CONACAMI SE SUMA A RECHAZO Y PROTESTA CONTRA LEY DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
Se unió al rechazo. El presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, también consideró que la tentativa de legalizar el desplazamiento forzado de poblaciones con el pretexto de proyectos de desarrollo “de interés nacional” es una nueva fórmula de expropiación de parte del gobierno.
“El gobierno ha estado pensando en la forma de despojar a las comunidades para permitir el acceso de las mineras y las petroleras en los Andes y en la Amazonía”, sostuvo el dirigente campesino.
Además, señaló que el gobierno viene llevando este propósito a niveles de confrontación con las comunidades nativas de todo el país, “sin medir las consecuencias de lo que eso significa”.
En otro momento, Mario Palacios calificó de “agresivo” el comportamiento del gobierno hacia los pueblos originarios y que responde a que tiene grandes compromisos con las transnacionales y grupos de poder en el país.
Sobretodo, resaltó el vínculo de las autoridades con la actividades minera, maderera y de hidrocarburos que intenta promover el gobierno por sobre las protestas de los pueblos indígenas, que reclaman la consulta previa, libre e informada.
“Así, tenemos que más del 75% de la Amazonía ya se encuentra concesionada para realizar proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, mientras que en la sierra ya están comprometidas 19 millones y medio de hectáreas con proyectos mineros”, indicó.
No permitirán desplazamientos
Finalmente, el presidente de CONACAMI dijo que las comunidades no permitirán que “normas como el proyecto modificatorio del artículo 8 de la ley 28223, de desplazamientos internos, pasen impunemente y van a responder con energía” para preservar su unidad territorial.
Informó que el 22 de febrero pasado, cuando hubo una marcha pacífica para rechazar el informe de una comisión oficialista sobre los hechos de la Curva del Diablo, la población amazónica reinició sus acciones de rechazo a la política del gobierno con respecto a la Amazonía.
Agregó que a estas manifestaciones se sumarán las demandas de las comunidades del Ande que también están en riesgo.
“A partir de esta fecha hemos dado inicio a una nueva etapa para que nuestros derechos sean realmente respetados, que se caracterizará por una respuesta más contundente y que se desarrollará progresivamente hasta mediados de este año”.
Se unió al rechazo. El presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios, también consideró que la tentativa de legalizar el desplazamiento forzado de poblaciones con el pretexto de proyectos de desarrollo “de interés nacional” es una nueva fórmula de expropiación de parte del gobierno.
“El gobierno ha estado pensando en la forma de despojar a las comunidades para permitir el acceso de las mineras y las petroleras en los Andes y en la Amazonía”, sostuvo el dirigente campesino.
Además, señaló que el gobierno viene llevando este propósito a niveles de confrontación con las comunidades nativas de todo el país, “sin medir las consecuencias de lo que eso significa”.
En otro momento, Mario Palacios calificó de “agresivo” el comportamiento del gobierno hacia los pueblos originarios y que responde a que tiene grandes compromisos con las transnacionales y grupos de poder en el país.
Sobretodo, resaltó el vínculo de las autoridades con la actividades minera, maderera y de hidrocarburos que intenta promover el gobierno por sobre las protestas de los pueblos indígenas, que reclaman la consulta previa, libre e informada.
“Así, tenemos que más del 75% de la Amazonía ya se encuentra concesionada para realizar proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, mientras que en la sierra ya están comprometidas 19 millones y medio de hectáreas con proyectos mineros”, indicó.
No permitirán desplazamientos
Finalmente, el presidente de CONACAMI dijo que las comunidades no permitirán que “normas como el proyecto modificatorio del artículo 8 de la ley 28223, de desplazamientos internos, pasen impunemente y van a responder con energía” para preservar su unidad territorial.
Informó que el 22 de febrero pasado, cuando hubo una marcha pacífica para rechazar el informe de una comisión oficialista sobre los hechos de la Curva del Diablo, la población amazónica reinició sus acciones de rechazo a la política del gobierno con respecto a la Amazonía.
Agregó que a estas manifestaciones se sumarán las demandas de las comunidades del Ande que también están en riesgo.
“A partir de esta fecha hemos dado inicio a una nueva etapa para que nuestros derechos sean realmente respetados, que se caracterizará por una respuesta más contundente y que se desarrollará progresivamente hasta mediados de este año”.
http://www.servindi.org/actualidad/22907
Servindi-Lima 01/03/2010
OIT EXIGE AL GOBIERNO DETENER EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS QUE AFECTEN A PPII
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió el jueves al gobierno peruano detener las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas.
Tal solicitud se efectuó “en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza”.
El citado organismo de la ONU efectuó tal pedido en el Informe 2010 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en el que también se exige una investigación veraz, pronta e imparcial de los sucesos de Bagua.
También se pidió el respeto del derecho a la consulta a los pueblos indígenas antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les afecten, así como otros aspectos del Convenio 169 de la OIT que el Perú está obligado a cumplir.
La sección del informe correspondiente al Perú puede ser leída acá: http://servindi.org/pdf/OIT_CE_Peru2010.pdf
Más información:
- Perú: Observaciones de la OIT al Estado despiertan adhesión en instituciones sociales.
- Perú: ¿Republiqueta? OIT exige 12 puntos para cumplir convenio sobre pueblos indígenas.
Resumen de 12 puntos exigidos por la OIT:
1. Suspender actividades de exploración y explotación de recursos naturales en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados (p. 902).
2. Derecho de los pueblos a establecer sus propias prioridades de desarrollo nacional y regional (p. 902).
3. “Sin demora”, poner la legislación y la práctica nacionales de conformidad con el Convenio. Las leyes deben adecuarse al 169 y no al revés. (p. 899, 900).
4. El Convenio protege no solo a las tierras con título sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan (p. 902); y el gobierno debe garantizar sus derechos de protección, propiedad y posesión (p. 903).
5. El Decreto Legislativo Nº 994 de irrigaciones en tierras eriazas, no tutela el derecho indígena a sus tierras tradicionales cuando carecen del título formal de propiedad (p. 902).
6. Pueblos indígenas deben participar y ser consultados antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les afecten (p. 901).
