POBLADORES DE EL TINGO BLOQUEAN CARRETERA A MINERA COIMOLACHE
Un grupo de comuneros de Hualgayoc, llegaron a bordo de un volquete hasta la carretera de acceso a la minera Coimolache, donde desde el medio día de ayer bloquean la carretera de acceso a la referida mina, así lo dieron a conocer fuentes allegadas a la comunidad, quienes insisten en su protesta por la cual exigen a las empresas mineras Gold Fields y Coimolache, cumplan con abastecer de servicio de agua a la comunidad pues desde hace mucho tiempo las actividades de extracción han afectado los manantiales de la zona.
“Estamos en la carretera 501 donde evitaremos el acceso y salida de vehículos a la empresa de la minera” expresaron, además se supo que varios vehículos de la compañía Rodrigo Carranza, tuvieron que retornar, debido al bloqueo, así lo informo Napoleón Gutiérrez Anticona, uno de los líderes de los quejosos
Según Gutiérrez esperarán la llegada de una comisión de alto nivel que vaya a la zona para mediar en sus reclamos, y no pretender esperar la fecha que se le ocurra al Ministerio de Energía y Minas, y que las comunidades no esperaran más tiempo desabastecidas del líquido elemento. Muchos de los manifestantes acudieron a la marcha portando botellas de agua turbia, las mismas que dicen estar consumiendo, mientras que otros llevaron también botellas pero vacías en señal de falta de agua
Al promediar las dos de la tarde un grupo de policías, llegaron hasta la zona de bloqueo, sin embargo solo solicitaron documentos de los dirigentes e ingresaron a la minera para intentar el diálogo. De otro lado se supo que en zona denominada la fila del Sinchao, los comuneros empresarios continúan sus protestas
Diario El Mercurio-Cajamarca 12/08/2010
LA MITAD DE LOS CONFLICTOS SON SOCIO AMBIENTALES SEÑALA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo registró hasta el último mes de julio 248 conflictos sociales, de los cuales 125 son de tipo socio ambiental, lo que representa un 50.4 por ciento del total.
Así lo indica el último Reporte de Conflictos Sociales Nº 77 en los que se precisa que 108 de esos conflictos han presentado al menos un caso de violencia desde el inicio del mismo.
En total son 23 departamentos donde se han registrado conflictos socio ambientales, de los cuales Ancash registró 15; Cajamarca, 13; Cusco, 12; Lima, 11 y Puno 16.
A éstos se suman 37 casos correspondientes a asuntos de Gobierno Local y 21 casos de naturaleza laboral, entre otros.
Además, el documento da cuenta de 28 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y tres acciones de violencia subversiva.
Servindi-Lima 11/08/2010
ANUNCIAN PARO CONTRA RÍO BLANCO EN HUANCABAMBA
La Central Única de Rondas Campesinas de Huancabamba (Piura) acatará el una paralización de protesta 1 de setiembre contra la presencia de la minera Río Blanco Copper S.A., en todo el territorio de esta provincia.
Así lo anunció Pedro Velazco, presidente electo de la referida organización de base, quien indicó que aún resta determinar si la medida de fuerza será por 48 horas o tendrá carácter indefinido.
"Es una ventaja habernos enterado de lo que el Grupo Zijin (propietaria de Río Blanco) hizo en su país. Con eso, ya sabemos lo que la minera Río Blanco podría hacer aquí. Contaminaría de forma aún peor en nuestras montañas”; dijo haciendo referencia al caso del derrame de sustancias tóxicas a las aguas de un río de China, provocado por una planta de procesamiento de cobre de propiedad del Grupo Zijin, ocurrido a principios de julio de este año.
Este hecho ha sido considerado como una de las peores catástrofes ambientales de los últimos años en ese país, motivando que cuatro funcionarios del Grupo Zijin, incluyendo al vicepresidente, hayan sido arrestados por la policía china al tener responsabilidad en el mismo.
