CAMPESINOS NO QUIEREN BASE MILITAR EN RÍO BLANCO
Pobladores dicen que medida busca censurar a las comunidades que se oponen a la minería
Ante las declaraciones del Premier Javier Velásquez Quesquén confirmando la construcción de una base militar en Río Blanco, centro del conflicto minero de la sierra piurana, el presidente de la Federación Provincial de comunidades campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, denunció que esta medida solo busca censurar y criminalizar la voz de las comunidades campesinas opositoras a la minería
El último lunes, el presidente del consejo de ministros visito Piura y fue tajante al afirmar que si se implementaría una base militar en el ande piurano, para garantizar la seguridad de las operaciones mineras. Sin embargo no dijo cuando se concretaría esto
El dirigente campesino recordó que la base militar es parte de la política que el gobierno central ha venido desarrollando en los últimos años acusan a miembros de las rondas y comunidades de actos violentos inclusive de terrorismo, para que el proyecto minero Río Blanco (Ex Majaz) pueda operar libremente
“El estado tiene el deber de defender los derechos humanos de todos, no solo del sector privado. Nosotros no atropellamos los derechos de nadie, estamos defendiendo nuestro derecho a la propiedad y somos amparados por la ley. El gobierno aprista quiere dar un pasó más allá en contra de las comunidades, trayendo a militares a la zona”, sostuvo
El anuncio de la implementación de una base militar se dio tras el asesinato de dos empleados de la Minera Río Blanco, en noviembre pasado.
Pobladores dicen que medida busca censurar a las comunidades que se oponen a la minería
Ante las declaraciones del Premier Javier Velásquez Quesquén confirmando la construcción de una base militar en Río Blanco, centro del conflicto minero de la sierra piurana, el presidente de la Federación Provincial de comunidades campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión, denunció que esta medida solo busca censurar y criminalizar la voz de las comunidades campesinas opositoras a la minería
El último lunes, el presidente del consejo de ministros visito Piura y fue tajante al afirmar que si se implementaría una base militar en el ande piurano, para garantizar la seguridad de las operaciones mineras. Sin embargo no dijo cuando se concretaría esto
El dirigente campesino recordó que la base militar es parte de la política que el gobierno central ha venido desarrollando en los últimos años acusan a miembros de las rondas y comunidades de actos violentos inclusive de terrorismo, para que el proyecto minero Río Blanco (Ex Majaz) pueda operar libremente
“El estado tiene el deber de defender los derechos humanos de todos, no solo del sector privado. Nosotros no atropellamos los derechos de nadie, estamos defendiendo nuestro derecho a la propiedad y somos amparados por la ley. El gobierno aprista quiere dar un pasó más allá en contra de las comunidades, trayendo a militares a la zona”, sostuvo
El anuncio de la implementación de una base militar se dio tras el asesinato de dos empleados de la Minera Río Blanco, en noviembre pasado.
Diario Perú 21-lima 10/02/2010
DIRIGENTES Y ALCALDES DE ISLAY ANALIZAN INVERSIÓN MINERA
Iniciativa. Gobierno regional de Arequipa no convoca a Southern Perú. Según Juan M. Guillén, se busca conocer posición de la sociedad civil y de sus representantes.
Southern Perú, blanco de críticas de alcaldes y pobladores de la provincia de Islay por el proyecto minero Tía María, no sería invitada a la reunión que promueve el presidente de Arequipa, Juan M. Guillén.
El titular regional confirmó que a la cita de la próxima semana solo asistirán dirigentes, alcaldes de Islay y congresistas. La temática será la posición que tiene la sociedad civil sobre la inversión minera.
“Queremos sentar en una mesa a la representación de la provincia, congresistas y gobierno regional sin la participación del ministerio ni la empresa. Sabemos que los congresistas no tienen capacidad resolutiva, pero pueden ser la bisagra para que el diálogo no se pierda”, dijo.
