29 de diciembre de 2007

MINISTERIO AMBIENTAL


La reciente propuesta del Poder Ejecutivo de crear un nuevo ministerio tiene que ser analizada seria y desapasionadamente. ¿Necesitamos realmente un Ministerio del Ambiente?

Por principio, somos opuestos al abultamiento del aparato estatal, sobre todo cuando reiteradamente sostenemos la urgencia de reducirlo dentro de la aún pendiente reforma estatal. Sin embargo, en el caso actual, se trata de un ámbito descuidado pero ciertamente amplio y problemático.

Efectivamente, según reportes recientes de la Defensoría del Pueblo, están en curso 79 conflictos sociales, la mitad de estos causados por divergencias en temas mineros y socioambientales, lo que demuestra la gravedad y prevalencia del tema ambiental.

Ante ello la respuesta del Estado ha sido hasta ahora poco efectiva. En ello influyen la falta de autoridad, firmeza y representatividad de los organismos reguladores encargados de velar por el medio ambiente, cuyos pronunciamientos son cuestionados y hasta ninguneados. Y el Ministerio de Energía y Minas, encargado de promover inversiones, no puede ser juez y parte.

La premisa básica en cualquier cambio, como lo señalamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno 2006, es que el medio ambiente "está para ser usado, pero no abusado". Se necesita, por tanto, políticas que propugnen un "desarrollo sostenible, que involucren una interacción entre la economía, la sociedad y el ambiente, la facilitación de la innovación tecnológica, así como la regulación y control para garantizar la sostenibilidad de los recursos en beneficio de las futuras generaciones".

En tal escenario, la propuesta de crear un Ministerio del Ambiente puede ser importante y necesaria para definir una política ambiental de modo objetivo, sin ceder ni a los prejuicios de los poderosos 'lobbies' ambientalistas o de las ONG verdes que se oponen a cualquier proyecto, ni a las presiones de algunas empresas que quieren explotar recursos sin ningún límite ni control.

Sin embargo, en este caso un ministerio por sí mismo no resuelve el problema. Lo que se necesita, complementaria-mente, es un nuevo organismo regulador sólido, respetable y respetado, que intervenga para dar directivas y solucionar conflictos con autoridad y determinación.

Para ello debe contar con una sólida autonomía e imparcialidad, un presupuesto independiente (que no provenga de los fiscalizados) y tener al frente a una personalidad con trayectoria técnica e independiente y que goce del respeto general. Solo así, y convocando el aporte de los técnicos, se podrá recuperar la autoridad en el sector y contribuir al desarrollo del país.

Bien pues por el nuevo ministerio. Pero esta propuesta debe ser complementada, de modo superlativo e imprescindible, por la creación de un nuevo organismo regulador, autónomo e independiente, en lo cual el Congreso no puede hacerse de la vista gorda

Diario Panorama – Cajamarca 29/12/2007




AUTORIDAD AUTÓNOMA AMBIENTAL


Gloria Ramos Prudencio - Congresista de la República


La importancia de formular una propuesta de rediseño de la institucionalidad ambiental ha sido preocupación constante de nuestra comisión. Es así que en nuestro Plan de Trabajo, aprobado unánimemente por sus integrantes al iniciarse la presente legislatura, se plantea como objetivo el promover el establecimiento de una auténtica Autoridad Ambiental Nacional, con un mayor rango a la existente, independiente del poder político y que tenga como misión la defensa del ambiente y el equilibrio de las decisiones sectoriales en los planes de desarrollo productivo.

Asimismo, nuestra comisión en el campo legislativo señala en el precitado Plan de Trabajo que dará preferente atención al debate del tema referido a la institucionalidad ambiental.

A partir de estas afirmaciones, creemos que la propuesta del Presidente de la República sobre la creación de un Ministerio del Medio Ambiente es saludable, sobre todo si enfatiza en que es necesario fortalecer la defensa del medio ambiente.

Esta propuesta evidencia, a todas luces, que en nuestro país existía una falta de voluntad para tomar seriamente el significado del impacto social y ambiental que generan la expansión de la exploración y explotación minera, petrolera, gasífera, que afectan el agua y la biodiversidad, además de las opciones de desarrollo de las comunidades y poblaciones locales.

También hay que señalar que existe un agotamiento de la institucionalidad ambiental basada en la sectorialización que es débil y dispersa, con desiguales capacidades técnicas e instrumentos de gestión y, sobre todo, como es el caso del Conam, sin facultades fiscalizadoras. Complementariamente, hay que señalar que no hay una efectiva descentralización de la gestión ambiental, no hay integralidad ni transversalidad, los recursos presupuestales para la gestión ambiental desde el Estado son muy escasos y, además, las empresas no internalizan la inversión ambiental

Diario Panorama – Cajamarca 29/12/2007