25 kg mensuales de oro informal produce Algamarca
Aproximadamente 25 kilogramos de oro se producen por mes a un valor bruto de US$ 520,000 en el cerro Algamarca – Cajamarca llevándolos a los pobladores a enfrentarse trayendo como resultado pérdidas humanas por manipular insumos altamente letales.
El hecho lo dio a conocer el congresista de la República Alejandro Rebaza Martell (APRA), al recibir un informe solicitado al Ministerio de Energía y Minas donde se da cuenta también que se están utilizando un aproximado de hasta mil 500 kilogramos de cianuro por mes lo que está ocasionando graves daños al medio ambiente.
Se conoce que son cerca de 3 mil personas las que se dedican de manera informal a la producción de oro, acción que realizan a pulso en las vetas que luego son tratadas en pozas donde se utiliza peligrosamente grandes cantidades de cianuro y cal.
A la fecha de inspección se logró ubicar hasta 120 pozas de cianuración las que se manipulan de manera irresponsable ocasionando graves daños e impactos ambientales que perjudica a los mismos pobladores de la zona.
La situación en la actualidad es preocupante, más si añadimos que ya se ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y la constante amenaza de producirse nuevos enfrentamientos entre quienes quieren seguir produciendo de manera informal y los que se oponen a ello, a esto se suman los que por ningún motivo aceptan una presencia minera en la zona.
Hay que comentar que hace 25 años en ese lugar, que hoy enfrenta conflictos, operó la Compañía Minera Algamarca, la que paralizó sus actividades y dejó pasivos ambientales como efluentes de mina, relaves y desmonteras.
Otro de los problemas es que la empresa conservó 26 concesiones mineras las que en el 2002 transfirió a terceros generándose de esta manera problemas judiciales sobre la propiedad de las mismas. Las empresas involucradas son Sulliden Shahuindo SAC, Inversiones Mineras Sudamericanas SA, Minera Pilacones SA, y Andean Mining Gold Inc.
Para el 21 se setiembre se realizará una inspección técnica donde participará INRENA, DIGESA y como observadores estarán las autoridades locales y representantes de los centros poblados y las rondas campesinas. Este es un compromiso asumido por el MEM alertó Rebaza Martell
Diario Panorama – Cajamarca 21/03/2007
Elaborarán informe técnico sobre minería informal en Cajamarca
Un conjunto de autoridades elaborará un informe técnico sobre la situación actual de la minería informal en Algamarca, provincia de Cajambamba (Cajamarca), donde unos tres mil mineros informales extraen oro manipulando insumos tóxicos como el cianuro, sin las condiciones mínimas de seguridad.
El documento será desarrollado con participación de las direcciones regionales de Energía y Minas, Trabajo, Salud, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Consejo Nacional del Ambiente (Conam) y Defensoría del Pueblo.
El representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca, José Luna Ugarte, explicó que cada sector presentará un informe que será evaluado en la próxima reunión programada para el 3 de abril.
En dicha fecha se elaborará un informe final con recomendaciones que serán alcanzadas al presidente regional de Cajamarca, Jesús Coronel Salirrosas, quien adoptará las medidas que estime conveniente.
“Somos un grupo de trabajo cuyo objetivo es apoyar técnicamente al gobierno regional en la solución de la minería informal”, enfatizó el funcionario.
Comentó que resolver el litigio de la propiedad entre las empresas Shulliden Sahuindo y Algamarca es una alternativa, pero advirtió que el tema pasa por si los mineros cuentan con la autorización para la extracción y si están contaminado o no el medio ambiente.
Sobre el desalojo de los trabajadores, precisó que es decisión del gobierno regional.
“Lo bueno es que las autoridades locales y regionales están tomando conciencia de la fortaleza que tienen para hacer respetar el principio de autoridad”, aseveró.
El presidente regional se reunirá el sábado 31 de marzo con el alcalde de Cajabamba, Carlos Urbina Burga, y dirigentes de los mineros informales, entre otros, para discutir sobre el tema.
En la cita se presentará el resultado del análisis de la calidad de agua de la zona de influencia de Algamarca, realizado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).
ANDINA - Cajamarca 21/03/2007
LOS RETOS ÉTICOS DE LA NUEVA CULTURA DEL AGUA
El agua es el alma azul de este planeta. Por ello, luchar por recuperar la salud de nuestros ríos, lagos y humedales es luchar por la salud y la vida de los pueblos que lo habitamos. Actualmente se estiman en más de 1.100 millones las personas que no tienen garantizado el acceso a aguas potables; y como consecuencia de ello, unas 10.000 mueren cada día, en su mayoría niños, al ser ellos los más vulnerables.
Frente a esta situación, desde las instituciones económicas y financieras internacionales, se viene promoviendo un modelo de globalización basado en el libre mercado que propugna la mercantilización del medio ambiente, de los servicios y patrimonios ambientales y en particular de los servicios públicos de agua y saneamiento.
