DICEN NO AL PROYECTO INAMBARI
Firmes. Mediante una serie de movilizaciones rechazan proyecto hidroeléctrico. El gobierno central se comprometió con la población de Puno a no aprobar la construcción de la central hidroeléctrica, si su voluntad era esa.
En lo que podría ser calificado como una contundente señal de advertencia, ayer el pueblo puneño rechazó con la misma fuerza de días anteriores la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari en una jornada de protesta que se extenderá hasta hoy.
El epicentro de la jornada de protesta fue en San Gabán (Carabaya), donde cerca de 1,000 personas corearon durante horas “no a la central hidroeléctrica de Inambari”, por el impacto ambiental y social que su construcción causará en la zona.
Protesta altiplánica
La mayor parte de la delegación estaba integrada por pobladores de los distritos que serán desplazados por la hidroeléctrica. Cerca de las 10.00 am. arribó a Puno una delegación de 1,500 pobladores de las localidades de Lechemayo, Puerto Manoa, y otros que desaparecerían por el espejo de agua que se pretende encauzar, que tendría una extensión de 41 mil hectáreas y una altura de 400 metros, donde almacenarían 26 mil 500 millones de metros cúbicos de agua y producir 2 mil megavatios de energía.
Cerca del mediodía las más de 30 organizaciones se unificaron para protagonizar una multitudinaria marcha hacia el centro de la ciudad en rechazo al proyecto hidroenergético y en defensa de la carretera Interoceánica que está en riesgo se culmine porque el espejo de agua afectaría 71 km de la vía.
Efraín Anahua, secretario regional de la CGTP en Puno, destacó que el sector laboral, los comerciantes y los transportistas de la región respaldan la medida de lucha de los pobladores de San Gabán.
“La movilización fue multitudinaria y para mañana (hoy), las cosas se van a poner más fuertes. Puno no quiere esa central hidroeléctrica y el gobierno no puede negociar a oscuras con la empresa sin consultarnos. No lo vamos a permitir”, advirtió.
Pero el rechazo del pueblo puneño no es gratuito. Para que la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) pueda construir la central hidroeléctrica de Inambari más de 3,400 personas de las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco tendrían que dejar sus hogares y sus centros poblados.
Sin hablar de los cerca de 4,600 pobladores que serán perjudicados en forma indirecta con la construcción de la represa que aprovisionaría de agua a la hidroeléctrica de Inambari. Además de todo el impacto ambiental que generaría en la zona.
La viceministra del Ambiente, Rosario Gómez, aseguró que respetarán la voluntad del pueblo puneño, pero indicó que aún hay tiempo para fortalecer los canales del diálogo.
“(Respetar la decisión de la población) no es una elección, es un mandato. Nuestra norma está considerando el respeto a los actores claves involucrados en la implementación de megaproyectos. No es una cuestión voluntaria, es una cuestión normativa”, dijo. El martes, el viceministro de Energía Daniel Cámac, en San Gabán, dijo: “Si la empresa no llega a un acuerdo con los pobladores la obra no se construirá”.
Pese a lo dicho por las autoridades, los pobladores muestran desconfianza y exigen la inmediata salida de Egasur de la zona. Pero la empresa aún piensa que podrá convencer a la población mediante talleres.
Datos
Plazo. La concesión temporal por dos años que el gobierno otorgó a EGASUR para los estudios de construcción hidroeléctrica vence en junio. Fecha límite que tiene la empresa para convencer a la población.
Costo. 27 poblados desaparecerían del mapa por que el espejo de agua tendrá extensión de 41 mil hectáreas y una profundidad de más de 400 metros, en donde se almacenará 26,500 millones de metros cúbicos de agua, para producir 2,000 megavatios.
Biodiversidad por energía eléctrica
El decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Carlos Herrera Descalzi, advierte que el costo ambiental y social será altísimo si se llega a construir la hidroeléctrica de Inambari. Herrera Descalzi señala que además de afectar a la población –a la que planean reubicar en otros lugares–, perjudica al ecosistema de la zona con la extinción de muchas especies por emisiones de CO2.
“El impacto ambiental es muy grande. ¿Qué se está haciendo? Se está cambiando riqueza expresada en biodiversidad por riqueza convertida en energía. Esa zona es vida y sustento para sus pobladores”, lamentó.
