20 de mayo de 2009

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FALLA A FAVOR DE SAN PABLO


El Tribunal Constitucional emitió su fallo a favor de la Municipalidad Provincial de San Pablo frente a la demanda de la empresa Minera Yanacocha.

Con ello, se da por fundada la ordenanza municipal que declara como zona intangible las 280 lagunas de Alto Perú, (jurisdicción del distrito Tumbadén - Provincia San Pablo). Esta zona constituye el colchón acuífero del Valle del Jequetepeque, pues de ahí nacen los ríos Llaucano y Jequetepeque.

“Quiero expresar mi reconocimiento a la prensa decente y a los líderes que defienden a su pueblo, la demanda de Alto Perú ha sido a favor de San Pablo por el Tribunal Constitucional. Las 280 lagunas son la vida para Cajamarca, Lambayeque y La Libertad. La decisión del Tribunal Constitucional es un acto de justicia”, enfatizó Edilberto Barrantes Terán, dirigente de la asociación de sanpablinos residentes en Cajamarca.

“Ahora, la zona de las 280 lagunas es intangible, zona turística y reserva natural. Dos mil seiscientas hectáreas de terreno que constituyen la principal fuente de recurso hídrico, compete a todos cuidar de esta reserva de vida”, agregó Barrantes.

“No hay en otro lugar del mundo una zona con 280 lagunas. Un colchón acuífero único tanto por su importancia como por su belleza natural, no se puede permitir que se pierdan esas lagunas. En Cajamarca, lagunas como San José, Yanacocha, Combayo, los Patos han desaparecido, ese es el legado de la triste historia de dieciocho años de minería en la región”, acotó.

Las 280 Lagunas del Alto Perú, enclavadas entre los cerros: San Cirilo, Yanahuanga y el Yanatotora son fuente de vida de los hermosos valles El Llaucano y Jequetepeque, únicas aguas que se están salvando de las mineras que operan en la zona, pero no por arte de magia, sino por las constantes protestas de nuestros hermanos de la zona.

CRONOLOGÍA DEL HECHO

Más de 6 años en defensa de las 280 lagunas del Alto Perú

Por Lic. Edilberto Barrantes Terán.

El problema del agua gravita en la mala distribución. Los científicos calculan que en los próximos tiempos la guerra será por el agua. Cajamarca ciudad andina, llena de recursos naturales, pero lamentablemente no aprovechados por sus habitantes; como ya es de conocimiento, hace 15 años aproximadamente llegó la Minera Yanacocha, y es la que consume el mayor porcentaje de agua en Cajamarca.
Es necesario hacerles recordar a quienes conocieron la impresionante laguna Yanacocha cuyo nombre lleva ésta empresa minera que opera en el nacimiento del río Rejo, y sin piedad arrasando con la vida de los seres. Igual situación, también acaba de ocurrir con desaparición de las lagunas Los Patos y El Corazón en Combayo.
Las 280 lagunas del Alto Perú, son las únicas aguas que se están salvando hasta la fecha, pero no por arte de magia, sino por las constantes protestas de nuestros hermanos de la zona quienes se han convertido en celosos guardianes de la vida.

Yanacocha, inicia su mala intencionada estrategia de llevarse las aguas de las lagunas desde el 3 de marzo del 2003 al solicitarle a la Administración Técnica del Distrito de Riego del Jequetepeque ADTRJ, la construcción y operación de la presa laguna compuerta I para uso agrícola y poblacional en el sector La Apalina, Distrito de La Encañada.
El 16-03-04, La ADTRJ. emitió la Resolución No. 082, autorizando a Yanacocha, construir un dique de 602.5 ml. con 9 metros de altura para almacenar 2 millones y medio de metros cúbicos de agua.

El 30-03-04, con Res.Nº.100-20004, la ATDRJ. amplió la Res.082-2004 por un plazo de 6 meses para que yanacocha cumpla su objetivo.