7. La “consulta” que entiende el gobierno como “intercambios de puntos de vista”, “talleres de información o socialización” para el “mejor entendimiento de los beneficios”, o la “participación después de aprobadas las concesiones mineras”, no cumplen los requisitos del Convenio 169 (p. 902).
8. Vigencia del criterio fundamental de autoidentificación, respecto a los pueblos cubiertos por el Convenio (p. 899).
9. No puede exigirse la “posesión de un área de tierra” para dicha identificación. Siguen siendo indígenas quienes reivindican tierras ancestrales perdidas (p. 899).
10. Los sucesos de Bagua y la grave situación actual surge de los decretos legislativos sobre recursos naturales en territorios tradicionales indígenas (p. 899).
11. “Tome sin demora” medidas para una investigación eficaz, pronta e imparcial de los sucesos de Bagua (p. 899).
12. Asegurar participación indígena efectiva en la reforma del INDEPA y programas que los afecten y que tengan los medios necesarios, independencia e influencia real (p. 901).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió el jueves al gobierno peruano detener las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas.
Tal solicitud se efectuó “en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza”.
El citado organismo de la ONU efectuó tal pedido en el Informe 2010 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT en el que también se exige una investigación veraz, pronta e imparcial de los sucesos de Bagua.
También se pidió el respeto del derecho a la consulta a los pueblos indígenas antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les afecten, así como otros aspectos del Convenio 169 de la OIT que el Perú está obligado a cumplir.
La sección del informe correspondiente al Perú puede ser leída acá: http://servindi.org/pdf/OIT_CE_Peru2010.pdf
Más información:
- Perú: Observaciones de la OIT al Estado despiertan adhesión en instituciones sociales.
- Perú: ¿Republiqueta? OIT exige 12 puntos para cumplir convenio sobre pueblos indígenas.
Resumen de 12 puntos exigidos por la OIT:
1. Suspender actividades de exploración y explotación de recursos naturales en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados (p. 902).
2. Derecho de los pueblos a establecer sus propias prioridades de desarrollo nacional y regional (p. 902).
3. “Sin demora”, poner la legislación y la práctica nacionales de conformidad con el Convenio. Las leyes deben adecuarse al 169 y no al revés. (p. 899, 900).
4. El Convenio protege no solo a las tierras con título sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan (p. 902); y el gobierno debe garantizar sus derechos de protección, propiedad y posesión (p. 903).
5. El Decreto Legislativo Nº 994 de irrigaciones en tierras eriazas, no tutela el derecho indígena a sus tierras tradicionales cuando carecen del título formal de propiedad (p. 902).
6. Pueblos indígenas deben participar y ser consultados antes de la adopción de medidas legislativas o administrativas que les afecten (p. 901).
7. La “consulta” que entiende el gobierno como “intercambios de puntos de vista”, “talleres de información o socialización” para el “mejor entendimiento de los beneficios”, o la “participación después de aprobadas las concesiones mineras”, no cumplen los requisitos del Convenio 169 (p. 902).
8. Vigencia del criterio fundamental de autoidentificación, respecto a los pueblos cubiertos por el Convenio (p. 899).
9. No puede exigirse la “posesión de un área de tierra” para dicha identificación. Siguen siendo indígenas quienes reivindican tierras ancestrales perdidas (p. 899).
10. Los sucesos de Bagua y la grave situación actual surge de los decretos legislativos sobre recursos naturales en territorios tradicionales indígenas (p. 899).
11. “Tome sin demora” medidas para una investigación eficaz, pronta e imparcial de los sucesos de Bagua (p. 899).
12. Asegurar participación indígena efectiva en la reforma del INDEPA y programas que los afecten y que tengan los medios necesarios, independencia e influencia real (p. 901).
http://www.servindi.org/actualidad/22939
Servindi-Lima 01/03/2010
DENUNCIAN SISTEMÁTICA VIOLACIÓN A DERECHOS DE LAS COMUNIDADES
El reciente informe de la OIT corrobora la sistemática violación de parte del Estado a los derechos que asisten a las comunidades nativas, señaló Hernán Coronado, responsable de la Mesa de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
A través de la CNR, Coronado opinó sobre el documento donde la OIT solicitó al Perú que suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afecten a los pueblos nativos, hasta que asegure la aplicación del derecho a la consulta fijado en el Convenio 169 que el Estado peruano firmó en 1992.
El representante de la CNDDHH recordó que no es la primera vez que la OIT invoca al Estado a poner freno a ese tipo de actividades. En ese sentido, destacó que éste será usado como instrumento jurídico para reivindicar los derechos de los pueblos amazónicos y andinos.
"El Estado está en la obligación de levantar las observaciones de la OIT. Esperemos que responda esta comunicación con medidas específicas", remarcó.
Agregó que antes que políticas de integración, lo que se requiere son medidas que impulsen la inclusión; es decir, que se reconozca el derecho de las comunidades a seguir sus propias prioridades de desarrollo.
De igual manera, es menester que estas medidas se adecuen - a través de programas y políticas- donde los pueblos indígenas puedan participar. Además, se pide promover la institucionalidad en materia de comunidades, asegurando su participación en la vida del país.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/03/2010
ALERTAN CONTRA EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS DE COMUNIDADES
Desde hace cuatro días, LA PRIMERA intenta comunicarse con el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, para conocer su opinión sobre el tema, pero no obtenemos respuesta.
El constitucionalista César Valega señaló ayer que antes de que el pleno del Congreso discuta el proyecto de ley que modifica el artículo 8, de la ley Nº 28223 sobre los desplazamientos internos, las comisiones parlamentarias de Justicia y de la Mujer deben tener en cuenta que las propiedades comunales están protegidas por la Constitución.
Por tal motivo, indicó Valega, el Estado no puede atentar en absoluto contra este derecho de propiedad de las comunidades. Agregó que “la Constitución de 1979 prohibía toda venta (de territorios), salvo que los comuneros lo pidieran y fueran de interés colectivo y todo intento de desplazar o expropiar los territorios de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, no sólo sería ilegal sino que el gobierno de Alan García cometería el mismo error de abrir la selva a las empresas privadas que trajo como consecuencia el baguazo”.
