dentro de la reserva’. Sin embargo, parece que no la reserva no es un problema cuando el gobierno quiere otorgar permisos de exploración de petróleo y gas.

Véase este enlace para el artículo completo: http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/publication/2011/what-does-it-mean-be-vulnerable-why-camisea-consortium

Notas:

(1) Ver este link para más información: http://www.forestpeoples.org/topics/extractive-industries/news/2011/08/pluspetrol-negotiates-expansion-camisea-gas-project-boxes-

(2) Dr. Conrad Feather es Antropólogo y pasó buena parte de los últimos 10 años investigando en el pueblo Nahua y apoyando sus luchas en defensa de su forma de vida. Actualmente trabaja para Forest Peoples Programme.

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*El Dr. Conrad Feather es un antropólogo que ha pasado gran parte de los últimos 10 años realizando sus estudios con los Nahua y apoyándolos en sus esfuerzos a defender y proteger su territorio y modo de vivir. Actualmente trabaja para Forest Peoples Programme (Programa para Pueblos de los Bosques o FPP por sus siglás en inglés).

Servindi-Lima 16.08.2011

DENUNCIAN BRUTAL AGRESIÓN DE YANACOCHA A HUMILDE FAMILIA CAMPESINA EN CELENDÍN (VIDEO)

La Plataforma Interinstitucional Celendina denunció la brutal agresión física que sufrieron varias mujeres de la familia Chaupe Lozano, incluyendo una niña, por personal contratado por la empresa Yanacocha, quien actuó con el apoyo de la Policía Nacional.

Instantes después del desalojo una joven de la familia registró en video a las personas maltratadas y la presencia de efectivos de la División de Operaciones Especiales (Dinoes) quienes actuaron a instancias de la empresa Yanacocha con personal de la empresa de seguridad privada Securitas.

La agresión llegó al extremo de dejar inconciente a algunos miembros de la familia campesina y se efectuó entre el 9 y el 11 de agosto en el caserío de Chugurmayo, distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, región Cajamarca, donde opera el proyecto Conga.

La Plataforma Institucional Celendina señala que se trató de un desalojo ilegal, sin ninguna orden judicial de por medio, que derivó en una acción delictiva, de maltrato, abuso y violación a los derechos humanos, con la finalidad de intimidar a quienes se oponen al referido proyecto minero.

El personal directivo de la empresa que comandó el desalojo procedió a retirarse y evitar dar la cara cuando intentaron ser filmados por la joven lugareña, quién pidió con dramatismo la solidaridad institucional para denunciar este prepotente atropello de la empresa minera con el auxilio de la policía nacional.

El video fue difundido el sábado 13 con un llamado de alarma por el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), con sede en Cajamarca.

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Pronunciamiento de la Plataforma Institucional Celendina

La Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), consciente de su rol en defensa de los intereses de los campesinos y del medio ambiente, denuncia:

1. La empresa Minera Yanacocha, a través de su Proyecto Conga, en un claro despliegue de abuso y prepotencia, que la ley no ampara y con apoyo de la DINOES, ha destruido la humilde vivienda de la familia Chaupe Lozano, ubicada en el sector Tragadero Grande, Caserío de Chugurmayo, distrito de Sorochuco, para desalojarla de sus tierras.

2. Que los días 9 y 11 del presente mes, efectivos de la DINOES – PNP y el personal del Proyecto Conga golpearon criminalmente a varios miembros indefensos de la familia Chaupe Lozano, incluyendo una niña, hasta dejarlos inconscientes. Esta campaña intimidatoria no cuenta con mandato judicial alguno, y, por el contrario, constituye un acto delictivo de maltrato, abuso y violación de los derechos humanos.

3. La PIC se solidariza con los campesinos de Chugurmayo y exige al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, al Gobierno Regional, que impidan los abusos a nuestros hermanos campesinos; así mismo exige la suspensión del permiso arbitrario de prospección, exploración y explotación otorgado al Proyecto Conga de Minera Yanacocha, ubicado en un área intangible, amparada por la Ordenanza Municipal 020-2004-MPC, la misma que se encuentra vigente.

