Comunidad protesta • Dirigente y vocero de comunidad campesina dice que sus tierras son inalienables según la Ley de Comunidades Indígenas.
Por Elízabeth Prado.
Foto: Edgar Jara.
Mercedes Saucedo Ríos, presidente del Comité de Autodefensa de la Comunidad Indígena de Michiquillay, Cajamarca, rechazó la pretensión del gobierno aprista de licitar una mina que está dentro de su propiedad, y denunció además que Proinversión no se ha contactado con ellos para convocar a concurso público.
En conversación con La República, el dirigente comunero afirmó que sus tierras no pueden ser licitadas sin el permiso de la comunidad, tal como lo dispone la Ley de Comunidades Indígenas.
Pruebas al canto "Podemos demostrar nuestra propiedad mediante la resolución
157 del 25 de julio de 1963. El gobierno estaría yendo por encima de la ley que dice que las comunidades indígenas son inalienables e imprescriptibles. Este derecho lo vamos a defender", anotó.
Saucedo denunció que hace dos años Proinversión dividió a su comunidad y empezó su trato con personas que viven en Cajamarca, a quienes el dirigente se refirió como "comuneros no calificados".
"Los calificados son los que viven dentro de la comunidad y se dedican a labores agrícolas y ganaderas.
William Salcedo fue elegido presidente y con otros comuneros no calificados han ido a Lima en setiembre del año pasado y firmaron un acta de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas que nosotros desconocemos".
En esta acta, los "comuneros no calificados" habrían aceptado la reubicación de los pobladores que viven en las zonas de influencia del proyecto minero.
El problema es que las autoridades centrales debieron consultar su propuesta de licitación en la asamblea general de la comunidad, algo que no hicieron. Según los estatutos citados por Mercedes Saucedo, cualquier acuerdo referido a su propiedad debe ser aprobado por dos tercios de comuneros calificados.
Presencia policial
Respecto a la apertura de sobres que realizará Proinversión a fines de febrero, Saucedo dijo que la comunidad decidirá, de acuerdo con sus normas, las acciones que tomarán si es que esta se lleva a efecto.
"La comunidad ya está en este momento violentada en sus derechos con la presencia de policías y no se va a aceptar una vez más que se vulnere la ley de comunidades indígenas" aseguró.
Efectivamente, la policía sigue en el campamento minero de Michiquillay recogiendo reactivos químicos descubiertos recientemente.
El tiempo otorgado por la fiscalía para estas labores fue de siete días, luego se amplió a una semana más que se cumplió el sábado pasado a las cinco de la mañana. Ahora la Policía ha solicitado una tercera ampliación que ha generado la protesta y la suspicacia de la población.
Presidente del Comité de Autodefensa de Michiquillay reclama respeto a sus tierras.
Propiedad comunal. Resolución del Ministerio de Agricultura confirma a la comunidad como propietaria de tierras en las que se ubica la mina Michiquillay. Haga click en la imagen para ampliar.Diario La República- Lima 12/02/2007