Además, el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal y solamente puede pasar al Estado cuando una comunidad la abandona. “Sin embargo, en este caso no pasa nada de eso porque hasta cuando se quiere expropiar un terreno privado tiene que justificarlo y con la debida compensación”, insistió el especialista.
Por otro lado, cuando se habla de empresas transnacionales no se habla de interés público sino que es un interés privado. Por lo tanto, esa modificación de ley sobre los desplazamientos internos, no prosperará nacional ni internacionalmente porque en el mundo se protegen los territorios de las comunidades o asociaciones originarias.
Agregó que este nuevo intento del presidente García de perjudicar a las comunidades andinas -comenzó con las amazónicas- se debe a su tesis neoliberal de “implantar la propiedad privada” que daba a conocer en su libro “La revolución constructiva del aprismo” y que los aprista siguen porque (Alan) significa los votos aunque no creo que pueda imponer esta ley porque ya no le salen bien las cosas y vienen las elecciones”.
Valega también recalcó que el mandatario ya no tiene la ideología del aprismo por su legendario líder Víctor Raúl Haya de la Torre fue un defensor originario a principio de los 20, de las comunidades y que volvería a morirse si viera lo que está haciendo en estos momentos. “Haya, Mariátegui y Valcárcel, podrían discrepar en muchas cosas, pero siempre estaban de acuerdo en el respeto a las comunidades indígenas”, indicó.
Por su parte, el legislador Yonhy Lescano, indicó que el Ejecutivo tendrá que retirar el proyecto porque ésta no prosperará en la Comisión de Justicia por atentar contra todos los derechos adquiridos por las comunidades indígenas. “Es una camuflada violación de los derechos constitucionales porque para todos tenemos derecho a domicilio y aquí se está violando el derecho a residencia de manera colectiva y se está destruyendo el medio ambiente”.
“Tratan de beneficiar a las transnacionales bajo el pretexto el ‘interés nacional’ y con el pretexto de hacer obras de envergadura con un costo altísimo de la actividad agropecuaria porque se va a destruir el medio ambiente, se va a destrozar carreteras y afectar con bióxido de carbono”, indicó.
Desde hace cuatro días, LA PRIMERA intenta comunicarse con el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, para conocer su opinión sobre el tema, pero no obtenemos respuesta.
El constitucionalista César Valega señaló ayer que antes de que el pleno del Congreso discuta el proyecto de ley que modifica el artículo 8, de la ley Nº 28223 sobre los desplazamientos internos, las comisiones parlamentarias de Justicia y de la Mujer deben tener en cuenta que las propiedades comunales están protegidas por la Constitución.
Por tal motivo, indicó Valega, el Estado no puede atentar en absoluto contra este derecho de propiedad de las comunidades. Agregó que “la Constitución de 1979 prohibía toda venta (de territorios), salvo que los comuneros lo pidieran y fueran de interés colectivo y todo intento de desplazar o expropiar los territorios de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, no sólo sería ilegal sino que el gobierno de Alan García cometería el mismo error de abrir la selva a las empresas privadas que trajo como consecuencia el baguazo”.
Además, el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal y solamente puede pasar al Estado cuando una comunidad la abandona. “Sin embargo, en este caso no pasa nada de eso porque hasta cuando se quiere expropiar un terreno privado tiene que justificarlo y con la debida compensación”, insistió el especialista.
Por otro lado, cuando se habla de empresas transnacionales no se habla de interés público sino que es un interés privado. Por lo tanto, esa modificación de ley sobre los desplazamientos internos, no prosperará nacional ni internacionalmente porque en el mundo se protegen los territorios de las comunidades o asociaciones originarias.
Agregó que este nuevo intento del presidente García de perjudicar a las comunidades andinas -comenzó con las amazónicas- se debe a su tesis neoliberal de “implantar la propiedad privada” que daba a conocer en su libro “La revolución constructiva del aprismo” y que los aprista siguen porque (Alan) significa los votos aunque no creo que pueda imponer esta ley porque ya no le salen bien las cosas y vienen las elecciones”.
Valega también recalcó que el mandatario ya no tiene la ideología del aprismo por su legendario líder Víctor Raúl Haya de la Torre fue un defensor originario a principio de los 20, de las comunidades y que volvería a morirse si viera lo que está haciendo en estos momentos. “Haya, Mariátegui y Valcárcel, podrían discrepar en muchas cosas, pero siempre estaban de acuerdo en el respeto a las comunidades indígenas”, indicó.
Por su parte, el legislador Yonhy Lescano, indicó que el Ejecutivo tendrá que retirar el proyecto porque ésta no prosperará en la Comisión de Justicia por atentar contra todos los derechos adquiridos por las comunidades indígenas. “Es una camuflada violación de los derechos constitucionales porque para todos tenemos derecho a domicilio y aquí se está violando el derecho a residencia de manera colectiva y se está destruyendo el medio ambiente”.
“Tratan de beneficiar a las transnacionales bajo el pretexto el ‘interés nacional’ y con el pretexto de hacer obras de envergadura con un costo altísimo de la actividad agropecuaria porque se va a destruir el medio ambiente, se va a destrozar carreteras y afectar con bióxido de carbono”, indicó.
Diario La Primera-Lima 01/03/2010
Está en la mira el 75% de la Amazonía y más de 19 millones de hectáreas en la sierra.
DESPLAZAR A POBLADORES ES OTRA FORMA DE EXPROPIACIÓN
La tentativa de legalizar el desplazamiento forzado de poblaciones con el pretexto de proyectos de desarrollo “de interés nacional” es una nueva fórmula del gobierno para apropiarse de las tierras de las comunidades andinas y amazónicas y entregarlas a la voracidad de los grandes inversionistas, sostuvo el presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios.
Desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 1770 (en el 2007, para autorizar a Cofopri el saneamiento territorial de las comunidades nativas y campesinas), iniciativas legislativas y los propios decretos relacionados con la Amazonía, el gobierno ha estado pensando en la forma de despojar a las comunidades para permitir el acceso de las mineras y las petroleras en los Andes y en la Amazonía, expresó el dirigente.
El gobierno está llevando este propósito a niveles de confrontación con las comunidades, sin medir las consecuencias de lo que eso significa.