El dato
Precedente. En la reunión del pasado 8 de febrero, convocada por el Ministerio de Energía y Minas en Mollendo, Southern Perú tampoco fue invitada.
Diario La República-Lima 10/02/2010
RONDEROS Y NATIVOS AFIANZAN LA MARCHA DEL 22 DE FEBRERO
Exigen. Derecho a la consulta y otros. Ambos se unen para impedir el ingreso de empresas mineras y petroleras en sus territorios.
Las rondas campesinas de Cajamarca, Piura y Lambayeque, así como las comunidades nativas de la amazonía norte del país, organizan una gigantesca marcha para el día 22 de febrero en protesta por la desatención del gobierno a sus demandas.
Dirigentes ronderos de Piura, como Sixto Alberca, afirmaron que tanto los nativos de la selva como los de la sierra enfrentan los mismos problemas respecto al ingreso prepotente de empresas mineras y petroleras en sus tierras.
Antes, el 17 de febrero, las comunidades nativas de las cuencas del Santiago, Dominguza y Cenepa se reunirán durante tres días en Nieva para evaluar el informe final de la comisión investigadora de los sucesos de Bagua.
También debatirán y decidirán la presencia de la empresa petrolera Maurel Et Prom Peru Sac, que pretende operar el Lote 116 en Condorcanqui, donde perforaría cuatro pozos exploratorios.
El dato
Santuario. Andinos y Amazónicos awajun-wampis también acordaron convertir la loma que domina la Curva del Diablo en un santuario, en honor a los 34 caídos el 5 de junio pasado.
Diario La República-Lima 10/02/2010
GOBIERNO INSISTE EN INSTALACIÓN DE BASE MILITAR EN PIURA
El premier Javier Velásquez Quesquén ratificó la intención del gobierno central para instalar una base militar en El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba.
En declaraciones a la prensa, durante una corta visita a Piura, el jefe del gabinete consideró que no existen las condiciones para reiniciar la mesa de diálogo sobre el proyecto minero Río Blanco (ex Majaz).
Velásquez Quesquén dijo que no se pueden pasar por alto las muertes ocurridas en la zona; por eso, cuando se reunió en Lima con las autoridades locales a fines del 2009, acordaron implementar una base militar.
"No se puede seguir usando la violencia como una herramienta de protesta", manifestó el jefe del gabinete.
Cuando se le consultó sobre la muerte de dos comuneros del caserío de Cajas Canchaque, en noviembre pasado, el jefe del gabinete señaló que los responsables deben ser sancionados porque no se aceptará condicionamientos de tipo alguno de parte de quienes solicitan una mesa de diálogo.
"El desarrollo social es compatible con las inversiones mineras (...) cuando hay problema de carácter ideológico y decimos "no a la mina y no al petroleo", en una posición irreductible, ¿Qué diálogo es ese?", se preguntó.
En ese sentido, consideró que la experiencia de Bagua (Amazonas) puso en evidencia la necesidad de un procedimiento de consulta en base al Convenio 169 de la OIT. "El gobierno cree en el diálogo fructífero, pero no en un diálogo que cubra una negociación compulsiva", remarcó.
Cabe mencionar que el premier efectuó una fugaz visita a Piura realizando una supervisión a los trabajos de prevención ante el Fenómeno El Niño. Durante el recorrido, que fue breve, Velásquez aseguró que las últimas lluvias no representan mayor peligro dado que cuentan con una estrategia de prevención de desastres en Piura.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/02/2010
LA MINERÍA AVANZA
¿Hasta cuando va a seguir así? Las empresas obtienen, si o si, sus concesiones. Los pueblos pierden sus tierras y se rebelan. Y el Estado reprime cada vez con más fuerza. La misma historia se repite una y otra vez a lo largo y ancho del Perú, y nadie parece querer cambiar la situación. Lo más preocupante es que varios de esos conflictos están a punto de estallar, y podrían tener graves consecuencias, como lo sucedido el 5 de junio en Bagua.
