PUEBLO AWAJÚN REDOBLA ESFUERZOS PARA EXIGIR LA EXPULSIÓN DE AFRODITA


El presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), Zebelio Kayap, ratificó que las organizaciones indígenas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas) redoblarán su batalla legal hasta conseguir el retiro definitivo de las concesiones petroleras y mineras en el distrito.

“Vamos a seguir por la vía legal, pues no se respeta el convenio 169 ni la propia Constitución. Sabemos que estamos defendiendo nuestra ecología y la conservación, además de la vida de la población indígena, son 15 mil pobladores del Cenepa”, detalló el dirigente del pueblo Awajún.

Cabe mencionar que el 17 de febrero, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó que la empresa minera no pudo acreditar la propiedad sobre el terreno a ser explorado, por ello el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Y Minería (OSINERGMIN) procedió a suspenderla.

“Hay una desconfianza total de los pueblos indígenas para con el gobierno, no se pueden confiar en sus manifestaciones, ¿Con qué acto moral podemos dialogar con estos funcionarios? Ellos deben hace respetar sus resoluciones y tener claramente las cosas que se van a hacer”, agregó Zebelio Kayap.

Además, el 2 de marzo una delegación de líderes indígenas visitó la Defensoría del Pueblo y el Congreso para exigir el cumplimiento del acuerdo que firmaron con el gobierno, en el que se les prometió la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja, sin embargo, aun no se llega a un acuerdo concreto.

http://www.servindi.org/actualidad/23132
Servindi-Lima 08/03/2010





INSISTEN CONTRA MAJES SIGUAS II


Cusco insiste en oponerse a proyecto hidroenergético que Arequipa reclama.

UNIÓN REGIONAL

Gonzáles Sayán adelantó que buscará, gracias a un acuerdo con su similar de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, un afianzamiento hídrico.

Para tratar de frenar la ejecución del proyecto hidroenergétcio Majes Siguas II, el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales, pidió a la agencia estatal Preinversión “no adelantarse” ni acelerar el proceso de licitación pues ala fecha existen dos informes que cuestionan la validez del proyecto, por lo que llevar a cabo la licitación podría generar más conflictos sociales.

Por su parte, los habitantes de la provincia de Espinar (Cusco) anunciaron que acatarán un paro preventivo el próximo 25 de marzo como medida de rechazo contra la entrega de la buena pro del proyecto Majes Siguas II, mientras que el mismo día en Arequipa se realizará una movilización de respaldo a este proyecto.

Déficit
Gonzáles indicó que el informe del grupo consultor “Agua y Agro” ratifica que habría una deficiencia de agua de dos millones de pies cúbicos si se concreta la construcción de la represa de Angostura. Además, la empresa a cargo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) señala que habría la necesidad de tener como mínimo unos 5.3 metros cúbicos de agua por segundo.

“Estamos rechazando esta licitación. No puede (Proinversión) llevar adelante un proceso cuando hay deficiencia de agua y cuando va a impactar negativamente en el medio ambiente. Si ambas condiciones no son resueltas, una licitación no va por buen camino”, agregó Gonzáles.

El presidente de la región Cusco indicó también que el jueves último se reunió con el premier Javier Velásquez Quesquén, quien se comprometió a tratar con los responsables de ProInversión y ver las posibilidades de suspender el proceso. “Cuando se da un proceso de licitación debe tener todo en orden, sino va a caminar mal”.

Diario La Primera-Lima 08/03/2010





INDÍGENAS REDOBLARÁN LUCHA LEGAL EN DEFENSA DEL CENEPA


Las poblaciones de la selva desconfían absolutamente de los anuncios y acuerdos con el Ejecutivo, aseveró Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC).

A través de CNR, el dirigente nativo comentó las declaraciones formuladas el gerente de fiscalización minera del OSINERGMIN, Guillermo Shinno, quien según "La República" informó que las actividades exploratorias de Minera Afrodita en el Cenepa no han sido paralizadas, y que solo le remitieron un oficio indicándole que no puede iniciar sus actividades sin contar con el permiso de uso del suelo.

"Hay una desconfianza total de los pueblos indígenas para con el gobierno, no se pueden confiar en sus manifestaciones, ¿Con qué acto moral podemos dialogar con estos funcionarios? Ellos deben hace respetar sus resoluciones y tener claramente las cosas que se van a hacer", declaró.

Recordó que el 2 de marzo una delegación de líderes indígenas visitó la Defensoría del Pueblo y el Congreso para exigir el cumplimiento del acuerdo que firmaron con el gobierno, en el que se les prometió la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja, justo donde se ubica Afrodita y otras mineras.

De acuerdo a Kayap, ni dicha compañía ni las demás cuentan con permiso para realizar actividades de exploración. "No tienen un documento de que hallan realizado la consulta previa. De parte del gobierno tampoco ha habido consulta", subrayó.

En ese sentido, ratificó que las organizaciones indígenas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas) redoblarán su batalla legal hasta conseguir el retiro definitivo de las concesiones petroleras en el distrito del Cenepa.

"Vamos a seguir por la vía legal, pues no se respete el convenio 169 (de la OIT) ni la propia Constitución (...) Sabemos que estamos defendiendo nuestra ecología y la conservación, además de la vida de la población indígena, son 15 mil pobladores del Cenepa", apuntó.

El 17 de febrero, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, indicó que la empresa minera no ha podido acreditar la propiedad sobre el terreno a ser explorado, por ello el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Y Minería (OSINERGMIN) procedió a suspenderla.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 07/03/2010





SALUDAN DECLARACIÓN FUNDADA DE DENUNCIA CONTRA EX FISCAL DE HUANCABAMBA


El abogado de FEDEPAZ, David Velasco, saludó la decisión del fiscal superior Juan Fernando Paredes Portocarrero, quien declaró fundada la denuncia contra el ex fiscal de Huancabamba, Félix Toledo Leiva, por no denunciar las torturas a 28 campesinos por parte de la policía en una marcha a la minera Majaz (hoy Río Blanco), en 2005.

A través de CNR, Velasco dijo que la marcha pacífica desarrollada por los campesinos de Ayabaca y Huancabamba a finales del junio del 2005, era para solicitar el diálogo a la minera y resolver la problemática generada por la presencia de la empresa en la zona.

“En esa marcha la policía recibió a los campesinos de manera represiva y detuvo a 29 campesinos que fueron llevados a la sede del campamento y fueron torturadas y maltratadas. Al final falleció uno de ellos”, narró.

Sostuvo que cuando el fiscal Toledo Leiva llegó al campamento, los primeros días de agosto, recibió las denuncias de los campesinos que se encontraban detenidos, y que “en lugar de tomar cartas en el asunto, ocultó los hechos y denunció a 104 campesinos por delitos contra la tranquilidad pública, daños a la propiedad, y dentro de este grupo a los 28 campesinos torturados”.

Informó que el 6 de junio del 2008, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y FEDEPAZ interpusieron una denuncia por los hechos de tortura responsabilizando a ocho efectivos policiales que llevaron a acabo directamente las acciones, a los altos mandos de la policía que avalaron las torturas, a los funcionarios de la minera Majaz, a la empresa de seguridad Forza que había sido contratada por la minera para brindar seguridad, a los médicos que firmaron certificados legales falsos, y al fiscal Félix Toledo Leiva por no haber denunciado los actos de tortura.

Refirió que la investigación contra Toledo Leiva se inició el la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público con sede Piura y Tumbes, y que el 3 de marzo de este año, esta oficina declaró fundada la denuncia contra el fiscal por no iniciar la investigación y recomendó a la Fiscalía de la Nación que denuncie al fiscal ante el Poder Judicial.

“Para nosotros es una hecho de singular importancia porque la Fiscalía de Control Interno identifica con claridad que efectivamente, habiéndose encontrado indicios mas que suficientes sobre los hechos de tortura que habían denunciado los campesinos al fiscal, este no solo no los denunció, sino que los ocultó”, precisó.

Así mismo, dijo que los ocho policías identificados como los que llevaron a cabo las torturas están siendo procesados penalmente, mientras que todos los otros denunciados están siendo procesados en la Fiscalía de Huancabamba para establecer el grado de responsabilidad y participación de ellos en los hechos.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/03/2010





CONSIDERAN QUE DENUNCIA CONTRA GENERALES DEL "BAGUAZO" PODRÍA TERMINAR ARCHIVADA


El Frente Patriótico de Amazonas cuestionó la devolución de la denuncia penal formulada por la titular de la Primera Fiscalía Provincial Mixta de Utcubamba, Olga Bobadilla, contra los generales PNP Luis Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano, responsables del fallido operativo de desalojo en Bagua el 5 de junio del 2009.

A través de un pronunciamiento, la organización de base recuerda que tanto Bobadilla Terán como su antecesora, Luz Marleny Rojas Méndez, formalizaron denuncias penales contra varios miembros de la Policía Nacional del Perú ante el juzgado respectivo de Utcubamba. Ambas denuncias "han sido rechazadas por el Poder Judicial por estar supuestamente mal formuladas e incompletas. Es decir, después de nueve meses de producidas varias muertes de peruanos en la Curva del Diablo, no existe un solo denunciado por dicho acontecimiento".

De igual manera, esta "anómala e irregular" situación procesal reflejaría una intención "de alargar el proceso a fin de que todo quede en nada y, como sostiene Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), este caso va camino al archivamiento por insuficiencia de pruebas”.

El documento señala que el juez Francisco Miranda Caramutti resolvió devolver la formalización de denuncia efectuada por la fiscal Bobadilla contra Muguruza y otros por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves y encubrimiento real, “para que en uso de sus atribuciones y como titular de la acción penal proceda a la adecuación correcta del delito denunciado, así como pronunciarse respecto a los demás denunciados mediante formalización de denuncia Nº 126-2009-MP-1 FPMU, de fecha 06 de agosto del 2009”.

"La formalización de denuncia a que se refiere el juez es a la efectuada por Luz Marleny Rojas, la misma que contempla a un elevado número de denunciados.¿Esto quiere decir que ninguna de las dos fiscales, Luz Marleny Rojas y Olga Bobadilla, plantearon correctamente sus denuncias, o existe una soterrada intención de hacer las cosas mal para que la investigación judicial no proceda y se archive la causa por insuficiencia de pruebas?", se pregunta el frente.

Es por ello que se solicita a los especialistas en Derecho Penal y en Derechos Humanos a que estudien este caso y ayuden a interpretarlo correctamente.

Finalmente, el Frente Patriótico de Amazonas recuerda a los habitantes de esta región que a tres meses de conmemorarse el primer aniversario de los acontecimientos en la Curva del Diablo, "todos debemos estar preparados para exigir el esclarecimiento de los hechos sangrientos allí sucedidos y conocer la verdad, para que esta historia no vuelva a repetirse nunca más".

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/03/2010

DICEN NO AL PROYECTO INAMBARI


Firmes. Mediante una serie de movilizaciones rechazan proyecto hidroeléctrico. El gobierno central se comprometió con la población de Puno a no aprobar la construcción de la central hidroeléctrica, si su voluntad era esa.