Las poblaciones afectadas en forma directa son Loromayo, Lechemayo y Puerto Manoa en San Gabán, Carabaya (Puno). Asimismo, Puente Inambari en Madre de Dios y Ciudad Nativa, San Lorenzo y Huadjumbre en el Cusco.
Diario La República-Lima 05/03/2010
Polémica propuesta empezó a debatirse en comisiones del Congreso.
PIDEN RETIRO DE PROYECTO DE DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS
Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, anunció que el proyecto se pondría en agenda después de evaluarse las prioridades de los proyectos que verá este grupo de trabajo en la presente legislatura.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, Elizabeth León, pidió que el Ejecutivo retire el polémico proyecto de ley que envió al Congreso para modificar, con carácter de urgencia, la Ley 28223, de Desplazamientos Internos, con la finalidad que los pueblos puedan ser movilizados forzosamente en función de proyectos de desarrollo en gran escala “justificados por un interés público superior o primordial”.
León hizo este pedido en LA PRIMERA sesión de trabajo de la comisión de ayer, después del receso parlamentario. Dijo que, de lo contrario, dicho proyecto de ley deberá ser remitido también ante el referido grupo de trabajo, donde pedirá archivarlo porque afecta los derechos de los pueblos nativos del país.
La parlamentaria dijo que el proyecto es contradictorio con la Ley de Consulta previa, que comenzó a debatirse en esta primera sesión con prioridad en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos. “O estamos por el diálogo y por la consulta o nos inclinamos por entrar a la fuerza a los territorios amazónicos y andinos; el gobierno tiene que ser claro”, dijo la congresista.
La propuesta, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, llegó al Congreso el pasado 4 de febrero, para que se someta a consideración la modificación del Artículo 8º de la Ley 28223, referida a los desplazamientos internos que se producen por conflictos, a fin de que se incorpore además la causal de movilización de los pueblos en razón de grandes proyectos de desarrollo.
En comisiones
Con el reinicio de las actividades parlamentarias, el proyecto Nº 3817/2009-PE empezó a ser analizado por las comisiones a las que ha sido derivado, como son las de Justicia y derechos humanos y de la Mujer.
La presidenta de esta última comisión, Karina Beteta, dijo a LA PRIMERA que se ha pedido opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros, al ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, así como a las organizaciones que representan a las poblaciones nativas.
La legisladora señaló que el tema está pendiente de la respuesta de estos organismos y el miércoles 10 de marzo se empezará a elaborar el predictamen referido al proyecto, de acuerdo a la evaluación jurídica que hagan los integrantes de este grupo de trabajo y sus asesores, aunque reconoció que el proyecto también se puede archivar.
Sobre el pedido urgente del gobierno, Beteta refirió que el debate se realizará dentro de los plazos normales, pues “el Congreso no es la mesa de partes del Ejecutivo”.
Diario La Primera-Lima 04/03/2010
PERÚ: ALTAS AUTORIDADES ENVUELTAS EN ESCÁNDALO DE ESPIONAJE A LA OPOSICIÓN
Personajes del gobierno peruano, como el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y la ex ministra Mercedes Cabanillas, están involucrados en presuntas acciones de espionaje de una empresa privada contra políticos de oposición, según el informe final de una comisión del Congreso.
Personajes del gobierno peruano, como el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y la ex ministra Mercedes Cabanillas, están involucrados en presuntas acciones de espionaje de una empresa privada contra políticos de oposición, según el informe final de una comisión del Congreso.
El documento, que deberá ser debatido para su aprobación o rechazo en el pleno del Legislativo, concluyó que "se tienen suficientes indicios para presumir que las interceptaciones telefónicas a diversos personajes políticos fueron de conocimiento del almirante Luis Giampietri".
Giampietri, quien es además congresista, es visto como miembro del ala dura del gobierno de Alan García y ha admitido tener amistad con el contralmirante en retiro Elías Ponce Feijóo, dueño de la firma Business Track (BTR) -preso y acusado del espionaje telefónico-, pero niega estar comprometido en sus actividades.
Esa firma actuó "de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas", según el informe de la comisión que presidió el congresista Oswaldo Luizar, del opositor Bloque Popular.