El 17-09-04, la ATDRJ. Otorga la Resolución No. 544-2004, ampliándole el plazo a la minera. El 01-09-05, La DTDRJ. Emite otra Resolución. No. 618-2005 autorizándole a Yanacocha construir un dique de 602.5 ml. Con una altura de 10 mt. Para almacenar 2.5millones de metros cúbicos con fines agrícola y poblacional como si la minera se dedicaría a la agricultura y ganadería.

El 27-09-05, nos reunimos en la Escuela El Suro Antivo a fin de analizar la Res. 618-2005, Y fue la asamblea en mayoría decidió, no otorgar el agua de las lagunas y el 28-09-05, nos comunicamos con Autoridades y dirigentes de la Provincia de San Pablo, sugiriéndole interpongan un recurso de nulidad a la mencionada Res. Y se convoquen a una reunión para tratar el problema.

El 30-09-05, La Municipalidad de San Pablo y la Comisión de regantes del Distrito del Jequetepeque, atendiendo nuestro reclamo, interponen el recurso de nulidad. El 05-10-05, la Minera emite un comunicado aduciendo, que no construirá el dique y se retira por su propia voluntad.

El 20-10-05, se realizó una manifestación en la plaza de armas de San Pablo, acudiendo dirigentes de Cajamarca y La Libertad, allí se declaró la guerra a autoridades y dirigentes que se habían comprometido en la entrega del agua. Posteriormente el 25-10-05, se realizo una inspección ocular en las lagunas a cargo de la Autoridad Autónoma.

El 03-11-05, La Autoridad Autónoma de la Cuenca del Jequetepeque, decidió declarar nula la Res. Nº.618-2005-MA-ATDRJ. Pensábamos, que allí terminó su mala intención la Emp. Minera, el de querer llevarse nuestras aguas de las Lagunas que son fuente de vida de los ríos, El Llaucano y Jequetepeque.

Los primeros días del mes de diciembre del 2007, regresa otra vez el equipo de la destrucción y se reúnen en el salón de conferencias del Gobierno Regional de Cajamarca: Pdte. Regional, los alcaldes de Cajamarca y Porcón, Funcionarios de la Yanacocha y moradores del Morohuisha, pretextando tener necesidad del agua en Cajamarca, intentaron trasvasar el agua de las lagunas hacia Cajamarca. El Sr. Alcalde Marco La Torre con su asesor, Pablo Sánchez Cevallos, intentaron hacernos creer que tenían un gran proyecto agrícola y ganadero para el Distrito de Tumbadén; pero no habían previsto que su mentira fuera desbaratada en 3 minutos por nuestra oportuna intervención, la misma que dejó demostrado, que tras de todo ello estaba nuevamente, la minera yanacocha.

En éste mismo día y al verse derrotados los intruzos, se acordó tratar el problema en el lugar de los hechos, el 19 de Dic.-2007, y es allí donde este grupo de malas autoridades, dirigentes y moradores de la zona, definitivamente cesaron su en su mal proceder.

La Municipalidad Provincial de San Pablo, acuerda emitir la Ordenanza Nº.001-2007 del Mes de Febrero, declarando zona protegida, ecológica, turística, por considerar a las Lagunas del Alto Perú, cabecera de cuenca hidrográfica y que merece ser protegida y conservada.

El 25-05-07, Minera Yanacocha, la que dijo no querer el agua mediante un pronunciamiento el 05-10-05; a espaldas del pueblo, solicita nulidad de la ordenanza en el Juzgado especializado de Lima, burlándose de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, aduciendo que la Municipalidad atenta contra la libertad de empresa, industria, trabajo, propiedad privada, constituyendo una amenaza para el ejercicio de sus actividades mineras.

El juzgado especializado Nº. 34 de Lima, declara improcedente el pedido de yanacocha; pero como ésta Emp. Tiene malas intenciones con nuestras aguas, insiste en solicitar nulidad y otra vez apela el 31-07-07. Actualmente, el caso se ventila en la Corte Superior de Lima, 2da. Sala, la que será encargada de administrar justicia en audiencia pública el 25 de junio del Pte. Año.

