EXIGEN ACELERAR INVESTIGACIÓN CONTRA LA MINERA SAN NICOLÁS

El consejero por la provincia de Hualgayoc, Domitilo Vásquez, exige se profundice la denuncia ante la Fiscalía de la Nación a la compañía minera

El consejero regional por la provincia de Hualgayoc, Domitilo Vásquez Suárez, durante la mesa de trabajo realizada en Bambamarca con relación a pasivos ambientales en la provincia dijo que en cierta medida se logró lo que se informó y se expuso cierta estabilidad física que permite evitar deslizamientos a causa de lluvias, pero no tiene estabilidad química, es decir, el sistema de agua que filtra a partir de estos relaves, causa cierta contaminación que no es analizada, evaluada u fiscalizada

Manifestó que un segundo tema esta vinculado al análisis de las aguas fundamentalmente del río tingo, es decir el manantial que beneficia a más de 15 mil personas de bambamarca se encuentra ubicado en la rivera de este río, y los análisis y documentos que alcanza Osinergmin, establece claramente la contaminación persistente y permanente con sustancias tóxicas, de este río

Establecida la situación de contaminación, el consejero regional exige se profundice la denuncia ante la fiscalía de la Nación a la compañía minera San Nicolás por los daños que estaría causando en el ambiente de esta provincia, pidió al Viceministro que se acelere estos trámites y se profundice la denuncia para investigación por parte de la fiscalía de la Nación

Además dijo que mediante oficio Nº 092-2010 dirigido al ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez Gamarra, hizo llegar todo el proyecto de agua potable Vista Alegre-Bambamarca, asimismo da a conocer el peligro que representa la actividad minera en la parte alta y que el manantial que beneficiara a más de 15 mil habitantes, corre el riesgo de ser impactado con la exploración del proyecto minero La Consolidada. Esta entrega se hizo como parte del acuerdo de la reunión anterior del 1 de enero.

Diario El Clarín-Cajamarca 16/02/2010





ENERGÍA Y MINAS ARRINCONA Y SANCIONA A MINERÍA INFORMAL


Director Tulio Ruiz Tirado paralizo actividad de varias organizaciones informales

Convencido que solo actuando drásticamente, aplicando la ley que el estado le confía el director Regional de Energía y Minas (DREM) Tulio Ruiz Tirado, anunció que las últimas semanas arrinconó y sanciono a quienes practican la minería informal, pese a las advertencias. Revelo que el Cerro algamarca es un problema latente de la minería informal, donde cuatro mil campesinos extraen oro de más de 60 pozas de procesamiento al igual que los mineros informales de la asociación “San Blas” y la Chilca desacatando la Resolución Directoral Nº 02-2009-GRCAJ/DREM, que dispuso la paralización inmediata de los trabajos de extracción minera en la zona

Por las mismas razonas se sancionó a las compañías mineras Las Camelias, La Emboscada Don Lucho 20 y a la concesión minera Cabra Cabra

Este año continuaremos trabajando, desarrollando una labor conjunta con las instituciones que tienen competencia en minería informal y artesanal, para evitar y disminuir este grave problema que se desarrolla en nuestra región, precisó Ruiz Tirado

Diario La República-Lima 16/02/2010





DIRIGENTES DE CARABAYA IMPULSAN ACCIONES CONTRA HIDROELÉCTRICA DE INAMBARI


Cincuenta representantes de diversos centros poblados del distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, se encuentran en Lima, realizando diversas acciones para rechazar la construcción de la central hidroeléctrica del Inambari.

Rosario Linares Valderrama, miembro del Comité de la Sociedad Civil por la Construcción de la Carretera Interoceánica, señaló que los dirigentes que viajaron a la capital de la República han presentando pronunciamientos ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Congreso y entidades defensoras de los derechos humanos.

Linares dijo que la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (EGASUR) aún no puede presentar ningún estudio de impacto ambiental, porque ni siquiera han realizado los talleres informativos ni la audiencia pública, tal como piden las leyes.

Señaló que la construcción de la central hidroeléctrica del Inambari debe pasar a un plano político; por ello, afirmó, quienes que dicen que este tema se ha politizado están buscando la división del pueblo.

En tanto, la alcaldesa de Carabaya, Nancy Rosell, ha pedido ha EGASUR explicar que pasará con los 65 kilómetros de la Carretera Interoceánica que quedarían inundados y el impacto ambiental en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene.

Por su parte, EGASUR señaló que entre enero y febrero se realizaron hasta seis reuniones informativas con las autoridades y pobladores de la región. No obstante, para Rosell Ángles estas aún resultan insuficientes para los más de 15 mil afectados que dejaría el proyecto.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/02/2010





PODRÍAN ESTALLAR TRES CONFLICTOS AMAZÓNICOS


Decididos. Awajún-Wampis, Secollas-Boras y Harakmbut defienden su medioambiente. Nativos del Cenepa, Putumayo e Inambari denuncian que Estado no los escucha y tampoco respeta las reservas naturales al concesionar amazonía.

Antiguos y nuevos conflictos crecen día a día en tres puntos de la amazonía, y parece que ninguna autoridad se interesa en darle solución. La población awajún-wampis del Cenepa (Amazonas) reclama desde hace cuatro años la restitución de 88,744 hectáreas que el Estado tomó del parque nacional Ichigkat Muja para darlo en concesión a la minera Afrodita.

Cuatro años también tiene la solicitud de los secollas-boras del Putumayo (Loreto) para que la zona del Güeppi sea convertida en un parque nacional.

Ambas poblaciones han manifestado a las autoridades del gobierno central que no aceptan actividades mineras ni petroleras en sus tierras.

En el sur de la amazonía, los harakmbut que pueblan Inambari (Madre de Dios) se mantienen alertas para impedir que la petrolera Hunt Oil vuelva a ingresar a la reserva comunal Amarakaeri.

Ahora pretenden levantarse para evitar que se siga construyendo la hidroeléctrica de Inambari, por temor al daño a la biodiversidad especialmente en el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa, manifestó hace dos semanas que las comunidades awajún-wampis ya están cansadas de no recibir respuesta a los oficios enviados al Ministerio de Energía y Minas.

“Les hemos preguntado por qué dieron autorización de ingreso a la minera Afrodita y por qué concesionaron la Cordillera del Cóndor cuando ya habíamos firmado un acta con Inrena para crear allí el parque Ichigkat Muja en un área de 152 hectáreas que después recortaron sin respetar el documento firmado”, refiere el dirigente tras señalar que la Cordillera del Cóndor es un territorio valioso para la supervivencia de los nativos y además sagrado por acoger al venerado Cerro Kumpanam.
Los nativos del Cenepa reafirmaron su posición: exigir al Estado que cumpla el acta de creación del parque en el área acordada y que se les delegue su vigilancia y administración. También piden revocar concesiones mineras en el Cenepa por incumplir el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT, así como el retiro de las empresas Afrodita y Dorato.

Datos

Ilegal. Zebelio Kayap denunció la presencia de minera Sierra Dorada en la comunidad Nueva Vida, la misma que ha construido una draga flotante en el río Marañón, sin licencia social.

EIA. Los nativos del Cenepa desconocieron el Estudio de Impacto Ambiental de la minera Afrodita, no solo porque las audiencias públicas se hicieron fuera del Cenepa sino porque decidieron rechazar toda actividad extractiva en esta zona fronteriza.

Inrena podía cambiar de opinión

El 8 de noviembre del año 2005, representantes de los ministerios de Energía y Minas, Relaciones Exteriores y Defensa, así como del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el propio Instituto Nacional de Recursos Naturales y la minera Afrodita, se reunieron para tratar la exploración minera en la Cordillera del Cóndor.

Ahí acordaron que Inrena debía emitir un informe a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Minem “en el cual dé opinión técnica favorable para la exploración minera de la Cia. Minera Afrodita, en la Cordillera del Cóndor”.

La nueva opinión de Inrena se emitió el 11 de enero del 2006. La solicitud a Inrena se hizo, según el Minem, porque la concesión fue antes de crearse el área natural protegida.

Diario La República-Lima 15/02/2010





PERÚ: APUS DE EL CENEPA ESPERAN QUE GOBIERNO CUMPLAN COMPROMISOS FIRMADOS CON SENARP


Los Apus de El Cenepa, región Amazonas, esperan que el gobierno cumpla los acuerdos sostenidos entre ellos y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SENARP) para gestionar la ampliación del Parque Nacional Ichigkat Muja.

Según nota informativa de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) la reunión efectuada en la comunidad de Huampami el 5 de febrero entre pobladores indígenas y funcionarios acordó que el Parque Nacional Ichigkat Muja ubicado en la Cordillera del Cóndor sea declarado Zona Intangible.

El SENARP se comprometió ante los representantes de las organizaciones ODECUAC, ODECINAC y ODECOFROC asimismo a solicitar al Consejo de Ministros la revisión del estudio de impacto ambiental de la minera Afrodita que es rechazado por sus “graves errores”.
Asimismo se demandó que dicha área protegida sea restablecida en la propuesta inicial de 152 873 hectáreas y no como está actualente considerada con un recorte de 80 000 hectáreas.

La reducción se ha efectuado únicamente para favorecer intereses pro mineros y en particular a la empresa Afrodita, que se encontraría ya en etapa de exploración. El Ministerio de Energía y Minas a la fecha ya otorgó 84 concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor.

Al final de la reunión los Apus sostuvieron que si el Estado cumple con los compromisos suscritos se daría un paso importante para la cordialidad y para que la paz social regrese a las comunidades.

Los pueblos no están pidiendo un capricho, sino están defendiendo la vida, la biodiversidad, la flora y fauna y un santuario cultural y ancestral del pueblo Awajún.

Servindi-Lima 14/02/2010





NO SE CUMPLIERON 74 DILIGENCIAS EN PROCESO SOBRE ‘BAGUAZO’


Irregularidades. plazo se acabó y Mercedes Cabanillas, yehude simon y otros no declararon. Organismos de DDHH pidieron que se declare ‘caso complejo’ para cumplir las diligencias.

Representantes de Aprodeh, Comisedh, CNDDHH e IDL denunciaron que al culminar la parte instructiva del proceso judicial sobre el ‘Baguazo’ se han incumplido con 74 diligencias, entre las que estaban previstas las declaraciones de la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y las del ex premier Yehude Simon, entre otros.

“Recién en diciembre el juez penal de Bagua Chica, Norberto Cabrera, les cursó un pliego de preguntas vía exhorto que no llegó a destino porque no figuraban el número de expediente ni la dirección, además de contener preguntas que no esclarecían los hechos, hasta que concluyó el plazo”, detalló Juan José Quispe de IDL.

Miguel Jugo, Gustavo Campos, Ronald Gamarra y Carlos Rivera acusaron otras deficiencias, como la falta de juzgados especializados, notificaciones que llegaron a destiempo y ausencia de peritos traductores. Por eso solicitaron se le declare ‘caso complejo’ para ampliar el tiempo de investigación.

La clave

Acta. La fiscal de Utcubamba, Olga Bobadilla, pidió a la PCM que remita el acta del Consejo de Ministros que acordó intervención policial en Curva del Diablo

Diario La República-Lima 12/02/2010

MESA DE DIÁLOGO SOBRE MINERÍA SIN COMPROMISOS EN HUALGAYOC


Sin llegar a compromisos concretos se desarrolló la segunda mesa de diálogo entre los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Comisión Multisectorial de la provincia de Hualgayoc.

Los funcionarios del citado portafolio llegaron a Bambamarca poco antes del mediodía del último miércoles, con fuerte resguardo policial, y encabezados por el viceministro de Energía y Minas.

El encuentro se desarrolló en el salón consistorial de la municipalidad de Bambamarca con la asistencia de 60 delegados de las organizaciones locales.