En lo que podría ser calificado como una contundente señal de advertencia, ayer el pueblo puneño rechazó con la misma fuerza de días anteriores la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari en una jornada de protesta que se extenderá hasta hoy.
El epicentro de la jornada de protesta fue en San Gabán (Carabaya), donde cerca de 1,000 personas corearon durante horas “no a la central hidroeléctrica de Inambari”, por el impacto ambiental y social que su construcción causará en la zona.

Protesta altiplánica

La mayor parte de la delegación estaba integrada por pobladores de los distritos que serán desplazados por la hidroeléctrica. Cerca de las 10.00 am. arribó a Puno una delegación de 1,500 pobladores de las localidades de Lechemayo, Puerto Manoa, y otros que desaparecerían por el espejo de agua que se pretende encauzar, que tendría una extensión de 41 mil hectáreas y una altura de 400 metros, donde almacenarían 26 mil 500 millones de metros cúbicos de agua y producir 2 mil megavatios de energía.
Cerca del mediodía las más de 30 organizaciones se unificaron para protagonizar una multitudinaria marcha hacia el centro de la ciudad en rechazo al proyecto hidroenergético y en defensa de la carretera Interoceánica que está en riesgo se culmine porque el espejo de agua afectaría 71 km de la vía.

Efraín Anahua, secretario regional de la CGTP en Puno, destacó que el sector laboral, los comerciantes y los transportistas de la región respaldan la medida de lucha de los pobladores de San Gabán.

“La movilización fue multitudinaria y para mañana (hoy), las cosas se van a poner más fuertes. Puno no quiere esa central hidroeléctrica y el gobierno no puede negociar a oscuras con la empresa sin consultarnos. No lo vamos a permitir”, advirtió.
Pero el rechazo del pueblo puneño no es gratuito. Para que la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) pueda construir la central hidroeléctrica de Inambari más de 3,400 personas de las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco tendrían que dejar sus hogares y sus centros poblados.

Sin hablar de los cerca de 4,600 pobladores que serán perjudicados en forma indirecta con la construcción de la represa que aprovisionaría de agua a la hidroeléctrica de Inambari. Además de todo el impacto ambiental que generaría en la zona.
La viceministra del Ambiente, Rosario Gómez, aseguró que respetarán la voluntad del pueblo puneño, pero indicó que aún hay tiempo para fortalecer los canales del diálogo.

“(Respetar la decisión de la población) no es una elección, es un mandato. Nuestra norma está considerando el respeto a los actores claves involucrados en la implementación de megaproyectos. No es una cuestión voluntaria, es una cuestión normativa”, dijo. El martes, el viceministro de Energía Daniel Cámac, en San Gabán, dijo: “Si la empresa no llega a un acuerdo con los pobladores la obra no se construirá”.

Pese a lo dicho por las autoridades, los pobladores muestran desconfianza y exigen la inmediata salida de Egasur de la zona. Pero la empresa aún piensa que podrá convencer a la población mediante talleres.

Datos

Plazo. La concesión temporal por dos años que el gobierno otorgó a EGASUR para los estudios de construcción hidroeléctrica vence en junio. Fecha límite que tiene la empresa para convencer a la población.

Costo. 27 poblados desaparecerían del mapa por que el espejo de agua tendrá extensión de 41 mil hectáreas y una profundidad de más de 400 metros, en donde se almacenará 26,500 millones de metros cúbicos de agua, para producir 2,000 megavatios.

Biodiversidad por energía eléctrica

El decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Carlos Herrera Descalzi, advierte que el costo ambiental y social será altísimo si se llega a construir la hidroeléctrica de Inambari. Herrera Descalzi señala que además de afectar a la población –a la que planean reubicar en otros lugares–, perjudica al ecosistema de la zona con la extinción de muchas especies por emisiones de CO2.

“El impacto ambiental es muy grande. ¿Qué se está haciendo? Se está cambiando riqueza expresada en biodiversidad por riqueza convertida en energía. Esa zona es vida y sustento para sus pobladores”, lamentó.

Las poblaciones afectadas en forma directa son Loromayo, Lechemayo y Puerto Manoa en San Gabán, Carabaya (Puno). Asimismo, Puente Inambari en Madre de Dios y Ciudad Nativa, San Lorenzo y Huadjumbre en el Cusco.

Diario La República-Lima 05/03/2010





Polémica propuesta empezó a debatirse en comisiones del Congreso.
PIDEN RETIRO DE PROYECTO DE DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS


Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, anunció que el proyecto se pondría en agenda después de evaluarse las prioridades de los proyectos que verá este grupo de trabajo en la presente legislatura.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, Elizabeth León, pidió que el Ejecutivo retire el polémico proyecto de ley que envió al Congreso para modificar, con carácter de urgencia, la Ley 28223, de Desplazamientos Internos, con la finalidad que los pueblos puedan ser movilizados forzosamente en función de proyectos de desarrollo en gran escala “justificados por un interés público superior o primordial”.

León hizo este pedido en LA PRIMERA sesión de trabajo de la comisión de ayer, después del receso parlamentario. Dijo que, de lo contrario, dicho proyecto de ley deberá ser remitido también ante el referido grupo de trabajo, donde pedirá archivarlo porque afecta los derechos de los pueblos nativos del país.

La parlamentaria dijo que el proyecto es contradictorio con la Ley de Consulta previa, que comenzó a debatirse en esta primera sesión con prioridad en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos. “O estamos por el diálogo y por la consulta o nos inclinamos por entrar a la fuerza a los territorios amazónicos y andinos; el gobierno tiene que ser claro”, dijo la congresista.

La propuesta, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, llegó al Congreso el pasado 4 de febrero, para que se someta a consideración la modificación del Artículo 8º de la Ley 28223, referida a los desplazamientos internos que se producen por conflictos, a fin de que se incorpore además la causal de movilización de los pueblos en razón de grandes proyectos de desarrollo.

En comisiones
Con el reinicio de las actividades parlamentarias, el proyecto Nº 3817/2009-PE empezó a ser analizado por las comisiones a las que ha sido derivado, como son las de Justicia y derechos humanos y de la Mujer.

La presidenta de esta última comisión, Karina Beteta, dijo a LA PRIMERA que se ha pedido opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros, al ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, así como a las organizaciones que representan a las poblaciones nativas.

La legisladora señaló que el tema está pendiente de la respuesta de estos organismos y el miércoles 10 de marzo se empezará a elaborar el predictamen referido al proyecto, de acuerdo a la evaluación jurídica que hagan los integrantes de este grupo de trabajo y sus asesores, aunque reconoció que el proyecto también se puede archivar.

Sobre el pedido urgente del gobierno, Beteta refirió que el debate se realizará dentro de los plazos normales, pues “el Congreso no es la mesa de partes del Ejecutivo”.

Diario La Primera-Lima 04/03/2010





PERÚ: ALTAS AUTORIDADES ENVUELTAS EN ESCÁNDALO DE ESPIONAJE A LA OPOSICIÓN


Personajes del gobierno peruano, como el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y la ex ministra Mercedes Cabanillas, están involucrados en presuntas acciones de espionaje de una empresa privada contra políticos de oposición, según el informe final de una comisión del Congreso.

Personajes del gobierno peruano, como el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y la ex ministra Mercedes Cabanillas, están involucrados en presuntas acciones de espionaje de una empresa privada contra políticos de oposición, según el informe final de una comisión del Congreso.

El documento, que deberá ser debatido para su aprobación o rechazo en el pleno del Legislativo, concluyó que "se tienen suficientes indicios para presumir que las interceptaciones telefónicas a diversos personajes políticos fueron de conocimiento del almirante Luis Giampietri".

Giampietri, quien es además congresista, es visto como miembro del ala dura del gobierno de Alan García y ha admitido tener amistad con el contralmirante en retiro Elías Ponce Feijóo, dueño de la firma Business Track (BTR) -preso y acusado del espionaje telefónico-, pero niega estar comprometido en sus actividades.

Esa firma actuó "de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas", según el informe de la comisión que presidió el congresista Oswaldo Luizar, del opositor Bloque Popular.

Luizar también afirmó que en 2006 cuando Mercedes Cabanillas, una de las figuras más influyentes del gobierno, era presidenta del Congreso, ordenó la contratación de Business Track para hacer un barrido electrónico, pero que la firma aprovechó para espiar a legisladores de oposición.

"Los agentes de BTR entraban de noche y trabajaban de madrugada, hoy sabemos que estas personas se dedicaban a interceptar comunicaciones", subrayó.

"BTR actuó en forma amplia dedicada a interceptar a todo el mundo", refirió Luizar señalando que operaba con equipos de espionaje telefónico que usó en la década pasada el encarcelado Vladimiro Montesinos, brazo derecho en el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Tras el derrumbe del régimen fujimorista en 2000 en medio de denuncias de corrupción, los equipos de interceptación desaparecieron "y la gente vinculada a esa empresa, marinos activos y en retiro, las mantienen en su poder", precisó.

El espionaje se realizaba a políticos opositores y a empresarios cobrando tarifas altas por su labor, dependiendo del cliente, añadió.

La comisión encontró muchas resistencias en su trabajo, según el legislador, como del Poder Judicial y bancos que ponían obstáculos para dar información.

Tras conocerse el informe, el vicepresidente Giampietri dijo que Luizar "metió en un saco a todos sus enemigos potenciales" y comentó que el destino de ese informe debería "ir al basurero porque está lleno de barbaridades".

Por su parte, la legisladora y ex ministra Cabanillas le restó validez señalando que está "cargado de intencionalidad política y no es producto de ninguna investigación, simplemente es un armado de un intercambio de intereses políticos".

Según el informe Luizar, entre los políticos a quienes se espió figuran políticos opositores como el nacionalista Ollanta Humala, la ex candidata presidencial conservadora Lourdes Flores, el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar y el sacerdote ecologista Marco Arana, entre otros.

http://noticias.latam.msn.com/pe/peru/articulo_afp.aspx?cp-documentid=23568560
NSN Noticias-Lima 03/03/2010

FAMILIAS DEL VALLE DE INAMBARI CARECEN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD


Ninguna familia de la zona de afectación del proyecto de la central hidroeléctrica del Inambari cuenta con título de propiedad, por lo que en caso de desplazamiento no podrían acreditar la pertenencia de sus tierras.

Marco Peñaranda, jefe zonal del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), expresó que esa institución no ha desarrollado la titulación de propiedades en esas áreas.

Además, esta ausencia de formalidad en cuanto a la propiedad de tierras en el distrito de San Gabán y sus centro poblados favorecería la pretensión del gobierno central de modificar la ley desplazamientos motivados por proyectos como la central hidroeléctrica del Inambari.

Por otro lado, en conferencia de prensa, el titular de esta entidad dio a conocer que este año COFOPRI tiene como meta la entrega de 12 mil títulos en la región.