Por éste motivo, los alcaldes de la provincia San Pablo, Moisés Gutiérrez Cabanillas, Alejandro Malimba Chilón de Tumbadén, autoridades ronderiles, Tenientes gobernadores, dirigentes de base, se reunirán este Sábado 14 a las 10.00 am. En el Distrito de Yonán Tembladera con los alcaldes, dirigentes del agro y agricultores de la cuenca del Jequetepeque, y también la presencia de Autoridades Regionales, miembros de defensa y prensa de la Región Liberteña, a fin de conformar un equipo de defensa que viajara a la capital de la República este 25 de Junio del 2008 con la finalidad de exigir justicia.

Diario Panorama Cajamarquino 20/05/2009





NI UN PASO ATRÁS EL PARO CONTINÚA EN CHOROMPAMPA DICEN DIRIGENTES


A DOCE DIAS DEL PARO. Pobladores de los distritos de Choropampa, San Juan y Magdalena cuestionan la no participación del alcalde provincial Marco La Torre, presidente regional Jesús Coronel y de los legisladores por Cajamarca, al no hacerse presente a contribuir en la mediación a la solución de sus demandas, contra la minera Yanacocha, empresa que se resiste aceptar su responsabilidad ambiental.

Así se expresaron, Juan Correa Mendoza (Presidente Frente de Defensa Distrito San Juan), Lizardo Zárate Carrasco (Presidente Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de Choropampa) y Lucila Gutiérrez Muñoz (Presidenta Frente de Defensa Distrito Magdalena), quienes además mostraron su desacuerdo ante la presencia de la Policía Nacional y fiscalía.

Ellos dijeron que son más de más de cuatro mil personas que han impedido la circulación del transporte vehicular de la empresa Newmont Minig Corporation, tras haber sido ignorados por las autoridades respectivas de la región en la petición a sus reclamos realizados desde hace meses.

Agregan que la empresa minera ha lesionando la salud de los pobladores, y está comprobado por el Ministerio de Salud en una inspección el año pasado se comprobó elevados niveles de mercurio en el suelo y aire de los poblados, pero a la fecha siguen siendo burlados.

Cabe recordar que anteriormente, por un descuido de Yanacocha se produjo el derrame del citado elemento químico, hace ocho años, pero la presunta agresión por la conducta dolosa y culposa, continúan, por las visibles secuelas con la aparición de nuevos casos de personas que afrontan enfermedades desconocidas, quienes requieren tratamiento médico urgente.

Los dirigentes se preguntaron ¿Dónde estás nuestros congresistas cajamarquinos?, quienes se comprometieron a brindar su apoyo como consta con la suscripción del Acta de Compromiso firmado por la Directora de DIGESA-Lima, señora Rosa Iris Medina con fecha 24-03-2008; y que hasta la fecha se encuentran renuentes a brindar el apoyo prometido.

Asimismo, piden la atención médica inmediata, para el poblador Rosas Alvarez Leyva que hoy se encuentra postrado en cama, a quien en el análisis respecto al Mercurio arrojó como resultado 6.67 mg en sangre, análisis efectuado en el Ministerio de Salud en la ciudad de Lima en el 2008.

Diario El Mercurio-Cajamarca 20/05/2009





DECOMISAN MAQUINARIA A INFORMALES QUE CONTAMINAN EL TITICACA


Unos 300 policías participaron en la operación realizada el distrito puneño de Ananea, provincia de San Antonio de Putina

Maquinaria pesada valorizada en unos dos millones de dólares fue decomisada ayer por la policía en una operación proyectada para frenar la contaminación ambiental generada por los mineros informales en la cabecera de la cuenca del río Ramis, que desemboca en el lago Titicaca.

Unos 300 policías al mando del general PNP Horacio Huivin Grandez, jefe de la Duodécima Dirección Territorial Policial de Puno, ejecutaron la acción en la zona conocida como Pampa Blanca, jurisdicción del distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina.

En la operación participaron representantes del Ministerio del Ambiente, Ministerio Publico y Osinergmin Puno, entre otras entidades. La meta era paralizar el trabajo informal de los mineros que no miden las consecuencias de su labor diaria.

Según la policía, los mineros informales utilizaban explosivos y otros materiales no fiscalizados para su labor.