Velazco García ratificó el descontento de los comuneros de Huancabamba a causa de la presencia de los campamentos mineros de Río Blanco, que continúan instalados ilegalmente en los territorios de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca).
Además, adelantó que las demás organizaciones sociales de Huancabamba se sumarán progresivamente a este paro. “Los ronderos siempre nos hemos caracterizado por defender el medio ambiente y la tierra, así como combatir la corrupción de las autoridades. Vamos a continuar con eso durante los dos años que estaré en el cargo de presidente”, manifestó.
Coordiandora Nacional de Radio-Lima 11/08/2010
EMPRESA COLOMBIANA ECOPETROL PRETENDE ADQUIRIR MÁS LOTES PETROLEROS PERUANOS
Carlos Rendón, gerente general de Ecopetrol, anunció su interés de participar en la próxima licitación de lotes de hidrocarburos que Perupetro realizará el 14 de octubre.
Los 25 los lotes a ser licitados se ubican en la cuenca del río Marañón (165, 166, 167, 168, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 186 y 187), Ucayali (169, 171, 173, 174, 175, 176, 188 y 189) y Huallaga (180, 182 y 184).
También se incluye el lote 172 ubicado en la cuenca del río Santiago en los departamentos de Cajamarca, Amazonas y Loreto; y el lote XXVIII, en la cuenca del río Sechura, comprendida en los departamentos de Piura y Lambayeque.
El interés de la empresa petrolera colombiana responde a las metas planteadas como parte de su estrategia empresarial que busca crecer anualmente en doce por ciento.
Rendón afirmó que “está analizando todo lo que se ha ofrecido” y será la parte técnica la que los guiará “para tomar la decisión final”.
Entre otras empresas interesadas en participar están las petroleras francesas Total y Perenco y las estadounidenses Phillips y Exxon Movil.
También las compañías Chevron, BHP Billiton, Repsol-YPF, Oxy, Hess, Vanco, SK Energy , entre otras.
Servindi-Lima 11/08/2010
HIDROELÉCTRICAS SIGNIFICAN EL FIN DE COMUNIDADES INDÍGENAS
La organización no gubernamental Survival lanzó el informe “Presos del desarrollo: Pueblos indígenas y presas hidroeléctricas”, donde se da cuenta de los efectos negativos provocados por la construcción de hidroeléctricas.
El problema nace cuando la construcción de hidroeléctricas implica el desplazamiento de cientos de aborígenes de sus territorios ancestrales.
El informe aborda de manera histórica el problema y señala que el momento más crítico fue en la década de 1970. Época cuando “se construían mil al año”.
Para 1990 la preocupación crece sobre los efectos negativos que producen por lo que ocho años después se crea la Comisión Mundial de Presas (CMP o WCD, según su sigla en inglés).
El informe reconoce los serios impactos de las represas sobre las vidas, medios de subsistencia, culturas y existencia espiritual de los pueblos indígenas y tribales.
Por ello, señala que es imprescindible que “allí donde los proyectos afecten a pueblos indígenas y tribales, dichos procesos deben ser guiados por su consentimiento libre, previo e informado”.
El informe hace mención que la mayoría de estos proyectos se realiza sin consultar a la población afectada o el desarrollo del mismo no es el más adecuado.
El texto explica el problema en función a distintos casos reales existentes en Asia, África y América, donde las comunidades originarias ya no pueden vivir de acuerdo a su cultura.
Ese es el caso del embalse de la presa Bakun de Sarawak que provocó la expulsión de miles de familias, entre ellas indígenas.
En el estado de Mato Grosso, en Brasil, en el 2009 y 2010, el pueblo indígena de los Enawene Nawe no pescó nada durante su temporada anual de captura de peces.
Ese desastre se debe a que el caudal del río cambió debido a las setenta pequeñas presas hidroeléctricas que se construyen a lo largo del río Juruena.
Otro aspecto que se desarrolla en el documento es la pérdida de territorio debido a que la mayoría de las comunidades no cuenta con título de propiedad.