De la cifra, nueve mil 500 títulos corresponderían a la zona urbana y dos mil 500 a la zona rural.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 04/03/2010





HOY PARAN CONTRA EL PROYECTO INAMBARI


Protesta. Inicialmente iba a ser de 24, pero se extendió a 48 horas. Llegada del viceministro de Energía y Minas exacerbó a los pobladores de Puno.

El paro contra la construcción de la hidroeléctrica de Inambari programado para hoy se extenderá hasta la medianoche del 5 de marzo. Inicialmente, la propuesta era paralizar 24 horas, pero la llegada del viceministro de Energía y Minas, Daniel Cámac, exacerbó los ánimos de los comuneros que serán desplazados por la construcción del proyecto.

Cámac, quien encabezó una comitiva para informar los beneficios del Tratado de Integración entre el Perú y Brasil, había señalado que el 100% de la energía producida en Inambari sería para Perú, y el excedente para el estado de Acre, Brasil.

El anuncio fue tomado como una burla por los asistentes que se dieron a la cita en el distrito de San Gabán, el martes último. “¿Que cosa habrá creído (Cámac), que somos ignorantes? No vamos a permitir esa obra. Vamos a luchar hasta el final, pase lo que pase”, advirtió Juan Cañasara, vicepresidente del comité de lucha del distrito de Lechemayo.

La clave

Son miles. A la protesta se sumarán comerciantes y transportistas. A Puno llegarán 5 mil afectados de 27 poblados que desaparecerían del mapa ya que el espejo de agua tendría una extensión de 41 mil hectáreas y una profundidad de más de 400 metros, donde almacenarán 26,500 millones de metros cúbicos de agua para producir 2,000 megavatios. El embalse equivale aproximadamente a la sexta parte de Lima Metropolitana.

Diario La República-Lima 04/03/2010





RECHAZAN EL DIÁLOGO SOBRE TÍA MARÍA


DUDAS SOBRE AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FUERON LAS CAUSAS Piden segunda consulta popular pero rechazan el diálogo sobre Tía María Coordinadora Provincial de Islay Contra la Agresión Minera pide reunión interna con el GRA, para realización de consulta Edwar Quispe Hancco En medio de gritos y quejas, la comitiva enviada por el Ministerio de Energía y Minas, encargada de la exposición legal y técnica del proyecto Tía María, tuvo que abandonar el centro cívico de Cocachacra, lugar designado para la segunda mesa de diálogo para ver el tema del proyecto de explotación minera Tía María. Eran casi las 11:30 horas, cuando una reunión previa entre las autoridades regionales y los invitados del Ministerio buscaban coordinar la mejor manera de exponer de forma imparcial los procedimientos legales para que pueda instalarse la minera y las exigencias ambientales que debe cumplir antes.

Bastó su presentación para que más de la mitad de los casi 150 pobladores y dirigentes congregados se negaran a escucharlos. Según sostenían, el invitado a la reunión fue el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, y no una comitiva representativa. En vista de que los ánimos de la población no se apaciguaban, el presidente regional Juan Manuel Guillén Benavides invitó a los miembros de la comisión a retirarse, para evitar un posible enfrentamiento. Fue así que la reunión citada para las 12:00 horas en Cocachacra, tuvo que hacerse sin la presencia de los representantes del Estado y por el espacio de casi dos horas, recogiendo las quejas y propuestas de la población.

Casi al término de la reunión, la Coordinadora Provincial de Islay Contra la Agresión Minera indicó que en una reunión interna propondrá al Gobierno Regional de Arequipa, que mediante un Acuerdo del Consejo Regional, se promueva la realización de una segunda consulta popular, con la presencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe). En ella, los ciudadanos de la provincia de Islay decidirían el destino del proyecto minero Tía María. Esta solicitud se realizará el próximo 5 de marzo en una cita interna. Sin embargo, Guillén Benavides aclaró que los resultados de la consulta, en el caso que se diera, no serían vinculantes, pero se conocería la voluntad popular si asistiera por lo menos el 50% de la población electoral.

Comisión Luego de su desairada participación, la comisión especial del Ministerio de Energía y Minas (MEM) llegó a la ciudad de Arequipa encabezada por el director general de minas, Víctor Vargas Vargas, quienes indicaron que no tendrían problemas en regresar a Cocachacra para continuar el diálogo, y si es que la población no quiere aceptar la instalación de la mina, que demuestre su rechazo de forma técnica y no política. Convocatoria El único que puede convocar a la consulta popular es el MEM, y de no aplicarse podrían acogerse a otros mecanismos de participación ciudadana como la encuesta, difusión radial u otros

http://larevista.aqpsoluciones.com/?p=14321
Diario Noticias 04/03/2010

HUAMBOCANCHA ENFRENTA A MINERA Y A LA MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA


Un nuevo conflicto social se gesta. Una comunidad se enfrenta a una empresa minera y a la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en demanda a su derecho de consumir agua saludable.

Más de 200 familias de la zona Huambocancha han presentado ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca un memorial exigiendo se les abastezca de agua potable con camiones cisternas.

Además, están solicitando la regularización de la documentación respecto a la utilización de ese manantial, el cual provee agua no potable a la población.

Actualmente estas personas no pueden consumir este vital líquido, pues las fuentes de donde proviene el agua que consumen son en extremo ácidas y, según revela un estudio químico, no son aptas para el consumo humano.

“Tenemos documentos en los cuales la autoridad local del agua nos indica que esta agua no es potable, y debe ser tratado adecuadamente para potabilizarlo”, indicó José Tafur Flores, uno de los usuarios y es dirigente de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS) – Huambocancha.

“Tuvimos un problema con la minera Yanacocha por el tema de agua, entonces la empresa para dar solución a este inconveniente compró un manantial para abastecer de agua a Huambocancha, pero esa agua no es potable, y según el análisis del agua, contiene niveles elevados de hierro y aluminio”, señala.

“Yanacocha compró ese manantial que no era de agua potable, a pesar de eso nos engañaron y nos han dado de beber esa agua. Incluso nuestras tuberías son afectadas por el sarro que deja el agua. Así es de extrema la situación que afrontamos”, subrayó.

“Pedimos a la Municipalidad Provincial de Cajamarca que abastezca de agua potable a la zona. Además, que se regularice la situación de la actual junta directiva de la JASS – Huambocancha. A la empresa minera que no trate de engañarnos con aguas que son ácidas y no son potables”, anotó.

Decenas de pobladores acudieron a la sede del municipio de Cajamarca para exigir una solución a sus problemas. Fueron recibidos por funcionarios ediles y se acordó para el próximo lunes 8 de marzo establecer una mesa de diálogo para llegar a algunos acuerdos.

Diario Panorama Cajamarquino 03/03/2010





NO DAN LICENCIA SOCIAL A INAMBARI


Pobladores en desacuerdo con la construcción de hidroeléctrica. No hubo acuerdo entre los pobladores y el gobierno, pese a que las autoridades gubernamentales anuncian reubicación y el pago de compensación.

Jean Polo M. Enviado especial.

No hubo acuerdo. A pesar de que en Lima, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ya viene anunciando la reubicación de cerca de 3,400 colonos de la cuenca del río Inambari, para permitir la construcción de la cuestionada Central Hidroeléctrica de Inambari, ayer, en San Gabán (Puno), otro fue el contundente mensaje de los pobladores de esta localidad: “no nos moverán”.

Una muchedumbre de aproximadamente 1,500 personas, que se congregó en el patio del I.E. Agrondustrial-San Gabán para participar en el ‘Conversatorio sobre la Interconexión Eléctrica Perú -Inambari’, que fue presidido por el viceministro de Energía y Minas, Daniel Cámac, rechazó por unanimidad las propuestas del gobierno y demandaron la salida inmediata de la empresa Egasur (Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur) del territorio.

Las propuestas del gobierno

Desde las siete de la mañana, los habitantes y dirigentes de los centros poblados de Chiallumayo, Tantamayo, Lechemayo, Carmi, Salimayo, Puerto Monoa, entre otros, abarrotaron las instalaciones del colegio para escuchar las propuestas de la empresa (cuyos directivos curiosamente brillaron por su ausencia) que fueron interlocutadas por el viceministro Cámac.

Entre ellas, el funcionario indicó a esta población que la empresa Egasur (integrada por las empresas brasileñas OAS, Electrobrás y Furnas) proyecta invertir más de US$ 4,000 millones en la construcción del proyecto Inambari, cuya potencia instalada para generar electricidad se estima en 2,200 megavatios (Mw).

Compensaciones

“Han hablado en algún momento de compensaciones por 200 millones de dólares, pero estarían incluidos dentro de los 4,000 millones de inversión total. Pero este es un valor referencial porque si el proyecto requiere más compensaciones se tendrá que gastar más”, refirio Cámac, en la víspera y durante una conferencia en la Central Hidroeléctrica San Gabán (a dos horas del centro poblado).

El funcionario explicó que de concretarse la obra Egasur realizará un pago anual para compensar al país por la destrucción de los bosques, dinero que se destinará a un fondo para la reforestación y conservación de las áreas naturales protegidas.
Con modificaciones

Finalmente el viceministro aseguró que la empresa ha realizado varias modificaciones a su propuesta inicial con la finalidad de que la construcción de la central hidroeléctrica en la cuenca de Inambari tenga el menor impacto posible para la ecología y los seres humanos de esta zona.

“El nivel de agua máximo para la operación de la represa se ha reducido de 540 metros sobre el nivel del mar a 525, el nivel de hectáreas de inundación también ha bajado de 240 mil a 221 mil aproximadamente”, afirmó y aseguró que estos ajustes no han reducido las proyecciones de la potencia instalada del proyecto para generar electricidad sino que incluso ha aumentado de 2,000 a 2,200 Mw.

La población rechaza el proyecto

Sin embargo, los pobladores encabezados por los gremios y asociaciones de agricultores, mineros artesanales expresaron su total rechazo a la obra debido a que sin autorización se iniciaron los estudios de prefactibilidad e impacto ambiental hace veinte meses dentro de la concesión temporal que el gobierno les entregó.

“¿Dónde nos van a reubicar?” “¿Dónde vamos a trabajar?”, “¿de qué vamos a vivir?” eran los frecuentes cuestionamientos y reclamos de los pobladores, quienes finalmente no llegaron a un acuerdo con los representantes del gobierno central, por lo que de esta forma, y según lo afirmara el viceministro Cámac, era muy importante que exista la aprobación de la gente para dar luz verde al proyecto.

“Si la empresa no llega a un acuerdo con los pobladores la obra no se construirá”, fue lo que el viceministro aseguró a los habitantes de San Gabán.
¿Es el fin de las conversaciones? Aunque Cámac dijo que este era el inicio del contacto con la población, la voluntad popular ya emitió su veredicto. No le dan la licencia social.

Datos

Efecto camisea. El costo de la electricidad en el país bajó 30% en los últimos años con la explotación del gas de Camisea, dijo el viceministro, Daniel Cámac.