Luizar también afirmó que en 2006 cuando Mercedes Cabanillas, una de las figuras más influyentes del gobierno, era presidenta del Congreso, ordenó la contratación de Business Track para hacer un barrido electrónico, pero que la firma aprovechó para espiar a legisladores de oposición.
"Los agentes de BTR entraban de noche y trabajaban de madrugada, hoy sabemos que estas personas se dedicaban a interceptar comunicaciones", subrayó.
"BTR actuó en forma amplia dedicada a interceptar a todo el mundo", refirió Luizar señalando que operaba con equipos de espionaje telefónico que usó en la década pasada el encarcelado Vladimiro Montesinos, brazo derecho en el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Tras el derrumbe del régimen fujimorista en 2000 en medio de denuncias de corrupción, los equipos de interceptación desaparecieron "y la gente vinculada a esa empresa, marinos activos y en retiro, las mantienen en su poder", precisó.
El espionaje se realizaba a políticos opositores y a empresarios cobrando tarifas altas por su labor, dependiendo del cliente, añadió.
La comisión encontró muchas resistencias en su trabajo, según el legislador, como del Poder Judicial y bancos que ponían obstáculos para dar información.
Tras conocerse el informe, el vicepresidente Giampietri dijo que Luizar "metió en un saco a todos sus enemigos potenciales" y comentó que el destino de ese informe debería "ir al basurero porque está lleno de barbaridades".
Por su parte, la legisladora y ex ministra Cabanillas le restó validez señalando que está "cargado de intencionalidad política y no es producto de ninguna investigación, simplemente es un armado de un intercambio de intereses políticos".
Según el informe Luizar, entre los políticos a quienes se espió figuran políticos opositores como el nacionalista Ollanta Humala, la ex candidata presidencial conservadora Lourdes Flores, el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar y el sacerdote ecologista Marco Arana, entre otros.
http://noticias.latam.msn.com/pe/peru/articulo_afp.aspx?cp-documentid=23568560
NSN Noticias-Lima 03/03/2010
Firmes. Mediante una serie de movilizaciones rechazan proyecto hidroeléctrico. El gobierno central se comprometió con la población de Puno a no aprobar la construcción de la central hidroeléctrica, si su voluntad era esa.
En lo que podría ser calificado como una contundente señal de advertencia, ayer el pueblo puneño rechazó con la misma fuerza de días anteriores la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari en una jornada de protesta que se extenderá hasta hoy.
El epicentro de la jornada de protesta fue en San Gabán (Carabaya), donde cerca de 1,000 personas corearon durante horas “no a la central hidroeléctrica de Inambari”, por el impacto ambiental y social que su construcción causará en la zona.
Protesta altiplánica
La mayor parte de la delegación estaba integrada por pobladores de los distritos que serán desplazados por la hidroeléctrica. Cerca de las 10.00 am. arribó a Puno una delegación de 1,500 pobladores de las localidades de Lechemayo, Puerto Manoa, y otros que desaparecerían por el espejo de agua que se pretende encauzar, que tendría una extensión de 41 mil hectáreas y una altura de 400 metros, donde almacenarían 26 mil 500 millones de metros cúbicos de agua y producir 2 mil megavatios de energía.
Cerca del mediodía las más de 30 organizaciones se unificaron para protagonizar una multitudinaria marcha hacia el centro de la ciudad en rechazo al proyecto hidroenergético y en defensa de la carretera Interoceánica que está en riesgo se culmine porque el espejo de agua afectaría 71 km de la vía.
Efraín Anahua, secretario regional de la CGTP en Puno, destacó que el sector laboral, los comerciantes y los transportistas de la región respaldan la medida de lucha de los pobladores de San Gabán.
“La movilización fue multitudinaria y para mañana (hoy), las cosas se van a poner más fuertes. Puno no quiere esa central hidroeléctrica y el gobierno no puede negociar a oscuras con la empresa sin consultarnos. No lo vamos a permitir”, advirtió.
Pero el rechazo del pueblo puneño no es gratuito. Para que la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) pueda construir la central hidroeléctrica de Inambari más de 3,400 personas de las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco tendrían que dejar sus hogares y sus centros poblados.