El documento destaca el vínculo vital que existe entre los pueblos indígenas y su tierra debido a que la Madre Tierra influye en su estructura y cohesiona a sus habitantes.
También brinda recomendaciones, tales como que las presas hidroeléctricas en tierra de pueblos indígenas deban paralizarse, al menos hasta que sean aprobadas por las mismas poblaciones. Eso incluye también hasta que los derechos territoriales colectivos de los indígenas sean reconocidos.
En el caso de los pueblos indígenas aislados, con los que la consulta no es posible, el informe claramente afirma que no deberían construirse hidroeléctricas en territorios que les afecten.
Finalmente, afirma que las empresas y los inversores financieros sólo deben involucrarse en el proyecto de una presa hidroeléctrica si cuenta con un total consentimiento de las comunidades originarias afectadas.
Servindi-Lima 11/08/2010
ARCHIVAN INVESTIGACIÓN CONTRA COMUNEROS DE SECCLLA POR “TERRORISMO Y SECUESTRO”
El Ministerio Público de Huancavelica decidió archivar la investigación preliminar abierta a diecinueve comuneros de Secclla, en Angaraes, acusados en abril por la empresa minera Pampamali de intentar tomar el campamento minero.
La decisión se adoptó el pasado 8 de agosto mediante la Resolución Fiscal Nº 539-2010.
La investigación se abrió únicamente en base a la manifestación de José Herrera Salazar, Gerente General de la empresa minera, sin considerar ningún elemento probatorio.
La resolución fiscal exhorta a la Minera Pampamali para que “formule sus denuncias con elementos de juicio basados en hechos concretos, que permitan la actuación del aparato estatal”.
Según señalan los denunciados, la actitud de la minera tuvo el objetivo de minar la defensa comunal en las cuencas de los ríos Atuna y Sicra, donde los pobladores de Secclla, Lircay, Julcamarca, Santo Tomás de Pata y Congalla iniciaron acciones el año 2005 en contra de la explotación minera.
Caso Minera Pampamali
El conflicto se inicia en la primera mitad del 2002, cuando las empresas mineras Pampamali y American Gold contaminan los ríos que la población de Angaraes utiliza para su consumo diario.
En ese momento, las empresas ya habían iniciado la extracción de plata, plomo, zinc y otros metales, sin contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y sin haber cumplido con presentar y aprobar los respectivos estudios de impacto ambiental (EIA).
El 28 de abril de 2003 la empresa pretendió realizar una audiencia pública para presentar el EIA, la cual se frustró por el Paro Cívico convocado por los Frentes de Defensa de los barrios de Bellavista, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Virgen del Carmen, Santa Rosa, entre otros.
La empresa presentó luego un EIA semidetallado ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la cual efectuó cuarentinueve observaciones, mediante el Informe Nº848-2004-MEM-AAM/LS/LV/AL/FV.
Luego del paro cívico los pobladores realizaron una denominada marcha de sacrifico hasta las instalaciones de la minera Pampamali y lograron que la empresa decida retirarse de la zona.
El 27 de febrero de 2005, Pampamali es autorizada por el MEM, mediante la Resolución Directoral 531-2004 MEM/AAM, para continuar con sus actividades.
El 12 de setiembre de 2007, se desarrolla un paro provincial de 24 horas convocado por diversas organizaciones sociales exigiendo que la empresa minera se retire porque no cuenta con el consentimiento de la totalidad de la población.
Ello debido a que la empresa solo contaban con la autorización de algunos ex directivos comunales de Quispicancha y Ccochatay y no de los dos tercios de las asambleas comunales, tal y como lo establece la ley.
Finalmente, en noviembre de 2007 mediante acuerdo de conciliación la empresa minera se comprometió a retirarse de los territorios ocupados.
Por ello, decidió entonces denunciar a varios comuneros, como una forma de perseguirlos y amedrentarlos, siendo los cargos más graves los de apología al terrorismo y secuestro.
