CONFIRMAN ARCHIVAMIENTO DE PROCESO EN CONTRA DE COMUNEROS DE SEGUNDA Y CAJAS 

El 1 de noviembre de 2009 desconocidos atacaron el campamento minero Río Blanco Cooper S.A. provocando la muerte de tres trabajadores. Siete dirigentes campesinos de Segunda y Cajas en Piura fueron responsabilizados por este hecho . Hoy, ante la falta de pruebas, la Corte Suprema de Justicia, hasta donde llegó el caso, dispuso su archivamiento. 

La orden fue resuelta específicamente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la empresa minera Río Blanco Cooper S.A. (antes Majaz) contra la resolución de la Sala Penal de Apelaciones de Piura que había ordenado el archivamiento definitivo de la investigación preparatoria. 

Una persecución injustificada 

Luego de los hechos que concluyeron con la muerte de los tres trabajadores, más de medio centenar de efectivos policiales (de Piura y de Lima) llegaron hasta la provincia de Huancabamba con la supuesta finalidad de investigar los hechos a profundidad. Para las autoridades policiales y del Ejecutivo la responsabilidad de estas muertes recaía en los dirigentes campesinos de las comunidades citadas, que durante mucho tiempo hicieron público su rechazo a las operaciones de Río Blanco por considerar que pone en riesgo el frágil ecosistema de la región.

Las operaciones concluyeron con una orden de citación que incluyo a más de 100 personas entre las que se encontraban dirigentes de rondas campesinas, dirigentes comunales, campesinos, alcaldes provinciales, entre otros. Para el 2 de diciembre de 2009 se formalizó la investigación preparatoria contra siete comuneros de Segunda y Cajas. Bajo el pretexto de la captura de éstos, elementos de la Policía ingresaron hasta la comunidad y dieron muerte a dos ronderos e hirieron a más de diez campesinos. De los siete dirigentes dos fueron puestos en libertad luego de 48 horas, tras considerarse que su detención no tenía fundamento alguno, y los otros cinco, por propia voluntad, se presentaron a declarar ante la Primera Fiscalía Mixta Corporativa de Huancabamba, dejándose sin efecto las detenciones preliminares dispuestas en su contra. 

El archivamiento del proceso 

Tras los últimos acontecimientos ocurridos ese año, la fiscalía antes citada solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba el sobreseimiento (paralización de la causa por falta de pruebas) y archivo definitivo del proceso penal seguido contra los siete investigados. En enero de 2011 se declara fundada la solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía y de los abogados defensores de los comuneros y en julio de ese mismo año la Sala Penal de Apelaciones ordena el archivamiento definitivo de la investigación preparatoria. 

Sin embargo, la resolución dispuesta por la Sala fue impugnada mediante recurso de casación por la empresa minera y los deudos de los tres trabajadores fallecidos en los hechos de noviembre de 2009. De esta forma la investigación fue elevada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esta última recientemente acaba de declarar inadmisible el referido recurso de casación, rechazando y confirmando la decisión judicial de sobreseimiento y archivo definitivo del proceso. 

Piden se investigue la muerte de trabajadores y de comuneros 

La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), organismo que le prestó gran atención al caso, pidió que no quede impune el asesinato de los tres trabajadores de la empresa Río Blanco Cooper S.A. Asimismo consideró que hechos de brutal represión ejercida por efectivos policiales en contra de una comunidad (en Segundo y Cajas que acabó con la vida de dos comuneros y dejó 10 heridos) han sido posibles por la vigencia de normas que criminalizan el legitimo derecho de las comunidades rurales o urbanas de de protestar cuando sus legitimas demandas no son escuchadas por el Estado. 

Servindi-Lima 14.05.2012