Entendemos que este no es el camino justo ni adecuado. En los albores del nuevo milenio, la humanidad afronta un triple reto histórico en materia de gestión de aguas:
Garantizar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos;
Promover nuevos modelos de gestión pública participativa en un marco deglobalización democrática que garantice los derechos humanos y universalice los derechos básicos de una ciudadanía global;
Recuperar nuestra relación emocional con el agua, rescatando los valores patrimoniales, de belleza, de disfrute y de identidad territorial y colectiva de nuestros ríos, lagos y humedales.
Tres retos con una base común: la necesidad de nuevos enfoques éticos y culturales.
A menudo, el diagnóstico general se centra en la escasez de aguas. Sin embargo, nadie ha instalado su casa lejos de ríos, lagos o pozos, de los que obtener el agua dulce que todos necesitamos para vivir. El problema está en que hemos degradado y roto la salud de esos ecosistemas, y con ella la de las comunidades más pobres. En los países más desarrollados, matar un río, aún suponiendo problemas serios, no suele afectar directamente a la salud de sus habitantes. Sin embargo, en muchos lugares, matar ríos, secar humedales o contaminar acuíferos, no sólo significa destruir pesquerías y recursos imprescindibles para la vida de millones de personas, sino que implica literalmente quebrantar la salud de comunidades enteras que beben esas aguas y que viven en estrecha relación con la naturaleza.
Por todo ello, en contra de lo que algunos argumentan, la lucha por garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, es un reto de la máxima prioridad, especialmente en los países y comunidades más pobres.
Es preciso también tener en cuenta que más allá de los valores sociales, ecológicos y económicos del agua, debemos redescubrir el mundo de las emociones que tradicionalmente ha suscitado en todas las culturas el agua como elemento de vida, de belleza y de magia. Volver a enamorarnos de nuestros ríos, volver a enamorarnos en nuestros ríos y en sus riberas. Redescubrir el mundo de emociones que encierra navegar, nadar o simplemente contemplar, contemplar cómo pasa, como suena, como habla, como canta… nuestro río.
Dr. Pedro Arrojo Agudo
Premio Goldman 2003 de Medioambiente.
La Sostenibilidad del Desarrollo
Si bien en los últimos años, se avanzó en el país en normas ambientales relacionadas con la minería, lo cierto es que el actual gobierno está dando marcha atrás. En vez de buscar una solución integral a las debilidades de la gestión ambiental pública, una de cuyas limitaciones es su carácter sectorializado, en el caso de la minería se optó por crear el OSINERGMIN, con lo cual la autoridad encargada de precios y tarifas es ahora la encargada de la gestión ambiental en minería.
El 10/3/07, el MEM publicó el DS 014-2007-EM, con lo que se rebaja las exigencias para la aprobación de proyectos de exploración minera. El problema fundamental es que, en vez que el actual gobierno mejore y refuerce la capacidad del Estado para que se haga una minería que ambientalmente no ponga en peligro el agua, los ecosistemas y la salud de las poblaciones que viven alrededor de las operaciones mineras, lo que esta norma pretende hacer es todo lo contrario, ya que recorta aún más el derecho de participación ciudadana, la mayoría de las comunidades o municipios sobre cuyos territorios se hará la actividad ni siquiera tienen los recursos económicos y humanos para informarse, estudiar el expediente y emitir observaciones que pudieran ayudar a mejorar el proyecto o, en su defecto, expresar las preocupaciones o impedimentos existentes para que la autoridad de la lejana Lima no genere conflictos locales por decisiones inadecuadas y luego termine culpándolos. Como ha señalado la Red Muqui: "En una coyuntura de conflictos permanentes asociados a las actividades mineras, se requiere un Estado más eficaz y eficiente, no uno más concesivo y débil que garantice y proteja los derechos de las personas, tales como una mayor participación ciudadana con mejores exigencias ambientales y sociales. Por el contrario, la norma promulgada, constituye un serio retroceso en el proceso de democratización del país y, sin duda, muestra cómo se busca favorecer más los intereses de las empresas mineras".
Agricultura también ha puesto su granito de arena para debilitar la gestión ambiental pública descentralizada, ya que las municipalidades estaban resultando molestas a las empresas mineras al declarar áreas municipales protegidas. Como señala la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el MINAG promulgó el DS 015-2007-AG que modifica el reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas limitando las competencias constitucionales de las municipalidades, las que tienen entre sus atribuciones definir autónomamente la organización de sus espacios territoriales y el establecimiento de áreas de conservación municipal. La opinión de la SPDA señala que esta norma resulta "altamente nociva y lamentable pues evidencia un proceder del Estado... contrario a sus obligaciones referidas a la conservación". Urge que la Defensoría del Pueblo, congresistas, alcaldes y presidentes regionales del país, especialmente los de las zonas con grandes recursos naturales, exijan la derogación inmediata de estas normas y se pronuncien para que las metas de la macroeconomía y los intereses privados no terminen poniendo en peligro la sostenibilidad de nuestro desarrollo.