Actualmente, Pampamalli ya cuenta con el Certificado de Operación Minera (COM) otorgado por la Dirección General mediante la Resolución Nº 667-2007-MEM-DGM/V a fin de desarrollar con sus actividades de exploración minera.
Servindi-Lima 11/08/2010
PEDIRÁN A MINISTRO DE CÓRDOBA EXPLICAR RESOLUCIÓN A FAVOR DE GRUPO ROMERO
La integrante de la Comisión Agraria del Congreso, Elizabeth León, solicitará la presencia del ministro de Agricultura, Adolfo De Córdoba, ante su grupo de trabajo para que explique la resolución que permite al Grupo Romero continuar sus actividades de deforestación en Barranquita (San Martín).
A través de CNR, León Minaya cuestionó la decisión del referido portafolio que, en la práctica, habilita al emporio empresarial a reanudar sus operaciones de deforestación en el predio Palmas del Caynarachi, el cual abarca unas tres mil hectáreas.
León consideró que el caso pone en evidencia la ausencia de una real política agraria en el país, que sirva para poner en valor nuestros recursos naturales o el proceso de descentralización.
"Es curioso en este caso, de cómo se le da competencias al gobierno regional (de San Martín) y luego se le quitan (...) ¿para quién estamos gobernando? Como aquí la que manda es la empresa, en el fondo el asunto es quién toma las decisiones y cómo se cumple el principio de autoridad", comentó.
De otro lado, León Minaya cuestionó la intolerancia de los integrantes del Parlamento ante la designación de la congresista quechuahablante Hilaria Supa como titular de la Comisión de Educación.
Recordó que hace dos días se celebró el día de los pueblos originarios. "Estamos queriendo hacer entender al Perú es que si alguna riqueza posee con la cual ser exitoso y moderno en este concierto mundial es con su diversidad cultural; y eso pasa por que asimilemos que en el país no hemos terminado de construir ni siquiera la Nación por que no reconocemos al otro", acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/08/2010
Un grupo de comuneros de Hualgayoc, llegaron a bordo de un volquete hasta la carretera de acceso a la minera Coimolache, donde desde el medio día de ayer bloquean la carretera de acceso a la referida mina, así lo dieron a conocer fuentes allegadas a la comunidad, quienes insisten en su protesta por la cual exigen a las empresas mineras Gold Fields y Coimolache, cumplan con abastecer de servicio de agua a la comunidad pues desde hace mucho tiempo las actividades de extracción han afectado los manantiales de la zona.
“Estamos en la carretera 501 donde evitaremos el acceso y salida de vehículos a la empresa de la minera” expresaron, además se supo que varios vehículos de la compañía Rodrigo Carranza, tuvieron que retornar, debido al bloqueo, así lo informo Napoleón Gutiérrez Anticona, uno de los líderes de los quejosos
Según Gutiérrez esperarán la llegada de una comisión de alto nivel que vaya a la zona para mediar en sus reclamos, y no pretender esperar la fecha que se le ocurra al Ministerio de Energía y Minas, y que las comunidades no esperaran más tiempo desabastecidas del líquido elemento. Muchos de los manifestantes acudieron a la marcha portando botellas de agua turbia, las mismas que dicen estar consumiendo, mientras que otros llevaron también botellas pero vacías en señal de falta de agua
Al promediar las dos de la tarde un grupo de policías, llegaron hasta la zona de bloqueo, sin embargo solo solicitaron documentos de los dirigentes e ingresaron a la minera para intentar el diálogo. De otro lado se supo que en zona denominada la fila del Sinchao, los comuneros empresarios continúan sus protestas
Diario El Mercurio-Cajamarca 12/08/2010
LA MITAD DE LOS CONFLICTOS SON SOCIO AMBIENTALES SEÑALA LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo registró hasta el último mes de julio 248 conflictos sociales, de los cuales 125 son de tipo socio ambiental, lo que representa un 50.4 por ciento del total.