En la cita, los representantes del MEM aseguraron que vienen trabajando desde hace bastante tiempo en la remediación de los pasivos mineros. Por su parte, los delegados de la población demandaron el cese inmediato de las concesiones.

Según los visitantes, la provincia de Huangayoc será de prioridad en 2012 para proyectos de remediación, y dijeron que algún día las aguas del río Hualgayoc y el Tingo recuperarán su pureza original.

Cabe recordar que la primera mesa de diálogo se celebró el 8 de enero; igual que en dicha ocasión, en la cita del 10 de febrero tampoco se llegó a acuerdos concretos.

En setiembre del 2009, los pobladores y autoridades de Hualgayoc acordaron junto con representantes del gobierno central el cese inmediato y definitivo de las operaciones de la minera Consolidada S.A. en esta provincia cajamarquina.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 12/02/2010





ACUSAN AL GOBIERNO DE ACTITUD DICTATORIAL EN CONFLICTO MINERO


Reaccionan frente a declaraciones del premier de instalar base militar en provincia de Huancabamba

Los integrantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la frontera Norte del Perú, expresaron su disconformidad con las recientes declaraciones emitidas por el consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, quien informó de la decisión del ejecutivo de no reiniciar el diálogo por el conflicto minero y confirmó la instalación de una base militar en Huancabamba

Para Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio y presidente del colectivo de alcaldes y comuneros que rechazan la minería en la zona, las palabras del premier demuestran una actitud dictatoria del gobierno para resolver por la fuerza, a oposición de los comuneros a la explotación minera, en vista que temen la contaminación ambiental

“Este anuncio es preocupante, pues consideramos que sólo a través del diálogo se dará una salida inteligente y pacífica al problema generado por el estado. A ello se suma el acoso permanente por parte del Gobierno Central para desacreditar nuestro justo reclamo”, manifestó

Pro su parte, Benito Guarnizo, presidente de la comunidad campesina de segunda y Cajas (Huancabamba) sostuvo que el anuncio evidencia una actitud nefasta del Gobierno Central

Diario La República-Lima 12/02/2010





VISITA DE LA CIDH AL PERÚ DARÁ A CONOCER SISTEMA DE PROTECCIÓN EN DDHH


La visita que hará una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Perú será una excelente ocasión para ventilar en los grandes medios, no solamente qué papel juega el tribunal, sino lo que es el sistema interamericano de protección.

Así lo destacó el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Francisco Soberón, quien a través de CNR saludó que finalmente este organismo arribe a nuestro país.

“Era oportuno que el gobierno peruano invite a la Corte, pues era uno de los dos países de América Latina que no la había invitado en todos estos años. Nos parece bien que se produzca la visita”, refirió.

Precisó que APRODEH sentará su posición clara de los innumerables pendientes que tiene el Estado peruano en materia de Derechos Humanos.

“Hay muchos incumplimientos en la ejecución de sentencias del pasado, como pendientes del Estado peruano en la ejecución de sentencia de la CIDH; incluso en modificaciones de la ley peruana para incluir el delito de ejecución extrajudicial”, aseveró.

Indicó que tanto la relatora especial en Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, y el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desean viajar a nuestro país, pues ya manifestaron preocupación por situaciones como la de Radio La Voz y TV Oriente.

“Es importante su visita para que los peruanos puedan conocer lo que significa el sistema interamericano; nuestro sistema que ha sufrido la hostilidad, la agresión de actores políticos del gobierno y fuera del gobierno, y que entonces tenga claridad de cuáles son sus funciones y cómo está (la CIDH) para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, finalizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 12/02/2010

FISCAL DE UTCUBAMBA DENUNCIA A GENERALES POR MUERTES EN "BAGUAZO"


El primer juzgado especializado en lo penal de Utcubamba recibió la formalización de la denuncia penal de la titular de la primera fiscalía provincial mixta de Utcubamba, Olga Bobadilla Terán, contra dos de los principales oficiales policiales que estuvieron a cargo de las operaciones del pasado 5 de junio en la Curva del Diablo.

Se trata de los generales PNP Luis Elias Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano, ambos bajo el presunto delito contra la vida el cuerpo y la salud en su figura de homicidio calificado y lesiones graves tras el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry desde el kilómetro 200 al 202.

A diferencia de la denuncia interpuesta antes por la ex fiscal de Utcubamba, Marlene Rojas Mendez, esta se circunscribe a individualizar los delitos cometidos por los presuntos responsables y en las que se incluyen el capitán PNP Yuli Coloma Pinillos, encargado de la comisaria de Bagua Grande, como autor mediato y bajo el delito contra la vida el cuerpo y la salud en su figura de homicidio calificado en agravio de los fallecidos -identificados como Alejandro Salazar Huamán y Porfirio Coronel Jiménez- y lesiones graves y lesiones leves contra 14 civiles, entre ellos dos menores de edad.

La denuncia de Bobadilla también alcanza al comandante PNP Luis Enrique del Carpio Sánchez, copartícipe al igual que los dos generales PNP, en el presunto delito de homicidio calificado en agravio de David Jausito Mashigkashg, Romel Tenazoa Sánchez, Jesús Carlos Timias y Genaro CHijiap Chamik.

Ademas, los efectivos DINOES Juan Augusto Fernández Guevara y Walter Ascención Chicana Dett -el primero al mando del segundo escuadrón DINOES y el segundo al mando de un tercer escuadrón DINOES- son sindicados como copartícipes en los hechos y la comisión del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de lesiones graves contra del líder awajún Santiago Manuin Valera, delito por la que también ha sido encausado el ex jefe de la DINOES, Luis Muguruza.

:: No se contaba con número preciso de nativos

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público han determinado que los generales PNP Luis Muguruza y Javier Uribe Altamirano, no contaron con la información sostenible para evitar los hechos, pese ha haber contado con tres planes operativos elaborados por diferentes entes policiales.

Así mismo, se señalan que tampoco existieron hechos objetivos pues se informaba de la presencia en la Curva del Diablo de dos mil a tres mil nativos; además no se contaba con información sobre la cantidad de licenciados de las Fuerzas Armadas, quienes tenían conocimiento sobre manejo de armas de guerra y estrategias de combate.

De igual modo, se advierte que no hubo un reconocimiento real ni exhaustivo de la situación de la cima de la Curva del Diablo debido a que no se tomó en cuenta la cantidad numérica exacta de nativos en dicho lugar y que por esa misma situación se encontraban en ventaja frente a las fuerzas policiales, lo que puso en riesgo la vida de los efectivos -falleciendo 11 de ellos y la desaparición del Mayor PNP Felipe Bazán Soles.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/02/2010





GENERAL PNP NO TOMÓ EN CUENTA PLANES PREVIOS EN CURVA DEL DIABLO


Las investigaciones preliminares también determinan que el ex jefe de la DINOES, Luis Muguruza Delgado, responsable principal del operativo, no tomó las medidas necesarias el 5 de junio debido a que debieron ejecutarse tres acciones operativas en simultaneo, entre las 05.45 a 06:00 am como paso previo al operativo de desbloqueo.

Esa situación no sucedió debido a una descoordinación entre las escuadras como en la acción. De modo que el comandante PNP Del Carpio no sabía que en la cima del cerro de la Curva del Diablo había mil nativos frente a los 59 efectivos que en esos momentos estaban a su mando.

“Como jefe del plan de operaciones general debió evitar los decesos de personas indígenas, por lo que no tomó en cuenta el general Muguruza los tres planes para llevar a cabo la incursión policial y el desbloqueo de la zona, los mismos que fueron formulados por la Dirección de Operaciones Generales, Dirección de Operaciones Especiales y la DITERPOL – región Amazonas”, refiere la denuncia penal.

Mientras, el general Javier Uribe Altamirano, quien estuvo al mando del sobrevuelo de un helicóptero MI-17 PNP y que debió de realizar un reconocimiento previo de la zona, prever y darse cuenta que habían mas de tres mil nativos, entre ellos ex reservistas de las fuerzas armadas, evitando así el riesgo de la operación.

En tanto, el comandante Luis Enrique Del Carpio Sánchez, quien tuvo como misión incursionar por la parte alta de la cima de la Curva del Diablo para que al momento de iniciarse el operativo, ganar altura y acompañar al grueso del contingente policial que llegaba por la carretera y evitar que los nativos tomasen también la posición de las alturas de la zona.

“El personal policial al mando del citado oficial llegó al cerro siendo las 05.45 am, después de haber caminado 45 minutos, se pusieron a descansar y el personal policial se sacó el equipo antimotines siendo en esos momentos que el mayor Bazán le dice al comandante que iba a subir a la cima con dos efectivos PNP informándole después que no había presencia de nativos, pero después fueron cercados por ellos, motivando a que el comandante Del Carpio haga disparos al aire como actitud disuasiva, pero ocasionando la muerte de cuatro nativos”.

:: Diligencias solicitadas

Dentro de las acciones – refiere la denuncia- deberán de tomarse las declaraciones instructivas de los denunciados, generales PNP Luis Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano, así como del comandante PNP Luis Enrique del Carpio, el capitán PNP Yuri Coloma Pinillos y los efectivos de la DINOES PNP Juan Augusto Fernández Guevara y Walter Ascención Chicana Dett.

También pide se reciba la declaración preventiva de los familiares agraviados, se realice una inspección o diligencia judicial y reconstrucción de los hechos en la Curva del Diablo, en el frontis de la comisaria de Bagua Grande y en el domicilio de la menor Leydi Luz Montes Gonzales.

Así mismo, plantea se lleve a cabo la exhumación de los cadáveres de Florencio Pintado Castro y de Felipe Sabio Cesar, enterrados en los cementerios de San Ignacio e Imaza, respectivamente; se reciba la declaración testimonial del general PNP Garavito Bernabé, director de Operaciones Especiales el 5 de junio, para que indique quién le dio la orden o mediante qué documento dispusieron la acción de la fecha y qué personas iban a estar al mando de esa operación policial.

Finalmente, la primera fiscalía provincial mixta de Utcubamba se reservará el derecho de formalizar denuncia penal contra el citado general y el general José Sánchez Farfán como resultado de las demás investigaciones.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/02/2010

CAMPESINOS NO QUIEREN BASE MILITAR EN RÍO BLANCO


Pobladores dicen que medida busca censurar a las comunidades que se oponen a la minería

Ante las declaraciones del Premier Javier Velásquez Quesquén confirmando la construcción de una base militar en Río Blanco, centro del conflicto minero de la sierra piurana, el presidente de la Federación Provincial de comunidades campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, denunció que esta medida solo busca censurar y criminalizar la voz de las comunidades campesinas opositoras a la minería

El último lunes, el presidente del consejo de ministros visito Piura y fue tajante al afirmar que si se implementaría una base militar en el ande piurano, para garantizar la seguridad de las operaciones mineras. Sin embargo no dijo cuando se concretaría esto

El dirigente campesino recordó que la base militar es parte de la política que el gobierno central ha venido desarrollando en los últimos años acusan a miembros de las rondas y comunidades de actos violentos inclusive de terrorismo, para que el proyecto minero Río Blanco (Ex Majaz) pueda operar libremente

“El estado tiene el deber de defender los derechos humanos de todos, no solo del sector privado. Nosotros no atropellamos los derechos de nadie, estamos defendiendo nuestro derecho a la propiedad y somos amparados por la ley. El gobierno aprista quiere dar un pasó más allá en contra de las comunidades, trayendo a militares a la zona”, sostuvo

El anuncio de la implementación de una base militar se dio tras el asesinato de dos empleados de la Minera Río Blanco, en noviembre pasado.