La República - Lima 21/03/2007
Escrito por: Marco Arana.
Una tendencia peligrosa.....
CADA VEZ MENOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MINERÍA
El pasado 10 de marzo fue promulgado el D.S. Nº 014-2007- EM que modifica el reglamento ambiental para las actividades de exploración minera (el D.S. N° 038-98-EM). Las modificaciones hechas al reglamento, constituyen un serio debilitamiento de la garantía de los derechos de participación ciudadana en estos procesos, y apuntan a simplificar el trámite para la autorización de las exploraciones mineras mediante autorizaciones automáticas y procesos de silencio administrativo, lo que constituye un tema de gran sensibilidad. Sobre el tema, el propio Banco Mundial había indicado que los marcos normativos que tienden a la autorización automática de los procesos de exploración minera han constituido una importante fuente de conflictos locales.
Algunos de los principales puntos de preocupación contenidos en el recién aprobado D.S. Nº 014-2007-EM, son los siguientes: a) se mantiene aprobación automática de la viabilidad ambiental para proyectos de Categoría B (actividades de exploración en las cuales se originen vertimientos y se requiera disponer desechos, que puedan degradar el ambiente de la zona, y donde el área efectivamente disturbada sea aquella requerida para construir 20 plataformas de perforación o menos, siempre que no supere en total 10 hectáreas) , y se reducen los plazos de 20 a cinco días, lo que podría derivar en que dichos estudios sean aprobados a pesar de tener observaciones; b) se mantiene la aprobación por silencio administrativo proyectos de Categoría C (comprenden actividades de exploración más complejas que las descritas en la Categoría B ), y se reducen los plazos. Por lo que dadas las limitadas capacidades del MEM, la aprobación de los mismos podría hacerse de manera más rápida. En la práctica, esto constituirá un proceso de aprobación inclusive por encima de las observaciones y oposición que tengan no sólo las comunidades y autoridades locales, sino el propio Ministerio. c) La reducción de garantías para la participación ciudadana. La nueva propuesta limita la capacidad de la ciudadanía de presentar observaciones y comentarios en el proceso de otorgamiento de la viabilidad ambiental, entre otros.
Por otro lado, llama la atención que el Ministerio no haya tomado en consideración las recomendaciones que sobre la materia había hecho la Defensoría del Pueblo para el caso de la aprobación del Proyecto Río Blanco de la Minera Majaz en noviembre 2006 (Informe Nº 001 -2006/ASPMA-MA). El informe detallado de la Defensoría, propone la modificación del D.S. N° 038-98-EM, para la mejor garantía de los derechos ciudadanos en este proceso. Entre las principales recomendaciones destacan: Reglamentar fórmula de acuerdo con propietario del terreno, Obligación del Estado a dar respuesta a las observaciones, ampliación de plazos y mecanismos de difusión; incorporar aspectos sociales en el proceso de evaluación, reglamentar la paralización de actividades cuando no se haya obtenido la autorización correspondiente, entre otros. Lamentablemente ninguna de las recomendaciones antes detalladas está incluida en el recién aprobado D.S. Nº 014-2007-EM.
La pre-publicación del proyecto de reglamento se hizo el 21 de febrero, siendo el 26 de febrero del presente la fecha límite para hacer llegar los comentarios al MINEM. Se trata de un plazo insuficiente para recibir opiniones (tan sólo cinco días), que junto con la escasa difusión del mismo, parecerían dar cuenta del apuro e interés del Ministerio por aprobar el reglamento, sin garantizar las condiciones adecuadas de participación y recojo de observaciones.
Actualmente, muchos de los conflictos mineros en curso en nuestro país, tienen en su origen las serias limitaciones que tiene el actual diseño del proceso de autorización de exploración minera. La modificación del Nº 038-98-EM constituye un tema prioritario, sin embargo la-aprobación del D.S. Nº 014-2007-EM constituye un serio retroceso y una nueva y peligrosa fuente de conflictos locales. El Ministerio debe derogar este instrumento y propiciar un adecuado proceso de modificación del reglamento, desde una perspectiva acorde con las obligaciones en materia de derechos humanos, y en cumplimiento con los estándares de desarrollo que sobre la materia han propuesto instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
José De Echave C. COPERACCION -
Miembro de Red Muqui.