Así lo indica el último Reporte de Conflictos Sociales Nº 77 en los que se precisa que 108 de esos conflictos han presentado al menos un caso de violencia desde el inicio del mismo.
En total son 23 departamentos donde se han registrado conflictos socio ambientales, de los cuales Ancash registró 15; Cajamarca, 13; Cusco, 12; Lima, 11 y Puno 16.
A éstos se suman 37 casos correspondientes a asuntos de Gobierno Local y 21 casos de naturaleza laboral, entre otros.
Además, el documento da cuenta de 28 acciones colectivas de protesta en todo el ámbito nacional y tres acciones de violencia subversiva.
Servindi-Lima 11/08/2010
ANUNCIAN PARO CONTRA RÍO BLANCO EN HUANCABAMBA
La Central Única de Rondas Campesinas de Huancabamba (Piura) acatará el una paralización de protesta 1 de setiembre contra la presencia de la minera Río Blanco Copper S.A., en todo el territorio de esta provincia.
Así lo anunció Pedro Velazco, presidente electo de la referida organización de base, quien indicó que aún resta determinar si la medida de fuerza será por 48 horas o tendrá carácter indefinido.
"Es una ventaja habernos enterado de lo que el Grupo Zijin (propietaria de Río Blanco) hizo en su país. Con eso, ya sabemos lo que la minera Río Blanco podría hacer aquí. Contaminaría de forma aún peor en nuestras montañas”; dijo haciendo referencia al caso del derrame de sustancias tóxicas a las aguas de un río de China, provocado por una planta de procesamiento de cobre de propiedad del Grupo Zijin, ocurrido a principios de julio de este año.
Este hecho ha sido considerado como una de las peores catástrofes ambientales de los últimos años en ese país, motivando que cuatro funcionarios del Grupo Zijin, incluyendo al vicepresidente, hayan sido arrestados por la policía china al tener responsabilidad en el mismo.
Velazco García ratificó el descontento de los comuneros de Huancabamba a causa de la presencia de los campamentos mineros de Río Blanco, que continúan instalados ilegalmente en los territorios de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca).
Además, adelantó que las demás organizaciones sociales de Huancabamba se sumarán progresivamente a este paro. “Los ronderos siempre nos hemos caracterizado por defender el medio ambiente y la tierra, así como combatir la corrupción de las autoridades. Vamos a continuar con eso durante los dos años que estaré en el cargo de presidente”, manifestó.
Coordiandora Nacional de Radio-Lima 11/08/2010
EMPRESA COLOMBIANA ECOPETROL PRETENDE ADQUIRIR MÁS LOTES PETROLEROS PERUANOS
Carlos Rendón, gerente general de Ecopetrol, anunció su interés de participar en la próxima licitación de lotes de hidrocarburos que Perupetro realizará el 14 de octubre.
Los 25 los lotes a ser licitados se ubican en la cuenca del río Marañón (165, 166, 167, 168, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 186 y 187), Ucayali (169, 171, 173, 174, 175, 176, 188 y 189) y Huallaga (180, 182 y 184).
También se incluye el lote 172 ubicado en la cuenca del río Santiago en los departamentos de Cajamarca, Amazonas y Loreto; y el lote XXVIII, en la cuenca del río Sechura, comprendida en los departamentos de Piura y Lambayeque.
El interés de la empresa petrolera colombiana responde a las metas planteadas como parte de su estrategia empresarial que busca crecer anualmente en doce por ciento.
Rendón afirmó que “está analizando todo lo que se ha ofrecido” y será la parte técnica la que los guiará “para tomar la decisión final”.
Entre otras empresas interesadas en participar están las petroleras francesas Total y Perenco y las estadounidenses Phillips y Exxon Movil.
También las compañías Chevron, BHP Billiton, Repsol-YPF, Oxy, Hess, Vanco, SK Energy , entre otras.