4. Las fuerzas vivas y Organizaciones Sociales de la Provincia de Celendín repudiamos el proceder iracundo de Minera Yanacocha y de su Proyecto Conga, que es fruto de su voracidad y desesperación por llevarse el oro a toda costa.

5. Invocamos la solidaridad absoluta del pueblo de Celendín y advertimos que este caso lo llevaremos a las instancias correspondientes pues se trata de una violación flagrante de los derechos de los humildes y colectivos.

¡Por un pueblo unido y más justo!
¡Viva la unidad, lucha, resistencia y movilización de la provincia de Celendín!
¡Defender el agua es defender la vida! ¡Agro si, Mina no!
¡El agro dura toda la vida, la minería no!
¡Sin luchas no hay victorias!

Celendín 11, de agosto de 2011

Servindi-Lima 14.08.2011

INFORME DEFENSORIAL REGISTRA 214 CONFLICTOS SOCIALES EN EL MES DE JULIO

El Reporte Nº 89 elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo y la Gobernabilidad al mes de julio, registra doscientos catorce conflictos sociales.

Del monto mencionado los 135 corresponden a conflictos activos que suman 63 por ciento y 79 se mantienen en estado latente que equivale a 37 por ciento.

El documento da a conocer cuatro nuevos conflictos sociales relacionados a casos socioambientales y otro con asuntos de gobierno local.
Nuevos casos socioambientales
El primero está vinculado a la oposición de los pobladores de la provincia de Aija (Áncash) a la actividad minera en las microcuencas de los ríos Pallca y Mallqui.

El segundo se relaciona con el rechazo a la presencia minera en el distrito de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca.

El tercero concierne a la oposición, en las regiones de Loreto y San Martín, al proyecto de trasvase del río Marañón, y al represamiento y la derivación del río Huallaga con fines hidroenergéticos y agrícolas.

Nuevo caso contra gobierno local
Está relacionada a los reclamos de los pobladores del distrito de Río Santiago (Provincia de Condorcanqui, Amazonas), a la gestión de su alcalde Ricardo Navarro Rojas.

Por otro lado se registra la reactivación de un conflicto laboral, vinculado al reclamo de miembros de las federaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), de las Fuerzas Armadas y otras organizaciones afines, por el pago de remuneraciones y pensiones, entre otras demandas.

Conflictos resueltos
El primero es la oposición del Frente de Defensa de la Bahía y Desarrollo Integral de Ancón al proyecto del Terminal Portuario de Ancón por temor a la contaminación ambiental que se resolvió con la emisión de la Ley Nº 29767, que declara la intangibilidad de la Bahía de Ancón.

El segundo corresponde al rechazo de estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios a la permanencia en sus funciones del rector por presuntas irregularidades en su gestión.
Resumen de conflictos sociales registrados a julio
El reporte registra que el el 55,1 por ciento se vincula a problemas socioambientales sumando así 118 casos. Otros 22 conciernen a asuntos de Gobierno Local, 22 a asuntos de Gobierno Nacional, 14 a problemas laborales, 13 al asunto de la demarcación territorial y 9 con asuntos comunales.

A ellos se suman los nueve conflictos por asuntos de gobierno regional, uno relacionado a temas electorales y en otros se registran seis conflictos.

Asimismo, el Reporte N° 89 detalla que siete conflictos sociales han pasado del estado activo al latente, y que se ha retirado del registro principal a cinco conflictos sociales latentes, al no producirse hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias.

Además, registra 63 acciones colectivas de protesta ocurridas durante el mes de julio y se da cuenta de un total de 154 actuaciones defensoriales, de las cuales 133 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 21 a acciones de intermediación.