Desde Alerta Perú hemos cubierto en numerosas ocasiones varios de estos casos: La Zanja, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), Chinalco en la provincia de Yauli (Junín), El Tingo, en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca), Hocol Perú en Condorcanqui (Amazonas), Barranquita (San Martín), Tia María en Islay (Arequipa), el proyecto Río Blanco en Huancabamba (Piura) y el de Afrodita en el Cenepa (Amazonas). Todos estos casos son similares entre si: la población se opone a los proyectos, temiendo que estos afecten su modo de vida o que contaminen sus tierras; pero el Estado, buscando promover la inversión, los ignora y los reprime.
Uno de los más preocupantes es el de El Tingo. Aquí el Ministerio de Energía y Minas ha impuesto el derecho de servidumbre sobre 34 hectáreas pertenecientes a los campesinos del Tingo. Los campesinos han denunciado que ha sido un proceso con varias irregularidades, como la convocatoria a una reunión en el distrito limeño de San Borja, a cientos de kilómetros de su comunidad. Tras no asistir a la reunión, el Ministerio otorgó la servidumbre a la empresa. Otro caso bastante preocupante es el de la minera Hocol, en el lote 116 de Condorcanqui, Amazonas. Este lote, se encuentra ubicado en territorio awajún, quienes se oponen a la presencia de la minera. La reacción del gobierno ha sido la instalación de una base militar. En Islay, más de 3 mil pobladores marcharon en contra del proyecto Tía María. El proyecto sigue en marcha, a pesar de que el año anterior más del 90% de la población rechazó la presencia de la minería a través de una consulta popular. Con respecto al proyecto La Zanja, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), los ronderos y dirigentes venían realizando gestiones en el Congreso para evitar la instalación de una minera, ya que desean seguir viviendo de la agricultura. Sin embargo, uno de ellos fue detenido bajo el cargo de “robo agravado” en la puerta del Congreso. Después de unos días, y gracias al rechazo de la opinión pública, el dirigente fue liberado. En el Cenepa, en zona de frontera, la minera Afrodita viene operando sin tener ningún permiso para explorar ni explotar. Sin embargo, a pesar del rechazo de las comunidades indígenas de la zona, son protegidas por las Fuerzas Armadas. Y aunque no es una mina, en Barranquita el Grupo Romero ha deforestado la zona que le fue concesionada y no permiten el ingreso de las autoridades.
Así como estos, existen muchos otros conflictos en todo el país. La política del “perro del hortelano”, promovida desde el gobierno para impulsar la inversión privada, esta facilitando la entrega y la concesión de territorios, en perjuicio de las comunidades que habitan en ellos. El resultado es el rechazo de este supuesto modelo “único” de desarrollo. Ante la escalada de la conflictividad, el gobierno debería replantearse su política y buscar un modelo alternativo de desarrollo que obtenga la aceptación de todos los ciudadanos.
La Mula -Lima 09/02/2010
EXIGEN APLAZAR AUDIENCIA MINERA
Autoridades y campesinos arequipeños solicitaron el aplazamiento de la audiencia pública fijada para el 15 de febrero por la minera Southern Perú para exponer el proyecto Tía María.
Fernando Gala, viceministro de Minas, a quien los campesinos solicitaron la postergación, manifestó que el Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad de aplazar esta audiencia; sin embargo, trasladará la inquietud a la empresa minera para que tome una decisión.
Diario La República-Lima 09/02/2010
DEFENSORÍA REPORTA LIGERA DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
Un total de 260 conflictos sociales registró la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo al 31 de enero del 2010, lo cual refleja una ligera disminución en relación a diciembre del 2009.
De acuerdo al informe, durante el mes se resolvieron cinco casos, un caso resuelto se reactivó, y surgieron cinco nuevos conflictos, de distinta naturaleza.