94%. El Perú alcanzará una cobertura de electricidad a nivel nacional de hasta 94% en el 2011, la más alta de Sudamérica.
Demanda. El crecimiento económico haría que la demanda de electricidad se eleve en los años 2011 y 2012 en 10%.

100% de energía sería para el Perú

Respecto a la interrogante de cuál sería el destino de tan importante suministro energético, el viceministro de Energía, Cámac, aseguró que el 100% de lo que genere la central hidroeléctrica se quedaría en el Perú. “De haber un exceso de energía, esta se iría a Brasil”, indicó ante la mirada de los pobladores de la zona, quienes tomaron con incredulidad esas palabras.

De otro lado, la autoridad manifestó que la central hidroeléctrica de Inambari permitiría que el costo de la energía en el Perú se mantenga a largo plazo sin que se consideren aumentos.

”Todos los requerimientos de energía del sur no los podemos cubrir solo con gas natural, por ello son necesarios los proyectos hidroeléctricos”, señaló el funcionario tratando de posibilitar lograr la aceptación de los pobladores.

Diario La República-Lima 03/03/2010





PUNO ACATARÁ PARO DE 48 HORAS CONTRA PROYECTO HIDROELÉCTRICO INAMBARI


Diversas organizaciones y gremios de Puno acordaron convocar a la población a un paro de 48 horas para este jueves y viernes, en rechazo al proyecto de construcción de la hidroeléctrica de Inambari.

La medida de fuerza fue pactada en una asamblea celebrada anoche, horas después de la presentación del viceministro de Energía, Daniel Cámac, en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, el cual resultaría directamente afectado por el proyecto.

Los delegados de dicha comunidad afirmaron que el representante del Ejecutivo no supo responder con claridad las inquietudes de la población respecto al impacto que tendrá la central en el medio ambiente y, principalmente, la inundación de un amplio tramo de la Carretera Interoceánica.

Es por ello que acordaron ampliar la paralización originalmente pactada para este jueves por 24 horas en la provincia de Carabaya a una medida de fuerza de 48 horas, a nivel regional.

Efraín Anahua, secretario regional de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) precisó que la jornada de lucha cuenta con el respaldo de más de 30 organizaciones que conformaron un Frente de Defensa de la Región Puno.

Adelantó que, en una nueva reunión a desarrollarse esta noche, definirán las estrategias a seguir. Por lo pronto, ratificó la demanda de la población altiplánica para concluir de inmediato la Carretera Interoceánica, cuyo trazo original sería afectado en 50 kilómetros debido a la hidroeléctrica.

De igual manera, insistió en que los puneños se oponen a todo tipo de concesiones, en particular las mineras y petroleras. Así mismo, reclaman la liberación de sus dirigentes encarcelados y poner fin a la criminalización de las protestas sociales.

Anahua Churacutipa exhortó al gobierno a implementar una mesa de diálogo con representantes de base, especialistas del Colegio de Ingenieros y autoridades, a fin de hallar puntos de consenso sobre la iniciativa.

En tanto, el gerente general del Gobierno Regional de Puno, Hugo Quintanilla, adelantó que durante la paralización no habrá atención en las diferentes dependencias; incluso, los trabajadores de éstas se plegarán a las protestas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 03/03/2010





DENUNCIAN INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO POR PARTE DEL GOBIERNO CON INDÍGENAS


En conferencia de prensa, indígenas awajún de la Cordillera del Cóndor, en el departamento de Amazonas, denunciaron la enajenación de sus territorios fronterizos para favorecer a las concesiones mineras.

Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) señaló que los indígenas −quienes presentaron sus argumentos en sus lenguas nativas− exigen el cumplimiento del acuerdo que firmaron con el gobierno, en el que se les prometió la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja.

“Dicho parque, de 152 hectáreas, es para que vivan en armonía los animales y se preserve la cultura y tradición de nuestros ancestros”, señaló.

En tal sentido, mostró un acta del 8 de noviembre del 2005, en la que -además de la construcción del parque- se obliga al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) cambiar de opinión sobre la extracción minera en la Cordillera del Cóndor.

En tal sentido, tanto Kayap como los nativos presentes exigieron al gobierno no deslegimitizar el mencionado acuerdo, y cumplir de inmediato con la creación del parque nacional.

Así mismo, pidieron que se respeten a los representantes de las organizaciones de nativos e indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y ODECOFROC, porque ellos son sus voceros.

“Ya que no nos han hecho caso, ellos han tenido que venir a levantar sus voces y ahora quieren llegar hasta Palacio de Gobierno”, dijo Kayap.

Finalmente, demandaron que se les trate como personas y no se les siga llamando “perros del hortelano” o personas de tercera categoría. “Sólo estamos exigiendo que se cumpla con un acuerdo en el que trabajamos cuatro años. No queremos otro Baguazo”, concluyó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 03/03/2010





ADVIERTEN QUE TLC CON UE PUEDE AGUDIZAR CONFLICTOS SOCIALES


El Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea (UE) generará mayor presión sobre los recursos naturales y, por ende, puede contribuir a agudizar los conflictos sociales en el país.

Así lo sostuvo Alejandra Alayza, coordinadora de la Red por una Globalización con Equidad (RedGE), quien a través de la CNR expresó su preocupación sobre las implicancias del pacto comercial que quedaría sellado en mayo próximo.

Señaló que una propuesta de tanta trascendencia como darle mayores derechos a los migrantes peruanos en Europa quedó fuera de las negociaciones pues "esa no es la prioridad del gobierno en estos TLCs".

Así mismo, denunció que no ha habido una real apertura en las rondas de negociaciones con el Viejo Continente. "Si bien hay diálogo y se permite algo de información al que está ahí detrás, no se tiene acceso a textos ni a los acuerdos".

Alayza indicó que nuestro país se repliega nuevamente a la posibilidad de mantener algunas industrias con valor agregado como la metalmecánica para continuar como un mero exportador de materias primas.

Precisó que, desde el lado comunitario, más que un mejor acceso al mercado, lo que interesa es el tema de la protección de las inversiones y la liberalización de servicios. Es decir, "el TLC le da una protección a los inversionistas de la UE que no tenían antes y genera restricciones al Estado peruano para implementar políticas regulatorias en proceso".

"Estos TLCs están blindando esos intereses y que impedirán aquellas reformas que se vienen discutiendo", remarcó.

En cuanto al TLC con China, insistió en que este pacto forma parte de una "arremetida" que sólo contribuye a reafirmar el patrón primario exportador del país y que le impide generar mejores condiciones de empleo, además de dejarnos en el escenario internacional como un "banco de recursos naturales".

Señaló que los principales beneficiados con este tipo de acuerdos son aquellos que buscan consolidar el acceso de sus productos a Estados Unidos y China, como es el caso de los agroexportadores -los cuales no son representan a la mayoría.

"No todos los TLC ni los mercados son iguales; por eso la gente (dedicada a la confección) de Gamarra se preocupa. Está bien pensar en productos más baratos, pero lo que necesitamos en dinero para poder comprarlos; y lo que vamos viendo son sectores que crecen , pero un grueso no", acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 03/03/2010




PERÚ: DENUNCIAN ENAJENACIÓN DE TERRITORIO EN CORDILLERA DEL CÓNDOR A FAVOR DE MINERÍA


Una delegación de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) exigió hoy que el Estado peruano cumpla su obligación de respetar los tratados internacionales y restituya en su integridad el total del área original del Parque Nacional Ichigkat Muja.

Representantes ODECOFROC, federación afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), demandaron que el Estado respete el pacto celebrado entre los pueblos indígenas de la Cordillera del Cóndor y el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) para la creación del citado Parque.

Asimismo, pidieron que se cancele de forma definitiva toda actividad minera en la Cordillera del Cóndor por ser una actividad incompatible con la conservación ambiental de una zona de extrema fragilidad ecológica.

También solicitaron se cumpla con la titulación y ampliación de los territorios de sus comunidades nativas de la zona.

En una conferencia de prensa realizada en la sede de la AIDESEP la delegación indígena integrada por ocho personas de la Cordillera del Cóndor entregó a la prensa la publicación: “Crónica de un engaño. Los intentos de enajenación del territorio fronterizo Awajún en la Cordillera del Cóndor a favor de la minería“.

Del mismo modo se proyectó el video “La Amazonía en venta” y que puede verse en la dirección:
http://www.dailymotion.com/video/xc82eh_amazonia-en-venta_creation?start=32

La publicación y el video editados con el auspicio del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) argumenta y demuestra que el Estado peruano ha actuado de mala fe y sujeto a lobbys empresariales al recortar la propuesta original de creación del Parque Nacional Ichigkat Muja.

La propuesta de un área natural protegida sobre la Cordillera del Cóndor, en territorio tradicional de esos dos pueblos, fue acordada con la autoridad ambiental del Estado peruano mediante un largo proceso de negociación y detallados estudios científicos.

La finalidad de crear dicha área protegida fue conservar un área extremadamente vulnerable, en las cabeceras del río Cenepa, y como aporte de esos pueblos al establecimiento de una paz duradera en la frontera con el Ecuador.

El documento demuestra también que el Estado peruano ha actuado así para beneficiar a empresarios mineros entre los que se encuentran algunos con fuertes vinculaciones políticas. Con esto pone en riesgo el territorio y la vida de esos pueblos y desafía sus derechos y las normas nacionales e internacionales que los resguardan.

Las comunidades de esos pueblos y sus organizaciones han demandado continuamente la restitución de la propuesta de creación del Parque Nacional y la cancelación -no suspensión- de las concesiones mineras sin eco en las autoridades.

Esta situación está a la base de los reclamos planteados por las organizaciones indígenas que condujeron a masivas movilizaciones en los años 2008 y 2009 y a una prolongada huelga, al término de la cual se produjeron los sangrientos hechos de Bagua, el 5 de junio de 2009.

En esa ocasión el gobierno intervino con violencia para desalojar a los contingentes de comuneros Awajún y Wampis que habían bloqueado una carretera, lo que ocasionó enfrentamientos y 34 muertos.
Resumen del documento entregado por los organizadores
1. El territorio ancestral de los Awajún y Wampis en la Cordillera del Cóndor y su importancia para la vida de estos pueblos.

Tanto en las crónicas coloniales, como en otros documentos históricos y antropológicos, se ha establecido la posesión permanente de los pueblos Awajún y Wampis sobre su territorio en la Cordillera del Cóndor. En general, todos los pueblos indígenas de la familia etnolingüística jíbara, incluso los ecuatorianos: Shuar y Achuar, han ocupado desde épocas ancestrales la zona de frontera que hoy divide Ecuador y Perú.

La consolidación territorial de estos pueblos indígenas ha incluido prácticas de subsistencia y culturales, de defensa territorial activa contra invasiones e intentos de ocupación inconsulta, así como su participación decisiva en la guerra de 1941 y luego en 1995 con el Ecuador.