Este comportamiento agresivo del gobierno hacia los pueblos originarios responde a que tiene grandes compromisos con las transnacionales y grupos de poder en el país, para la explotación sin medida de los recursos naturales de la selva y el Ande.
Así, tenemos que más del 75% de la Amazonía ya se encuentra concesionada para realizar proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, mientras que en la sierra ya están comprometidas 19 millones y medio de hectáreas con proyectos mineros, indicó.
Palacios dijo, sin embargo, que las comunidades no van a permitir que normas como el proyecto modificatorio del artículo 8 de la ley 28223, de desplazamientos internos, pasen impunemente y van a responder con energía para preservar su unidad territorial.
El presidente de Conacami informó que el 22 de febrero pasado, cuando hubo una marcha pacífica para rechazar el informe de una comisión oficialista sobre el baguazo y plantear diversas demandas, la población amazónica ha reiniciado sus acciones de rechazo a la política del gobierno con respecto a la Amazonía, a las que ahora se sumarán las demandas de las comunidades del Ande que también están en riesgo.
A partir de esta fecha hemos dado inicio a una nueva etapa para que nuestros derechos sean realmente respetados, que se caracterizará por una respuesta más contundente y que se desarrollará progresivamente hasta mediados de este año en que se conmemorará el primer aniversario del baguazo, cuando habrá una movilización nacional, indicó Palacios.
Diario La Primera-Lima 01/03/2010
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PRESENTA NIVELES MUY ALTOS EN CAJAMARCA
Los habitantes de Cajamarca deben proteger su piel de la exposición al sol por esta temporada porque aún cuando no exista brillo o mucha iluminación, la radiación ultravioleta (UV) registra niveles muy altos que amenazan la salud, advierten funcionarios del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
La institución viene informando de acuerdo al monitoreo realizado sobre los índices de radiación ultravioleta, éstos se encuentran en niveles superiores comparados con años anteriores.
“Estamos en la estación de verano y estos valores altos continuarán hasta el mes de marzo, lo que podría afectar la salud de las personas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias antes de exponerse al sol”, indica SENAMHI en nota de prensa.
Señaló que las horas de máxima radiación son entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo que las personas –sobre todo aquellas que permanecen mucho tiempo en la playa, vía pública o expuestas directamente al sol- deben de utilizar gorros, sombreros y lentes de sol con filtros para radiación UV.
Cajamarca, registró el fin de semana altos niveles de radiación ultravioleta (UVB), según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), alcanzando entre 10 y11 puntos de radiación, considerado índice de riesgo muy alto, precisó la institución.
ALGO MÁS
La radiación ultravioleta suele estar asociada al cáncer de la piel y cataratas, de no tomarse las precauciones del caso como uso de bloqueadores, sombreros o lentes oscuros con protección UVB
Diario El Mercurio-Cajamarca 01/03/2010
ESTADO PERUANO AL SERVICIO DE MINERAS
Mientras la clase dominante -mediante los medios de desinformación- empieza a preparar el ambiente de las elecciones presidenciales 2011 para escoger que candidato será el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno, las comunidades campesinas de Ayabaca, Piura siguen combatiendo a las transnacionales que a sangre y fuego -y con ayuda del gobierno- intentan imponer la explotación minera aunque los pueblos no estén de acuerdo, porque dañará el medio ambiente y los dejará sin agua.
Upsidedownworld entrevistó a un referente de estas luchas, Mario Tavra Guerrero, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Vida y el Agro de Ayabaca.
- En el contexto de militarización de los territorios y la criminalización de la protesta en Ayabaca. ¿Cómo están tus procesos judiciales?
- Siguen abiertos, incluso estoy con una comparecencia restringida en la cual no puedo salir de la localidad de Ayabaca sin previa autorización del juez. Y esa es prácticamente otra forma de seguimiento a mis actividades. Como persona y como ciudadano debería realizar actividades y tener tránsito libre en mi país, pero esta comparecencia la han hecho para que no realice ningún tipo de actividades ni coordinaciones con nadie.
- ¿Esto es porque en el 2005 participe en las resistencias contra la empresa minera Majaz?
- Sí, donde se me sigue acusando a pesar de que las pruebas no determinan de que le arrebate el arma a un capitán de la policía perteneciente a la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales), dicen que le disparé, sustraje el arma y me la llevé. Cuando ocurrió todo lo contrario, fui detenido, torturado durante tres días y por lo tanto, no había opción para estar sustrayendo armas ni enfrentamientos de ese tipo. Y más aún cuando nos hicieron la prueba de absorción atómica no nos encontraron ninguna sustancia de haber percutado armas. Por lo tanto no tiene sustento, además de las contradicciones del mismo capitán que no sabe que hacía ni como era el sujeto a quien dice se enfrentó. Encima en su primera versión aseguró que le habían forcejeado, no arrebatado el arma y esta se había disparado casualmente. Después dijo que yo se la había arrebatado. Hay un montón de contradicciones por las que deberían suspender este juicio, sin embargo nos mantienen controlados bajo estas acusaciones.
- Con la justificación de buscar culpables del atentado a las instalaciones de la minera Río Branco te siguen persiguiendo...
- A raíz de la gran resistencia que vienen ofreciendo las comunidades campesinas que en grandes asambleas acordaron no aceptar la minería y al parecer acabársele los plazos al presidente Alan García para entregar estos territorios y se inicie la exploración como el de las transnacionales Newmont y la Sigiminim para la explotación minera se ha empezado a desatar una fuerte persecución criminalizando todo tipo de resistencia. Precisamente, el 1 de noviembre del 2009 hubo un atentado bastante extraño en el campamento Río Blanco, en un primer momento se quiso involucrar a las comunidades campesinas de que eran las autoras de este atentado donde murieron lastimosamente trabajadores de las empresa minera, que no son más que los mismos comuneros de Huancabamba que estaban laborando ahí y el administrador.
