24 de junio de 2008

Congreso se hace de la vista gorda

INFORME DE COMISIÓN DE AMBIENTE Y ECOLOGÍA OMITE HECHOS VIOLENTOS CONTRA MAJAZ


Karla De Rojas | Denis Pumajulca


No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza el viejo dicho para referirse a quienes toman parte de una determinada posición sin detenerse a evaluar en profundidad determinados sucesos.

Pues bien, en una clara muestra de falta de neutralidad, la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso, que preside Juan Perry, omitió darle crédito a las dos caras de la moneda al presentar el informe “Legalidad y Problemática de la empresa minera Majaz en los Territorios de las Comunidades Campesinas”.

Y es que el grupo de trabajo se limita a detallar los incidentes violentos que la resistencia antiminera ha debido afrontar, pero no cumple con citar los hechos de violencia contra la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) llevados a cabo por los antimineros.

El informe no da cuenta de la colocación de tranqueras, la toma de plazas públicas o las presiones a las que fueron sometidos muchos campesinos para ser obligados a marchar en contra de Majaz y quemar campamentos mineros.

Asimismo, también ha evitado referirse al ajusticiamiento popular permanente en contra de campesinos, comuneros, ronderos, periodistas y trabajadores mineros, muchos de ellos detenidos, vejados, torturados, golpeados en público con látigo, y hasta despojados de sus tierras, por negarse a protestar contra la empresa minera.

Además, no se menciona la destrucción de viveros e infraestructura social levantados en convenio con Majaz.

Pese a que hay pruebas de que el gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Río Blanco, José Arrieta Facundo, fue secuestrado y golpeado salvajemente por varias horas, este hecho tampoco ha quedado registrado en el informe de la Comisión.


MAS DATOS


El informe aprobado por el Congreso recomienda que el Ministerio de Energía y Minas defina una fecha concreta para la finalización de los trabajos de cierre de operaciones en la fase de exploración que el Proyecto Minero Río Blanco viene ejecutando.

Diario El Correo – Lima 24/06/2008







PROTESTAS EN LAMBAYEQUE POR PROYECTO MINERO DE RÍO TINTO


Con total rechazo recibió la población del distrito chiclayano de Reque el anuncio sobre la compra de diez hectáreas para una supuesta planta de investigación metalúrgica por parte de la empresa minera La Zanja - Río Tinto.

Cerca de 600 personas, encabezadas por el presidente del Frente de Defensa de Reque, Uciel Vega, realizaron una movilización para reclamar a las autoridades correspondientes se pronuncien sobre este caso, al que consideran atentatorio contra los intereses de la localidad.

Los organizadores de la protesta afirmaron que la minera trata de obviar los peligros al medio ambiente que entraña su proyecto, al insistir en que sólo se tratará de una planta de investigación metalúrgica con minerales extraídos de la sierra cajamarquina.

A su turno, el presidente de la Comisión de Regantes de Reque, José del Carmen Liza Masa, dijo que que como representante de más de 800 usuarios, permanece atento a que se inicie el diálogo, a fin de conocer los beneficios y alcances que traerá consigo el referido plan minero.

Cabe recordar que, hace unos 15 días, un grupo de pobladores de Reque trató de pasear en burro a su alcalde Luis Meléndez por brindar su aval a los trabajos de La Zanja - Río Tinto. Esta localidad es, además, lugar donde se cultivan más de 50 especies florales, de las cuales once son permanentes.

www.cnr.org.pe – Lima 24/06/2008







DEFENSORÍA BUSCA EVITAR OTRO POSIBLE 'MOQUEGUAZO' EN PUNO


Comuneros llevan tres semanas ocupando instalaciones de la mina en demanda de terrenos. Los de San Juan del Oro y La Perla son los otros conflictos que exigen urgente atención.

Pocos días después de que se solucionara la crisis social de Moquegua, que incluyó el bloqueo de la Panamericana Sur durante 10 días y el secuestro de 60 policías, la Defensoría del Pueblo pidió la intervención urgente del Gobierno en el conflicto que todavía se vive en la comunidad de Untuca, en Puno, donde los pobladores continúan ocupando las instalaciones de la minera Cartagena, en demanda de que se les ceda 300 hectáreas a unos dos mil mineros informales, y de que se cumpla con la ejecución de obras prometidas.

El jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, señaló que el de Untuca es uno de los tres conflictos sociales que requieren ser atendidos a la mayor brevedad, junto con el de San Juan de Oro (también en Puno) y el del colector La Perla, en Lima.

Afirmó que es necesaria la intervención del Gobierno Regional de Puno y de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas para buscar una salida a la situación que se vive en esa comunidad desde hace tres semanas.

"Esta semana, el director regional de Minería se ha comprometido a convocar a una reunión con los dirigentes de la comunidad y los representantes de la empresa minera, y la Defensoría está participando en este proceso", refirió el funcionario en diálogo con Perú.21.

Cabe recordar que, en los días previos al 'Moqueguazo', la población de esta región sureña también demandó la pronta intervención del Ministerio de Energía y Minas (MEM), sector que, al final, brilló por su ausencia en la solución de este conflicto.

Luque advirtió que también es preocupante la situación que se vive en el pueblo de San Juan del Oro, cuyos habitantes rechazan al alcalde César Zegarra, vacado por irregularidades en su gestión y, luego, repuesto en el cargo por el Jurado Nacional de Elecciones. El año pasado, Zegarra estuvo a punto de ser quemado por una turba. En este caso, como en el de Untuca, una crisis de consecuencias impredecibles podría estallar en cualquier momento.

FALTA PREVENCIÓN. Consultado sobre estos temas, José de Echave, responsable del Programa Minería y Comunidades de la ONG CooperAcción, se mostró "preocupado" por la actuación del Gobierno frente a este tipo de situaciones.

"En la PCM hay una unidad de conflictos, pero uno se pregunta si está funcionando o no, y todo indicaría que no está trabajando como debiera", dijo el experto.

Agregó que "existe una lógica de subestimación de conflictos" que se ha palpado en la crisis en Moquegua y, anteriormente, en el caso de la ex minera Majaz, en Piura.

"Se cree que, con una intervención de último momento, se puede solucionar el problema. No hay una adecuada estrategia de prevención de conflictos ni una articulación entre las diversas instancias del Estado. Hay una total improvisación en las líneas de acción para enfrentar estos conflictos", enfatizó.

Diario Perú 21 – Lima 24/06/2008