S/.350 mlls. dejarían de recibir regiones por recorte de canon minero
• Vigila Perú estimó reducción de recursos en 2007, de aprobarse propuesta del Ejecutivo.

Si el Congreso decide aprobar la reducción de los recursos por canon minero para las regiones, éstas dejarían de recibir 349 millones 252 mil soles el próximo año. El área de industrias extractivas de "Vigila Perú" realizó el cálculo a partir de los mil 745 millones de soles que reciben este año las regiones. El mayor recorte sería para Cajamarca, Áncash y Tacna por ser departamentos que hasta el momento reciben más recursos por este concepto debido al repunte del precio de los metales. "Este mecanismo que plantea el gobierno no es el más adecuado porque estas regiones mineras también enfrentan graves problemas de pobreza. Lo mejor hubiese sido darles mayores herramientas para gestionar los proyectos de inversión", dijo Nilton Quiroga de Vigila Perú.
Nueva repartición
El canon minero que va a las regiones representa el 50% del Impuesto a la Renta (IR) que recauda el Estado de las mineras. El Ejecutivo propone que ese porcentaje se reduzca a 40% para los departamentos que reciben canon, con el propósito de que en 2007 el 10% sea administrado por el Gobierno Central para invertir en las zonas que no se benefician por el canon. Sin embargo, las regiones consideran que el gobierno central debería utilizar parte del otro 50% que se queda en sus arcas para dicho propósito.
También los empresarios
Las cámaras de Comercio Regionales asociadas a Perú Cámaras rechazaron la propuesta. Horario Gálvez, presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, señaló que en lugar de quitarles a las regiones mineras el dinero del canon, debería utilizarse el "aporte voluntario" (500 millones de soles anuales) de las empresas para favorecer a las zonas más pobres.
El dato
ORDEN. Plantean reordenar distribución del canon al interior de regiones mineras. En Cajamarca, solo 10 municipios de 126 se benefician.
Diario La República-Lima 04/10/2006

Canon minero: la bomba que se avecina
Rafael Valencia-Dongo C.

En el centro de la actual tensión existente alrededor de la minería se encuentra la percepción de amplios sectores de la población de que esta no contribuye adecuadamente al desarrollo de las zonas y localidades en donde opera. Equivocada o
no, esta percepción existe, y, por ello, es necesario, si queremos establecer una relación armónica entre minería y país, que gobierno, empresas mineras y sociedad alcancen un consenso sobre cómo agilizar y optimizar el uso de la contribución de la minería al erario nacional.
Ello exige que el manejo de los ingresos que el Estado obtiene por los recursos naturales sea revisado y reformado, de tal manera que las regiones y localidades mineras obtengan el máximo provecho posible. Este es un punto de enorme importancia y urgencia, que tiene que ser recalcado una y otra vez: a lo largo y ancho de nuestro país existen docenas, si no cientos, de municipios que viven en el aislamiento y la pobreza, y cuya mejor posibilidad para acceder al desarrollo sostenible depende del debido uso que se les dé a los fondos percibidos por el canon y las regalías mineras.
Ante esta imperiosa necesidad, resulta inaceptable que dichos fondos no se puedan utilizar debido a los cuellos de botella existentes en el diseño y ejecución de proyectos; pero justamente ahora que se tiene claro que hay que encarar urgentemente diversas reformas para lograr que los recursos sean adecuadamente invertidos, el Supremo Gobierno ha introducido subrepticiamente a través del Proyecto de Ley del Presupuesto del 2007 una bomba de características similares a la que cayó sobre Hiroshima, pero esta vez caerá sobre Arequipa, Cajamarca, Tacna y otros tantos departamentos que reciben el canon minero como principal fuente de recursos.
Efectivamente el Proyecto de Ley del Presupuesto del 2007, en su artículo 10 inciso 1, considera cercenar, cortar, mutilar en un 20% los recursos que recibían las regiones provenientes del canon minero para pasarlos a un Fondo manejado por el Gobierno
Central. Tamaña decisión impedirá nuevamente que los recursos de las empresas mineras se conviertan en obras de desarrollo, allí precisamente donde se suponen que tienen un impacto en el medio ambiente o la salud de la gente.
Decisiones de este tipo propiciarán sin lugar a dudas que arda no París sino las provincias del Perú y que como siempre las empresas mineras queden como las malas de la película, por cuanto la plata que pagan vía impuestos no se invierte en las zonas
de operación. Por ello, un tema que hay que encarar urgentemente es la reforma del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) dinamizándolo y volviéndolo más amigable para las propuestas y proyectos de las regiones y municipios, pero sin que esto
signifique relajar el rigor técnico y económico indispensable para garantizar que los recursos sean bien invertidos, en obras que tengan un real impacto social, y no en los "elefantes blancos" que han sido la maldición de nuestro país por tanto tiempo.
Pero además, es necesario que adoptemos mecanismos innovadores y flexibles que permitan concentrar recursos y esfuerzos entre regiones y municipios, permitiendo así alcanzar sinergias y economías en sus inversiones. Así, una primera idea que hay
que explorar es que los gobiernos regionales y locales puedan "apalancarse" con los ingresos futuros por sus recursos naturales, a fin de financiar proyectos que actualmente les están negados debido a las restricciones en su disponibilidad de recursos y de
plazos.
¿Por qué no fomentar que entre varias regiones o provincias se puedan financiar estos proyectos compartiendo costos y beneficios? ¿Por qué no facilitar la constitución de fondos y fideicomisos para financiar proyectos mayores? ¿Por qué no desarrollar toda un estrategia de "matrimonios de conveniencia" que permita finalmente hacer realidad docenas de grandes iniciativas que desde hace años, por no decir décadas, duermen el sueño de los justos?
Tenemos que perder el miedo a innovar y adoptar mecanismos para cooperar y compartir que rompan esa lógica mezquina de acaparar los "recursos de mi municipio" perdiendo oportunidades para emprendimientos conjuntos que permitan servicios
territorialmente integrados que atiendan mejor a los ciudadanos de una región con menores costos.
El caso de las pequeñas municipalidades de Cataluña –en España– que han construido toda una estrategia de asociaciones (como mancomunidades) para establecer empresas de servicios conjuntas y desarrollar grandes proyectos en común es solo un ejemplo que tiene que inspirarnos a establecer algo similar en nuestro país. Evidentemente, todo esto tiene que ir acompañado con un proceso de transferencia y fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión a los gobiernos locales y regionales, para que haya una efectiva descentralización, no solo de recursos sino también de responsabilidades.
El Perú es un país bendecido con una fabulosa dotación de riquezas naturales. A los peruanos nos corresponde el establecer la estrategia que nos permita que esas riquezas contribuyan al máximo a nuestro desarrollo y bienestar. Por ello, en la agenda nacional de los próximos años un tema central tiene que ser el desarrollo de la asociatividad y la cooperación interregional.
Diario La República-Lima 04/10/2006