Sin hablar de los cerca de 4,600 pobladores que serán perjudicados en forma indirecta con la construcción de la represa que aprovisionaría de agua a la hidroeléctrica de Inambari. Además de todo el impacto ambiental que generaría en la zona.
La viceministra del Ambiente, Rosario Gómez, aseguró que respetarán la voluntad del pueblo puneño, pero indicó que aún hay tiempo para fortalecer los canales del diálogo.
“(Respetar la decisión de la población) no es una elección, es un mandato. Nuestra norma está considerando el respeto a los actores claves involucrados en la implementación de megaproyectos. No es una cuestión voluntaria, es una cuestión normativa”, dijo. El martes, el viceministro de Energía Daniel Cámac, en San Gabán, dijo: “Si la empresa no llega a un acuerdo con los pobladores la obra no se construirá”.
Pese a lo dicho por las autoridades, los pobladores muestran desconfianza y exigen la inmediata salida de Egasur de la zona. Pero la empresa aún piensa que podrá convencer a la población mediante talleres.
Datos
Plazo. La concesión temporal por dos años que el gobierno otorgó a EGASUR para los estudios de construcción hidroeléctrica vence en junio. Fecha límite que tiene la empresa para convencer a la población.
Costo. 27 poblados desaparecerían del mapa por que el espejo de agua tendrá extensión de 41 mil hectáreas y una profundidad de más de 400 metros, en donde se almacenará 26,500 millones de metros cúbicos de agua, para producir 2,000 megavatios.
Biodiversidad por energía eléctrica
El decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Carlos Herrera Descalzi, advierte que el costo ambiental y social será altísimo si se llega a construir la hidroeléctrica de Inambari. Herrera Descalzi señala que además de afectar a la población –a la que planean reubicar en otros lugares–, perjudica al ecosistema de la zona con la extinción de muchas especies por emisiones de CO2.
“El impacto ambiental es muy grande. ¿Qué se está haciendo? Se está cambiando riqueza expresada en biodiversidad por riqueza convertida en energía. Esa zona es vida y sustento para sus pobladores”, lamentó.
Las poblaciones afectadas en forma directa son Loromayo, Lechemayo y Puerto Manoa en San Gabán, Carabaya (Puno). Asimismo, Puente Inambari en Madre de Dios y Ciudad Nativa, San Lorenzo y Huadjumbre en el Cusco.
Diario La República-Lima 05/03/2010
Polémica propuesta empezó a debatirse en comisiones del Congreso.
PIDEN RETIRO DE PROYECTO DE DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS
Rolando Sousa, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, anunció que el proyecto se pondría en agenda después de evaluarse las prioridades de los proyectos que verá este grupo de trabajo en la presente legislatura.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso, Elizabeth León, pidió que el Ejecutivo retire el polémico proyecto de ley que envió al Congreso para modificar, con carácter de urgencia, la Ley 28223, de Desplazamientos Internos, con la finalidad que los pueblos puedan ser movilizados forzosamente en función de proyectos de desarrollo en gran escala “justificados por un interés público superior o primordial”.
León hizo este pedido en LA PRIMERA sesión de trabajo de la comisión de ayer, después del receso parlamentario. Dijo que, de lo contrario, dicho proyecto de ley deberá ser remitido también ante el referido grupo de trabajo, donde pedirá archivarlo porque afecta los derechos de los pueblos nativos del país.
La parlamentaria dijo que el proyecto es contradictorio con la Ley de Consulta previa, que comenzó a debatirse en esta primera sesión con prioridad en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos. “O estamos por el diálogo y por la consulta o nos inclinamos por entrar a la fuerza a los territorios amazónicos y andinos; el gobierno tiene que ser claro”, dijo la congresista.
La propuesta, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, llegó al Congreso el pasado 4 de febrero, para que se someta a consideración la modificación del Artículo 8º de la Ley 28223, referida a los desplazamientos internos que se producen por conflictos, a fin de que se incorpore además la causal de movilización de los pueblos en razón de grandes proyectos de desarrollo.
En comisiones
Con el reinicio de las actividades parlamentarias, el proyecto Nº 3817/2009-PE empezó a ser analizado por las comisiones a las que ha sido derivado, como son las de Justicia y derechos humanos y de la Mujer.