Entonces a raíz de este atentado bastante extraño se nos quiso involucrar a los que estábamos en la defensa del medio ambiente, primero mediante los medios de comunicación se trató de decir de que eran ambientalistas, terroristas y aliados con el narcotráfico los que no querían la presencia minera y por eso realizaban este tipo de atentados. Después de esto como no pudieron demostrar esta hipótesis empezaron a notificar, en mi caso me enviaron tres notificaciones en una semana, algo extraño que nunca se ha dado en los procesos judiciales y empezaron a llegar notificaciones cada dos días, las que supuestamente son cada tres días como máxima eficiencia que pudieran tener la administración para notificar.
No se podía llegar a Huancabamba desde Ayabaca porque hay que bajar de Ayabaca a Piura en un día, subir en otro día a Huancabamba y desde que llega la notificación hasta el traslado se pasaba el tiempo. Por lo tanto, no se podía ir, sin embargo ellos por teléfono nos enviaban estas notificaciones, nosotros queríamos comunicarnos con quien nos notificaba y nunca nos daban este tipo de información, ni a quien dirigirnos para pedir por ejemplo una fecha postergable para que nosotros pudiéramos asistir con tiempo, nunca se nos quiso decir. Nos decían: "nosotros no sabemos nada, sólo cumplimos órdenes y les entregamos la notificación". Entonces el problema era ese.
Después de la segunda notificación el 29 de noviembre llegó a mi casa la fiscal de Huancabamba junto con el comandante de la DININCRI (Dirección Nacional de Investigación Criminal), argumentando que están realizando la investigación del atentado del 1 de noviembre. Le dijeron a mi familia -porque yo no me encontraba en la casa- de que se me quería facilitar la manifestación que tenía que dar por los hechos del 1 de noviembre. La segunda notificación decía: "hechos de sangre en Huancabamba", es decir se me estaba incriminando en asesinatos, no era una cuestión de que diga usted se está presentando como testigo queremos que nos de alguna referencia, era una situación de involucramiento directo.
Mi hija me llamó por teléfono y me comunicó que se encontraba la fiscal con el comandante y cuatro policías en la puerta de mi casa esperando a ver si salía por algún lado, estaban vigilando las dos puertas. Cuando me comuniqué con los abogados me dijeron que no era dable que me presentara en esas condiciones porque era otra la intencionalidad de esta intervención en mi domicilio, más aún mi hija salió a buscarme por Ayabaca y el comandante les dijo a los policías que la siguieran para ver donde me encontraba. Esa es una situación que se está extendiendo, la persecución ya no sólo a mí como dirigente sino también a la familia y en este caso es un agravante de persecución.
Estaba en Ayabaca pero no en mi domicilio, entonces dejaron un acta donde hacían de conocimiento que tenía que presentarme en dos días, es decir el 1 de diciembre pero no estaba notificado, solamente en el acta de presencia que habían ido a notificarme. El lunes 30 recién me llega la notificación a eso de las diez de la mañana y me decían tiene que estar el día martes a las seis de la tarde en Huancabamba, me trasladé a Huancabamba esa tarde, dormí en Piura y volví a ir a Huancabamba en la tarde. Y la sorpresa fue que la fiscal no estaba a la hora de la manifestación, llegó más de una hora después y me dijo: "no era necesario que este acá, usted a podido dar su manifestación tranquilamente porque es simplemente en calidad de testigo".
Es decir a un testigo lo tienen que presionar para que vaya a manifestar, los testigos son voluntarios y no tienen porque ir policías ni fiscales a mi casa como presión para una manifestación de este tipo. Luego me decían que por qué he tenido que contarle a la prensa que enviaron policías y fiscales. Un poco como que bajaron la guardia gracias a que los medios de comunicación empezaron a denunciar este nuevo atentado de persecución con lo cual dimos nuestra manifestación junto con la abogada y nos dejaron salir a eso de las nueve de la noche en un descampado prácticamente. Porque el lugar donde se ha instalado la DININCRI en Huancabamba no es en la ciudad, es en un puesto de sanidad que queda en un paraje apartado de la población y esto se presta para muchas cosas como pueden ser las desapariciones que el Estado peruano ha realizado en muchos lugares del país.
A partir de ahí no tenemos el resultado, porque según nos dijeron tenían veinte días para la investigación cerrada, secreta sin informe de que manifestaba una persona ni la otra pero ha pasado más de un mes y no han elaborado el informe o el pliego de cargos que se nos pueda acusar. No sabemos en que situación está. Agradezco a los medios de comunicación solidarios sobre todo a los medios independientes que han podido hacer la denuncia y frenar un poco la intencionalidad de las detenciones arbitrarias.
- Es que el papel del estado peruano es el de un ejército privado de las transnacionales.
- Si hay intencionalidad en base a estos últimos decretos supremos que el gobierno le ha dado a la compañía Newmont y a otras empresas, les ha entregado 18 mil hectáreas en otra zona a vuelta de páramo de bosque de neblina, prácticamente el gobierno aprista ha entregado toda la cordillera de Ayabaca -frontera entre Ecuador y Perú-. Primero fue el gobierno de Alejandro Toledo con los decretos 022 y 023 del 2003 y ahora es el decreto 072 del 2009 de Alan García entregó la otra parte de la cordillera que faltaba. Eso es un grave atentado contra la ecología de la provincia donde nacen las aguas son plenos páramos, cordilleras desde donde bajan las aguas a Piura, si se llegan a desarrollar estos proyectos mineros en la parte alta Piura no va a tener agua ni las provincias del norte de la región Cajamarca como es San Ignacio y Jaén.
- Incluso circuló una versión muy publicitada por los medios de desinformación en el que culpaban al narcotráfico por el atentado a la minera Río Blanco.
- Claro, siempre tratan de mezclar un tema con otro para justificar lo que ellos mediante los medios grandes dijeron hay que militarizar la zona para pacificarla. O sea si no son terroristas son narcotraficantes o una alianza perversa entre el narcotráfico y el terrorismo para acabar con la inversión. Pero mira como confunden, se trata de una campaña psicosocial para que la población acepte la militarización en Ayabaca -cierto que está en la zona de frontera- pero no es para proteger nuestra frontera de enemigos externos sino para proteger a las empresas transnacionales y que desarrollen la destrucción de los ecosistemas. Entonces como no resultó esta acusación creo que están viendo otra estrategia para nuevamente poder asentar al ejército, porque esta vez quieren el ejército, no solamente está la DINOES que está ahí resguardando la empresa minera. Es decir, se han vuelto guardianes de las empresas mineras.