Como queda claro en el Informe, estas prácticas han acompañado el proceso de formación del Estado peruano y el establecimiento de sus límites fronterizos, lo que constituye una prueba fehaciente de la inmemorial posesión indígena del territorio.
2. La necesidad de los Awajún y Wampis de cautelar y proteger su territorio sagrado mediante la titulación y ampliación de sus comunidades, así como proteger la biodiversidad y el medio ambiente de dicha zona mediante la creación de un Parque Nacional denominado Ichigkat Muja que le daría al territorio la categoría de intangible.

El informe relata los intentos de los pueblos Awajún y Wampis de conservar su territorio mediante la titulación de las tierras. Desde los años 1970, los pueblos indígenas de frontera solicitaron la titulación de su territorio, lo cual se consiguió solo en parte. A fines de los años 1990, se titularon varias comunidades, no obstante, no se terminó de reconocer todo el territorio indígena.

Luego de varios años de diálogo con el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), los Awajún y Wampis acordaron que, además de la titulación y ampliación de sus comunidades, la mejor manera de proteger todo su territorio sagrado era mediante la creación de un Parque Nacional. Luego de cinco años, en el 2004, se entregó la propuesta de creación del Parque Nacional Ichigkat Muja en la Cordillera del Cóndor al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa.

La propuesta indicaba que luego de terminar el proceso de titulación y ampliación de las comunidades, las áreas que quedaban libres se incorporarían al área del Parque Nacional respetando los derechos ancestrales de las comunidades. Sin embargo, a partir de esa fecha, el Estado puso incontables obstáculos que impidieron que se concretara la decisión adoptada por los pueblos Awajún y Wampis de proteger su territorio.
3. El lobby de las compañías mineras interesadas en la zona para que el Estado hiciera prevalecer sus intereses económicos por encima de los derechos de los pueblos indígenas.

El interés de las compañías mineras en la zona se remonta a 1993, cuando el gobierno a través del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), otorgó concesiones mineras dentro del área designada para el Parque Nacional Ichigkat Muja.

Si bien en el 2001 INRENA se opuso a las concesiones indicando que la actividad minera era incompatible con las características ecológicas de la zona que la hacen extremadamente vulnerable, la Compañía Minera Afrodita, con varias concesiones mineras en la zona, buscó subterfugios en otros sectores del Estado para hacer prevalecer sus intereses económicos en el área.

El Informe muestra un documento inédito de 2005 en el cual la empresa minera Afrodita participa en una reunión con el Ministerio de Energía y Minas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y la Cancillería para obligar al INRENA a modificar su dictamen técnico a favor de la creación del Parque Nacional Ichigkat Muja con el área acordada con los indígenas y dar una opinión favorable a su proyecto minero (Ver página 32).

Este tipo de lobby es similar al realizado por Rómulo León Alegría con distintos entes gubernamentales para favorecer a la compañía Discover Petroleum en la que él era intermediario.

Además, el Informe señala que la Minera Afrodita cuenta con el apoyo incondicional del Ejército Peruano en la zona, que ha firmado convenios con ésta y que pone a su disposición no sólo sus instalaciones sino también sus helicópteros, etc.
4. El Estado impone la actividad minera en territorio indígena Awajún y Wampis, recortando el área del Parque Nacional Ichigkat Muja propuesta por los pueblos indígenas.

En el año 2006 INRENA da su conformidad a la actividad minera en la zona de la Cordillera del Cóndor, contradiciendo su propio dictamen anterior en el que señalaba la incompatibilidad de la minería en la zona por sus características ecológicas.

El mismo año el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su desacuerdo con la creación del Parque Nacional en el área concesionada a Afrodita porque la intangibilidad de esta Área Natural Protegida podría impedir el futuro desarrollo minero de dicha zona.

Finalmente, en agosto de 2007 -mediante el Decreto Supremo 023-2007-AG- se consumó la reducción del área originalmente planteada por los indígenas y el INRENA para el Parque Nacional Ichigkat Muja, en 69,829 hectáreas. Con esta reducción se desprotegen las cabeceras de la cuenca del río Cenepa.

Los beneficiarios de la reducción del Parque son las concesiones de minera Afrodita y de Carlos Ballón (un personaje vinculado al entorno político del Presidente de la República Alan García Pérez), que luego pasaron a propiedad de la compañía canadiense Dorato Resources.
5. El Estado peruano vulnera derechos colectivos garantizados por el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El documento demuestra cómo el Estado peruano ha vulnerado los derechos de los Pueblos Indígenas al territorio, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado y a la libre determinación contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para hacer prevalecer intereses económicos por encima de los sociales, culturales, ambientales y legales.

Esa vulneración ha sido promovida, entre otros ministerios, por el Ministerio de Relaciones Exteriores que es la entidad que debe cautelar el cumplimiento de los convenios internacionales de Derechos Humanos por encima de cualquier otro interés. Tampoco ha respetado el ejemplar proceso de diálogo y concertación llevado a cabo entre los pueblos indígenas y el INRENA sobre el destino de la Cordillera del Cóndor.

Debido a esa conducta transgresora varios organismos internacionales, como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (CEACR-OIT), han elaborado observaciones y recomendaciones al Estado peruano para que respete los derechos de los pueblos indígenas.

La citada Comisión ha indicado en su 99ª reunión de 2010 y respecto al Perú lo siguiente:

“La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica nacional de conformidad con los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio, teniendo en cuenta el derecho de los pueblos cubiertos por el Convenio a establecer sus propias prioridades y participar en los planes y programas de desarrollo nacional y regional (…).

Asimismo, le solicita que:

i) suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio;

ii) Proporcione mayores informaciones sobre las medidas tomadas, en cooperación con los pueblos indígenas, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan, conforme al artículo 7, párrafo 4) del Convenio, incluyendo información sobre la coordinación entre el Organismo Supervisor de Inversiones en Energía y Minería (OSINERGMIN) del Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente…”(p. 902).
6. Peticiones concretas:

La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), federación afiliada a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), demanda:

* Que el Estado peruano cumpla su obligación de respetar los tratados internacionales y restituya en su integridad el total del área original del Parque Nacional Ichigkat Muja, cumpliendo así el pacto celebrado entre los pueblos Indígenas de la Cordillera del Cóndor y el INRENA para la creación del Parque y cumpliendo con la titulación y ampliación de los territorios de sus comunidades nativas de la zona.

* Que el Estado peruano cancele de forma definitiva de toda actividad minera en la Cordillera del Cóndor por ser una actividad incompatible con la conservación ambiental de una zona de extrema fragilidad ecológica.

Anexo 1: Un acta de escándalo. La prueba del lobby.

Aquí se muestra la copia del acta de la reunión del 8 de noviembre de 2005 donde participan los ministerios de Energía y Minas, Relaciones Exteriores, Defensa, el INRENA y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Lo inverosímil es que también participa Jorge Bedoya Torrico en representación de Minera Afrodita. Lo extraordinario es que el primer acuerdo concede un plazo de tres (03) días (hasta el 11 de noviembre de 2005) para que el INRENA emita un informe favorable “para la exploración minera de la Cía. Minera Afrodita, en la Cordillera del Cóndor”.

Anexo 2. Datos sobre el valor de conservación ambiental

“La Cordillera del Cóndor es un ramal aislado de la Cordillera Real Oriental que alcanza en la zona cerca de 3,000 m.s.n.m. El río Cenepa, o Senep, como lo denominan los integrantes de los Pueblos Awajún y Wampis en cuyo territorio se encuentra la Cordillera nace en sus cumbres.

Esta Cordillera ha llamado la atención de los biólogos y estudiosos ambientalistas por sus características geológicas y la particularidad de su vegetación y por ser la única muestra representativa del Bosque Montano de la Cordillera Real Oriental. En esta Cordillera, que es un área de refugio del Pleistoceno del Marañón, se encuentran formaciones de tipo “tepui” que son más bien características del escudo de Guyanas. Los tepui son mesetas con paredes verticales donde predominan los suelos de areniscas y una altísima concentración de plantas vasculares. De ahí que en 1996 el área fuera identificada como “zona prioritaria para la conservación de la diversidad biológica nacional” en el documento “Diversidad biológica del Perú-Zonas prioritarias para su conservación” del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).

La particularidad del área, su condición de “hotspot” y su función respecto del ciclo hidrológico de la cuenca del Cenepa sustentan la importancia de proteger y conservar este ecosistema”. p. 12

“No obstante que la media y baja cuenca del Cenepa no presentan una abundante fauna mayor, en la Cordillera del Cóndor y cuencas de altos del Cenepa y Comaina se ha encontrado una alta riqueza de especies comparada con hábitats similares de equivalente ubicación altitudinal. Destaca la presencia de algunas especies en vías de extinción y de especies en situación vulnerable, en total 19 especies de mamíferos en diferentes categorías de amenaza. A nivel de aves se ha encontrado 5 especies nuevas para el Perú” p. 23

“La red de ríos, quebradas y arroyos labra su camino en el sistema montañoso profundamente diseccionado. Las aguas que nacen en la cordillera constituyen parte fundamental de los subsistemas de las cuencas del Cenepa y Santiago que aportan a su vez volúmenes importantes de agua y sedimentos al río Marañón”. p. 23

“… la Cordillera del Cóndor se presenta como un sitio de gran valor para la conservación. Tanto por la importancia de la existencia de la cordillera subandina de características geológicas y biológicas enormemente relevantes para el estudio la cuenca amazónica y el continente como por su rol en el mantenimiento de los ciclos hídricos de las cuencas del Cenepa y el Santiago. Se trata de un espacio de encuentro donde coinciden los intereses de la conservación desde una perspectiva global, como los intereses de la estrategia nacional de conservación y, además, con las prioridades de conservación de las comunidades Awajún y Wampis en el Perú y los Shuar en el Ecuador” p. 23

“A partir del año 2001 el INRENA emitió la opinión técnica de incompatibilidad de la actividad minera con las características de la Cordillera del Cóndor propuesta como Parque Nacional cuando la Compañía Minera Afrodita solicitó autorización para la exploración y explotación de 39 de sus concesiones mineras (…)” p. 28

“(…) Considerando que estas actividades eran incompatibles con las condiciones naturales del Área Nacional Protegida y en aplicación del “principio precautorio” el INRENA desestimó esta autorización advirtiendo que se trataba de una zona frágil e inestable en términos geológicos y que las operaciones mineras previstas implicarían destrucción de la cobertura vegetal que capta humedad, así como alteración de los cursos de agua superficial y de la calidad del agua subterránea y superficial” p. 30

Servindi-Lima 02/03/2010

COMUNIDADES DE CHOTA, HUALGAYOC Y SAN MIGUEL COORDINAN FORMAR FRENTE CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA


Pascual Díaz Ruíz, Coordinador del Comité de Rondas de la comunidad de Lingán Pata, distrito de Chota, dio a conocer que están coordinando con las comunidades de El Empalme, provincia de San Miguel y Tres Ríos que pertenece a Hualgayoc, entre otras aledañas para formar un frente amplio de rondas campesinas.