Diario Perú 21-lima 10/02/2010

DIRIGENTES Y ALCALDES DE ISLAY ANALIZAN INVERSIÓN MINERA


Iniciativa. Gobierno regional de Arequipa no convoca a Southern Perú. Según Juan M. Guillén, se busca conocer posición de la sociedad civil y de sus representantes.

Southern Perú, blanco de críticas de alcaldes y pobladores de la provincia de Islay por el proyecto minero Tía María, no sería invitada a la reunión que promueve el presidente de Arequipa, Juan M. Guillén.

El titular regional confirmó que a la cita de la próxima semana solo asistirán dirigentes, alcaldes de Islay y congresistas. La temática será la posición que tiene la sociedad civil sobre la inversión minera.

“Queremos sentar en una mesa a la representación de la provincia, congresistas y gobierno regional sin la participación del ministerio ni la empresa. Sabemos que los congresistas no tienen capacidad resolutiva, pero pueden ser la bisagra para que el diálogo no se pierda”, dijo.

El dato

Precedente. En la reunión del pasado 8 de febrero, convocada por el Ministerio de Energía y Minas en Mollendo, Southern Perú tampoco fue invitada.

Diario La República-Lima 10/02/2010





RONDEROS Y NATIVOS AFIANZAN LA MARCHA DEL 22 DE FEBRERO


Exigen. Derecho a la consulta y otros. Ambos se unen para impedir el ingreso de empresas mineras y petroleras en sus territorios.

Las rondas campesinas de Cajamarca, Piura y Lambayeque, así como las comunidades nativas de la amazonía norte del país, organizan una gigantesca marcha para el día 22 de febrero en protesta por la desatención del gobierno a sus demandas.
Dirigentes ronderos de Piura, como Sixto Alberca, afirmaron que tanto los nativos de la selva como los de la sierra enfrentan los mismos problemas respecto al ingreso prepotente de empresas mineras y petroleras en sus tierras.

Antes, el 17 de febrero, las comunidades nativas de las cuencas del Santiago, Dominguza y Cenepa se reunirán durante tres días en Nieva para evaluar el informe final de la comisión investigadora de los sucesos de Bagua.

También debatirán y decidirán la presencia de la empresa petrolera Maurel Et Prom Peru Sac, que pretende operar el Lote 116 en Condorcanqui, donde perforaría cuatro pozos exploratorios.

El dato

Santuario. Andinos y Amazónicos awajun-wampis también acordaron convertir la loma que domina la Curva del Diablo en un santuario, en honor a los 34 caídos el 5 de junio pasado.

Diario La República-Lima 10/02/2010





GOBIERNO INSISTE EN INSTALACIÓN DE BASE MILITAR EN PIURA


El premier Javier Velásquez Quesquén ratificó la intención del gobierno central para instalar una base militar en El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba.

En declaraciones a la prensa, durante una corta visita a Piura, el jefe del gabinete consideró que no existen las condiciones para reiniciar la mesa de diálogo sobre el proyecto minero Río Blanco (ex Majaz).

Velásquez Quesquén dijo que no se pueden pasar por alto las muertes ocurridas en la zona; por eso, cuando se reunió en Lima con las autoridades locales a fines del 2009, acordaron implementar una base militar.

"No se puede seguir usando la violencia como una herramienta de protesta", manifestó el jefe del gabinete.

Cuando se le consultó sobre la muerte de dos comuneros del caserío de Cajas Canchaque, en noviembre pasado, el jefe del gabinete señaló que los responsables deben ser sancionados porque no se aceptará condicionamientos de tipo alguno de parte de quienes solicitan una mesa de diálogo.

"El desarrollo social es compatible con las inversiones mineras (...) cuando hay problema de carácter ideológico y decimos "no a la mina y no al petroleo", en una posición irreductible, ¿Qué diálogo es ese?", se preguntó.

En ese sentido, consideró que la experiencia de Bagua (Amazonas) puso en evidencia la necesidad de un procedimiento de consulta en base al Convenio 169 de la OIT. "El gobierno cree en el diálogo fructífero, pero no en un diálogo que cubra una negociación compulsiva", remarcó.

Cabe mencionar que el premier efectuó una fugaz visita a Piura realizando una supervisión a los trabajos de prevención ante el Fenómeno El Niño. Durante el recorrido, que fue breve, Velásquez aseguró que las últimas lluvias no representan mayor peligro dado que cuentan con una estrategia de prevención de desastres en Piura.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/02/2010





LA MINERÍA AVANZA


¿Hasta cuando va a seguir así? Las empresas obtienen, si o si, sus concesiones. Los pueblos pierden sus tierras y se rebelan. Y el Estado reprime cada vez con más fuerza. La misma historia se repite una y otra vez a lo largo y ancho del Perú, y nadie parece querer cambiar la situación. Lo más preocupante es que varios de esos conflictos están a punto de estallar, y podrían tener graves consecuencias, como lo sucedido el 5 de junio en Bagua.

Desde Alerta Perú hemos cubierto en numerosas ocasiones varios de estos casos: La Zanja, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), Chinalco en la provincia de Yauli (Junín), El Tingo, en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca), Hocol Perú en Condorcanqui (Amazonas), Barranquita (San Martín), Tia María en Islay (Arequipa), el proyecto Río Blanco en Huancabamba (Piura) y el de Afrodita en el Cenepa (Amazonas). Todos estos casos son similares entre si: la población se opone a los proyectos, temiendo que estos afecten su modo de vida o que contaminen sus tierras; pero el Estado, buscando promover la inversión, los ignora y los reprime.

Uno de los más preocupantes es el de El Tingo. Aquí el Ministerio de Energía y Minas ha impuesto el derecho de servidumbre sobre 34 hectáreas pertenecientes a los campesinos del Tingo. Los campesinos han denunciado que ha sido un proceso con varias irregularidades, como la convocatoria a una reunión en el distrito limeño de San Borja, a cientos de kilómetros de su comunidad. Tras no asistir a la reunión, el Ministerio otorgó la servidumbre a la empresa. Otro caso bastante preocupante es el de la minera Hocol, en el lote 116 de Condorcanqui, Amazonas. Este lote, se encuentra ubicado en territorio awajún, quienes se oponen a la presencia de la minera. La reacción del gobierno ha sido la instalación de una base militar. En Islay, más de 3 mil pobladores marcharon en contra del proyecto Tía María. El proyecto sigue en marcha, a pesar de que el año anterior más del 90% de la población rechazó la presencia de la minería a través de una consulta popular. Con respecto al proyecto La Zanja, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), los ronderos y dirigentes venían realizando gestiones en el Congreso para evitar la instalación de una minera, ya que desean seguir viviendo de la agricultura. Sin embargo, uno de ellos fue detenido bajo el cargo de “robo agravado” en la puerta del Congreso. Después de unos días, y gracias al rechazo de la opinión pública, el dirigente fue liberado. En el Cenepa, en zona de frontera, la minera Afrodita viene operando sin tener ningún permiso para explorar ni explotar. Sin embargo, a pesar del rechazo de las comunidades indígenas de la zona, son protegidas por las Fuerzas Armadas. Y aunque no es una mina, en Barranquita el Grupo Romero ha deforestado la zona que le fue concesionada y no permiten el ingreso de las autoridades.

Así como estos, existen muchos otros conflictos en todo el país. La política del “perro del hortelano”, promovida desde el gobierno para impulsar la inversión privada, esta facilitando la entrega y la concesión de territorios, en perjuicio de las comunidades que habitan en ellos. El resultado es el rechazo de este supuesto modelo “único” de desarrollo. Ante la escalada de la conflictividad, el gobierno debería replantearse su política y buscar un modelo alternativo de desarrollo que obtenga la aceptación de todos los ciudadanos.

La Mula -Lima 09/02/2010





EXIGEN APLAZAR AUDIENCIA MINERA


Autoridades y campesinos arequipeños solicitaron el aplazamiento de la audiencia pública fijada para el 15 de febrero por la minera Southern Perú para exponer el proyecto Tía María.

Fernando Gala, viceministro de Minas, a quien los campesinos solicitaron la postergación, manifestó que el Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad de aplazar esta audiencia; sin embargo, trasladará la inquietud a la empresa minera para que tome una decisión.

Diario La República-Lima 09/02/2010





DEFENSORÍA REPORTA LIGERA DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES


Un total de 260 conflictos sociales registró la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo al 31 de enero del 2010, lo cual refleja una ligera disminución en relación a diciembre del 2009.

De acuerdo al informe, durante el mes se resolvieron cinco casos, un caso resuelto se reactivó, y surgieron cinco nuevos conflictos, de distinta naturaleza.

Con relación a los tipos de conflicto registrados durante el primer mes del año, el Reporte de Conflictos Sociales 71, precisa que el 47% (121 casos) del total de conflictos son socioambientales, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 14% (37 casos), y los conflictos laborales con 11% (28 casos).

El documento señala que cinco conflictos sociales se resolvieron (un por asuntos de gobierno nacional, un electoral y tres socioambientales), y se ubican en Amazonas, Cajamarca, Junín, Pasco, y San Martín.

Entre los casos resueltos, cabe destacar el de la comunidad de Yambrasbamba (Amazonas), en el cual la población y la empresa establecieron, mediante acta de acuerdo, un nuevo convenio de cooperación mutua para el desarrollo de la zona.

El reporte señala también que en enero, 85 casos se siguen tratando a través de procesos de diálogo (el 50% del número de casos activos).

Del total de conflictos sociales registrados a enero del 2010, 170 se encuentran activos (65%), y 90 en estado latente (35%). Además se da cuenta de 32 acciones colectivas de protesta a nivel nacional y 5 acciones de violencia subversiva.

Asimismo, se retiraron del registro principal 8 casos latentes, al no registrarse hechos que demuestren el interés de los actores involucrados en mantener activas sus diferencias.

En lo referente a los cinco nuevos casos, dos de ellos se han producido en Piura (un caso por asuntos de gobierno local, y otro responde a la existencia de dos alcaldes, uno reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones y otro por el Poder Judicial); los otros tres se ubican en La Libertad, Puno y Ucayali (un caso laboral, socioambiental y comunal, respectivamente).

El reporte de conflictos sociales registra un total de 124 actuaciones defensoriales, de las cuales 110 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 12 de intermediación, además de efectuarse dos acciones de defensa legal.

Entre las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo destacan las efectuadas en el caso Laguna de Parón, en Ancash; en Camisea (Cusco); en los casos ubicados en Yambrasbamba (Amazonas), Quilcas (Junín), Colquirrumi (Cajamarca), y Tapayrihua (Apurímac); y el conflicto por demarcación territorial entre Moquegua y Puno.

Diario La República-Lima 09/02/2010

MEM REMEDIARÁ 60% DE PASIVOS AMBIENTALES EN HUALGAYOC


El Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de su Dirección General de Minería (DGM) promoverá el 2010 la remediación de aproximadamente el 60% de los pasivos ambientales, con apoyo de la población y municipalidades distritales y provincial de Hualgayoc.

A este y otros acuerdos arribó la Mesa de Trabajo en Hualgayoc, donde participó una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo que encabezó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) con las autoridades locales de dicha provincia para analizar la problemática minera en Hualgayoc.

“La contaminación de agua tiene que ver con la presencia de pasivos mineros. Hay pasivos ambientales que deben ser remediados, como parte de un plan de trabajo del presente año. Es importante tener un acuerdo de trabajo, para este fin, entre dirigentes, autoridades, empresas y el MEM”.

“Con este trabajo se va a mejorar la calidad del agua”, señaló José Luis Carbajal director de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MEM.