- Por eso amenazaron con que iban a instalar una base militar en Ayabaca.
- Claro, desde el gobierno empezaron a lanzar esa idea dirigida a nosotros. Es una prueba para captar la respuesta del pueblo que dirá si lo instalan o no. Sería un ensayo previo para que si en Ayabaca se militariza entonces pueden militarizar las otras zonas donde empiecen a surgir resistencias contras las transnacionales. El ensayo para ver si se militariza y silencia Ayabaca es porque esta es una de las comunidades más resistentes a la minería en Perú, entonces si les resulta favorable lo pueden aplicar en otros lugares. Esa es la intención.
http://bloglemu.blogspot.com/2010/02/estado-peruano-al-servicio-de-mineras.html
Blog del Proyecto Lemu 28/02/2010
ACUERDO AFECTA MEDIO AMBIENTE
El borrador del denominado “Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes a Brasil”, publicado por el ministerio de energía y Minas, tiene como objetivo establecer el marco legal que promueva y facilite el desarrollo de la infraestructura necesaria en el territorio peruano para la producción de electricidad tanto para el mercado interno como para la exportación.
La capacidad acumulada de todas las centrales hidroeléctricas será de 6,000 MW, es decir el acuerdo considerará la construcción de los cinco proyectos hidroeléctricos ya escogidos (Inambari, Paquitzapango, Mainique, Tambo 40 y Tambo 60), que totalizan una capacidad de generación eléctrica de 6,673 MW, según estudios preliminares.
Además, establece un plazo para las concesiones de generación eléctrica y de transmisión por 30 años, más los cinco que se requieran para su construcción, y a su vencimiento el titular de la concesión deberá transferir la propiedad de la infraestructura al estado peruano sin costo alguno incluidos sus respectivos contratos de suministro y servicios de transmisión. También detalla que la electricidad destinada a la exportación al mercado eléctrico brasileño, estará sujeta conforme a la regulación de dicho país.
Para la congresista Susana Vilca los cinco proyectos escogidos comprometen gravemente el medio ambiente, pues inundarían 410 km2 en Inambarí, después otra extensión similar de territorios de las comunidades asháninkas en el valle Ene con la central Paquitzapango, en Cusco; con el proyecto Mainique al menos 220 km2 serían inundados, y con los proyectos de Tambo 40 y Tambo 60 que aún no se conoce, pero por su ubicación también requerirán embalses de dimensiones similares a los demás proyectos.
Diario La Primera-Lima 27/02/2010
DESPLAZAR A POBLADORES ES OTRA FORMA DE EXPROPIACIÓN
La tentativa de legalizar el desplazamiento forzado de poblaciones con el pretexto de proyectos de desarrollo “de interés nacional” es una nueva fórmula del gobierno para apropiarse de las tierras de las comunidades andinas y amazónicas y entregarlas a la voracidad de los grandes inversionistas, sostuvo el presidente de la Confederación de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), Mario Palacios.
Desde que el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 1770 (en el 2007, para autorizar a Cofopri el saneamiento territorial de las comunidades nativas y campesinas), iniciativas legislativas y los propios decretos relacionados con la Amazonía, el gobierno ha estado pensando en la forma de despojar a las comunidades para permitir el acceso de las mineras y las petroleras en los Andes y en la Amazonía, expresó el dirigente.
El gobierno está llevando este propósito a niveles de confrontación con las comunidades, sin medir las consecuencias de lo que eso significa.
Este comportamiento agresivo del gobierno hacia los pueblos originarios responde a que tiene grandes compromisos con las transnacionales y grupos de poder en el país, para la explotación sin medida de los recursos naturales de la selva y el Ande.
Así, tenemos que más del 75% de la Amazonía ya se encuentra concesionada para realizar proyectos de exploración y explotación minera y petrolera, mientras que en la sierra ya están comprometidas 19 millones y medio de hectáreas con proyectos mineros, indicó.
Palacios dijo, sin embargo, que las comunidades no van a permitir que normas como el proyecto modificatorio del artículo 8 de la ley 28223, de desplazamientos internos, pasen impunemente y van a responder con energía para preservar su unidad territorial.
El presidente de Conacami informó que el 22 de febrero pasado, cuando hubo una marcha pacífica para rechazar el informe de una comisión oficialista sobre el baguazo y plantear diversas demandas, la población amazónica ha reiniciado sus acciones de rechazo a la política del gobierno con respecto a la Amazonía, a las que ahora se sumarán las demandas de las comunidades del Ande que también están en riesgo.
A partir de esta fecha hemos dado inicio a una nueva etapa para que nuestros derechos sean realmente respetados, que se caracterizará por una respuesta más contundente y que se desarrollará progresivamente hasta mediados de este año en que se conmemorará el primer aniversario del baguazo, cuando habrá una movilización nacional, indicó Palacios.
Diario La Primera-Lima 01/03/2010
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA PRESENTA NIVELES MUY ALTOS EN CAJAMARCA
Los habitantes de Cajamarca deben proteger su piel de la exposición al sol por esta temporada porque aún cuando no exista brillo o mucha iluminación, la radiación ultravioleta (UV) registra niveles muy altos que amenazan la salud, advierten funcionarios del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
La institución viene informando de acuerdo al monitoreo realizado sobre los índices de radiación ultravioleta, éstos se encuentran en niveles superiores comparados con años anteriores.
“Estamos en la estación de verano y estos valores altos continuarán hasta el mes de marzo, lo que podría afectar la salud de las personas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias antes de exponerse al sol”, indica SENAMHI en nota de prensa.
Señaló que las horas de máxima radiación son entre las 10:00 y las 15:00 horas, por lo que las personas –sobre todo aquellas que permanecen mucho tiempo en la playa, vía pública o expuestas directamente al sol- deben de utilizar gorros, sombreros y lentes de sol con filtros para radiación UV.
Cajamarca, registró el fin de semana altos niveles de radiación ultravioleta (UVB), según confirmó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), alcanzando entre 10 y11 puntos de radiación, considerado índice de riesgo muy alto, precisó la institución.