El propósito es frenar los problemas de robo que viene suscitándose en esas zonas, así como para frenar los atropellos de la explotación minera, que viene expropiando de manera arbitraria los terrenos de los comuneros de El Tingo; por parte de empresas mineras que pretenden instalar un complejo metalúrgico en la zona.

Dijo que, los comuneros están respondiendo a las convocatorias y están dispuestos a formar un solo frente para encarar estos problemas.

Díaz Ruiz, indicó que las comunidades vecinas de estas tres provincias están en total desacuerdo con la explotación minera porque no ayuda en nada al desarrollo de los campesinos y muestra de ello es que la Provincia de Hualgayoc, pese a que es una zona minera, está sumida en la miseria.

Informe pide al Congreso acuse constitucionalmente a Villa Stein por obstrucción a investigación.

Virtual Informativa-Bambamarca 02/03/2010





INTERESES MINEROS PROVOCAN PROBLEMAS LIMÍTROFES


El Teniente Alcalde de la municipalidad provincial de Hualgayoc - Bambamarca, Q.F. Walter García Solano Indicó que en su reciente visita al sector El Amaro - Piedra Redonda, ha servido para ver el problema limítrofe de ese sector, entre los distritos de Huasmín (Celendín), La Encañada (Cajamarca) y Bambamarca (Hualgayoc), pese a que los comuneros de la zona siempre han dicho pertenecer a la jurisdicción de Bambamarca.

García Solano, lamentó que pese a que la Municipalidad ha presentado documentación que dicho sector siempre ha pertenecido a territorio bambamarquino, actualmente la solución de este problema es competencia del Gobierno Regional; por su parte el alcalde provincial, se ha comprometido a exigir se acelere la solución a este problema.

El regidor lamentó que entre provincias vecinas se genere este tipo de conflictos: "no es justo que entre provincias vecinas estemos teniendo desencuentros sólo por intereses mineros, porque son las empresa mineras las que delimitan los territorios de acuerdo a su conveniencia", dijo García Solano, al tiempo de dar a conocer que en diversas ocasiones se ha encontrado en ese lugar, en donde los comuneros se sienten bambamarquinos de toda la vida.

Informó que las autoridades Huasmín y la Encañada no han acudido a las citaciones del gobierno regional en busca de una solución a esta delimitación que hasta el momento no se define, lo que evidenciaría la falta de interés de éstos en dar solución a este tema.

Pese a que aún no se delimitado el territorio, en la última visita de la comitiva edil en el sector, la Municipalidad se ha comprometido en brindar apoyo con obras como la construcción de su Institución Educativa, pago de un docente, y construcción de criadero de truchas.

Virtual Informativa-Bambamarca 01/03/2010

CONACAMI SE SUMA A RECHAZO Y PROTESTA CONTRA LEY DE DESPLAZAMIENTO FORZADO


Se unió al rechazo. El presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, también consideró que la tentativa de legalizar el desplazamiento forzado de poblaciones con el pretexto de proyectos de desarrollo “de interés nacional” es una nueva fórmula de expropiación de parte del gobierno.

“El gobierno ha estado pensando en la forma de despojar a las comunidades para permitir el acceso de las mineras y las petroleras en los Andes y en la Amazonía”, sostuvo el dirigente campesino.

Además, señaló que el gobierno viene llevando este propósito a niveles de confrontación con las comunidades nativas de todo el país, “sin medir las consecuencias de lo que eso significa”.

En otro momento, Mario Palacios calificó de “agresivo” el comportamiento del gobierno hacia los pueblos originarios y que responde a que tiene grandes compromisos con las transnacionales y grupos de poder en el país.

Sobretodo, resaltó el vínculo de las autoridades con la actividades minera, maderera y de hidrocarburos que intenta promover el gobierno por sobre las protestas de los pueblos indígenas, que reclaman la consulta previa, libre e informada.

“Así, tenemos que más del 75% de la Amazonía ya se encuentra concesionada para realizar proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, mientras que en la sierra ya están comprometidas 19 millones y medio de hectáreas con proyectos mineros”, indicó.

No permitirán desplazamientos

Finalmente, el presidente de CONACAMI dijo que las comunidades no permitirán que “normas como el proyecto modificatorio del artículo 8 de la ley 28223, de desplazamientos internos, pasen impunemente y van a responder con energía” para preservar su unidad territorial.

Informó que el 22 de febrero pasado, cuando hubo una marcha pacífica para rechazar el informe de una comisión oficialista sobre los hechos de la Curva del Diablo, la población amazónica reinició sus acciones de rechazo a la política del gobierno con respecto a la Amazonía.

Agregó que a estas manifestaciones se sumarán las demandas de las comunidades del Ande que también están en riesgo.

“A partir de esta fecha hemos dado inicio a una nueva etapa para que nuestros derechos sean realmente respetados, que se caracterizará por una respuesta más contundente y que se desarrollará progresivamente hasta mediados de este año”.

http://www.servindi.org/actualidad/22907
Servindi-Lima 01/03/2010

OIT EXIGE AL GOBIERNO DETENER EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS QUE AFECTEN A PPII


La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió el jueves al gobierno peruano detener las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas.

Tal solicitud se efectuó “en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza”.

El citado organismo de la ONU efectuó tal pedido en el Informe 2010 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en el que también se exige una investigación veraz, pronta e imparcial de los sucesos de Bagua.

También se pidió el respeto del derecho a la consulta a los pueblos indígenas antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les afecten, así como otros aspectos del Convenio 169 de la OIT que el Perú está obligado a cumplir.

La sección del informe correspondiente al Perú puede ser leída acá: http://servindi.org/pdf/OIT_CE_Peru2010.pdf

Más información:
- Perú: Observaciones de la OIT al Estado despiertan adhesión en instituciones sociales.

- Perú: ¿Republiqueta? OIT exige 12 puntos para cumplir convenio sobre pueblos indígenas.
Resumen de 12 puntos exigidos por la OIT:

1. Suspender actividades de exploración y explotación de recursos naturales en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados (p. 902).

2. Derecho de los pueblos a establecer sus propias prioridades de desarrollo nacional y regional (p. 902).

3. “Sin demora”, poner la legislación y la práctica nacionales de conformidad con el Convenio. Las leyes deben adecuarse al 169 y no al revés. (p. 899, 900).

4. El Convenio protege no solo a las tierras con título sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan (p. 902); y el gobierno debe garantizar sus derechos de protección, propiedad y posesión (p. 903).

5. El Decreto Legislativo Nº 994 de irrigaciones en tierras eriazas, no tutela el derecho indígena a sus tierras tradicionales cuando carecen del título formal de propiedad (p. 902).

6. Pueblos indígenas deben participar y ser consultados antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les afecten (p. 901).

7. La “consulta” que entiende el gobierno como “intercambios de puntos de vista”, “talleres de información o socialización” para el “mejor entendimiento de los beneficios”, o la “participación después de aprobadas las concesiones mineras”, no cumplen los requisitos del Convenio 169 (p. 902).

8. Vigencia del criterio fundamental de autoidentificación, respecto a los pueblos cubiertos por el Convenio (p. 899).

9. No puede exigirse la “posesión de un área de tierra” para dicha identificación. Siguen siendo indígenas quienes reivindican tierras ancestrales perdidas (p. 899).

10. Los sucesos de Bagua y la grave situación actual surge de los decretos legislativos sobre recursos naturales en territorios tradicionales indígenas (p. 899).

11. “Tome sin demora” medidas para una investigación eficaz, pronta e imparcial de los sucesos de Bagua (p. 899).

12. Asegurar participación indígena efectiva en la reforma del INDEPA y programas que los afecten y que tengan los medios necesarios, independencia e influencia real (p. 901).

http://www.servindi.org/actualidad/22939
Servindi-Lima 01/03/2010

DENUNCIAN SISTEMÁTICA VIOLACIÓN A DERECHOS DE LAS COMUNIDADES


El reciente informe de la OIT corrobora la sistemática violación de parte del Estado a los derechos que asisten a las comunidades nativas, señaló Hernán Coronado, responsable de la Mesa de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

A través de la CNR, Coronado opinó sobre el documento donde la OIT solicitó al Perú que suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afecten a los pueblos nativos, hasta que asegure la aplicación del derecho a la consulta fijado en el Convenio 169 que el Estado peruano firmó en 1992.

El representante de la CNDDHH recordó que no es la primera vez que la OIT invoca al Estado a poner freno a ese tipo de actividades. En ese sentido, destacó que éste será usado como instrumento jurídico para reivindicar los derechos de los pueblos amazónicos y andinos.

"El Estado está en la obligación de levantar las observaciones de la OIT. Esperemos que responda esta comunicación con medidas específicas", remarcó.

Agregó que antes que políticas de integración, lo que se requiere son medidas que impulsen la inclusión; es decir, que se reconozca el derecho de las comunidades a seguir sus propias prioridades de desarrollo.

De igual manera, es menester que estas medidas se adecuen - a través de programas y políticas- donde los pueblos indígenas puedan participar. Además, se pide promover la institucionalidad en materia de comunidades, asegurando su participación en la vida del país.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/03/2010

ALERTAN CONTRA EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS DE COMUNIDADES


Desde hace cuatro días, LA PRIMERA intenta comunicarse con el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, para conocer su opinión sobre el tema, pero no obtenemos respuesta.

El constitucionalista César Valega señaló ayer que antes de que el pleno del Congreso discuta el proyecto de ley que modifica el artículo 8, de la ley Nº 28223 sobre los desplazamientos internos, las comisiones parlamentarias de Justicia y de la Mujer deben tener en cuenta que las propiedades comunales están protegidas por la Constitución.

Por tal motivo, indicó Valega, el Estado no puede atentar en absoluto contra este derecho de propiedad de las comunidades. Agregó que “la Constitución de 1979 prohibía toda venta (de territorios), salvo que los comuneros lo pidieran y fueran de interés colectivo y todo intento de desplazar o expropiar los territorios de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, no sólo sería ilegal sino que el gobierno de Alan García cometería el mismo error de abrir la selva a las empresas privadas que trajo como consecuencia el baguazo”.

Además, el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal y solamente puede pasar al Estado cuando una comunidad la abandona. “Sin embargo, en este caso no pasa nada de eso porque hasta cuando se quiere expropiar un terreno privado tiene que justificarlo y con la debida compensación”, insistió el especialista.

Por otro lado, cuando se habla de empresas transnacionales no se habla de interés público sino que es un interés privado. Por lo tanto, esa modificación de ley sobre los desplazamientos internos, no prosperará nacional ni internacionalmente porque en el mundo se protegen los territorios de las comunidades o asociaciones originarias.

Agregó que este nuevo intento del presidente García de perjudicar a las comunidades andinas -comenzó con las amazónicas- se debe a su tesis neoliberal de “implantar la propiedad privada” que daba a conocer en su libro “La revolución constructiva del aprismo” y que los aprista siguen porque (Alan) significa los votos aunque no creo que pueda imponer esta ley porque ya no le salen bien las cosas y vienen las elecciones”.