La presidenta de esta última comisión, Karina Beteta, dijo a LA PRIMERA que se ha pedido opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros, al ministerio de la Mujer, a la Defensoría del Pueblo, así como a las organizaciones que representan a las poblaciones nativas.
La legisladora señaló que el tema está pendiente de la respuesta de estos organismos y el miércoles 10 de marzo se empezará a elaborar el predictamen referido al proyecto, de acuerdo a la evaluación jurídica que hagan los integrantes de este grupo de trabajo y sus asesores, aunque reconoció que el proyecto también se puede archivar.
Sobre el pedido urgente del gobierno, Beteta refirió que el debate se realizará dentro de los plazos normales, pues “el Congreso no es la mesa de partes del Ejecutivo”.
Diario La Primera-Lima 04/03/2010
PERÚ: ALTAS AUTORIDADES ENVUELTAS EN ESCÁNDALO DE ESPIONAJE A LA OPOSICIÓN
Personajes del gobierno peruano, como el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y la ex ministra Mercedes Cabanillas, están involucrados en presuntas acciones de espionaje de una empresa privada contra políticos de oposición, según el informe final de una comisión del Congreso.
Personajes del gobierno peruano, como el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y la ex ministra Mercedes Cabanillas, están involucrados en presuntas acciones de espionaje de una empresa privada contra políticos de oposición, según el informe final de una comisión del Congreso.
El documento, que deberá ser debatido para su aprobación o rechazo en el pleno del Legislativo, concluyó que "se tienen suficientes indicios para presumir que las interceptaciones telefónicas a diversos personajes políticos fueron de conocimiento del almirante Luis Giampietri".
Giampietri, quien es además congresista, es visto como miembro del ala dura del gobierno de Alan García y ha admitido tener amistad con el contralmirante en retiro Elías Ponce Feijóo, dueño de la firma Business Track (BTR) -preso y acusado del espionaje telefónico-, pero niega estar comprometido en sus actividades.
Esa firma actuó "de manera organizada, planificada y sistematizada para obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas", según el informe de la comisión que presidió el congresista Oswaldo Luizar, del opositor Bloque Popular.
Luizar también afirmó que en 2006 cuando Mercedes Cabanillas, una de las figuras más influyentes del gobierno, era presidenta del Congreso, ordenó la contratación de Business Track para hacer un barrido electrónico, pero que la firma aprovechó para espiar a legisladores de oposición.
"Los agentes de BTR entraban de noche y trabajaban de madrugada, hoy sabemos que estas personas se dedicaban a interceptar comunicaciones", subrayó.
"BTR actuó en forma amplia dedicada a interceptar a todo el mundo", refirió Luizar señalando que operaba con equipos de espionaje telefónico que usó en la década pasada el encarcelado Vladimiro Montesinos, brazo derecho en el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Tras el derrumbe del régimen fujimorista en 2000 en medio de denuncias de corrupción, los equipos de interceptación desaparecieron "y la gente vinculada a esa empresa, marinos activos y en retiro, las mantienen en su poder", precisó.
El espionaje se realizaba a políticos opositores y a empresarios cobrando tarifas altas por su labor, dependiendo del cliente, añadió.
La comisión encontró muchas resistencias en su trabajo, según el legislador, como del Poder Judicial y bancos que ponían obstáculos para dar información.
Tras conocerse el informe, el vicepresidente Giampietri dijo que Luizar "metió en un saco a todos sus enemigos potenciales" y comentó que el destino de ese informe debería "ir al basurero porque está lleno de barbaridades".
Por su parte, la legisladora y ex ministra Cabanillas le restó validez señalando que está "cargado de intencionalidad política y no es producto de ninguna investigación, simplemente es un armado de un intercambio de intereses políticos".
Según el informe Luizar, entre los políticos a quienes se espió figuran políticos opositores como el nacionalista Ollanta Humala, la ex candidata presidencial conservadora Lourdes Flores, el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar y el sacerdote ecologista Marco Arana, entre otros.
http://noticias.latam.msn.com/pe/peru/articulo_afp.aspx?cp-documentid=23568560
NSN Noticias-Lima 03/03/2010