ALGO MÁS
La radiación ultravioleta suele estar asociada al cáncer de la piel y cataratas, de no tomarse las precauciones del caso como uso de bloqueadores, sombreros o lentes oscuros con protección UVB
Diario El Mercurio-Cajamarca 01/03/2010
ESTADO PERUANO AL SERVICIO DE MINERAS
Mientras la clase dominante -mediante los medios de desinformación- empieza a preparar el ambiente de las elecciones presidenciales 2011 para escoger que candidato será el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno, las comunidades campesinas de Ayabaca, Piura siguen combatiendo a las transnacionales que a sangre y fuego -y con ayuda del gobierno- intentan imponer la explotación minera aunque los pueblos no estén de acuerdo, porque dañará el medio ambiente y los dejará sin agua.
Upsidedownworld entrevistó a un referente de estas luchas, Mario Tavra Guerrero, presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Vida y el Agro de Ayabaca.
- En el contexto de militarización de los territorios y la criminalización de la protesta en Ayabaca. ¿Cómo están tus procesos judiciales?
- Siguen abiertos, incluso estoy con una comparecencia restringida en la cual no puedo salir de la localidad de Ayabaca sin previa autorización del juez. Y esa es prácticamente otra forma de seguimiento a mis actividades. Como persona y como ciudadano debería realizar actividades y tener tránsito libre en mi país, pero esta comparecencia la han hecho para que no realice ningún tipo de actividades ni coordinaciones con nadie.
- ¿Esto es porque en el 2005 participe en las resistencias contra la empresa minera Majaz?
- Sí, donde se me sigue acusando a pesar de que las pruebas no determinan de que le arrebate el arma a un capitán de la policía perteneciente a la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales), dicen que le disparé, sustraje el arma y me la llevé. Cuando ocurrió todo lo contrario, fui detenido, torturado durante tres días y por lo tanto, no había opción para estar sustrayendo armas ni enfrentamientos de ese tipo. Y más aún cuando nos hicieron la prueba de absorción atómica no nos encontraron ninguna sustancia de haber percutado armas. Por lo tanto no tiene sustento, además de las contradicciones del mismo capitán que no sabe que hacía ni como era el sujeto a quien dice se enfrentó. Encima en su primera versión aseguró que le habían forcejeado, no arrebatado el arma y esta se había disparado casualmente. Después dijo que yo se la había arrebatado. Hay un montón de contradicciones por las que deberían suspender este juicio, sin embargo nos mantienen controlados bajo estas acusaciones.
- Con la justificación de buscar culpables del atentado a las instalaciones de la minera Río Branco te siguen persiguiendo...
- A raíz de la gran resistencia que vienen ofreciendo las comunidades campesinas que en grandes asambleas acordaron no aceptar la minería y al parecer acabársele los plazos al presidente Alan García para entregar estos territorios y se inicie la exploración como el de las transnacionales Newmont y la Sigiminim para la explotación minera se ha empezado a desatar una fuerte persecución criminalizando todo tipo de resistencia. Precisamente, el 1 de noviembre del 2009 hubo un atentado bastante extraño en el campamento Río Blanco, en un primer momento se quiso involucrar a las comunidades campesinas de que eran las autoras de este atentado donde murieron lastimosamente trabajadores de las empresa minera, que no son más que los mismos comuneros de Huancabamba que estaban laborando ahí y el administrador.
Entonces a raíz de este atentado bastante extraño se nos quiso involucrar a los que estábamos en la defensa del medio ambiente, primero mediante los medios de comunicación se trató de decir de que eran ambientalistas, terroristas y aliados con el narcotráfico los que no querían la presencia minera y por eso realizaban este tipo de atentados. Después de esto como no pudieron demostrar esta hipótesis empezaron a notificar, en mi caso me enviaron tres notificaciones en una semana, algo extraño que nunca se ha dado en los procesos judiciales y empezaron a llegar notificaciones cada dos días, las que supuestamente son cada tres días como máxima eficiencia que pudieran tener la administración para notificar.
No se podía llegar a Huancabamba desde Ayabaca porque hay que bajar de Ayabaca a Piura en un día, subir en otro día a Huancabamba y desde que llega la notificación hasta el traslado se pasaba el tiempo. Por lo tanto, no se podía ir, sin embargo ellos por teléfono nos enviaban estas notificaciones, nosotros queríamos comunicarnos con quien nos notificaba y nunca nos daban este tipo de información, ni a quien dirigirnos para pedir por ejemplo una fecha postergable para que nosotros pudiéramos asistir con tiempo, nunca se nos quiso decir. Nos decían: "nosotros no sabemos nada, sólo cumplimos órdenes y les entregamos la notificación". Entonces el problema era ese.
Después de la segunda notificación el 29 de noviembre llegó a mi casa la fiscal de Huancabamba junto con el comandante de la DININCRI (Dirección Nacional de Investigación Criminal), argumentando que están realizando la investigación del atentado del 1 de noviembre. Le dijeron a mi familia -porque yo no me encontraba en la casa- de que se me quería facilitar la manifestación que tenía que dar por los hechos del 1 de noviembre. La segunda notificación decía: "hechos de sangre en Huancabamba", es decir se me estaba incriminando en asesinatos, no era una cuestión de que diga usted se está presentando como testigo queremos que nos de alguna referencia, era una situación de involucramiento directo.
Mi hija me llamó por teléfono y me comunicó que se encontraba la fiscal con el comandante y cuatro policías en la puerta de mi casa esperando a ver si salía por algún lado, estaban vigilando las dos puertas. Cuando me comuniqué con los abogados me dijeron que no era dable que me presentara en esas condiciones porque era otra la intencionalidad de esta intervención en mi domicilio, más aún mi hija salió a buscarme por Ayabaca y el comandante les dijo a los policías que la siguieran para ver donde me encontraba. Esa es una situación que se está extendiendo, la persecución ya no sólo a mí como dirigente sino también a la familia y en este caso es un agravante de persecución.