Como se sabe, el río Ramis esta contaminado por el relave minero que transporta mercurio y otros productos utilizados por los mineros informales.

Diario El Comercio-Lima 20/05/2009





Piden mayor compromiso gubernamental frente a problema. Trabajadores de la empresa irían a huelga.
EXIGEN QUE ESTADO INTERVENGA DOE RUN


Trabajadores mineros preocupados por situación.

DETALLE

“Ante la negativa de Doe Run de brindarnos información hemos enviado cartas notariales al Ministerio de Energía, al Ministerio de Economía y al de Ambiente pidiéndoles nos explique ¿por qué el entrampamiento en el crédito a la minera? ¿Quién es el culpable, el gobierno, las empresas que iban a dar el crédito o Doe Run? Queremos saber las condiciones del préstamo”, precisó Reiberto Guzmán.

Cuando un grupo de empresas mineras –hace mes y medio- salvaron a la minera Doe Run de un inminente colapso financiero otorgándole un crédito financiero por US$ 175 millones -US$ 100 millones en concentrados y US$ 75 millones en crédito bancario que servirían como capital de trabajo-, Doe Run se comprometió a capitalizar sus deudas por US$ 156 millones y a entregar al Estado el 100% de sus acciones en garantía por el cumplimiento de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), sin embargo, a puertas de cumplirse el plazo la empresa no ha cumplido con ello. De persistir la minera de La Oroya con su actitud transgresora los más afectados serían los más de 3,500 trabajadores que laboran para la empresa, quienes se quedarían literalmente en la calle.

Para el especialista en temas mineros Epifanio Baca, este nuevo incumplimiento de sus compromisos por parte de Doe Run “ratifica el comportamiento poco cumplidor y transgresor de la minera”. Precisó que dicho acuerdo entre Doe Run con las empresas que le otorgaron el crédito va camino al fracaso, es por ello que pidió al Estado intervenir en el problema –a pesar de tratarse de un acuerdo entre privados-, ya que de no hacerlo, advirtió, los más afectados son los miles de trabajadores mineros de la empresa.

Recalcó que el Estado debe dejar de lado su papel pasivo en este problema y presionar a Doe Run para que cumpla sus compromisos. “A todas luces esta empresa no tiene capacidad para seguir adelante”, enfatizó.

Paro provincial
Reiberto Guzmán, secretario general del sindicato del complejo metalúrgico de Doe Run, indicó a LA PRIMERA que desde que la minera pidió el salvataje económico las operaciones de la empresa disminuyeron notablemente. Si bien es cierto los trabajadores de campo (mineros) no han sido despedidos, el personal administrativo sí fue reducido y a otros los obligaron a tomar vacaciones.

“Las plantas de oro, plata y cobre están paralizadas, y la de zinc trabaja a 70% y la de plomo a 50%. Los trabajadores estamos trabajando en otras secciones, en otras áreas, como limpieza, reciclaje, mantenimiento. No sabemos hasta cuándo estaremos en esta situación, porque no hay concentrados para que la fundición de La Oroya siga produciendo”, precisó.

El dirigente indicó que debido a que los directivos no les comunican la situación de la empresa vienen evaluando realizar un paro provincial junto al Frente de Defensa de La Oroya a realizarse el 27 de mayo.

Diario La Primera-Lima 20/05/2009





MINERA CONDICIONA RESCATE


Ahora desconoce acuerdo inicial. Doe Run Perú, el cuarto mayor exportador de metales del país, busca una extensión en el plazo para completar un plan ambiental a cambio de cumplir un acuerdo con el Estado y empresas mineras que le evitarían el colapso financiero. “Los señores (Doe Run) han hecho su asamblea general de accionistas y decidieron la capitalización de las acreencias pero la han condicionado a ciertos temas con el Estado, no con los privados. Ese es el problema”, declaró Ysaac Cruz, gerente general de la minera El Brocal, un acreedor de Doe Run.

Sin recursos
Agregó que la minera de La Oroya le está pidiendo al Estado una extensión del PAMA (plan de cuidado ambiental) entre otras cosas. Es por ello que el rescate quedó paralizado.

