MINERIA EN ALGAMARCA:
SACANDO PROVECHO DEL DOLOR DE UN PUEBLO
Estrategias de las empresas mineras y poder.

El Distrito de Algamarca se ubica en la provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca en el norte de los andes del Perú. A 70 kms al Sur de Yanacocha. Un millón y medio de onzas de oro y más de 35 millones de onzas de plata están en juego.
Allí dos empresas mineras, una nacional Minera Algamarca vinculada a un grupo familiar trujillano sospechoso de haber amasado una fortuna con actividades ilícitas de narcotráfico, y la otra una pequeña empresa canadiense Sulliden-Shahuindo dirigida por Leonard Harris, un reputado minero que ha sido gerente de Yanacocha y que llevó de la mano a Carlos Santa Cruz hasta encumbrarlo en el puesto de Vicepresidente de Newmont Latinoamérica.
Hace cinco años las dos empresas se embarcaron en un litigio judicial por la disputa del mismo yacimiento aurífero, en medio de las disputas armaron a los campesinos de la zona para "protegerse" una de otra, a la vista y paciencia de la policía que en sus días de franco refuerza sus equipos de seguridad, y de las demás autoridades de la zona que se han beneficiado del litigio de estas empresas. A los cuerpos de campesinos armados se sumó una legión de mineros ilegales que practican minería de lixiviación de cianuro en la cabecera de cuenca del valle de Condebamba, acaso uno de los valles más ricos y promisorios de Cajamarca. Sin duda, los mineros informales fueron alentados por las empresas en litigio. Centenares de mineros (se estima entre 900 y 1500) no podían surgir de la nada, muchos venían expulsados de Pataz por la lucha de defensa ambiental del alcalde de esa provincia, que ahora gracias a los buenos oficios de Minera Horizonte ha sido condenado a diez años de prisión por obstaculizar a la "minería responsable" y "atentar contra las sacrosantas inversiones privadas". Los mineros ilegales necesitaban insumos, el cianuro no se consigue por toneladas de la nada, tampoco las geomembranas y las armas para hacer valer la ley del más fuerte. El capital para abastecerse de los insumos y las redes para vender el ilícito oro (si acaso hay alguno lícito) vino de mafias organizadas que podrían estar vinculadas a otras empresas mineras. Es posible que el cianuro provenga de contrabando o de stocks no declarados de empresas "mineras responsables", Dupont, la mayor comercializadora de cianuro del mundo tiene que dar explicaciones. Las autoridades competentes tienen que dar explicaciones. Igualmente, es posible que el oro producido en Algamarca salga de contrabando. Según una versión periodística, a uno de los miembros de los Sánchez Paredes, la policía le encontró oro (todavía en proceso de refinación) en el piso de su moderna camioneta, pero nadie dijo ser dueño. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto oro se ha producido, quiénes y dónde se ha comercializado, ¿salió de contrabando o se sumó a los stocks de otras empresas formales?
Preguntas calientes que pocos quieren hacerse y, menos aún, encontrar respuestas.
La posición del Frente de Defensa Ambiental de Condebamba y de las Rondas Campesinas es clara: Quieren el fortalecimiento de la capacidad productiva agrícola y ganadera y la prohibición de todo tipo de actividad minera en la cabecera de cuencas del valle. Pero ellos son ignorados, acusados de estar vinculados al terrorismo, los narcotraficantes o las ONGs ambientalistas. Para ello, ha regresado a Cajabamba el Centro Social de Cajabamba, un desconocido grupo de cajabambinos residente en Lima que abandonaron su tierra porque no veían esperanza en ella y ahora cuando se han jubilado se proponen regresar a la zona a promover "la minería responsable", es decir aquella que contamina y se lleva las riquezas fuera del país legalmente (¿les paga Sulliden-Shahuindo o Yanacocha que tiene ganas de que su ex gerente les venda las acciones después que se deshagan de Minera Algamarca y de los mineros ilegales?). El Centro Social ha atacado por semanas a la ONG GRUFIDES. Los ataques contaron con el aplauso y la venia del Ing. Carlos Santa Cruz, Ricardo Morel y Marcos Valdez de Minera Yanacocha. Del lado de la prensa, Sandro Mariátegui y Andrés Bedoya se preocuparon hasta las lágrimas y la cólera por los campesinos de Cajabamba y escribieron artículos en el diario limeño El Correo. El amor de ambos periodistas por los campesinos de Cajabamba y el medio ambiente "del hermoso valle es conmovedor". En Cajamarca, casi toda la prensa local (algunas excepciones hay) se sumaron al cargamontón contra GRUFIDES.
LA VERDAD DE FONDO:
Minera Algamarca está bajo el fantasma de su pertenencia a un grupo familiar con evidentes vínculos con el narcotráfico. La autoridad debiera investigar y sancionar. Aunque en el Perú, hasta los narcotraficantes podrían apelar a su derecho a la inversión privada y el trabajo, sobre todo si dirigen fondos a la promoción de la minería.
Minera Sulliden-Shahuindo no es trigo limpio. Apenas si tiene capacidad financiera para arriesgarse a entrar en los andes de Cajamarca para especular con sus acciones en la bolsa de Toronto, pero si tiene la fuerza de estar dirigida por uno de los mejores gerentes mineros, Leonard Harris, que es famoso porque era gerente de Yanacocha cuando la Newmont le arrebató sus acciones a la BRGM francesa gracias a la intervención de Larry Kurlander a través de Montesinos (qué dicen los congresistas cajamarquinos y autoridades de gobierno de estos actos ilícitos: "¿no hay que espantar la inversión privada?")
Este mes, Minera Sulliden-Shahuindo espera arrebatarle legalmente la propiedad a Minera Algamarca. El parche antes de que salga el chupo lo ha puesto la revista CARETAS en su última edición (Nº 1965) que puede leerse así: "Si Minera Algamarca le gana a Sulliden-Shahuindo será porque el gerente de Minera Algamarca, Dr. José Abanto Verástegui ha sido asesor parlamentario del actual Ministro del Interior, Dr. Luis Alva Castro". Imagínense la presión política que habrá sobre el poder judicial para favorecer a Sulliden-Shahuindo. Menuda presión mediática de la pequeña transnacional sobre el partido de gobierno, presión que una empresa junior no podría haber hecho sin la ayuda los poderosos hombres de Newmont.
La estrategia perversa de las transnacionales mineras en Algamarca es clara: Desacreditar a la empresa minera nacional por sus supuestos vínculos con el narcotráfico, echar la culpa de contaminación a los mineros ilegales; culpar a las ONGs ambientalistas por ello; enfrentar a los propios campesinos armándolos; debilitar el poder del Estado en la zona, denunciar las actividades ilegales trayendo para ello a cajabambinos residentes en Lima, uno de cuyas cabezas visibles es un ex Gral. PNP en retiro Helí Flores; y finalmente presentar a la gran minería como solución a los problemas ambientales debido a que traerán "tecnología de punta"… "de punta de lanza" como dijo un líder campesino que lucha contra Minera Yanacocha en Cajamarca.
Las voces del Frente de Defensa de Cajabamba y de las Rondas Campesinas, serán el siguiente bocado para las mineras. Como dijo una reconocida conductora de un programa de televisión nacional, en relación al operativo de espionaje contra la ONG GRUFIDES y el padre Marco Arana: "No necesitan que nadie hable mal de ellas, todo mundo (sic.) sabe que son enemigos de la inversión privada, que promueven la violencia, que están vinculadas al narcotráfico y el terrorismo." La fórmula para el siguiente episodio está en la cabeza y los labios de Ricardo Morel, Gerente de Asuntos Externos de Minera Yanacocha: "Son terroristas ambientales"… "el terrorismo debe ser erradicado con todo el peso de la ley…" "Si es necesario hay que instaurar la pena de muerte, regurgitarán algunos congresistas."