La Mesa de Trabajo, se prolongó por más de cinco horas en el auditorio de la Municipalidad distrital de Hualgayoc, donde los funcionarios de Osinergmin, Ingemmet y del propio Ministerio, explicaron a los pobladores las características de las concesiones mineras, los estudios de impacto ambiental actualmente vigentes y las actividades de supervisión y fiscalización minera que se viene realizando en esta zona, así como los pasivos mineros que se encuentran en la provincia de Hualgayoc.

Del mismo modo, las autoridades locales hicieron saber su preocupación sobre el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en la provincia.

Entre los acuerdos se establece que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) realizará una medición inopinada de las vibraciones causadas por la empresa minera Gold Fields en las zonas aledañas donde realiza sus operaciones.

OSINERGMIN enviará un informe, a las autoridades de la provincia, sobre las acciones de sanción iniciadas contra Activos Mineros, por un deslizamiento de relaves.

También se acordó que el gobierno regional de Cajamarca enviará un documento sustentatorio, a la Oficina General de gestión Social (OGGS) del MEM, sobre los puntos de captación necesarios para el desarrollo del proyecto de agua y saneamiento en las ciudades de Bambamarca y Hualgayoc.

Minera San Nicolás

A pesar de una serie de visitas, inspecciones y sanciones de FONAM y otras entidades la Minera San Nicolás sigue operando en la jurisdicción de Hualgayoc de manera ilegal, causando serio daño al medioambiente.

OSINERGMIN se encargará de presentar a la Fiscalía de la Nación la denuncia penal correspondiente por la continuación de las operaciones de la empresa San Nicolás, empresa minera que pese a estar sancionada con la paralización de operaciones sigue operando.

De la Cuenca del Tingo Maigasbamba se benefician 12 mil moradores de 60 comunidades repartidos en 38 canales de regadío. Las autoridades no pueden hacer cumplir las sanciones y órdenes de cierre de sus operaciones.

Diario Panorama Cajamarquino 09/02/2010





FISCAL DENUNCIAN A 47 MINEROS INFORMALES DE ALGAMARCA


47 de 350 mineros informales de Algamarca, plenamente identificados, fueron denunciados por el Fiscal de Prevención del Delito, Guillermo Vargas Cerna por el delito contra la ecología en su modalidad de contaminación del medio ambiente.

Según el representante del Ministerio Público, los 47 mineros informales incurrieron en el delito de contaminación del Medio Ambiente tipificado el artículo Nº 304 del Código Penal en agravio del estado y del centro poblado menor de Algamarca.

Precisó que estos mineros están utilizando insumos peligrosos como; cal y cianuro que contaminan las aguas que riegan los cultivos del Valle de Condebamba.

Vargas, aseguró que otro grupo de personas, aún en etapa de identificación, vienen siendo investigados por la Policía Nacional del Perú por los mismos cargos y que posteriormente serían denunciados ante el Poder Judicial.

Ahora el caso ya se encuentra en el Juzgado Penal de Cajabamba y dependerá de ellos la sanción correspondiente, teniendo en cuenta, que los inculpados están atentado contra el medio ambiente y la salud: contaminación de suelos y aguas.

Precisó que la investigación inicialmente estuvo a cargo de la fiscalía de Cajabamba conjuntamente con la policía y remitido a su despacho para su ampliación. Con esta información se procedió a la denuncia penal.

Diario Panorama Cajamarquino 09/02/2010





POBLACIÓN DE BARRANQUITA RESPALDA A DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA


La población de Barranquita respalda al director regional de Agricultura, Antonio Arce, quien fue denunciado por el Grupo Romero, tras ordenar el cese de sus actividades en los bosques del distrito.

Así lo aseguró la integrante del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín (FRECIDES), Semira Pérez, quien a través de CNR indicó que, de ser necesario, tomarían medidas en defensa de los bosques primarios.

“Consideramos que la resolución Nº 023, emitida por las Dirección Regional Agraria de San Martín (DRASAM), es el paso más correcto que puede dar una autoridad que trabaja para su pueblo. Barranquita y todos en San Martín, junto a las comunidades indígenas, respaldan al actual director”, declaró.

Pérez Saavedra consideró vergonzoso que se acuse a Arce de abuso de autoridad, sólo por emitir una resolución que suspende las acciones de “cambio de uso de suelo” que venía desarrollando Agrícola de Caynarchi, empresa perteneciente al Grupo Romero.

“No es posible que alguien que sale en defensa de sus pueblo sea enjuiciado sólo porque tiene poder económico; la actitud del Grupo Romero es como si fuera un estado dentro de otro estado porque va la autoridad, la fiscal, para hacer una inspección y no lo han permitido”, aseveró.

En ese sentido, informó que los lideres coordinan actividades para sensibilizar a la población más alejada sobre este problema, y de este modo conseguir su apoyo.

“Cuando conocen al detalle sí responden el llamado. La actitud de las autoridades ha sido realmente digna de resarcir esta decisión valiente”, finalizó.

Como se recuerda, a fines de enero, la DRASAM declaró nula la resolución administrativa que permitía al Grupo Romero realizar actividades de deforestación y conversión de uso del predio denominado “Palmas del Oriente”, en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas.

La resolución Nº 023-2010-GRSM/DRASAM anula, así mismo, la autorización para el cambio de uso de tierra con aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva.

De esta manera, el emporio empresarial queda prohibido de realizar actividades en esta zona, donde más de mil hectáreas de bosques vírgenes fueron depredados, según denunció en su momento Radio y Televisión Oriente de Yurimaguas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/02/2010

COMUNICADO EXPROPIACION DISFRAZADA DE SERVIDUMBRE SOBRE TIERRAS COMUNITARIAS


Ante la imposición de una servidumbre minera sobre el territorio de la Comunidad Campesina de El Tingo, en Cajamarca, mediante Resolución Suprema nº 080-2009-EM, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos declara ante la opinión pública lo siguiente:

1.- El procedimiento de servidumbre minera, previsto en el artículo 7 de la Ley General de Minería, permite imponer la actividad minera contra la voluntad de las comunidades campesinas. Este procedimiento existe desde el gobierno de Fujimori, pero muy rara vez se ha utilizado.

2.- La servidumbre minera constituye, en realidad, una expropiación disimulada e inconstitucional.

- Se trata de una expropiación, porque 20 años de actividad minera, incluyendo la instalación de fosas de re laves, suponen la destrucción del terreno utilizado, convirtiendo esta parte del territorio comunal en una zona inservible para la agricultura.

- Esta expropiación de hecho no se inscribe en ninguno de los supuestos constitucionales, ya que se efectúa con el fin de facilitar las actividades de una empresa privada (Coymolache, perteneciente a la compañía minera Buenaventura) y no para realizar un servicio público o proteger la seguridad nacional.

3.- Además, en el caso que nos ocupa no se ha respetado la exigencia constitucional de una justa indemnización a la comunidad campesina afectada, ya que la disposición del Gobierno contempla solo 3,500 dólares por hectárea, y no considera el impacto ambiental y social que sufrirá la comunidad campesina como consecuencia de la actividad minera, teniendo en cuenta a este respecto los antecedentes de la empresa Yanacocha, vinculada al mismo grupo empresarial.

4.- La imposición de la servidumbre minera contraviene claramente el Convenio 16,9 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes del desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, así como el derecho de los pueblos a elegir libremente su modelo de desarrollo. Supone también un claro incumplimiento de las recomendaciones sobre esta materia que recientemente han dado al Gobierno peruano el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT, el Comité Rara la Erradicación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del Perú, la Defensoría del Pueblo.

5.- Más allá de este caso concreto, que supone una clara vulneración de los derechos de la Comunidad de El Tingo, estamos sumamente preocupados por lo que podría ser el anuncio de una nueva estrategia para doblegar la resistencia de las comunidades que haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios

6.- Como hemos señalado reiteradamente, la injusticia es la principal causa de la creciente conflictividad social, y una política como la que parece anunciarse solo contribuirá a desestabilizar aún más el país y a debilitar nuestra democracia. Hacemos un llamado a las autoridades, y en particular al Gobierno, a actuar con prudencia y responsabilidad, y entre tanto, a no aplicar esta cuestionada resolución suprema.

Lima, 6 de febrero del 2010 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Diario Panorama Cajamarquino 06/02/2010

REGIÓN SAN MARTÍN NO RETROCEDERÁ PESE A DENUNCIA DE GRUPO ROMERO


La Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM) posee todos los elementos para comprobar que hubieron irregularidades en la tramitación del permiso de operaciones del Grupo Romero en el distrito de Barranquita.

Así lo sostuvo el presidente regional de San Martín, César Villanueva , quien a través de CNR indicó que la demanda presentada por el emporio empresarial contra la DRASAM era “previsible”.

“Era previsible que ellos actuarían de esa manera. La Dirección Regional de Agricultura tiene todos los elementos de juicios suficientes para demostrar que hubo un conjunto de irregularidades en este proceso”, afirmó.

Villanueva aseguró que existen una serie de procedimientos administrativos incorrectos dentro de las autorizaciones al Grupo Romero; además que no existe un Estudio de Impacto Ambiental (IEA) de sus actividades extractivas en la zona.

“Vamos a acudir a donde tengamos para demostrar la irregularidad del proceso. A través de la direcciones regionales de agricultura, hemos evaluado y nos mantendremos en esa actitud, adicionando a todas los procesos y pruebas que se tienen de las irregularidades que este grupo comete en la zona”, enfatizó.

La autoridad regional aclaró que su despacho no actúa en contra de la inversión privada, tal como lo señala el referido grupo comercial. "El gobierno regional promueve la inversión privada, pero una que respete el tema ambiental y social; de tal manera que no es contra la inversión", acotó.

Cabe recordar que, a fines de enero, la DRASAM declaró nula la resolución administrativa que permitía al Grupo Romero realizar actividades de deforestación y conversión de uso del predio denominado “Palmas del Oriente”, en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas.

La resolución Nº 023-2010-GRSM/DRASAM anula, así mismo, la autorización para el cambio de uso de tierra con aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva.

De esta manera, el emporio empresarial queda prohibido de realizar actividades en esta zona, donde más de mil hectáreas de bosques vírgenes fueron depredados, según denunció en su momento Radio y Televisión Oriente de Yurimaguas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/02/2010





SUSPENSIÓN DE LABORES EN MINERA DOE RUN ES POR 85 DÍAS


El acuerdo entre la minera Doe Run Perú (DRP) y sus trabajadores para suspender las labores en su complejo metalúrgico de La Oroya (Junín) es por sólo 85 días adicionales.

Así lo precisó Royberto Guzmán, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la compañía estadounidense, quien a través de CNR indicó que la nueva prórroga para el reinicio de las operaciones se inició el 4 de febrero y se prolongará hasta el 29 de abril próximo.

En tal sentido, sostuvo que los trabajadores aceptaron ampliar el periodo de suspensión ya que se les aseguró el pago del 70% de sus sueldos, además del pago de la asignación escolar para este mes.

Así mismo, informó que en la quincena de mayo se les abonará la CTS y se evaluará el número de trabajadores que podrían salir de vacaciones, siempre que hayan cumplido con un número de días pendientes.

Guzmán aseguró que los trabajadores confían en que la empresa cumplirá con el reinicio de las labores al término del plazo establecido, si no es antes. No obstante, dijo que de no cumplirse con lo acordado, se definirían las acciones a tomar.

Precisó, además, que el acta establece que todos los miércoles, los trabajadores se reunirán con representantes de la compañía para conocer los avances en las conversaciones sobre el reinicio de las operaciones en complejo metalúrgico en La Oroya.