Con relación a los tipos de conflicto registrados durante el primer mes del año, el Reporte de Conflictos Sociales 71, precisa que el 47% (121 casos) del total de conflictos son socioambientales, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 14% (37 casos), y los conflictos laborales con 11% (28 casos).
El documento señala que cinco conflictos sociales se resolvieron (un por asuntos de gobierno nacional, un electoral y tres socioambientales), y se ubican en Amazonas, Cajamarca, Junín, Pasco, y San Martín.
Entre los casos resueltos, cabe destacar el de la comunidad de Yambrasbamba (Amazonas), en el cual la población y la empresa establecieron, mediante acta de acuerdo, un nuevo convenio de cooperación mutua para el desarrollo de la zona.
El reporte señala también que en enero, 85 casos se siguen tratando a través de procesos de diálogo (el 50% del número de casos activos).
Del total de conflictos sociales registrados a enero del 2010, 170 se encuentran activos (65%), y 90 en estado latente (35%). Además se da cuenta de 32 acciones colectivas de protesta a nivel nacional y 5 acciones de violencia subversiva.
Asimismo, se retiraron del registro principal 8 casos latentes, al no registrarse hechos que demuestren el interés de los actores involucrados en mantener activas sus diferencias.
En lo referente a los cinco nuevos casos, dos de ellos se han producido en Piura (un caso por asuntos de gobierno local, y otro responde a la existencia de dos alcaldes, uno reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones y otro por el Poder Judicial); los otros tres se ubican en La Libertad, Puno y Ucayali (un caso laboral, socioambiental y comunal, respectivamente).
El reporte de conflictos sociales registra un total de 124 actuaciones defensoriales, de las cuales 110 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 12 de intermediación, además de efectuarse dos acciones de defensa legal.
Entre las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo destacan las efectuadas en el caso Laguna de Parón, en Ancash; en Camisea (Cusco); en los casos ubicados en Yambrasbamba (Amazonas), Quilcas (Junín), Colquirrumi (Cajamarca), y Tapayrihua (Apurímac); y el conflicto por demarcación territorial entre Moquegua y Puno.
Diario La República-Lima 09/02/2010
Iniciativa. Gobierno regional de Arequipa no convoca a Southern Perú. Según Juan M. Guillén, se busca conocer posición de la sociedad civil y de sus representantes.
Southern Perú, blanco de críticas de alcaldes y pobladores de la provincia de Islay por el proyecto minero Tía María, no sería invitada a la reunión que promueve el presidente de Arequipa, Juan M. Guillén.
El titular regional confirmó que a la cita de la próxima semana solo asistirán dirigentes, alcaldes de Islay y congresistas. La temática será la posición que tiene la sociedad civil sobre la inversión minera.
“Queremos sentar en una mesa a la representación de la provincia, congresistas y gobierno regional sin la participación del ministerio ni la empresa. Sabemos que los congresistas no tienen capacidad resolutiva, pero pueden ser la bisagra para que el diálogo no se pierda”, dijo.
El dato
Precedente. En la reunión del pasado 8 de febrero, convocada por el Ministerio de Energía y Minas en Mollendo, Southern Perú tampoco fue invitada.
Diario La República-Lima 10/02/2010
RONDEROS Y NATIVOS AFIANZAN LA MARCHA DEL 22 DE FEBRERO
Exigen. Derecho a la consulta y otros. Ambos se unen para impedir el ingreso de empresas mineras y petroleras en sus territorios.
Las rondas campesinas de Cajamarca, Piura y Lambayeque, así como las comunidades nativas de la amazonía norte del país, organizan una gigantesca marcha para el día 22 de febrero en protesta por la desatención del gobierno a sus demandas.
Dirigentes ronderos de Piura, como Sixto Alberca, afirmaron que tanto los nativos de la selva como los de la sierra enfrentan los mismos problemas respecto al ingreso prepotente de empresas mineras y petroleras en sus tierras.