YANACOCHA ESTÁ DESTRUYENDO Y MODIFICANDO LAS FUENTES
NATURALES DE AGUA
Hay quienes sostienen en nuestro medio que la minería es generadora de agua porque plantea represar el agua de lluvia para que ésta no se pierda por escorrentía hacia los cursos naturales de agua que van hacia el mar. Pero lo que no dicen es que la minería en cabecera de cuencas, como es el caso de Yanacocha en Cajamarca destruye las fuentes naturales de agua y modifica el régimen natural de las aguas subterráneas y superficiales.
La minería obstruye o degrada el ciclo hidrológico del agua al interrumpir la circulación natural del recurso hídrico. Minera Yanacocha, debido a la magnitud de sus operaciones, es considerada la mina más grande de Latinoamérica y la segunda en el mundo. Esta empresa está removiendo más de 600 mil toneladas de suelo al día en la cabecera de cuatro importantes cuencas, destruyendo montañas y creando inmensas pirámides truncas llamadas canchas de lixiviación así como construyendo varios botaderos de desmonte.
Este tipo de minería tiene como una de sus principales víctimas el agua, ya que por ejemplo, el agua de lluvia que antes se infiltraba hacia los acuíferos, al no encontrar la cobertura del suelo que favorecía su retención y, por lo tanto, su infiltración, ahora discurre, cargada de sedimentos, hacia los ríos y quebradas circundantes favoreciendo de esta manera la pérdida del recurso en las corrientes superficiales de agua que van hacia el mar. Además para agravar el problema, la recarga del acuífero es también afectada porque las canchas de lixiviación, que debido a su extensa área impermeabilizada, retiene el agua de lluvia evitando su infiltración natural, ya que las rupturas que estas canchas sufren dejan solo pasar pequeñas cantidades de aguas altamente contaminadas.
El bombeo de aguas subterráneas es otra forma de interrumpir el ciclo hidrológico del agua, nadie sabe exactamente cuánta cantidad de agua está bombeando Yanacocha, pero son conocidos algunos de los permisos que el Ministerio de Agricultura otorgó a la minera para extraer agua del subsuelo y abastecer a los ríos, quebradas y canales de riego que debido a las operaciones mineras, se quedaron sin este vital recurso. Entonces, ¿el Ministerio de Agricultura, puede asegurar que Yanacocha no extrae más agua de la que está autorizada?, ¿la ha supervisado alguna vez?, ¿Yanacocha está pagando por el agua qué extrae?
Asimismo, la minería de tajo abierto está destruyendo aceleradamente nuestras fuentes naturales de agua. El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto La Quinua preveía que la quebrada Callejón y Tres Molinos desaparecerían con la actividad minera. El estudio hidrológico de Stratus Consulting sostiene que: “Las operaciones de explotación minera han causado una disminución mayor del 10% de la cantidad de agua en Quebrada Encajón, Río San José, Quebrada Chaquicocha, Quebrada Arnacocha, Río Colorado, y los tributarios superiores a Río Tinte. Los botaderos de desmonte, las canchas de lixiviación y el terreno descubierto en las cabeceras de estos ríos, cambia el camino de los flujos de agua en estas corrientes…”
Este grave problema que ha generado la minería en Cajamarca, ha sido refrendado por varios estudios técnicos que se han hecho en Cajamarca. Estos estudios concuerdan que lo más crítico de las operaciones mineras, ambientalmente hablando, es que ésta se desarrolla donde nacen las aguas que abastecen a la ciudad de Cajamarca y unas treinta comunidades campesinas.
Ahora, con el fin de mantener el nivel de su producción, Yanacocha pretende duplicar el tamaño de sus operaciones sobre las cabeceras de las cuencas de los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, además de explotar yacimientos con baja ley (los yacimientos de Yanacocha ya explotados o que están en explotación tienen una ley promedio de 01 gr/ton de roca, ahora se pretende explotar yacimientos de hasta 0.5 gr/ton, es decir, Yanacocha necesitará remover el doble de suelo para extraer un gramo de oro y, por tanto, necesitará utilizar el doble de agua para lixiviar). Con esta ampliación de sus operaciones, las preguntas que debemos hacernos, para no ser víctimas de una publicidad mentirosa son: ¿cuántas otras fuentes de agua natural se verán afectadas como lo fue la Laguna Yanacocha que fue drenada para extraer el oro que había allí?, ¿cuántos otros canales de riego tendrán que recibir agua de bombeo como lo están los canales: Encajón- Collatán, Quishuar-Collotán, Yanacocha-LLagamarca y San Martín Túpac Amaru? y ¿a cuántas otras familias campesinas dejará sin agua Yanacocha en su afán de seguir creciendo ante la inacción de nuestras autoridades?
Estas son algunas de las preguntas que nuestras autoridades debieran responder con sensatez antes de seguir permitiendo el crecimiento de Yanacocha en las cabeceras de cuenca. De otro modo, ¿de qué servirán los magros beneficios del canon minero si nos quedamos sin nuestras fuentes naturales de agua?
Escrito por: Patricia Rojas - GRUFIDES
