El 23 de agosto del 2011 el Congreso de la República aprobó la ley de consulta previa a los pueblos indígenas por unanimidad. Fue expresión, de que los sucesos de Bagua, donde el Estado y los indígenas amazónicos se enfrentaron, habían calado en lo más profundo de los peruanos, sea de la ideología que fueran y los intereses que defendieran. Hasta los más recalcitrantes congresistas defensores del gran capital, votaron a favor de la ley de consulta. No podían negar, ante los ojos del país, lo que sucedió en Bagua y la responsabilidad que tuvo el Congreso anterior en ello.
El enfrentamiento en Bagua, donde murieron indígenas y policías, fue el grito doloroso del Perú fraccionado. Para entonces, ya había conmovido a gran parte de la ciudadanía la larga lucha de los indígenas amazónicos del 2008 y el 2009, lucha que partió de las propias comunidades afectadas por las concesiones petroleras y mineras, que tuvieron en los líderes de AIDESEP y sus organizaciones regionales a sus voceros.
Las comunidades se organizaron por sí mismas para trasladarse y abastecerse en los puntos neurálgicos donde se realizaron las protestas en diferentes regiones de la Amazonía peruana. Y en esos lugares recibieron la solidaridad de instituciones y pobladores locales. La demanda principal fue que el Estado derogue los decretos legislativos que los afectaban y que realice la consulta previa de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
El discurso agresivo de Alan García contra los indígenas, avalado por sus cómplices en el gobierno, culminó en una represión “aleccionadora” a los indígenas, a quienes había llamado “perros del hortelano”, “obstáculos al desarrollo”, “ciudadanos que no son de primera clase”, y una serie de infundios mas, que expresaban lo más ácido de la discriminación histórica que han sufrido los indígenas de parte de las tradicionales élites económicas y políticas del país.
Y aunque la mayor parte de los peruanos nos vimos conmovidos por la protesta indígena y los sucesos de Bagua, porque pudimos ver con claridad lo que era nuestro país y lo enfrentado que estaba el Estado con un sector de sus ciudadanos discriminados históricamente, Alan García y sus cómplices en el Gobierno, aún se permitieron presentar a los indígenas como “salvajes”, en una más de sus retorcidas expresiones discriminatorias, cuando los “salvajes” habían sido los del gobierno, que enviaron irresponsablemente a la policía a reprimir, luego de no haber sabido canalizar la protesta desde un primer momento y haber subestimando a los indígenas y su demanda a la consulta previa.
“Con la ley de consulta previa los indígenas han logrado algo elemental: que se les toque la puerta antes de entrar a su casa. ¿Se requería una ley para ello? ¿Algo de tanto sentido común para los individuos de la ciudad, donde se respeta la propiedad privada? Se ha necesitado un convenio 169 de la OIT y una ley de la consulta, porque en el espíritu discriminatorio de la sociedad colonial, no cabe en la mente de las personas algo tan elemental como preguntarle a los indígenas si terceros pueden entrar a su territorio, a su habitat, a su casa”
Con la ley de consulta previa los indígenas han logrado algo elemental: que se les toque la puerta antes de entrar a su casa. ¿Se requería una ley para ello? ¿Algo de tanto sentido común para los individuos de la ciudad, donde se respeta la propiedad privada? Se ha necesitado un convenio 169 de la OIT y una ley de la consulta, porque en el espíritu discriminatorio de la sociedad colonial, no cabe en la mente de las personas algo tan elemental como preguntarle a los indígenas si terceros pueden entrar a su territorio, a su habitat, a su casa.
La ley de consulta, que según algunos juristas no era necesaria pues sus principios ya están establecidos en el Convenio 169 ratificado por el Perú, ha servido para que después de los sucesos de Bagua, se siga debatiendo el tema de las industrias extractivas en territorios indígenas y que en la conciencia nacional se acepte, que antes que el Estado permita a estas industrias entrar en territorios indígenas debe consultar y discutir con los pueblos indígenas, en qué condiciones pueden éstas entrar hasta llegar a un acuerdo.
Según la ley, no hay la posibilidad que los indígenas se opongan a que se realicen estas industrias en sus territorios, pero se puede impedir, si éstas amenazan el hábitat a tal punto que ponen en riesgo la sobrevivencia de la población. Es como si el Estado tocase a la puerta de mi casa y me preguntase si puede entrar un tercero a hacer un trabajo altamente contaminante en ella. Yo solo puedo decir que si, poniendo algunas condiciones y llegando a un acuerdo. Solamente, si este tercero va a poner en riesgo mi vida puedo decir que no, y seguramente pasando por algún proceso judicial.
A pesar de lo absurdo que puede sonar esto, hemos avanzado un paso importante con la ley de consulta. Antes las empresas entraban a los territorios indígenas con el respaldo del Estado para buscar un acuerdo entre la empresa y la comunidad. Cuando las comunidades no llegaban a un acuerdo salían a las carretera a protestar contra la empresa y el Estado, sumando un conflicto socioambiental a la lista de la Defensoría del Pueblo. Ahora el Estado debe consultar antes de dejar que entre la empresa, cumpliendo de esta manera su rol mediador.
La implementación adecuada de la consulta previa es un gran reto. Que el Estado tenga capacidad para hacerla de modo respetuoso y con profundo conocimiento de los derechos indígenas y las organizaciones indígenas, la fortaleza para participar de forma adecuada, será clave para su éxito y evitar conflictos socioambientales de nuevo tipo.
Esperamos que así sea y que este paso que el país ha avanzado para resolver su fraccionamiento se consolide, para luego ir dando nuevos pasos hasta que el desarrollo en los territorios indígenas desde la visión de los propios pueblos se haga realidad, dentro de los marcos de un Estado profundamente democrático y pluricultural.
Servindi-Lima 26.08.2011
