27 de julio de 2009

EXPLOTACIÓN MINERA GENERA DIVISIÓN ENTRE COMUNEROS DE VISTA ALEGRE

La división generada por la explotación minera entre los pobladores del caserío de Vista Alegre, en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca), ha provocado la preocupación de sus vecinos de la comunidad de Huangamarca.

La mayoría de residentes de Vista Alegre se dedican a la ganadería: cada día producen más de 40 mil litros de leche, que abastecen a importantes compañías en Lima; además de las toneladas de queso cada semana.

No obstante, en el subsuelo del caserío existe una gran cantidad de oro. En tal sentido, los comuneros de Vista Alegre Alta apoyan la extracción del metal; mientras que los de Vista Alegre Bajo, la rechazan,

Walter Figueroa, presidente zonal del caserío de Huilcate, en Huangamarca, expresó su respaldo a estos últimos, al recordar que la minería pone en riesgo los recursos hídricos necesarios para la sostenibilidad de sus actividades agropecuarias.

Figueroa señaló que su comunidad cuenta con 16 bases, mientras que Vista Alegre con una sola. Su primer compromiso será, entonces, fortalecer la organización en dicha localidad.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 27/07/2009


TEMA CHOROPAMPA SERÁ NUEVAMENTE DEBATIDO EN SESIÓN DE CONCEJO

El tema de la indemnización por el caso de contaminación ambiental en el centro poblado Choropampa será debatido en sesión de concejo provincial este 5 de agosto.

No ha sido definido el tema de distribución del dinero que será entregado al Concejo y como se realizará la distribución del mismo entre los sectores afectados, informó el regidor Ginés Cabanillas Angulo.

El tema Choropampa no concluyó con la aceptación de la indemnización establecida por la Corte de Denver, hablamos de un proceso que se debe manejar de manera técnica, señaló la autoridad edil.

Hay propuestas por parte de quienes se sienten afectados con el derrame de mercurio en las jurisdicciones de Choropamapa, San Juan y Magdalena, pero no hay nada concreto o definido, advirtió.

Otro de los temas que serán debatidos el 5 de agosto, serán Deudas de la Beneficencia Pública al SATCAJ y conflictos en la subgerencia de transporte urbano.

En cuanto a transporte no existe hasta el momento una determinación si el subgerente continúa o es destituido de funciones. Esperamos que se presenten los informes correspondientes para poder emitir una opinión a nivel de concejo, acotó.

Diario Panorama Cajamarquino 27/07/2009


CONFLICTOS SOCIALES SE INCREMENTARON EN 100%

Hace un año se registraron 132 casos, Esa cifra creció hasta alcanzar hoy la suma de 273. Hay coincidencia en que al gobierno le falta saber administrar los reclamos, especialmente los de tipo socioambiental.

Elìzabeth Prado

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales entre la población, las autoridades públicas y las empresas sumaron en el último año 273 casos; una situación alarmante si se tiene en cuenta que este número se incrementó en más del cien por ciento desde junio del año pasado, cuando los datos estadísticos señalaron la existencia de 132 conflictos.

Esta tendencia hacia el crecimiento se corrobora en los catorce nuevos casos registrados solamente en el reciente mes de junio. Y ese incremento también evidencia la poca voluntad política del gobierno para darles solución.

Socioambientales
Los conflictos derivados de las actividades extractivas siguen siendo casi el cincuenta por ciento del total que afronta el segundo gobierno de Alan García.

A pesar de ello no se perciben acciones concretas para dar solución a los conflictos socioambientales que, en muchos casos, vienen desde la década pasada.

Por el contrario, el actual gobierno aceleró la emisión de normas legislativas para facilitar las grandes inversiones, sin tomar en cuenta la opinión de los directamente afectados. Como se sabe, esa situación terminó por soliviantar a las comunidades campesinas e indígenas.

Muchos de estos conflictos se podrían evitar si se cruzara información sobre zonificación ecológica entre los ministerios de Agricultura, de Energía y Minas, el Ingenmet y también el Instituto Nacional de Cultura. Eso ayudaría a que no se concesionen lotes en territorios comunales, áreas naturales protegidas y tampoco se afecten zonas arqueológicas, como ocurre desde hace un buen tiempo.

