CONFÍAN EN ARCHIVAMIENTO DE DENUNCIA CONTRA AMBIENTALISTAS Y DIRIGENTES EN PIURA
El presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN) Carlos Martínez, afirmó que confía en las autoridades del Ministerio Público y que la denuncia que se le imputa por terrorismo, torturas, disturbios y apología, entre otros será archivada, ya que no tiene ningún sustento.
El último lunes, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra dirigentes comunales y líderes ambientalistas luego de la denuncia que presentó la denominada “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas” (ACFUCCSC), a inicios de año.
En el escrito se afirmaba que los activistas que impulsaron la consulta vecinal sobre las operaciones de la minera Majaz (hoy Río Blanco Copper S.A). en Piura representarían a “remanentes” de grupos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Luego de rendir su manifestación en la Quinta Fiscalía de Piura, Martínez Solano enfatizó que quienes han sentado está denuncia obedecen a intereses de enlodar la imagen de los integrantes del FDSFN.
El también alcalde de la provincia cajamarquina de San Ignacio aseveró “que no tienen ningún temor de declarar”. Aseguró que luchara por un modelo de desarrollo que vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente”.
Como se recuerda, el 24 de marzo, la ACFUCCSC denunció a 35 personas que impulsaron la consulta vecinal en Ayabaca y Huancabamba, donde la mayoría de la población se pronunció en contra de las operaciones mineras.
La denuncia, derivada en tiempo récord desde la Quinta Fiscalía Procesal Penal de Piura a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), incluye a alcaldes así como a conocidos activistas y defensores de derechos humanos en el país. Entre ellos destacan los integrantes de la Red Muqui, Javier Jahncke Benavente, Julia Cuadros y Juan Aste Daffós; Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; así como Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, entre otros.
Así mismo, existe un proceso penal y una investigación fiscal en el Juzgado Penal Mixto de Ayabaca y la Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba por delito de usurpación agravada, iniciado por las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas contra directivos y accionistas de Minera Majaz S.A. por su intención de realizar actividades mineras en las tierras de las citadas comunidades, sin contar con los permisos correspondientes.
www.cnr.org.pe – Lima 22/07/2008