“Todo el proceso y todo el arreglo para el rescate está armado, está listo para ejecutarse si es que se resuelve esa situación. Mientras no se resuelva es un problema de Doe Run con el Estado y allí se quedará”, señaló Cruz.

Precisó que la minera El Brocal ha detenido sus ventas de concentrados de minerales a Doe Run y lo están vendiendo a otras empresas. “Ninguna empresa se está quedando con sus insumos. Nadie vende a Doe Run”, finalizó Ysaac Cruz

Diario La Primera-Lima 20/05/2009





DECLARAN INCONSTITUCIONAL LEY QUE AFECTARÍA A NATIVOS


Comisión de Constitución del Congreso se pronunció en contra de Decreto Legislativo 1090.

Los pueblos amazónicos van ganando terreno en su lucha. Es que la Comisión de Constitución del Congreso declaró ayer inconstitucional el Decreto Legislativo 1090 –que promueve el uso eficiente y la conservación de los recursos naturales y animales de la Amazonía, incidiendo en la gestión ambiental y en la inversión privada–, norma que había sido objetada por las comunidades indígenas en huelga.

El presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, José Vargas, opinó que dicha iniciativa sí se ciñe a los lineamientos establecidos por la Carta Magna. Sin embargo, reconoció que la votación en contra de la norma fue democrática.

Asimismo, dijo que en la sesión de la próxima semana se votarán los informes que recomiendan la inconstitucionalidad de los decretos 994, 995, 1060 y 1064, los cuales también han sido rechazados por los nativos.

Al respecto, el premier Yehude Simon sostuvo que él y el titular del Congreso, Javier Velásquez, decidieron que se efectúen las correcciones que eventualmente sean necesarias a los decretos legislativos sobre la Amazonía, pero aclaró que el Gobierno nunca habló de derogarlos.

Además, explicó que el decreto supremo que establece la formación de una mesa de diálogo con los indígenas en huelga ya ha sido firmado. “Creemos que hay muchos reclamos que son justos en cuanto a educación, salud y electrificación, y sobre ellos conversaremos”, acotó.

INVESTIGACIÓN. Por otro lado, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) evalúa iniciar una investigación a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) por la presunta inconsistencia en el uso de recursos de la cooperación internacional. El director ejecutivo de APCI, Carlos Pando Sánchez, indicó que, según información remitida por la ONG, en los tres últimos años declaró 4 millones 307 mil 376.55 dólares como montos ejecutados. Sin embargo, las cifras fueron puestas en duda por la ex tesorera de Aidesep.

Diario Perú 21-Lima 20/05/2009






UN CLARO EN LA SELVA


El Decreto Legislativo 1090 ha muerto antes de cumplir un año de edad. Fue dictado, en efecto, el 27 de junio del 2008.

La defunción en primera instancia se produjo ayer en la Comisión de Constitución. Ahora toca al pleno del Congreso extender la partida obituaria del finado. Si no lo hace, reavivará, no al difunto, sino el conflicto.

El dictamen en minoría aprobado en la Comisión de Constitución había sido presentado por el legislador nacionalista Daniel Abugattás, quien adujo que el Decreto 1090 no respeta las limitaciones establecidas en los artículos 101 y 104 de la Constitución, y señaló que se había contravenido el artículo 66 de la Constitución, el cual, respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, establece: “Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares”.

Todos los Decretos Legislativos de la condenada serie tienen un punto de partida ilegal. Se amparan en la facultad delegada por el Congreso al Ejecutivo para legislar “sobre diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos y su Protocolo de Enmienda”.

O sea que la cobertura del TLC con Estados Unidos sirve para todos los fines: explotación de la selva, concesiones sobre agua, liquidación subrepticia de las comunidades andinas, selvícolas o costeñas, etc., etc., etc.

Esa es la raíz amarga de los Decretos: excede los límites de las facultades legislativas que el Congreso le concedió. Y se escuda en un TLC que muchos sectores del país rechazan.

La base conceptual está en los artículos sobre “El síndrome del perro del hortelano” escritos por el presidente García y publicados en El Comercio.