El 3 de agosto del 2009, DRP se declaró en insolvencia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

La minera tiene inversiones pendientes con el Estado por 150 millones de dólares para el plan ambiental en Junín donde está ubicado su complejo metalúrgico.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 06/02/2010

REITERAN PEDIDO DE ANULACIÓN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO MINERO EN LA ZANJA


Celso Santa Cruz Izquierdo Alcalde Distrital de Pulán, sobre la presencia de la minería en esta zona manifestó que, el proyecto minero no cuenta con la licencia social, así como lo demuestra la Defensoría del Pueblo de Cajamarca y el Ministerio Público de la Provincia de Santa Cruz.

Manifestó que por encontrase en cabecera de cuenca, afectaría al medio ambiente, agricultura, ganadería y las cuencas hidrográficas de los afluentes que forman el Rió Chancay. También indicó que generaría un grave problema social ya que perjudicaría el proceso de desarrollo agropecuario del 100% del distrito de Pulán y el 69.96% del territorio total de la provincia de Santa Cruz (Estadística de Derechos Mineros Vigentes de INNGEMET – marzo 2009), además perjudicaría 180, 000 hectáreas de cultivo y a 450,000 usuarios de riego aproximadamente del Valle Chancay Lambayeque

El alcalde manifestó además que la Municipalidad del Distrital de Pulán ha elaborado un Plan de Desarrollo Alternativo a la Minería, el mismo que ha sido presentado y consensuado con las instituciones y organizaciones y ciudadanía en general del distrito, donde demuestra que la agricultura y la ganadería es más rentable y sostenible en el tiempo.

Diario Panorama Cajamarquino 05/02/2010





PIDEN LIBERAR A RONDERO DETENIDO


El presidente provincial de rondas campesinas de Santa Cruz, Estinaldo Quispe, invocó al gobierno central interceder para la liberación del rondero cajamarquino Óscar Romero Malca, presidente del Frente Amplio de Lucha de Santa Cruz, quien fue detenido el martes en Lima cuando ingresaba al Congreso de la República.

El presidente provincial de rondas campesinas de Santa Cruz, Estinaldo Quispe, invocó al gobierno central interceder para la liberación del rondero cajamarquino Óscar Romero Malca, presidente del Frente Amplio de Lucha de Santa Cruz, quien fue detenido el martes en Lima cuando ingresaba al Congreso de la República. Romero dirige una organización que se opone radicalmente al funcionamiento del campamento de la mina La Zanja, en la localidad de Pulán, provincia de Santa Cruz, en el departamento de Cajamarca.

Diario La Primera-Lima 05/02/2010





AFIRMAN QUE IEA DE MINSUR ES DESFASADO E INSOSTENIBLE


La presidenta del Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de Tacna (FADMAT), Nora Melchor, sostuvo que el Estudio de Impacto Ambiental (IEA) de la empresa Minsur es "desfasado" e "insostenible", motivo por el cual fue desaprobado en dos oportunidades.

Según dijo, la razón fundamental por la que se observó el EIA es porque se pretende desarrollar el proyecto en una zona que es la fuente principal de agua para 300 mil pobladores del departamento fronterizo.

En segundo lugar, los trabajos se llevarían a cabo sobre roca fracturada, lo que podría ocasionar la filtración de los químicos y hacer que lleguen hasta el acuífero y terminen por contaminarlo.

"Esto nunca tuvo ningún trasfondo político, el único interés es defender el medio ambiente y la calidad de vida de los tacneños", indicó Melchor a Radio Uno.

De otro lado, la dirigente ambientalistas sostuvo que correspondía al presidente regional, Hugo Ordoñez, encabezar las luchas en contra de la instalación de la empresa minera.

Finalmente, Melchor convocó a la población para reunirse y tomar acciones frente al inicio de operaciones de Minsur.

En 2009, Minsur logró superar las observaciones del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al proyecto que pretende extraer 500 mil onzas de oro en la comunidad de Vilavilani, en el distrito de Palca.

Sin embargo, la cercanía de las instalaciones de la mina al canal de Uchusuma y al túnel de Huaylillas, ha despertado el temor de un sector de la población ante una eventual contaminación de las aguas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 05/02/2010





HAY 6 MIL MINAS ILEGALES EN LAS PROVINCIAS DE LIMA


El gobierno regional solo cuenta con dos inspectores para fiscalizar. Las autoridades afirman que muertes como las de Oyón podrían repetirse.

La explosión ocurrida en un yacimiento de la provincia de Oyón –de propiedad de la Minera Gazuna S.A.– es solo una muestra de la informalidad que reina en este sector.

Según el presidente de la región Lima-Provincias, Nelson Chui Mejía, existen al menos seis mil minas que trabajan al margen de la ley. La mayoría se encuentra en Cañete, Canta, Cajatambo y Oyón. Chui Mejía aseguró que es sumamente complicado fiscalizarlas debido a que solo cuentan con dos inspectores y con un vehículo.

De acuerdo con la autoridad regional, el Ejecutivo ha destinado poco presupuesto para dicha labor. “Estamos atados de manos”, expresó. Con esta situación, no sería extraño que otro caso como el ocurrido el miércoles en Oyón, que acabó con la vida de ocho mineros, se repita.

MANO DURA. Al respecto, Chui Mejía informó que se procederá a multar a la mina, y lo más probable es que esta sea cerrada. También señaló que entre los fallecidos habría dos menores de edad. Este caso viene siendo investigado por la Fiscalía, que podría denunciar penalmente a los dueños de la empresa.

Diario Perú 21-Lima 05/02/2010





AUTORIDADES INVESTIGAN MUERTES CERCA A CENTROS MINEROS DE GUACAMAYO


Un equipo del Ministerio Público y la Policía Nacional investigan las recientes muertes ocurridas en los centros mineros del sector de Guacamayo, ubicado a la altura del kilómetro 103 de la carretera Puerto Maldonado-Comasuco.

A inicios de la semana pasada fueron descubiertos los cuerpos de Wilson Gutiérrez Quispe (19) y Victorino Vega (29), al parecer víctimas de un derrumbe; y posteriormente, se ubico un tercer cuerpo, perteneciente a Julio César Laquihuanaco Romero (7).

Las autoridades dispusieron el levantamiento de los cadáveres para su correspondiente análisis forense. En tanto, la población demandó a la Policía y a Defensa Civil implementar medidas de seguridad para prevenir más pérdidas humanas a consecuencia de los derrumbes.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 04/02/2010

UNA EXPLOSIÓN DEJÓ OCHO MUERTOS EN MINA DE OYÓN


En el yacimiento de carbón de piedra trabajaban nueve obreros. Uno de ellos estaría con vida. Gases tóxicos habrían asfixiado a los trabajadores y a quienes intentaron rescatarlos.

Una explosión en una mina de carbón en la provincia limeña de Oyón habría causado la muerte de ocho trabajadores por asfixia.

Todo ocurrió al promediar la una de la madrugada, cuando nueve obreros se encontraban realizando sus labores diarias de extracción de carbón de piedra.

Según las investigaciones, los trabajadores del yacimiento –de propiedad de Minera Gazuna S.A.– no se habrían percatado de la acumulación de gas en el interior de la mina. Se presume que esto pudo haber generado la explosión y la liberación de gases tóxicos, lo que dificultó que los obreros respiraran.

El hecho se produjo a dos kilómetros y medio de la zona norte de Oyón, camino a Cajatambo, en Lima. De acuerdo con las primeras indagaciones, la falta de implementos de seguridad habría impedido que se salvaran. “Al parecer, todos murieron asfixiados. No se registró ningún derrumbe”, contó a Perú.21 un agente de la comisaría de Oyón. Al cierre de esta edición se hablaba de un sobreviviente: un minero que salió a comprar café.

INFORMALIDAD. Algunas personas intentaron retirar los cadáveres del interior de la mina. Sin embargo, resultaron afectadas por el gas. “Al menos cinco personas estuvieron en observación por una hora debido a problemas respiratorios”, indicó personal de la posta local.

Élmer Ruiz, director de la Dirección Regional de Energía y Minas de Lima Provincias, señaló que las actividades de Gazuna S.A. se desarrollaban de manera informal.

Según los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la empresa no contaba con un permiso ambiental para la explotación y exploración de carbón. Por ello, ha recomendado la paralización de actividades y el cierre de la mina.

Los resultados de las investigaciones de la Fiscalía determinarán la denuncia penal contra los dueños de la compañía. Su principal accionista es Efraín Delgado Ruiz.

Diario Perú 21-Lima 04/02/2010





COMUNICADO CNDDHH: EXPROPIACIÓN DISFRAZADA DE SERVIDUMBRE SOBRE TIERRAS COMUNITARIAS


Ante la imposición de una servidumbre minera sobre el territorio de la Comunidad Campesina de El Tingo, en Cajamarca, mediante Resolución Suprema nº 080-2009-EM, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos declara ante la opinión pública lo siguiente:

1.- El procedimiento de servidumbre minera, previsto en el artículo 7 de la Ley General de Minería, permite imponer la actividad minera contra la voluntad de las comunidades campesinas. Este procedimiento existe desde el gobierno de Fujimori, pero muy rara vez se ha utilizado.

2.- La servidumbre minera constituye, en realidad, una expropiación disimulada e inconstitucional.

- Se trata de una expropiación, porque 20 años de actividad minera, incluyendo la instalación de fosas de relaves, suponen la destrucción del terreno utilizado, convirtiendo esta parte del territorio comunal en una zona inservible para la agricultura.

- Esta expropiación de hecho no se inscribe en ninguno de los supuestos constitucionales, ya que se efectúa con el fin de facilitar las actividades de una empresa privada (Coymolache, perteneciente a la compañía minera Buenaventura) y no para realizar un servicio público o proteger la seguridad nacional.

3.- Además, en el caso que nos ocupa no se ha respetado la exigencia constitucional de una justa indemnización a la comunidad campesina afectada, ya que la disposición del Gobierno contempla solo 3,500 dólares por hectárea, y no considera el impacto ambiental y social que sufrirá la comunidad campesina como consecuencia de la actividad minera, teniendo en cuenta a este respecto los antecedentes de la empresa Yanacocha, vinculada al mismo grupo empresarial.

4.-La imposición de la servidumbre minera contraviene claramente el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes del desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, así como el derecho de los pueblos a elegir libremente su modelo de desarrollo. Supone también un claro incumplimiento de las recomendaciones sobre esta materia que recientemente han dado al Gobierno peruano el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del Perú, la Defensoría del Pueblo.

5.- Más allá de este caso concreto, que supone una clara vulneración de los derechos de la Comunidad de El Tingo, estamos sumamente preocupados por lo que podría ser el anuncio de una nueva estrategia para doblegar la resistencia de las comunidades que, haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios.

6.- Como hemos señalado reiteradamente, la injusticia es la principal causa de la creciente conflictividad social, y una política como la que parece anunciarse solo contribuirá a desestabilizar aún más el país y a debilitar nuestra democracia. Hacemos un llamado a las autoridades, y en particular al Gobierno, a actuar con prudencia y responsabilidad, y entre tanto, a no aplicar esta cuestionada resolución suprema.

Derechos Humanos Perú-Lima 03/02/2010





POBLACIÓN DE PULÁN RECHAZA A MINERA LA ZANJA


El alcalde del distrito de Pulán en la provincia de Santa Cruz, organizaciones de la cuenca hidrográfica Chancay, Lambayeque - Zaña y población en general, rechazan la presencia de del proyecto minero La Zanja y reiteran el pedido de anulación de exploración y explotación del proyecto minero ante la presidencia del Consejo de Ministros.