Servindi-Lima 14.08.2011

Alerta: Violenta agresión de Minera Yanacocha durante desalojo

Minera Yanacocha trata de desalojar familias del ambito de influencia de su nuevo Proyecto Minero Conga.

El video fue registrado por una joven durante el desalojo.

Más información sobre el Proyecto Minero Conga y el contexto de la Región Cajamarca.


Observatorio de Conflictos
GRUFIDES -Cajamarca 13.08.2011

MINAS CONGA NO PUEDE INICIAR OPERACIONES

Minas Conga no puede iniciar actividades extractivas en la cabecera de cuenca de donde fluyen manantiales que alimentan con el vital recurso hídrico a la parte baja, ya que perjudicaría las actividades agrícolas y pecuarias de la provincia de Celendín, afirmó Mariano Mendoza Zafra.

Mendoza se mostró muy preocupado, ante la posibilidad de que la empresa minera inicie operaciones en las partes altas, dijo que no se puede permitir tal atropello en la zona; primero se debería ver los temas legales, como en este caso el Gobierno Regional ha solicitado un alto y paralelamente la revisión del Estudio de Impacto Ambiental.

Mientras eso se da la empresa debe respetar y paralizar el proyecto minero, de lo contrario, se recurrirá a medidas de fuerza como paros y movilizaciones, haciendo sentir su voz de protesta ante las transnacionales para que no sigan insistiendo las explotaciones en cabeceras de cuenca y las autoridades deberían tomar conciencia del caso apoyando las protestas que acaten las rondas.

Las protestas en defensa de las cabeceras de cuenca no solo será en conga, sino también en Mogol y otros acuíferos importantes de nuestra región, dijo Mendoza Zafra; quien además amenaza en el caso de Minas Conga tomar toda la cuenca con los ronderos, indica están unidos para tratar de impedir la expansión minera que pretenden imponer las transnacionales.

Diario El Clarín-Cajamarca 11.08.2011

DERRAME DE PETRÓLEO EN LORETO AFECTÓ FLORA Y FAUNA

Fueron dos los cortes que se realizaron al Oleoducto Nor Peruano que provocaron el derrame de petróleo. "

Manos extrañas produjeron sabotaje a Oleoducto.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente informó que dos cortes en el Oleoducto Nor Peruano produjeron derrames de petróleo en el área de Trompeteros, que afectaron a unos 9 mil metros cuadrados.

Los cortes, que habrían sido realizados por manos extrañas, se encuentran a una distancia de 2.5 kilómetros de la Batería 1, en Trompeteros, cercanos a la Base de la compañía Pluspetrol, con trayecto a la Estación de Bombeo de Saramuro.

Para el personal de Pluspetrol que tuvo que activar su plan de contingencia al detectar una baja de presión en el bombeo del crudo, lo ocurrido se trata de un sabotaje o simplemente de actos vandálicos por parte algunas personas que hasta el momento no han podido ser identificadas. Pluspetrol confía que la Policía dará con los responsables del sabotaje.

El olor a petróleo es intenso y el panorama por demás desolador, por donde uno dirija la mirada lo que observa son manchas negras, ya sea en el suelo como en los tallos y las hojas de los árboles.

A unos metros de este lugar, otro grupo de trabajadores, algunos de ellos contratados de las diferentes comunidades para hacer específicamente este trabajo, viene librado el terreno para que el helicóptero pueda dejar desde el aire los materiales que se utiliza en este tipo de emergencias, debido a que no existe ninguna carretera y mucho menos trocha, salvo los tuberías que se extienden por todo el lugar, las cuales muchas veces son utilizadas como vías por los nativos.

Debido a que el acceso hasta la zona del derrame, es casi imposible con maquinaria o algún otro vehículo, Jorge Del Águila, gerente del Lote 8, dio a conocer que se están construyendo dos PIT, una especie de pozas, donde se va a almacenar todo el crudo que se recupere, para luego ser enviado hasta la Batería 1 a través de unos tubos.

Diario La Primera-Lima 11.08.2011