Valega también recalcó que el mandatario ya no tiene la ideología del aprismo por su legendario líder Víctor Raúl Haya de la Torre fue un defensor originario a principio de los 20, de las comunidades y que volvería a morirse si viera lo que está haciendo en estos momentos. “Haya, Mariátegui y Valcárcel, podrían discrepar en muchas cosas, pero siempre estaban de acuerdo en el respeto a las comunidades indígenas”, indicó.

Por su parte, el legislador Yonhy Lescano, indicó que el Ejecutivo tendrá que retirar el proyecto porque ésta no prosperará en la Comisión de Justicia por atentar contra todos los derechos adquiridos por las comunidades indígenas. “Es una camuflada violación de los derechos constitucionales porque para todos tenemos derecho a domicilio y aquí se está violando el derecho a residencia de manera colectiva y se está destruyendo el medio ambiente”.

“Tratan de beneficiar a las transnacionales bajo el pretexto el ‘interés nacional’ y con el pretexto de hacer obras de envergadura con un costo altísimo de la actividad agropecuaria porque se va a destruir el medio ambiente, se va a destrozar carreteras y afectar con bióxido de carbono”, indicó.

Diario La Primera-Lima 01/03/2010

Está en la mira el 75% de la Amazonía y más de 19 millones de hectáreas en la sierra.
DESPLAZAR A POBLADORES ES OTRA FORMA DE EXPROPIACIÓN


La tentativa de legalizar el desplazamiento forzado de poblaciones con el pretexto de proyectos de desarrollo “de interés nacional” es una nueva fórmula del gobierno para apropiarse de las tierras de las comunidades andinas y amazónicas y entregarlas a la voracidad de los grandes inversionistas, sostuvo el presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios.

Desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 1770 (en el 2007, para autorizar a Cofopri el saneamiento territorial de las comunidades nativas y campesinas), iniciativas legislativas y los propios decretos relacionados con la Amazonía, el gobierno ha estado pensando en la forma de despojar a las comunidades para permitir el acceso de las mineras y las petroleras en los Andes y en la Amazonía, expresó el dirigente.

El gobierno está llevando este propósito a niveles de confrontación con las comunidades, sin medir las consecuencias de lo que eso significa.

Este comportamiento agresivo del gobierno hacia los pueblos originarios responde a que tiene grandes compromisos con las transnacionales y grupos de poder en el país, para la explotación sin medida de los recursos naturales de la selva y el Ande.

Así, tenemos que más del 75% de la Amazonía ya se encuentra concesionada para realizar proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, mientras que en la sierra ya están comprometidas 19 millones y medio de hectáreas con proyectos mineros, indicó.

Palacios dijo, sin embargo, que las comunidades no van a permitir que normas como el proyecto modificatorio del artículo 8 de la ley 28223, de desplazamientos internos, pasen impunemente y van a responder con energía para preservar su unidad territorial.

El presidente de Conacami informó que el 22 de febrero pasado, cuando hubo una marcha pacífica para rechazar el informe de una comisión oficialista sobre el baguazo y plantear diversas demandas, la población amazónica ha reiniciado sus acciones de rechazo a la política del gobierno con respecto a la Amazonía, a las que ahora se sumarán las demandas de las comunidades del Ande que también están en riesgo.

A partir de esta fecha hemos dado inicio a una nueva etapa para que nuestros derechos sean realmente respetados, que se caracterizará por una respuesta más contundente y que se desarrollará progresivamente hasta mediados de este año en que se conmemorará el primer aniversario del baguazo, cuando habrá una movilización nacional, indicó Palacios.

Diario La Primera-Lima 01/03/2010





RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PRESENTA NIVELES MUY ALTOS EN CAJAMARCA


Los habitantes de Cajamarca deben proteger su piel de la exposición al sol por esta temporada porque aún cuando no exista brillo o mucha iluminación, la radiación ultravioleta (UV) registra niveles muy altos que amenazan la salud, advierten funcionarios del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

La institución viene informando de acuerdo al monitoreo realizado sobre los índices de radiación ultravioleta, éstos se encuentran en niveles superiores comparados con años anteriores.

“Estamos en la estación de verano y estos valores altos continuarán hasta el mes de marzo, lo que podría afectar la salud de las personas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias antes de exponerse al sol”, indica SENAMHI en nota de prensa.

Señaló que las horas de máxima radiación son entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo que las personas –sobre todo aquellas que permanecen mucho tiempo en la playa, vía pública o expuestas directamente al sol- deben de utilizar gorros, sombreros y lentes de sol con filtros para radiación UV.

Cajamarca, registró el fin de semana altos niveles de radiación ultravioleta (UVB), según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), alcanzando entre 10 y11 puntos de radiación, considerado índice de riesgo muy alto, precisó la institución.

ALGO MÁS

La radiación ultravioleta suele estar asociada al cáncer de la piel y cataratas, de no tomarse las precauciones del caso como uso de bloqueadores, sombreros o lentes oscuros con protección UVB

Diario El Mercurio-Cajamarca 01/03/2010





ESTADO PERUANO AL SERVICIO DE MINERAS


Mientras la clase dominante -mediante los medios de desinformación- empieza a preparar el ambiente de las elecciones presidenciales 2011 para escoger que candidato será el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno, las comunidades campesinas de Ayabaca, Piura siguen combatiendo a las transnacionales que a sangre y fuego -y con ayuda del gobierno- intentan imponer la explotación minera aunque los pueblos no estén de acuerdo, porque dañará el medio ambiente y los dejará sin agua.

Upsidedownworld entrevistó a un referente de estas luchas, Mario Tavra Guerrero, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Vida y el Agro de Ayabaca.

- En el contexto de militarización de los territorios y la criminalización de la protesta en Ayabaca. ¿Cómo están tus procesos judiciales?

- Siguen abiertos, incluso estoy con una comparecencia restringida en la cual no puedo salir de la localidad de Ayabaca sin previa autorización del juez. Y esa es prácticamente otra forma de seguimiento a mis actividades. Como persona y como ciudadano debería realizar actividades y tener tránsito libre en mi país, pero esta comparecencia la han hecho para que no realice ningún tipo de actividades ni coordinaciones con nadie.

- ¿Esto es porque en el 2005 participe en las resistencias contra la empresa minera Majaz?

- Sí, donde se me sigue acusando a pesar de que las pruebas no determinan de que le arrebate el arma a un capitán de la policía perteneciente a la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales), dicen que le disparé, sustraje el arma y me la llevé. Cuando ocurrió todo lo contrario, fui detenido, torturado durante tres días y por lo tanto, no había opción para estar sustrayendo armas ni enfrentamientos de ese tipo. Y más aún cuando nos hicieron la prueba de absorción atómica no nos encontraron ninguna sustancia de haber percutado armas. Por lo tanto no tiene sustento, además de las contradicciones del mismo capitán que no sabe que hacía ni como era el sujeto a quien dice se enfrentó. Encima en su primera versión aseguró que le habían forcejeado, no arrebatado el arma y esta se había disparado casualmente. Después dijo que yo se la había arrebatado. Hay un montón de contradicciones por las que deberían suspender este juicio, sin embargo nos mantienen controlados bajo estas acusaciones.

- Con la justificación de buscar culpables del atentado a las instalaciones de la minera Río Branco te siguen persiguiendo...

- A raíz de la gran resistencia que vienen ofreciendo las comunidades campesinas que en grandes asambleas acordaron no aceptar la minería y al parecer acabársele los plazos al presidente Alan García para entregar estos territorios y se inicie la exploración como el de las transnacionales Newmont y la Sigiminim para la explotación minera se ha empezado a desatar una fuerte persecución criminalizando todo tipo de resistencia. Precisamente, el 1 de noviembre del 2009 hubo un atentado bastante extraño en el campamento Río Blanco, en un primer momento se quiso involucrar a las comunidades campesinas de que eran las autoras de este atentado donde murieron lastimosamente trabajadores de las empresa minera, que no son más que los mismos comuneros de Huancabamba que estaban laborando ahí y el administrador.

Entonces a raíz de este atentado bastante extraño se nos quiso involucrar a los que estábamos en la defensa del medio ambiente, primero mediante los medios de comunicación se trató de decir de que eran ambientalistas, terroristas y aliados con el narcotráfico los que no querían la presencia minera y por eso realizaban este tipo de atentados. Después de esto como no pudieron demostrar esta hipótesis empezaron a notificar, en mi caso me enviaron tres notificaciones en una semana, algo extraño que nunca se ha dado en los procesos judiciales y empezaron a llegar notificaciones cada dos días, las que supuestamente son cada tres días como máxima eficiencia que pudieran tener la administración para notificar.

No se podía llegar a Huancabamba desde Ayabaca porque hay que bajar de Ayabaca a Piura en un día, subir en otro día a Huancabamba y desde que llega la notificación hasta el traslado se pasaba el tiempo. Por lo tanto, no se podía ir, sin embargo ellos por teléfono nos enviaban estas notificaciones, nosotros queríamos comunicarnos con quien nos notificaba y nunca nos daban este tipo de información, ni a quien dirigirnos para pedir por ejemplo una fecha postergable para que nosotros pudiéramos asistir con tiempo, nunca se nos quiso decir. Nos decían: "nosotros no sabemos nada, sólo cumplimos órdenes y les entregamos la notificación". Entonces el problema era ese.

Después de la segunda notificación el 29 de noviembre llegó a mi casa la fiscal de Huancabamba junto con el comandante de la DININCRI (Dirección Nacional de Investigación Criminal), argumentando que están realizando la investigación del atentado del 1 de noviembre. Le dijeron a mi familia -porque yo no me encontraba en la casa- de que se me quería facilitar la manifestación que tenía que dar por los hechos del 1 de noviembre. La segunda notificación decía: "hechos de sangre en Huancabamba", es decir se me estaba incriminando en asesinatos, no era una cuestión de que diga usted se está presentando como testigo queremos que nos de alguna referencia, era una situación de involucramiento directo.

Mi hija me llamó por teléfono y me comunicó que se encontraba la fiscal con el comandante y cuatro policías en la puerta de mi casa esperando a ver si salía por algún lado, estaban vigilando las dos puertas. Cuando me comuniqué con los abogados me dijeron que no era dable que me presentara en esas condiciones porque era otra la intencionalidad de esta intervención en mi domicilio, más aún mi hija salió a buscarme por Ayabaca y el comandante les dijo a los policías que la siguieran para ver donde me encontraba. Esa es una situación que se está extendiendo, la persecución ya no sólo a mí como dirigente sino también a la familia y en este caso es un agravante de persecución.