Servindi-Lima 11/08/2010
HIDROELÉCTRICAS SIGNIFICAN EL FIN DE COMUNIDADES INDÍGENAS
La organización no gubernamental Survival lanzó el informe “Presos del desarrollo: Pueblos indígenas y presas hidroeléctricas”, donde se da cuenta de los efectos negativos provocados por la construcción de hidroeléctricas.
El problema nace cuando la construcción de hidroeléctricas implica el desplazamiento de cientos de aborígenes de sus territorios ancestrales.
El informe aborda de manera histórica el problema y señala que el momento más crítico fue en la década de 1970. Época cuando “se construían mil al año”.
Para 1990 la preocupación crece sobre los efectos negativos que producen por lo que ocho años después se crea la Comisión Mundial de Presas (CMP o WCD, según su sigla en inglés).
El informe reconoce los serios impactos de las represas sobre las vidas, medios de subsistencia, culturas y existencia espiritual de los pueblos indígenas y tribales.
Por ello, señala que es imprescindible que “allí donde los proyectos afecten a pueblos indígenas y tribales, dichos procesos deben ser guiados por su consentimiento libre, previo e informado”.
El informe hace mención que la mayoría de estos proyectos se realiza sin consultar a la población afectada o el desarrollo del mismo no es el más adecuado.
El texto explica el problema en función a distintos casos reales existentes en Asia, África y América, donde las comunidades originarias ya no pueden vivir de acuerdo a su cultura.
Ese es el caso del embalse de la presa Bakun de Sarawak que provocó la expulsión de miles de familias, entre ellas indígenas.
En el estado de Mato Grosso, en Brasil, en el 2009 y 2010, el pueblo indígena de los Enawene Nawe no pescó nada durante su temporada anual de captura de peces.
Ese desastre se debe a que el caudal del río cambió debido a las setenta pequeñas presas hidroeléctricas que se construyen a lo largo del río Juruena.
Otro aspecto que se desarrolla en el documento es la pérdida de territorio debido a que la mayoría de las comunidades no cuenta con título de propiedad.
El documento destaca el vínculo vital que existe entre los pueblos indígenas y su tierra debido a que la Madre Tierra influye en su estructura y cohesiona a sus habitantes.
También brinda recomendaciones, tales como que las presas hidroeléctricas en tierra de pueblos indígenas deban paralizarse, al menos hasta que sean aprobadas por las mismas poblaciones. Eso incluye también hasta que los derechos territoriales colectivos de los indígenas sean reconocidos.
En el caso de los pueblos indígenas aislados, con los que la consulta no es posible, el informe claramente afirma que no deberían construirse hidroeléctricas en territorios que les afecten.
Finalmente, afirma que las empresas y los inversores financieros sólo deben involucrarse en el proyecto de una presa hidroeléctrica si cuenta con un total consentimiento de las comunidades originarias afectadas.
Servindi-Lima 11/08/2010
ARCHIVAN INVESTIGACIÓN CONTRA COMUNEROS DE SECCLLA POR “TERRORISMO Y SECUESTRO”
El Ministerio Público de Huancavelica decidió archivar la investigación preliminar abierta a diecinueve comuneros de Secclla, en Angaraes, acusados en abril por la empresa minera Pampamali de intentar tomar el campamento minero.
La decisión se adoptó el pasado 8 de agosto mediante la Resolución Fiscal Nº 539-2010.
La investigación se abrió únicamente en base a la manifestación de José Herrera Salazar, Gerente General de la empresa minera, sin considerar ningún elemento probatorio.
La resolución fiscal exhorta a la Minera Pampamali para que “formule sus denuncias con elementos de juicio basados en hechos concretos, que permitan la actuación del aparato estatal”.
Según señalan los denunciados, la actitud de la minera tuvo el objetivo de minar la defensa comunal en las cuencas de los ríos Atuna y Sicra, donde los pobladores de Secclla, Lircay, Julcamarca, Santo Tomás de Pata y Congalla iniciaron acciones el año 2005 en contra de la explotación minera.