El profesor Celso Santa Cruz Izquierdo, Alcalde Distrital de Pulán, sobre la presencia de la minería en esa zona manifestó que, el proyecto minero no cuenta con la licencia social, así como lo demuestra la Defensoría del Pueblo de Cajamarca y el Ministerio Público de la Provincia de Santa Cruz. Aseveró que por encontrase en cabecera de cuenca, afectaría al medio ambiente, agricultura, ganadería y las cuencas hidrográficas de los afluentes que forman el Rió Chancay; indicó que generaría un grave problema social ya que perjudicaría el proceso de desarrollo agropecuario del 100% del distrito de Pulán y el 69.96% del territorio total de la provincia de Santa Cruz (Estadística de Derechos Mineros Vigentes de INNGEMET - marzo 2009), además perjudicaría 180, 000 hectáreas de cultivo y a 450,000 usuarios de riego aproximadamente del Valle Chancay - Lambayeque.

Manifestó, que la Municipalidad Distrital de Pulán ha elaborado un Plan de Desarrollo Alternativo a la Minería, el mismo que ha sido presentado y consensuado con las instituciones y organizaciones y ciudadanía en general del distrito, donde demuestra que la agricultura y la ganadería es más rentable y sostenible en el tiempo.

Finalmente el alcalde distrital a través de un documento, reiteró su pedido al Primer Ministro de anular el proceso de exploración y explotación del proyecto minero La Zanja en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, ya que de está manera se está evitando tener posteriores conflictos sociales en este lugar.

Virtual Informativa-Bambamarca 03/02/2010





DESPUÉS DE DOE RUN, QUIÉN SALVARÁ A LA OROYA


Finalmente, y de manera por demás merecida, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha procedido a expulsar de sus filas a la estadounidense Doe Run, por la falta de voluntad que esa empresa reiteradamente ha mostrado para solucionar sus problemas y cumplir compromisos adquiridos con el país, sus trabajadores, acreedores, proveedores y sobre todo la comunidad, víctima directa del daño ecológico que generan sus actividades de procesamiento de metales.

Tal vez esta censura debió cumplirse antes. Si bien Doe Run empezó a operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997, y en la mina Cobriza de Huancavelica, en 1998, en los últimos años ha faltado permanentemente obligaciones que son vitales.

En el 2001 anunció un agresivo plan de reforestación, pero en el 2005 solicitó al Ministerio de Energía y Minas una primera prórroga, que se le concedió al año siguiente. Desde entonces, ha venido postergando el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pese a su relevancia para enfrentar esa especie de agonía que padece La Oroya y que la convierte en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.

Según la SNMPE, Doe Run ha ejecutado el 52% del plan ambiental, pero aún debe invertir 160 millones de dólares más para adecuarse a estándares socioambientales que se niega a desembolsar, aduciendo miles de excusas. Lo mismo sucedió en el 2005, cuando sostuvo que la competencia china le había causado complicaciones financieras y que los problemas ambientales habían superado sus expectativas. Luego, fue la crisis financiera internacional, entre otras excusas.

A estas alturas, lo que el país demanda de manera prioritaria es que Doe Run simplemente abandone el país, aun cuando haya sometido a sus trabajadores a un nefasto círculo vicioso, que los lleva a soportar el paulatino deterioro de su calidad de vida porque la planta de procesamiento es el único trabajo que conocen.

En segundo lugar, el Gobierno tiene que hallar una salida producto de una alianza estratégica con el sector privado. Parafraseando al economista Michael Porter, el desarrollo del Perú solo será posible si el Perú eleva su competitividad. Y para dar ese salto, “el sector empresarial y el Gobierno deben colaborar para ayudar a crecer a todas las industrias existentes y emergentes”.

Al respecto, resulta atendible la propuesta del presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, de reconvertir La Oroya en una ciudad industrial. Además, podría estudiarse la aplicación de la ley que exonera del pago del Impuesto a la Renta (IR) a las actividades económicas realizadas en localidades ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además del grave daño ecológico, no olvidemos que en La Oroya subyace un enorme problema social latente que corresponde al Estado atender con el concurso del empresariado y la sociedad civil.

Así como el Perú ha avanzado en el proceso de respetar los contratos con las empresas extranjeras, también tiene que exigir que estas cumplan con lo pactado, más aun cuando en riesgo está la vida de toda una ciudad y sus recursos ambientales.

Diario El Comercio-Lima 03/02/2010

DETIENEN A DIRIGENTE QUE DENUNCIÓ A UNA MINERA


Motivo. Policía dijo que estaba requisitoriado por atentar contra proyecto La Zanja. Integraba delegación que pedía a ministerio ir a Pulán a verificar el impacto de la minería.

Oscar Romero Malca, presidente del Frente Amplio de Lucha de Santa Cruz, Cajamarca, fue detenido por la División de Requisitorias de la PNP al momento que se identificaba para ingresar a la sede del Congreso de la República.

La policía señaló que Romero Malca no se presentó a una diligencia judicial que se les sigue a él y a 37 pobladores más, a raíz de una protesta contra el proyecto minero La Zanja en el 2004 que produjo destrozos en el campamento.

Oscar Romero y una delegación de ocho dirigentes encabezados por el alcalde del distrito de Pulán, Celso Santa Cruz, llegaron el lunes último a Lima con la intención de solicitar una vez más al Ministerio de Energía y Minas, así como al ministerio del Ambiente, la designación de una comisión de alto nivel que verifique en el mismo distrito de Pulán la inviabilidad de este proyecto minero.

Estudio de aguas

El alcalde Celso Santa Cruz indicó que en noviembre del año pasado la universidad Pedro Ruiz Gallo y el servicio de toxicología del Ministerio Público analizaron las aguas del río San Pedro y certificaron la presencia de plomo y cadmio.

“En el 2004 la municipalidad de Pulán emitió una ordenanza que declaraba zona intangible la parte alta del caserío La Zanja, pero no se respetó”, reclamó la autoridad edil.

La delegación de dirigentes tuvo que retornar a Pulán sin haber sido recibida por el ministro de Energía y Minas. Romero Malca quedó detenido en Requisitorias.

Diario La República-Lima 03/02/2010





PIDEN A MINISTROS INTERCEDER POR DIRIGENTE RONDERO DETENIDO EN CONGRESO


El presidente provincial de rondas campesinas de Santa Cruz (Cajamarca), Estinaldo Quispe, invocó a las autoridades del Ejecutivo interceder por Oscar Romero Malca, presidente del Frente Amplio de Lucha de Santa Cruz, detenido ayer cuando se disponía a ingresar a la sede del Congreso de la República.

A través de CNR, Quispe Mego señaló que sobre Romero Malca estaba requisitoriado desde el 27 de noviembre del 2009, a raíz de una denuncia formulada por la minera Buenaventura contra él y otras 37 personas más.

La denuncia implica a Romero Malca en los incidentes ocurridos en 2004 en el campamento del proyecto minero La Zanja, a donde los dirigentes de Santa Cruz acudieron para pedir el cese de sus operaciones.

Romero y Quispe forman parte de una delegación encabezada por el alcalde del distrito de Pulán, Celso Santa Cruz, que se encuentra en Lima desde el lunes para solicitar una vez más al Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como al Ministerio del Ambiente (MINAM), la designación de una comisión de alto nivel que verifique la inviabilidad de este proyecto minero.

Quispe Mego recordó que, a pesar de la requisitoria contra Romero, éste se movilizó sin problemas por distintas partes del país. Incluso, un día antes de su arresto, habían acudido al Parlamento donde fueron recibidos por los representantes de la bancada nacionalista, sin tener problema alguno.

Incluso, el 11 de enero se presentó ante el Poder Judicial de Cajamarca junto al alcalde Santa Cruz a fin de solicitar que se revoque la orden de captura dictada en su contra.

"Nunca le llego ninguna comunicación, (Romero) no fue notificado; pero la Policía simplemente lo da como no habido hasta que sale la orden de captura", refirió.

En tal sentido, exhortó a los ministros Pedro Sánchez y Antonio Brack para que interpongan sus oficios y se termine con la persecución a los ronderos y líderes de organizaciones populares en Cajamarca.

"Creemos que ellos (los ministros) están al servicio del diálogo y les pedimos que tomen en cuenta que estamos en un país democrático y tenemos el derecho de expresarnos", apuntó.

Finalmente, aseguró que este hecho no los hará retroceder en su lucha por defender las cabeceras de cuenca, origen de los colchones acuíferos que abastecen de líquido vital a Cajamarca y Lambayeque.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 03/02/2010





COMUNEROS DE EL TINGO PROTESTAN


Pobladores de la comunidad campesina El Tingo, del distrito de Hualgayoc, en Cajamarca, marcharán este miércoles hacia la capital de la región en protesta por la entrega de parte de sus tierras al proyecto minero Tantahuatay, de la empresa Coimolache SA, bajo la modalidad de servidumbre minera de uso.

El proceso previo que se cumple antes de emitir la servidumbre de uso no fue de conocimiento comunal. Ellos se enteraron del hecho cuando apareció la Resolución Suprema 080-2009-EM del MINEM, el 15 de diciembre pasado.

Según este documento, cada hectárea fue valorizada en cerca de 3,000 nuevos soles más “daños y perjuicios”.

Diario La República-Lima 02/02/2010





ADVIERTEN PROTESTAS POR PROYECTO MINERO LA ZANJA EN SANTA CRUZ


La población de Santa Cruz (Cajamarca) podría levantarse si es que el Ejecutivo sigue sin atender su pedido sobre la cancelación del proyecto minero La Zanja, a cargo de la minera Buenaventura.

"Responsbilizamos al gobierno y a las entidades como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de lo que pueda suceder después. La población está demandándonos tomar medidas", advirtió Estinaldo Quispe Mego, presidente provincial de rondas campesinas de Santa Cruz.

A través de la CNR, el dirigente rondero señaló que diversos estudios demuestran que el referido proyecto resultará gravemente lesivo para los colchones acuíferos que abastecen a Cajamarca y Lambayeque.

Refirió que se encuentra en Lima para exigir el envío de una comisión de alto nivel, pedido sobre el cual aún no tienen respuesta. "Hemos enviado memoriales al presidente García, al premier Velásquez Quesquén, al ministro (del Ambiente) Antonio Brack; a la defensora del Pueblo (Beatriz Merino) y a los presidentes regionales de Cajamarca y Lambayeque, para suspender o anular las concesiones mineras en cabecera de cuenca".

Quispe Mego denunció que los responsables del proyecto minero "con abuso y prepotencia, manejando a la Policía Nacional y al Poder Judicial, están reprimiendo a los dirigentes y denunciando a los ronderos".

Aseveró que se pretende "saquear" recursos naturales a tajo abierto y mediante la lixiviación de agua con cianuro, lo cual es totalmente nocivo para todo tipo de vida. Como prueba, indicó que muchas cabezas de ganado han muerto intoxicadas sólo durante la etapa de exploración del proyecto minero.

Agregó que ya algunos ríos de la zona, en particular el San Pedro, presentan en sus aguas una coloración amarillo verdosa, que según un estudio a cargo de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, corroboraría la presencia de tóxicos en el líquido vital.

"No queremos agotar el diálogo (...) en marzo o abril ya comienzan a explotar", remarcó.

Por su parte, Celso Santa Cruz Izquierdo, alcalde del distrito de Pulán, recordó que Buenaventura nunca pidió la licencia social correspondiente. Incluso, en 2008, la minera organizó una reunión para presentar su Estudio de Impacto Ambiental (IEA). Empero, de acuerdo al burgomaestre, al evento sólo acudieron personas de otros lugares, siendo los residentes de Pulán excluidos de la cita.