Estaba en Ayabaca pero no en mi domicilio, entonces dejaron un acta donde hacían de conocimiento que tenía que presentarme en dos días, es decir el 1 de diciembre pero no estaba notificado, solamente en el acta de presencia que habían ido a notificarme. El lunes 30 recién me llega la notificación a eso de las diez de la mañana y me decían tiene que estar el día martes a las seis de la tarde en Huancabamba, me trasladé a Huancabamba esa tarde, dormí en Piura y volví a ir a Huancabamba en la tarde. Y la sorpresa fue que la fiscal no estaba a la hora de la manifestación, llegó más de una hora después y me dijo: "no era necesario que este acá, usted a podido dar su manifestación tranquilamente porque es simplemente en calidad de testigo".

Es decir a un testigo lo tienen que presionar para que vaya a manifestar, los testigos son voluntarios y no tienen porque ir policías ni fiscales a mi casa como presión para una manifestación de este tipo. Luego me decían que por qué he tenido que contarle a la prensa que enviaron policías y fiscales. Un poco como que bajaron la guardia gracias a que los medios de comunicación empezaron a denunciar este nuevo atentado de persecución con lo cual dimos nuestra manifestación junto con la abogada y nos dejaron salir a eso de las nueve de la noche en un descampado prácticamente. Porque el lugar donde se ha instalado la DININCRI en Huancabamba no es en la ciudad, es en un puesto de sanidad que queda en un paraje apartado de la población y esto se presta para muchas cosas como pueden ser las desapariciones que el Estado peruano ha realizado en muchos lugares del país.

A partir de ahí no tenemos el resultado, porque según nos dijeron tenían veinte días para la investigación cerrada, secreta sin informe de que manifestaba una persona ni la otra pero ha pasado más de un mes y no han elaborado el informe o el pliego de cargos que se nos pueda acusar. No sabemos en que situación está. Agradezco a los medios de comunicación solidarios sobre todo a los medios independientes que han podido hacer la denuncia y frenar un poco la intencionalidad de las detenciones arbitrarias.

- Es que el papel del estado peruano es el de un ejército privado de las transnacionales.

- Si hay intencionalidad en base a estos últimos decretos supremos que el gobierno le ha dado a la compañía Newmont y a otras empresas, les ha entregado 18 mil hectáreas en otra zona a vuelta de páramo de bosque de neblina, prácticamente el gobierno aprista ha entregado toda la cordillera de Ayabaca -frontera entre Ecuador y Perú-. Primero fue el gobierno de Alejandro Toledo con los decretos 022 y 023 del 2003 y ahora es el decreto 072 del 2009 de Alan García entregó la otra parte de la cordillera que faltaba. Eso es un grave atentado contra la ecología de la provincia donde nacen las aguas son plenos páramos, cordilleras desde donde bajan las aguas a Piura, si se llegan a desarrollar estos proyectos mineros en la parte alta Piura no va a tener agua ni las provincias del norte de la región Cajamarca como es San Ignacio y Jaén.

- Incluso circuló una versión muy publicitada por los medios de desinformación en el que culpaban al narcotráfico por el atentado a la minera Río Blanco.

- Claro, siempre tratan de mezclar un tema con otro para justificar lo que ellos mediante los medios grandes dijeron hay que militarizar la zona para pacificarla. O sea si no son terroristas son narcotraficantes o una alianza perversa entre el narcotráfico y el terrorismo para acabar con la inversión. Pero mira como confunden, se trata de una campaña psicosocial para que la población acepte la militarización en Ayabaca -cierto que está en la zona de frontera- pero no es para proteger nuestra frontera de enemigos externos sino para proteger a las empresas transnacionales y que desarrollen la destrucción de los ecosistemas. Entonces como no resultó esta acusación creo que están viendo otra estrategia para nuevamente poder asentar al ejército, porque esta vez quieren el ejército, no solamente está la DINOES que está ahí resguardando la empresa minera. Es decir, se han vuelto guardianes de las empresas mineras.

- Por eso amenazaron con que iban a instalar una base militar en Ayabaca.

- Claro, desde el gobierno empezaron a lanzar esa idea dirigida a nosotros. Es una prueba para captar la respuesta del pueblo que dirá si lo instalan o no. Sería un ensayo previo para que si en Ayabaca se militariza entonces pueden militarizar las otras zonas donde empiecen a surgir resistencias contras las transnacionales. El ensayo para ver si se militariza y silencia Ayabaca es porque esta es una de las comunidades más resistentes a la minería en Perú, entonces si les resulta favorable lo pueden aplicar en otros lugares. Esa es la intención.

http://bloglemu.blogspot.com/2010/02/estado-peruano-al-servicio-de-mineras.html
Blog del Proyecto Lemu 28/02/2010





ACUERDO AFECTA MEDIO AMBIENTE


El borrador del denominado “Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes a Brasil”, publicado por el ministerio de energía y Minas, tiene como objetivo establecer el marco legal que promueva y facilite el desarrollo de la infraestructura necesaria en el territorio peruano para la producción de electricidad tanto para el mercado interno como para la exportación.

La capacidad acumulada de todas las centrales hidroeléctricas será de 6,000 MW, es decir el acuerdo considerará la construcción de los cinco proyectos hidroeléctricos ya escogidos (Inambari, Paquitzapango, Mainique, Tambo 40 y Tambo 60), que totalizan una capacidad de generación eléctrica de 6,673 MW, según estudios preliminares.

Además, establece un plazo para las concesiones de generación eléctrica y de transmisión por 30 años, más los cinco que se requieran para su construcción, y a su vencimiento el titular de la concesión deberá transferir la propiedad de la infraestructura al estado peruano sin costo alguno incluidos sus respectivos contratos de suministro y servicios de transmisión. También detalla que la electricidad destinada a la exportación al mercado eléctrico brasileño, estará sujeta conforme a la regulación de dicho país.

Para la congresista Susana Vilca los cinco proyectos escogidos comprometen gravemente el medio ambiente, pues inundarían 410 km2 en Inambarí, después otra extensión similar de territorios de las comunidades asháninkas en el valle Ene con la central Paquitzapango, en Cusco; con el proyecto Mainique al menos 220 km2 serían inundados, y con los proyectos de Tambo 40 y Tambo 60 que aún no se conoce, pero por su ubicación también requerirán embalses de dimensiones similares a los demás proyectos.

Diario La Primera-Lima 27/02/2010

RESIDENTES DE TICACO RATIFICAN RECHAZO A PRESENCIA DE MINERA NEWMONT


La decisión fue unánime: los pobladores de la comunidad campesina de Ticaco hicieron público una vez más su rechazo a la instalación de la empresa minera Newmont en su jurisdicción.

Teresa Condori Mamani, presidenta de la Comisión de Regantes, indicó que se iniciarán las acciones para retirar de manera definitiva a la minera de la localidad.

"No vamos a permitir que ninguna empresa minera se instale aquí en Ticaco, y se que vamos a contar con el apoyo de toda la población y las autoridades del distrito y la provincia", indicó la pobladora.

Condori agregó que si es preciso realizarán marchas de sacrifico hasta la capital, para impedir que sus cultivos se vean afectados por la explotación minera y que la contaminación llegue a sus campos

Wilmer Ticona, residente de los ciudadanos ticaqueños en Tacna, que arribaron hasta la jurisdicción para participar de la asamblea en la que se evaluó la situación de la minera, señaló que se aunarán a todas las jornadas de protesta y acciones que se lleven adelante para defender la agricultura.

Los pobladores rechazaron además el olvido del que son objeto por parte del Gobierno Regional de Tacna, pues acusaron a su tituar, Hugo Ordóñez Salazar, de no mostrar interés en su lucha por retirar a la minera de su jurisdicción.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 27/02/2010





¿A DÓNDE VAN LOS PRECIOS DE LOS MINERALES?


El banco de inversión Natixis pronostica que en el 2010 los precios del cobre, zinc y plomo superarán a los del 2009 en 53%, 69% y 49%, respectivamente (ver cuadro). Dice que esto se debe, en buena medida, a que el crecimiento de la economía china permitirá mitigar el “paso de tortuga” de los países industrializados.

Por tanto, recomienda a sus clientes invertir en “commodities”: “los metales siguen ganando aceptación como activos de inversión y son cada vez más usados por los fondos de inversión para diversificar sus portafolios”. Y agregan: “la única razón para temer algún peligro son las ganancias excepcionales del 2009, que han dejado los precios muy por encima de los costos marginales de producción. Esto podría llevar potencialmente a algunas “tomas de ganancias”, pero, con todo, eso no debiera llevar a un éxodo masivo del sector” (www.mineweb.com, 24/02/2010).

El súper optimismo de Natixis contrasta con la visión del conocido analista David Threlkeld: “una catástrofe acecha al precio del cobre, que podría bajar hasta menos de 1 dólar la libra porque fueron especuladores los que compraron el año pasado más del 90% del cobre. No importa si fueron fondos especulativos en las bolsas o los especuladores chinos criadores de chanchos, la cuestión es que ese cobre va a regresar al mercado y el precio se va a caer” (www.bloomberg.com, 02/02/2010).

Agrega: “China tiene 3 millones de toneladas de cobre comprado, pero del cual no ha informado. Como China consumió cerca de 5 millones de toneladas el 2009, eso significa que el cobre no reportado equivale a 7 meses de su demanda”. Demasiado.

Dicho esto, si bien ambos análisis difieren en su pronóstico, están de acuerdo en un hecho central: que el alza del precio del cobre de los últimos años tiene un componente real y otro especulativo.

A mediados del 2008 estalló la burbuja especulativa y comenzó la recesión mundial, con lo que los precios cayeron y, en el Perú, la recaudación por impuesto a la renta de las empresas mineras bajó 57%, pasando de S/. 6,700 a 3,000 millones del 2008 al 2009. Pero desde mediados del 2009 los precios del cobre, zinc y plomo han vuelto a subir (el oro nunca cayó) y en el 2010 y el 2011 seguirían súper altos (con optimistas y catastrofistas de por medio).

Por eso Natixis dice bien claro que “los precios están muy por encima de los costos marginales de producción”, lo que quiere decir que las empresas mineras vuelven a tener ganancias extraordinarias.

¿Qué nos debiera interesar a los peruanos? El efecto fiscal del alza del precio del cobre y los demás minerales. La cuestión es que como el gobierno aprista rehusó plantear el impuesto a las sobreganancias mineras que prometió en la campaña electoral del 2006, la recaudación fiscal fue solo el impuesto a la renta, mientras las empresas mineras tuvieron utilidades netas por US$ 12,500 millones del 2007 al 2009. Con impuesto a las sobreganancias no hubiéramos tenido déficit fiscal. Enorme oportunidad perdida.

Vamos a seguir, entonces, con una presión tributaria mínima (13.7% del PBI), lo que nos llevaría a otro déficit fiscal en el 2010.

Justo cuando las presiones sociales están poniendo sobre el tapete la necesidad de mayores recursos para inversión y una pugna distributiva. Pero el gobierno no quiere saber nada sobre el impuesto a las sobreganancias y, más bien, está planteando que nos endeudemos en el exterior hasta por US$ 5,000 millones. Así vamos.

Diario La República-Lima 27/02/2010