Estaba en Ayabaca pero no en mi domicilio, entonces dejaron un acta donde hacían de conocimiento que tenía que presentarme en dos días, es decir el 1 de diciembre pero no estaba notificado, solamente en el acta de presencia que habían ido a notificarme. El lunes 30 recién me llega la notificación a eso de las diez de la mañana y me decían tiene que estar el día martes a las seis de la tarde en Huancabamba, me trasladé a Huancabamba esa tarde, dormí en Piura y volví a ir a Huancabamba en la tarde. Y la sorpresa fue que la fiscal no estaba a la hora de la manifestación, llegó más de una hora después y me dijo: "no era necesario que este acá, usted a podido dar su manifestación tranquilamente porque es simplemente en calidad de testigo".
Es decir a un testigo lo tienen que presionar para que vaya a manifestar, los testigos son voluntarios y no tienen porque ir policías ni fiscales a mi casa como presión para una manifestación de este tipo. Luego me decían que por qué he tenido que contarle a la prensa que enviaron policías y fiscales. Un poco como que bajaron la guardia gracias a que los medios de comunicación empezaron a denunciar este nuevo atentado de persecución con lo cual dimos nuestra manifestación junto con la abogada y nos dejaron salir a eso de las nueve de la noche en un descampado prácticamente. Porque el lugar donde se ha instalado la DININCRI en Huancabamba no es en la ciudad, es en un puesto de sanidad que queda en un paraje apartado de la población y esto se presta para muchas cosas como pueden ser las desapariciones que el Estado peruano ha realizado en muchos lugares del país.
A partir de ahí no tenemos el resultado, porque según nos dijeron tenían veinte días para la investigación cerrada, secreta sin informe de que manifestaba una persona ni la otra pero ha pasado más de un mes y no han elaborado el informe o el pliego de cargos que se nos pueda acusar. No sabemos en que situación está. Agradezco a los medios de comunicación solidarios sobre todo a los medios independientes que han podido hacer la denuncia y frenar un poco la intencionalidad de las detenciones arbitrarias.
- Es que el papel del estado peruano es el de un ejército privado de las transnacionales.
- Si hay intencionalidad en base a estos últimos decretos supremos que el gobierno le ha dado a la compañía Newmont y a otras empresas, les ha entregado 18 mil hectáreas en otra zona a vuelta de páramo de bosque de neblina, prácticamente el gobierno aprista ha entregado toda la cordillera de Ayabaca -frontera entre Ecuador y Perú-. Primero fue el gobierno de Alejandro Toledo con los decretos 022 y 023 del 2003 y ahora es el decreto 072 del 2009 de Alan García entregó la otra parte de la cordillera que faltaba. Eso es un grave atentado contra la ecología de la provincia donde nacen las aguas son plenos páramos, cordilleras desde donde bajan las aguas a Piura, si se llegan a desarrollar estos proyectos mineros en la parte alta Piura no va a tener agua ni las provincias del norte de la región Cajamarca como es San Ignacio y Jaén.
- Incluso circuló una versión muy publicitada por los medios de desinformación en el que culpaban al narcotráfico por el atentado a la minera Río Blanco.
- Claro, siempre tratan de mezclar un tema con otro para justificar lo que ellos mediante los medios grandes dijeron hay que militarizar la zona para pacificarla. O sea si no son terroristas son narcotraficantes o una alianza perversa entre el narcotráfico y el terrorismo para acabar con la inversión. Pero mira como confunden, se trata de una campaña psicosocial para que la población acepte la militarización en Ayabaca -cierto que está en la zona de frontera- pero no es para proteger nuestra frontera de enemigos externos sino para proteger a las empresas transnacionales y que desarrollen la destrucción de los ecosistemas. Entonces como no resultó esta acusación creo que están viendo otra estrategia para nuevamente poder asentar al ejército, porque esta vez quieren el ejército, no solamente está la DINOES que está ahí resguardando la empresa minera. Es decir, se han vuelto guardianes de las empresas mineras.
- Por eso amenazaron con que iban a instalar una base militar en Ayabaca.
- Claro, desde el gobierno empezaron a lanzar esa idea dirigida a nosotros. Es una prueba para captar la respuesta del pueblo que dirá si lo instalan o no. Sería un ensayo previo para que si en Ayabaca se militariza entonces pueden militarizar las otras zonas donde empiecen a surgir resistencias contras las transnacionales. El ensayo para ver si se militariza y silencia Ayabaca es porque esta es una de las comunidades más resistentes a la minería en Perú, entonces si les resulta favorable lo pueden aplicar en otros lugares. Esa es la intención.
http://bloglemu.blogspot.com/2010/02/estado-peruano-al-servicio-de-mineras.html
Blog del Proyecto Lemu 28/02/2010
ACUERDO AFECTA MEDIO AMBIENTE
El borrador del denominado “Acuerdo para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes a Brasil”, publicado por el ministerio de energía y Minas, tiene como objetivo establecer el marco legal que promueva y facilite el desarrollo de la infraestructura necesaria en el territorio peruano para la producción de electricidad tanto para el mercado interno como para la exportación.
La capacidad acumulada de todas las centrales hidroeléctricas será de 6,000 MW, es decir el acuerdo considerará la construcción de los cinco proyectos hidroeléctricos ya escogidos (Inambari, Paquitzapango, Mainique, Tambo 40 y Tambo 60), que totalizan una capacidad de generación eléctrica de 6,673 MW, según estudios preliminares.
Además, establece un plazo para las concesiones de generación eléctrica y de transmisión por 30 años, más los cinco que se requieran para su construcción, y a su vencimiento el titular de la concesión deberá transferir la propiedad de la infraestructura al estado peruano sin costo alguno incluidos sus respectivos contratos de suministro y servicios de transmisión. También detalla que la electricidad destinada a la exportación al mercado eléctrico brasileño, estará sujeta conforme a la regulación de dicho país.
Para la congresista Susana Vilca los cinco proyectos escogidos comprometen gravemente el medio ambiente, pues inundarían 410 km2 en Inambarí, después otra extensión similar de territorios de las comunidades asháninkas en el valle Ene con la central Paquitzapango, en Cusco; con el proyecto Mainique al menos 220 km2 serían inundados, y con los proyectos de Tambo 40 y Tambo 60 que aún no se conoce, pero por su ubicación también requerirán embalses de dimensiones similares a los demás proyectos.
Diario La Primera-Lima 27/02/2010