Agregó que, sólo en su localidad, serían unas 10 mil personas las perjudicadas con la puesta en marcha del proyecto; a éstas habría que sumar las poblaciones de Santa Cruz, Lambayeque y Chiclayo.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/02/2010





EL COLMO: DETIENEN A DIRIGENTE CAMPESINO EN LA PUERTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


En horas de la mañana de hoy martes 2 de febrero, Oscar Romero Malca, dirigente rondero de la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), se dirigía junto con una comitiva a una reunión con parlamentarios en las instalaciones del Congreso de la República. Grande fue su sorpresa cuando los efectivos policiales lo retuvieron alegando que tenía una requisitoria pendiente por los incidentes ocurridos el año 2004 en protestas contra el proyecto minero La Zanja. Ello, a pesar de que el día anterior también había estado en el Congreso sin impedimento alguno. En este momento, Romero se encuentra detenido en Requisitorias, en Lima, y es probable que sea llevado a una cárcel en Cajamarca.

Estibaldo Quispe, presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de Santa Cruz, acompañaba en sus gestiones a Romero cuando se produjo el arresto. En declaraciones a Alerta Perú, Quispe explicó que la delegación había venido a Lima para realizar gestiones en el Congreso y el Ministerio de Energía y Minas en protesta contra la contaminación ambiental que, dicen, ya está produciendo la minería. Romero fue detenido cuando estaba en actitud totamente pacífica e iba a reunirse por segundo día consecutivo con parlamentarios. No tenían ninguna notificación de que se encontraba requisitoriado.No es la primera vez que ocurre algo así: el dirigente minero Pedro Condori también fue detenido cuando salía de una reunión en el Ministerio de Trabajo. Parece que ya no hay ninguna seguridad de que los espacios de diálogo con el Estado no sean utilizados para llevar a la práctica la persecución contra dirigentes sociales.

El cargo que pesa contra el líder campesino es por “robo agravado”, cosa que a juicio de Quispe es más indignante aún ya que los ronderos “justamente luchamos contra los robos en nuestros territorios”. Unos 30 campesinos enfrentan procesos judiciales desde el 2004, cuando se produjeron incidentes que terminaron con la quema del campamento de la mina La Zanja, ubicada en el distrito de Pulán (Santa Cruz, Cajamarca).

En otro momento, Quispe aseguró que los pobladores de la zona desean seguir viviendo de la manera tradicional, con una economía sostenible basada en la agricultura y la ganadería, y solicitó que si se quiere invertir en el distrito se invierta en esos rubros. “Por ejemplo, sabemos que un millón invertido en agricultura puede generar 150 puestos de trabajo, mientras que el mismo millón invertido en minería genera sólo un puesto de trabajo”, enfatizó.

Alerta Perú también conversó con Celso Santa Cruz, alcalde de Pulán, quien explicó que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto La Zanja, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en abril del 2009, tiene una serie de irregularidades. “Las audiencias públicas no tuvieron nada de públicas”, aseguró, pues la empresa no habría permitido entrar a los dirigentes ni al equipo técnico conformado vinculado con la municipalidad. Según Santa Cruz, en la última audiencia de julio del 2008 sólo había unas 200 personas reunidas en el local, mientras unos 7 mil campesinos estaban protestando afuera. El proyecto, afirmó el alcalde, es rechazado por la población porque se ubica en la cabecera de la cuenca del río Chancay y afectaría la calidad del agua, pues utilizaría mercurio en el proceso de lixiviación del mineral. El alcalde mostró un estudio remitido por la propia Fiscalía Provincial de Santa Cruz en el que se indica que la presencia de plomo en el agua es de 12 partes por billón, y la presencia de cadmio es de 0,69 partes por billón, lo que sería muy cercano a los máximos permitidos (para plomo, 15 partes por billón). Según la población, esto se debe a contaminación producida por la empresa durante la etapa de exploración.

La Zanja es un proyecto altamente conflictivo en la zona. El 2004, el comunero Juan Romero Lingán murió en enfrentamientos con trabajadores de la empresa, pero los autores materiales del crimen no han sido sancionados. En tanto Alejandro Izquierdo, otro dirigente de la zona, estuvo detenido durante alrededor de dos años por cargos de secuestro y extorsión -también por participar en protestas- pero finalmente fue absuelto.

El proyecto minero La Zanja es propiedad del Grupo Buenaventura en un 53% y de la norteamericana Newmont en un 47%, y espera extraer más de 500 mil onzas de oro y casi cuatro millones de onzas de plata a través de una explotación a tajo abierto. Casi el 100% del distrito de Pulán está concesionado a distintos proyectos mineros, en tanto que el 65% de la provincia de Santa Cruz se encuentra en la misma situación.

http://www.alertaperu.org/publicar/nacionales/452-el-colmo-detienen-a-dirigente-campesino-en-la-puerta-del-congreso-de-la-republica.html
Alerta Perú 02/02/2010





NUEVAMENTE EL DEBATE TRIBUTARIO Y LA MINERÍA


El anuncio de Antamina de llevar adelante un plan de reinversiones de sus utilidades para ampliar su producción y la vida útil de la mina, ha puesto nuevamente en debate el tema del aporte tributario de la minería.

Esto ocurre precisamente luego de un período -entre el 2004 y el 2008-, en el que empresas mineras como Antamina han pasado por una etapa de ganancias extraordinarias y una primera conclusión del período de bonanza minera es que los beneficios no fueron distribuidos de manera equitativa en el país. El Estado pudo exigir una mejor distribución de las ganancias extraordinarias de las mineras, pero optó por alternativas como el aporte voluntario, cuya contribución ha sido modesta en términos relativos.

Si se hubiese aplicado un impuesto de solo 15% sobre las sobreganancias mineras obtenidas durante el período 2005-2008, los recursos obtenidos hubiesen superado en cuatro veces el monto que efectivamente se recaudó o se pagó en ese mismo período por concepto de regalías y aporte voluntario. Recursos adicionales que hoy en día hacen falta y que hubiesen contribuido a que las poblaciones en las zonas de influencia de la minería mantengan ingresos estables y sobre todo que la estabilidad fiscal del país no se vea afectada: a partir del año 2009, los aportes tributarios de las empresas mineras han comenzado a caer drásticamente, lo que afectará el canon que se distribuye a las regiones y los distritos.

La propuesta de Antamina no da una buena señal. Muestra una evidente falta de compromiso con el país que no podrá ser suplantada por su aporte voluntario. Esta empresa dejará de pagar los impuestos que le corresponden utilizando un beneficio tributario derogado: si bien su convenio de estabilidad jurídica le da el respaldo legal, lo que no le da es la legitimidad que tanta falta le hace a las mineras en general.

Insistir con esta lógica y seguir utilizando mecanismos como el que emplea Antamina, no sólo va en contra de los intereses del país y de las poblaciones de las zonas de influencia; en el fondo también deberían darse cuenta que es contraproducente para los intereses de las propias empresas mineras: el malestar social que ya existe en las zonas de influencia de la minería se acrecentará y con ello el peligro de estallidos sociales.

Todos estos temas seguramente serán analizados en el contexto electoral de éste y el próximo año. A diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones, en esta ocasión se podrá hacer un balance sobre lo ocurrido en los últimos cinco años y las oportunidades que se perdieron en materia tributaria en periodos de bonanza.

Una revisión de lo acontecido en los últimos años en el país muestra que las empresas mineras no están pagando los impuestos o contraprestaciones que les corresponde, debido a una política tributaria bastante permisiva.

El gran reto que tiene el Estado peruano es plantearse en serio la necesidad de establecer una política fiscal y tributaria de mediano y largo plazo, destinada a que el sector minero pague los impuestos que le corresponden: ni un centavo más pero, tampoco por debajo de lo que justifican sus ganancias extraordinarias y el contexto socio-económico del país. Ojala se saquen las lecciones que permitan avanzar en un tema clave para el país.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/02/2010

MINERÍA INFORMAL AMENAZA A COSPÁN


El día 31 de enero del corriente representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), conjuntamente con 14 efectivos de la XIV DITERPOL – Cajamarca al mando de Mayor Jorge Rojas Quispe, se dirigieron a la comunidad de Culquimarca, del distrito de Cospan, provincia de Cajamarca, donde se reunieron con los representantes de las doce bases de la Federación de Rondas Campesinas del distrito cajamarquino.

En dicha reunión autoridades de la zona manifestaron su malestar puesto que la empresa Explomina Perú Santa Ana S.R.L. habría realizado operaciones mineras hace seis meses, dejando en la actualidad abandonado el lugar; en la zona se identificó dos pozas y cuatro recipientes con contenido líquido, motivo por lo que los pobladores del distrito de Cospan alarmados habían acudido a las autoridades regionales para buscar apoyo.

El pedido de los pobladores era que se tape las pozas (cierre de mina) y se saque los recipientes existentes; por su parte el representante de la Dirección Regional de Energía y Minas explicó a la población que no se podría manipular esos recipientes puesto que la sustancias que existían eran desconocidas y que se iba a coordinar con el personal especializado para su manipulación, el trabajo de la Dirección Regional de Energía y Minas era levantar el informe de inspección para que se inicie la respectiva investigación y se identifique a los responsables de los trabajos.

Por su parte el funcionario de la Dirección Ejecutiva de salud ambiental al tomar las muestras del agua de escorrentía, estas se estarían enviando a Lima y en cuanto se obtengan los resultados se estarían enviando a las autoridades competentes.

Diario El Mercurio-Cajamarca 02/02/2010





DAN PLAZO AL GOBIERNO PARA DESALOJAR CONCESIONARIA DE ALTO AMAZONAS


Las organizaciones de base de Alto Amazonas dieron un plazo de 45 días para que el gobierno desaloje del distrito de Teniente César López Roja a la empresa maderera Ayar Perú SAC.

Fue en la asamblea de bases celebrada el último sábado, donde los dirigentes sociales acusaron a la concesionaria de no respetar el territorio de los campesinos de la localidad.

Los grandes ausentes de la sesión fueron las autoridades provinciales, así como los representantes del Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA), pese a que fueron convocados con anticipación.

Al término de la jornada, los participantes suscribieron un documento donde dan plazo hasta mediados de marzo para que el Ejecutivo disponga el retiro de Ayar Perú SAC; de lo contrario, emprenderán una serie de medidas radicales.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/02/2010





CONFLICTO A PUNTO DE ESTALLAR: IMPONEN MINERÍA EN COMUNIDAD CAMPESINA EN CAJAMARCA


Preocupa. Contra la opinión de los campesinos de El Tingo (Provincia de Hualgayoc, Cajamarca), el Ministerio de Energía y Minas ha decidido imponer el derecho de servidumbre minera en 34 hectáreas de propiedad de la comunidad, a favor de la empresa Coimolache, propiedad de Grupo Buenaventura. Ante esta decisión, que consideran como una “expropiación administrativa”, los comuneros anuncian una marcha para este miércoles 3 de febrero.

La decisión del Ministerio de Energía y Minas se dio cuando acababa el 2009, a través de la Resolución Suprema 08-2009-EM del 15 de diciembre. En la misma se señala que la compañía minera Coimolache solicitó el derecho a la servidumbre minera el 2008 a fin de llevar a cabo la construcción del proyecto Tantahuatay, que incluye un pad de lixiviación, pozas, echaderos, planta de procesos, talleres, laboratorios, campamentos, edificios, entre otras construcciones. Tras realizar una reunión en San Borja (Lima) a la que no asistieron los representantes de la comunidad, la Dirección General de Minería solicitó un peritaje para tasar los terrenos de la comunidad. Luego de que el peritaje concluyera que “la servidumbre minera es posible sin enervar el derecho de propiedad de la comunidad” y estableciera un precio por las 34 hectáreas, el Ministerio decidió otorgar la servidumbre.

¿Qué significa esto? Que la empresa deposita en el Banco de la Nación un precio por las 34 hectáreas, y listo: tiene potestad para utilizar esas tierras de la comunidad por el lapso de 20 años para realizar las actividades mineras. Eso, a pesar de que los campesinos no estén de acuerdo ni con el precio asignado, ni con el ingreso de la minería a su zona. Es decir, una violación flagrante al derecho a consulta, y una actitud autoritaria que sólo genera más conflictos en torno a las actividades extractivas.