Sin iniciativa
Hasta el momento, el Ejecutivo se ha limitado a entregar a la empresa inversionista el lote concesionado dentro de un mapa referencial. El mensaje es: “anda, este es tu lote, ve cómo los convences”.

Y así es como algunas empresas tomaron su lote sin importarles el reclamo de las comunidades, pero otras sí establecieron importantes acuerdos con los comuneros.

La empresa Río Tinto aportó al gobierno un fondo de fideicomiso que hoy dirigen la municipalidad cajamarquina de Querecoto y la propia minera. Tintaya, en el Cusco, también aporta un porcentaje de sus utilidades para las mesas de diálogo, pero esa no es la regla.

Enfoque
“Falta previsión y planeamiento”
Jorge Manco zaconetti
Investigador de la universidad San Marcos

Veo en el actual gobierno aprista una ausencia de previsión y también de planeamiento estratégico para administrar los conflictos sociales.

No se trata de mecer a los Frentes de Defensa y a las comunidades firmando actas e incumpliéndolas después. Se trata de encontrar la manera de involucrar a estas poblaciones como actores del desarrollo.

Los conflictos sociales son canales de expresión social. No son negativos. Al contrario, bien tratados refuerzan la institucionalidad del país.

Regiones deben ser involucradas
El consultor José Luis Follegatti señaló que los conflictos socioambientales que afronta este gobierno son una lección para entender que la inversión privada debe ser fundamentada, informada y concertada.

“Antes de efectuar las concesiones, el Estado tiene que acudir a las comunidades para explicarles en forma neutral las oportunidades y los riesgos de una actividad extractiva. El trámite de inversión demorará, pero estoy seguro de que un conflicto tardará aún más esa inversión”, afirmó.

José Luis López recomendó involucrar más a los gobiernos regionales y locales en esta acción. “Es notable cómo el Ministerio de Energía y Minas aísla la solución de conflictos”, opina.

“El gobierno seguirá dando fondos a los sectores más pobres, pero se debe entender que el desarrollo no solo es económico, social, ambiental y cultural. Esa es su debilidad”, explicó López.

Diario La República-Lima 27/07/2009


:: Si no se soluciona problemática de Doe Run anuncian paro regional
SINDICATO DE LA OROYA DA UNA TREGUA DE 20 DÍAS AL GOBIERNO


El secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya, Roiberto Guzmán, informó a CNR que luego de una asamblea multitudinaria el sábado, recibieron la convocatoria del Ministerio de Energía y Minas para discutir la problemática de Doe Run en el Ministerio de Trabajo, razón por la cual desconvocaron la huelga anunciada para hoy.

"Con la intermediación de estos actores los trabajadores hemos cedido y le dimos una tregua de 20 días desde el 3 de agosto”, precisó el dirigente en CNR. Guzman advirtió a CNR que si en los 20 días de tregua no se llega a un acuerdo, promoverán un paro regional con el apoyo de los alcaldes.

El viraje en la posición de los trabajadores de la empresa Doe Run, que hasta el viernes estaban decididos a acatar un paro indefinido desde hoy domingo, lo motivó - según el portavoz del sindicato- la intermediación del presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, la propuesta del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la invocación a la calma que hizo el premier Javier Velásquez y la presencia del bloque parlamentario de Junín.

Desde el 3 de junio, la planta de La Oroya está paralizada al 100%, pero por un acuerdo entre partes, los trabajadores perciben el 63% del salario que les corresponde, y esta situación se mantendrá hasta finales de octubre, fecha en que se vence el plazo para que Doe Run cumpla con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

En su propuesta, Doe Run solicita la ampliación del PAMA por 30 meses adicionales, y que el financiamiento del mismo será de US$ 38 millones, que actualmente no son de libre disposición de la empresa porque US$ 18 millones provienen de cartas fianzas en garantía al MEM y los otros US$ 20 millones serían de la devolución de impuestos de la SUNAT.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/07/2009