La misma mano que suscribió los Decretos Legislativos es la que antes había firmado en El Comercio respecto a la selva: “una inversión que requiere diez años de espera y tecnología de alto costo, requiere seguridad y gran dimensión”.

El 1090, título III, inciso C, decreta, por su parte, que se pueden otorgar concesiones forestales “por iniciativa privada por el plazo de hasta 40 (cuarenta) años renovables. Esta modalidad operará a solicitud de parte de acuerdo a las reglas y condiciones que se establezcan en el Reglamento”.

Por supuesto que el Reglamento no servirá a las comunidades.

No es un detalle lo que hay que corregir. Todo el sistema de los Decretos Legislativos está en tela de juicio.

Tienen plena razón los pueblos de la selva, que, al defender sus bienes, defienden la propiedad de todos los peruanos.

Diario La Primera-Lima 20/05/2009





ASTE: DOE RUN NEGOCIA CON EL ESTADO PARA NO CUMPLIR SU PAMA


Hay una especie de negociación entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la empresa minera Doe Run para evitar cumplir el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y no pagar sus deudas, Así lo sostuvo el especialista en temas de minería Juan Aste.

En declaraciones a “Diálogo Directo” de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Aste señaló que la empresa pretendió “presionar” al gobierno al dar vacaciones forzadas a los trabajadores de dicha minera, como parte de la crisis que enfrentaba, y conseguir una prórroga sin condiciones para la aplicación del PAMA.

“Pero como este método no le resultó, ahora están negociando con el ministerio de Energía y Minas para no cumplir con el PAMA y además no pagar las deudas que tienen con su casa matriz” aseveró al recordar que esa deuda es uno de las razones que motivaron el apoyo de la empresa privada para el salvataje de Doe Run.

Cuestionó la posición del Gobierno, quien a su parecer debió capitalizar las deudas de la empresa y asegurar el cumplimiento de la misma, toda vez que “ya se sabía que la empresa tenía problemas, por lo menos el gobierno lo sabía, ésta (Doe Run) no quiere traer los 156 millones de dólares que sería la garantía (...) se está negociando porque no quieren traer el dinero” opinó.

Sobre ese tema, hizo hincapié en la poca información que el Ministerio de Energía y Minas brindó a la opinión pública, así como la baja fiscalización que fue objeto la empresa.

Como se recuerda, en abril, diversas empresas mineras, con la mediación del gobierno, asumieron el compromiso de solventar la deuda de 175 millones de dólares a la empresa minera Doe Run para asegurar la continuidad de sus operaciones en su fundición ubicada en La Oroya (Junín), según anunció el representante de los productores mineros del Centro de Perú, Ysaac Cruz.

Se especuló en un primer momento, que el Estado tendría que intervenir inyectando varios millones de dólares, pues la quiebra de la empresa -producto de la crisis en Estados Unidos- afectaría nuestra economía, Cruz explicó que el sector privado asume y avala una primera operación con un crédito bancario revolvente por 75 millones de dólares, los cuales servirán para financiar el capital de trabajo de Doe Run.

Agregó que la segunda operación es la entrega de un crédito por 100 millones de dólares que se ejecutará mediante la entrega de concentrados por parte de los productores mineros para las operaciones de la fundición y refinación en el complejo metalúrgico de Doe Run en La Oroya.

Sin embargo, el 05 de mayo el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, informó que el préstamo no se hizo efectivo porque Doe Run no aceptó capitalizar su deuda.

“Para cumplir su PAMA (Plan de Adecuación Medioambiental) la empresa (Doe Run) necesita algún financiamiento y la condición que le impusieron los proveedores de minerales para facilitarle el financiamiento fue que capitalice una deuda de 154 millones de dólares con su empresa matriz”, expuso Sánchez ante la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso.

“Eso está en proceso”, reconoció Sánchez. “Hay algunos temas en cuanto al registro de esa capitalización (...) para el cumplimiento absoluto del PAMA, las acciones deben ser otorgadas en garantía y ese es el tema en el que nos encontramos”.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/05/2009