A raíz de esta decisión, los campesinos de El Tingo lanzaron un comunicado pidiendo solidaridad y explicando que “la servidumbre minera no es más que una expropiación administrativa, que se nos aplica a quienes nos hemos negado a vender nuestras tierras a los mineros”. Los comuneros aseguran que ya han recibido amenazas de ser desalojados mediante la fuerza pública, y afirman: “no vamos a permitir que nos echen de las tierras que nos vieron nacer, nos declaramos dispuestos a resistir dentro de ellas, ya que son nuestro único sustento económico”. Los campesinos también señalan que “nuestras tierras constituyen el colchón acuífero para otras zonas como el propio Chugur y Hualgayoc, además se pone en riesgo el Proyecto Manuel Vásquez Díaz que abastece a 18 comunidades, y 38 canales de diferentes comunidades que son utilizados para regadío, pues el Complejo Tantahuatay tiene previsto instalar pozas de cianuración, con los peligros que ello implica”. De hecho, la foto que ilustra esta nota es de una de las lagunas que se encuentran en el territorio de la comunidad de El Tingo.

Por su parte, en declaraciones a Alerta Perú el ingeniero Daniel Malpica, de la ONG GRUFIDES, explicó que estos procesos de servidumbre minera se amparan en la legislación que dio Fujimori en los años 90 para promover la inversión minera, y que con ellos “los comuneros ya no tienen posibilidades de negociar”. También explicó que “cuando el Ministerio llama a conciliación, no se ubica en una posición altamente neutral sino sólo busca qué quieren los campesinos para que la empresa minera trabaje”, y por ello muchas veces los comuneros deciden no participar en estas reuniones.

La comunidad de El Tingo ha convocado a una marcha en la ciudad de Cajamarca este miércoles 03 de febrero, con el objetivo de impedir el posible despojo de sus tierras.

La Mula.pe-Lima 01/02/2010





ACUSAN AL MEM DE PRETENDER CONFUNDIR A LA OPINIÓN PÚBLICA CON RESERVAS DE GAS


El Ministerio de Energía y Minas (MEM) pretende confundir a la opinión pública con un "carnaval de cifras" auspiciosas sobre las reservas de gas en el país, aseveró Aurelio Ochoa, especialista en temas de hidrocarburos.

A través de CNR, Ochoa cuestionó los anuncios formulados en días pasados por el MEM, respecto a que las reservas de gas natural en los lotes 88 y 56 de Camisea (Cusco) ascienden a 17.4 trillones de pies cúbicos (TCF).

Sobre el particular, el especialista recordó que hace dos semanas se puso en subasta 80 millones de pies cúbicos de gas para el mercado interno, los cuáles recién serían entregados en 2012.

En contraste, en unos cuatro meses exportaríamos 620 millones pies cúbicos del hidrocarburo. "Es decir, aquello de priorizar el mercado interno, que (el presidente Alan García) mencionó en el mensaje de Fiestas Patrias, ha quedado en el papel".

Así mismo, indicó que cuando el MEM alude a 13 TCF de reservas de gas recuperable obvia que en ningún yacimiento del mundo se puede extraer la totalidad del recurso energético.

Para Ochoa, se repite la situación de meses atrás, cuando el presidente Alan García anunció el descubrimiento de un lote con 14 TCF y que permitiría al país contar con reservas hasta el 2040.

"Luego vino la certificadora del propio consorcio y dijo que habían 8.8 TCF, que lógicamente no son suficientes para atender la demanda interna y la exportación".

"Se trata de confundir a la gente con un carnaval de cifras, de modo que en cuatro meses estaremos exportando por encima de las necesidades del país (...) no podemos darnos el lujo de dejar desabastecido al mercado interno", anotó.

Finalmente, recordó que existe un decreto supremo que destina un TCF para el Gasoducto Sur Andino; y el hecho es que tampoco habrían reservas para tal fin, pero sí para vender al extranjero.

"Si no hay para Lima, vemos que el racionamiento que se esta produciendo, entonces menos va a haber para el sur (...) cuando la gente del sur se de cuenta que no hay gas, se van a producir situaciones que no me quiero imaginar", acotó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/02/2010

POBLADORES DE ISLAY MARCHARÁN A LIMA CONTRA PROYECTO MINERO TÍA MARÍA


El 10 de febrero, los pobladores de la provincia arequipeña de Islay emprenderán una marcha de sacrificio a Lima para ratificar su rechazo al proyecto minero Tía María, a cargo de Southern Perú Copper Corp. (SPCC).

Así lo confirmó Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Lucha de Cocachacra, quien a través de la CNR demandó a la compañía de capitales mexicanos cancelar la audiencia pública convocada para el 15 de febrero.

En esa fecha, Southern planea exponer un estudio de impacto ambiental y explicar cómo obtendrá los siete millones de metros cúbicos de agua que necesita para operar.

De acuerdo al dirigente, en la localidad se respira un ambiente de convulsión social que no garantiza el desarrollo del evento. Y es que, según dijo, la empresa ha demostrado "arrogancia" frente a la consulta vecinal desarrollada en setiembre del 2009, donde un 91% de los participantes se declaró opuesto al proyecto Tía María.

Detalló que el lugar donde se llevaría a cabo la audiencia apenas tiene un aforo de 400 personas; así mismo, dijo que el párroco de la zona descartó haber dado su autorización para el uso del inmueble.

Por otra parte, justificó los hechos de violencia registrados días atrás en Punta de Bombón, donde un enfrentamiento entre pobladores opositores a Southern Perú y la Policía Nacional dejó doce heridos, así como diversos daños.

"Para explicar qué es la minería no pueden llevar 200 policías de asalto (...) Tía María se sigue burlando de nosotros", aseveró.

Finalmente, Gutiérrez indicó que diversas entidades han dado fe que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por SPCC está "amañado" y el uso de las aguas subterráneas para su proyecto significaría "la muerte del Valle del Tambo".

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/02/2010





PEDIDO PARA REANUDAR MESA DE DIÁLOGO SOBRE MINERÍA EN PIURA GENERA ESCEPTICISMO


El presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), Carlos Martínez, tomó con escepticismo el pedido que formulará el consejo regional de Piura a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fin de reanudar la mesa de diálogo sobre el conflicto originado por las minería en la sierra del departamento.

A través de CNR, Martínez Solano señaló que su organización lleva varios meses invocando al Ejecutivo a retomar las conversaciones acerca de las operaciones de la minera Río Blanco Copper (ex Majaz).

Empero, señaló que las negociaciones iniciadas el 2005 se truncaron, luego que premier Javier Velásquez Quesquén decidiera que cada ministerio asumiría la responsabilidad de resolver los conflictos en sus respectivas áreas de competencia.

Agregó que hace tres meses el FDSFN alcanzó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) una propuesta de agenda. Sin embargo, hasta la fecha no han sido convocados a una nueva reunión.

En tal sentido, desestimó la visita a Lima que efectuará una delegación del Gobierno Regional de Piura para solicitar a Velásquez Quesquén retomar el diálogo sobre la minería en la región.

"En realidad, yo le restaría autoridad al presidente regional (César Trelles) ya que él es una persona que siempre ha estado parcializada a favor del proyecto Río Blanco", manifestó.

Agregó que si bien la PCM le ha endosado al MEM la solución de este conflicto no les genera mayor confianza, si desea asumirlo nuevamente "pues bienvenido sea".

De otra parte, precisó que nunca fueron consultados sobre el informe de la comisión que investigó la muerte de dos residentes del caserío de Cajas Canchaque, en diciembre del 2009.

Como se recuerda, Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama murieron cuando un contingente policial buscaba al comunero Lorenzo Rojas García, presuntamente involucrado en el ataque del 1 de noviembre pasado al campamento minero "Henry´s Hill" de la minera Río Blanco.

Por ello, demandó una profunda e imparcial investigación, donde participen la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, a fin de establecer a los autores de ambos episodios.

"Pedimos que las autoridades del Ministerio Público y de la Policía eleven la información, pero que sea seria y no una persecución contra nuestros hermanos comuneros", puntualizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 31/01/2010





EXPULSIÓN DE DOE RUN DE SNMPE ES UNA "SANCIÓN MORAL"


El especialista en temas mineros, José De Echave, consideró como una "sanción moral" la decisión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de expulsar del gremio a la minera Doe Run Perú (DRP) por su escasa voluntad para cumplir sus compromisos.

A través de CNR, De Echave destacó que la medida coincide con el escenario de las ultimas semanas, donde la empresa ha incumplido con el reinicio de sus operaciones -fijado para fines de enero último- y que, por el contrario, planea postergar por otros tres meses adicionales.

"Hoy en día, Doe Run es un incómodo compañero de ruta para cualquier gremio empresarial. Estamos hablando de una empresa que representa los peores estándares de comportamiento social y ambiental (...) es una sanción ética que evidencia el estado de aislamiento de la empresa", comentó.

Sin embargo, descartó que la expulsión de DRP del SNMPE sirva para que la empresa acelere el cumplimiento de sus obligaciones. "Basta recordar que las autoridades ambientales de EEUU la han considerado una de las peores empresas en materia de comportamiento ambiental (...) habría que preguntarse qué entidad financiera va a prestarle dinero a una empresa con esos antecedentes o qué empresas mineras estarían dispuestas a entregarle minerales", agregó.

Así mismo, De Echave recomendó al gobierno actuar de manera cautelosa en este caso, a fin que la compañía de capitales norteamericanos no pueda entablar una eventual demanda al Estado peruano ante tribunales extranjeros, aprovechando los alcances del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

"El Estado está ahora atado de manos pues el TLC tiene un capítulo que protege a inversionistas y es muy desfavorable para los estados que reciben las inversiones. Se va a tener que ser muy cuidadosos; ojala que el gobierno y las autoridades de Energía y Minas tengan la cautela para no brindarle la oportunidad a la empresa para que se dé el lujo de presentarnos juicio en estos tribunales", puntualizó.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 31/01/2010

DOE RUN EXPULSADA DEL GREMIO MINERO POR INCUMPLIR SUS COMPROMISOS


La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) acordó expulsar del gremio a la minera Doe Run Perú (DRP) por su escasa voluntad para cumplir sus compromisos.

En una nota de prensa emitida ayer, la SNMPE señaló que la medida se debe a que "la empresa y sus accionistas no han demostrado con hechos concretos su voluntad de cumplir con sus compromisos ambientales y sus obligaciones con el país, sus trabajadores, la población de La Oroya y sus acreedores".

La minera Doe Run, que opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya (Junín) desde 1997, y la mina Cobriza, en Huancavelica, desde 1998, produce plomo, zinc, cobre, plata y oro, además de subproductos como ácido sulfúrico e indio.

En 2006, el Ministerio de Energía y Minas amplió el plazo del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que Doe Run estaba obligada a realizar en su planta de procesamiento de metales de La Oroya, considerada por organizaciones ambientalistas como una de las poblaciones más contaminadas del planeta

En tal sentido, el consejo directivo de la SNMPE considera que la actitud asumida en los últimos meses por la compañía estadounidense transgrede los principios éticos del código de conducta de dicho gremio minero energético.

“La SNMPE hace votos para que Doe Run revierta su actitud y que cumpla con sus obligaciones frente a la autoridad, sus trabajadores, la población, sus proveedores y la minería peruana, respetando a la Nación que los aceptó para crecer y desarrollarse juntos”, reza el comunicado.

Cabe recordar que DRP ya se encontraba suspendida en su condición de asociada a la SNMPE por los motivos arriba expuestos desde el 30 de junio de 2009.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 30/01/2010