Antes, el 17 de febrero, las comunidades nativas de las cuencas del Santiago, Dominguza y Cenepa se reunirán durante tres días en Nieva para evaluar el informe final de la comisión investigadora de los sucesos de Bagua.
También debatirán y decidirán la presencia de la empresa petrolera Maurel Et Prom Peru Sac, que pretende operar el Lote 116 en Condorcanqui, donde perforaría cuatro pozos exploratorios.
El dato
Santuario. Andinos y Amazónicos awajun-wampis también acordaron convertir la loma que domina la Curva del Diablo en un santuario, en honor a los 34 caídos el 5 de junio pasado.
Diario La República-Lima 10/02/2010
GOBIERNO INSISTE EN INSTALACIÓN DE BASE MILITAR EN PIURA
El premier Javier Velásquez Quesquén ratificó la intención del gobierno central para instalar una base militar en El Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba.
En declaraciones a la prensa, durante una corta visita a Piura, el jefe del gabinete consideró que no existen las condiciones para reiniciar la mesa de diálogo sobre el proyecto minero Río Blanco (ex Majaz).
Velásquez Quesquén dijo que no se pueden pasar por alto las muertes ocurridas en la zona; por eso, cuando se reunió en Lima con las autoridades locales a fines del 2009, acordaron implementar una base militar.
"No se puede seguir usando la violencia como una herramienta de protesta", manifestó el jefe del gabinete.
Cuando se le consultó sobre la muerte de dos comuneros del caserío de Cajas Canchaque, en noviembre pasado, el jefe del gabinete señaló que los responsables deben ser sancionados porque no se aceptará condicionamientos de tipo alguno de parte de quienes solicitan una mesa de diálogo.
"El desarrollo social es compatible con las inversiones mineras (...) cuando hay problema de carácter ideológico y decimos "no a la mina y no al petroleo", en una posición irreductible, ¿Qué diálogo es ese?", se preguntó.
En ese sentido, consideró que la experiencia de Bagua (Amazonas) puso en evidencia la necesidad de un procedimiento de consulta en base al Convenio 169 de la OIT. "El gobierno cree en el diálogo fructífero, pero no en un diálogo que cubra una negociación compulsiva", remarcó.
Cabe mencionar que el premier efectuó una fugaz visita a Piura realizando una supervisión a los trabajos de prevención ante el Fenómeno El Niño. Durante el recorrido, que fue breve, Velásquez aseguró que las últimas lluvias no representan mayor peligro dado que cuentan con una estrategia de prevención de desastres en Piura.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/02/2010
LA MINERÍA AVANZA
¿Hasta cuando va a seguir así? Las empresas obtienen, si o si, sus concesiones. Los pueblos pierden sus tierras y se rebelan. Y el Estado reprime cada vez con más fuerza. La misma historia se repite una y otra vez a lo largo y ancho del Perú, y nadie parece querer cambiar la situación. Lo más preocupante es que varios de esos conflictos están a punto de estallar, y podrían tener graves consecuencias, como lo sucedido el 5 de junio en Bagua.
Desde Alerta Perú hemos cubierto en numerosas ocasiones varios de estos casos: La Zanja, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), Chinalco en la provincia de Yauli (Junín), El Tingo, en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca), Hocol Perú en Condorcanqui (Amazonas), Barranquita (San Martín), Tia María en Islay (Arequipa), el proyecto Río Blanco en Huancabamba (Piura) y el de Afrodita en el Cenepa (Amazonas). Todos estos casos son similares entre si: la población se opone a los proyectos, temiendo que estos afecten su modo de vida o que contaminen sus tierras; pero el Estado, buscando promover la inversión, los ignora y los reprime.
