Desde Cajamarca, Mirtha Vásquez Chuquilín, directora ejecutiva y asesora legal de la ONG Grufides, consideró que la revelación de La República de la identidad de un alto funcionario de Forza en el espionaje al padre Marco Arana ha creado una nueva situación que obliga a reconsiderar el archivamiento del caso dispuesto por el fiscal Fredy Gómez.
Por Edmundo Cruz.
Foto: Edgar Jara.
Investigar, no archivar. Es lo que procede en el caso del Operativo El Diablo, plantean Mirtha Vásquez y el padre Arana.
–¿De qué modo la revelación de la identidad de "Pato" impacta en la decisión del archivamiento del caso Operativo El Diablo?
–El fiscal tendría que reconsiderar su resolución porque periodísticamente se ha demostrado la existencia de un vínculo fehaciente entre los responsables del espionaje y la empresa Forza. El fiscal no se ha dado el trabajo de investigar pese a que su obligación es determinar la existencia de ilícitos y sus responsables.
–¿Cuáles serían los delitos que el fiscal Fredy Gómez no ha considerado?
–No ha evaluado la intencionalidad de los hechos, o sea el propósito de perturbar, intimidar, compeler a las personas a realizar actos en contra de su voluntad. El fiscal sólo ha evaluado el hecho de haber fotografiado a las personas, a lo que no le da ninguna trascendencia jurídica. Algo más, nunca evaluó la figura de asociación ilícita para delinquir pese a que se ha probado una actuación organizada de los investigados para un fin que terminó siendo ilícito.
–Su resolución dice que no ha encontrado ninguna prueba.
–Las pruebas están en los CPU, pruebas de los seguimientos realizados y de los responsables de los mismos. Sin embargo, en plena investigación, el fiscal devolvió los CPU a los denunciados. De esa manera coadyuvó a que se perdieran elementos probatorios determinantes que pudieron ayudar a descubrir a los verdaderos
responsables del ilícito.
–¿Qué otras evidencias no ha tomado en cuenta el fiscal?
–Pese a los insistentes indicios, la resolución fiscal ni siquiera ha analizado la responsabilidad de la empresa Forza, que según las investigaciones resultaba siendo la responsables de los seguimientos. Sencillamente ha hecho omisión de análisis con respecto a la responsabilidad de este ente. Por su parte, los investigados han solicitado que se denuncie penalmente al padre Marco Arana, a la doctora Mirtha Vásquez y al técnico Antonio Gálvez.
–¿Bajo qué cargo?
–Por violación de secreto de comunicación. Este pedido no ha sido resuelto aún por el fiscal, pero sí ha dado la razón a los investigados en el extremo de la no existencia del delito. Entonces, es posible que también le dé la razón con respecto a este pedido solicitado.
Si es necesario iremos a las cortes internacionales
–¿Apelarán la resolución del fiscal Gómez Malpartida?
–Tratándose de una resolución fiscal, no procede una apelación sino una queja de derecho, recurso que tiene la misma naturaleza pero que en los casos de investigaciones fiscales se llama queja de derecho. La presentaremos el próximo martes porque recién nos notificaron el día jueves primero de febrero y tenemos tres días para responder.
–¿Qué actitud han dedicido tomar si se confirma el archivamiento del caso?
–Veremos la posibilidad de ir a los fueros internacionales, puesto que no es posible que a nivel de la justicia peruana se deje impune un hecho que a todas luces termina atentando contra los derechos humanos de las personas y contra la seguridad de los ciudadanos que no son debidamente protegidos por el Estado.
Diario La República-Lima 04/02/2007