Caso Minera Pampamali
El conflicto se inicia en la primera mitad del 2002, cuando las empresas mineras Pampamali y American Gold contaminan los ríos que la población de Angaraes utiliza para su consumo diario.
En ese momento, las empresas ya habían iniciado la extracción de plata, plomo, zinc y otros metales, sin contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y sin haber cumplido con presentar y aprobar los respectivos estudios de impacto ambiental (EIA).
El 28 de abril de 2003 la empresa pretendió realizar una audiencia pública para presentar el EIA, la cual se frustró por el Paro Cívico convocado por los Frentes de Defensa de los barrios de Bellavista, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Virgen del Carmen, Santa Rosa, entre otros.
La empresa presentó luego un EIA semidetallado ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la cual efectuó cuarentinueve observaciones, mediante el Informe Nº848-2004-MEM-AAM/LS/LV/AL/FV.
Luego del paro cívico los pobladores realizaron una denominada marcha de sacrifico hasta las instalaciones de la minera Pampamali y lograron que la empresa decida retirarse de la zona.
El 27 de febrero de 2005, Pampamali es autorizada por el MEM, mediante la Resolución Directoral 531-2004 MEM/AAM, para continuar con sus actividades.
El 12 de setiembre de 2007, se desarrolla un paro provincial de 24 horas convocado por diversas organizaciones sociales exigiendo que la empresa minera se retire porque no cuenta con el consentimiento de la totalidad de la población.
Ello debido a que la empresa solo contaban con la autorización de algunos ex directivos comunales de Quispicancha y Ccochatay y no de los dos tercios de las asambleas comunales, tal y como lo establece la ley.
Finalmente, en noviembre de 2007 mediante acuerdo de conciliación la empresa minera se comprometió a retirarse de los territorios ocupados.
Por ello, decidió entonces denunciar a varios comuneros, como una forma de perseguirlos y amedrentarlos, siendo los cargos más graves los de apología al terrorismo y secuestro.
Actualmente, Pampamalli ya cuenta con el Certificado de Operación Minera (COM) otorgado por la Dirección General mediante la Resolución Nº 667-2007-MEM-DGM/V a fin de desarrollar con sus actividades de exploración minera.
Servindi-Lima 11/08/2010
PEDIRÁN A MINISTRO DE CÓRDOBA EXPLICAR RESOLUCIÓN A FAVOR DE GRUPO ROMERO
La integrante de la Comisión Agraria del Congreso, Elizabeth León, solicitará la presencia del ministro de Agricultura, Adolfo De Córdoba, ante su grupo de trabajo para que explique la resolución que permite al Grupo Romero continuar sus actividades de deforestación en Barranquita (San Martín).
A través de CNR, León Minaya cuestionó la decisión del referido portafolio que, en la práctica, habilita al emporio empresarial a reanudar sus operaciones de deforestación en el predio Palmas del Caynarachi, el cual abarca unas tres mil hectáreas.
León consideró que el caso pone en evidencia la ausencia de una real política agraria en el país, que sirva para poner en valor nuestros recursos naturales o el proceso de descentralización.
"Es curioso en este caso, de cómo se le da competencias al gobierno regional (de San Martín) y luego se le quitan (...) ¿para quién estamos gobernando? Como aquí la que manda es la empresa, en el fondo el asunto es quién toma las decisiones y cómo se cumple el principio de autoridad", comentó.
De otro lado, León Minaya cuestionó la intolerancia de los integrantes del Parlamento ante la designación de la congresista quechuahablante Hilaria Supa como titular de la Comisión de Educación.
Recordó que hace dos días se celebró el día de los pueblos originarios. "Estamos queriendo hacer entender al Perú es que si alguna riqueza posee con la cual ser exitoso y moderno en este concierto mundial es con su diversidad cultural; y eso pasa por que asimilemos que en el país no hemos terminado de construir ni siquiera la Nación por que no reconocemos al otro", acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/08/2010