Qué país es el nuestro, tan necesitado de justicia, de verdad, de líderes auténticos y de ciudadanos de a pie que luchen por él.
GRUFIDES

APRUEBAN PROYECTO QUE PROHÍBE TRABAJAR EN MINAS A MENORES DE 18 AÑOS

La Comisión de Energía y Minas aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone prohibir el trabajo de los menores de edad en cualquiera de las actividades mineras y que las familias de los niños que sean retirados de dicha labor y/o se mantengan al margen del mismo tengan prioridad para acceder a programas sociales de lucha contra la pobre y promoción del empleo. En su sesión del lunes 5, el grupo de trabajo legislativo acordó también insistir en el proyecto de ley que amplía el plazo de pago de vigencia y de las penalidades a los pequeños mineros y mineros artesanales, que fuera observada por el Ejecutivo.
El primer proyecto aprobado dispone modificar la tercera disposición final de la ley 27651, de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que establece erradamente que el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dispondría que la edad mínima de trabajo minero no debería ser inferior a los 14 años. En los considerandos de la norma, se precisa que dicho documento prescribe que la prohibición para realizar trabajos peligrosos rige para los menores de 18 años.
En este caso al que ejecutan en minas de oro u otros en explotación de canteras, trabajo subterráneo y excavaciones, lavaderos de oro y secadores de piedra, entre otros, considerados peligrosos y nocivos para su salud física y moral. El dictamen aprobado dispone, igualmente, encargar a los ministerios de Trabajo y de Energía y Minas para que en un plazo de 60 días dicten las disposiciones complementarias que sean necesarias para la plena aplicación de la norma, incluyendo la determinación de sanciones y penalidades a los empleadores que la incumplan.
Además, dispone facultar al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a crear un programa de atención a Niños y Adolescentes retirados del trabajo minero, con cargo a los recursos de su presupuesto, lo que permitiría llenar el vacío en los ingresos que dejaría de percibir por el retiro los menores de las actividades mineras. De otro lado, la Comisión acordó insistir en la autógrafa del proyecto de ley que propone otorgar un plazo máximo de 90 días, contados a partir de la vigencia de la ley, a los pequeños mineros y mineros artesanales para el pago y acreditación del derecho de vigencia y penalidad correspondientes a los años 2005 y 2006.
Aun cuando el derecho minero se encuentre extinguido, en cuyo caso su titular podrá solicitar la rehabilitación respectiva. Dicha rehabilitación no sería procedente respecto de aquellas áreas que hubieran sido peticionadas o redenunciadas por terceros a la fecha de la solicitud. En su primer artículo, el proyecto establece el monto del pago por derecho de vigencia, que sería de un dólar o su equivalente en moneda nacional por año y hectárea solicitada para los pequeños mineros; y de US$ 0.50, para los mineros artesanales.
Al sustentar su propuesta para insistir en la iniciativa, la congresista Vilca Achata precisó que el proyecto no atentaba contra ningún derecho de los mineros a pequeña escala y por el contrario les garantizaba su libertad a seguir trabajando en la concesión minera que hubiera caducado por falta del pago de vigencia. Por último, y con cargo a redacción, aprobó un dictamen que propone declarar de urgente necesidad pública y prioritario interés nacional la construcción del gasoducto Camisea-Santa-Ana-Cusco.
www.peruprensa.org 07/03/2007