Uno de los más preocupantes es el de El Tingo. Aquí el Ministerio de Energía y Minas ha impuesto el derecho de servidumbre sobre 34 hectáreas pertenecientes a los campesinos del Tingo. Los campesinos han denunciado que ha sido un proceso con varias irregularidades, como la convocatoria a una reunión en el distrito limeño de San Borja, a cientos de kilómetros de su comunidad. Tras no asistir a la reunión, el Ministerio otorgó la servidumbre a la empresa. Otro caso bastante preocupante es el de la minera Hocol, en el lote 116 de Condorcanqui, Amazonas. Este lote, se encuentra ubicado en territorio awajún, quienes se oponen a la presencia de la minera. La reacción del gobierno ha sido la instalación de una base militar. En Islay, más de 3 mil pobladores marcharon en contra del proyecto Tía María. El proyecto sigue en marcha, a pesar de que el año anterior más del 90% de la población rechazó la presencia de la minería a través de una consulta popular. Con respecto al proyecto La Zanja, en la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), los ronderos y dirigentes venían realizando gestiones en el Congreso para evitar la instalación de una minera, ya que desean seguir viviendo de la agricultura. Sin embargo, uno de ellos fue detenido bajo el cargo de “robo agravado” en la puerta del Congreso. Después de unos días, y gracias al rechazo de la opinión pública, el dirigente fue liberado. En el Cenepa, en zona de frontera, la minera Afrodita viene operando sin tener ningún permiso para explorar ni explotar. Sin embargo, a pesar del rechazo de las comunidades indígenas de la zona, son protegidas por las Fuerzas Armadas. Y aunque no es una mina, en Barranquita el Grupo Romero ha deforestado la zona que le fue concesionada y no permiten el ingreso de las autoridades.
Así como estos, existen muchos otros conflictos en todo el país. La política del “perro del hortelano”, promovida desde el gobierno para impulsar la inversión privada, esta facilitando la entrega y la concesión de territorios, en perjuicio de las comunidades que habitan en ellos. El resultado es el rechazo de este supuesto modelo “único” de desarrollo. Ante la escalada de la conflictividad, el gobierno debería replantearse su política y buscar un modelo alternativo de desarrollo que obtenga la aceptación de todos los ciudadanos.
La Mula -Lima 09/02/2010
EXIGEN APLAZAR AUDIENCIA MINERA
Autoridades y campesinos arequipeños solicitaron el aplazamiento de la audiencia pública fijada para el 15 de febrero por la minera Southern Perú para exponer el proyecto Tía María.
Fernando Gala, viceministro de Minas, a quien los campesinos solicitaron la postergación, manifestó que el Ministerio de Energía y Minas no tiene la capacidad de aplazar esta audiencia; sin embargo, trasladará la inquietud a la empresa minera para que tome una decisión.
Diario La República-Lima 09/02/2010
DEFENSORÍA REPORTA LIGERA DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
Un total de 260 conflictos sociales registró la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo al 31 de enero del 2010, lo cual refleja una ligera disminución en relación a diciembre del 2009.
De acuerdo al informe, durante el mes se resolvieron cinco casos, un caso resuelto se reactivó, y surgieron cinco nuevos conflictos, de distinta naturaleza.
Con relación a los tipos de conflicto registrados durante el primer mes del año, el Reporte de Conflictos Sociales 71, precisa que el 47% (121 casos) del total de conflictos son socioambientales, le siguen los conflictos por asuntos de gobierno local con 14% (37 casos), y los conflictos laborales con 11% (28 casos).
El documento señala que cinco conflictos sociales se resolvieron (un por asuntos de gobierno nacional, un electoral y tres socioambientales), y se ubican en Amazonas, Cajamarca, Junín, Pasco, y San Martín.
Entre los casos resueltos, cabe destacar el de la comunidad de Yambrasbamba (Amazonas), en el cual la población y la empresa establecieron, mediante acta de acuerdo, un nuevo convenio de cooperación mutua para el desarrollo de la zona.
El reporte señala también que en enero, 85 casos se siguen tratando a través de procesos de diálogo (el 50% del número de casos activos).
Del total de conflictos sociales registrados a enero del 2010, 170 se encuentran activos (65%), y 90 en estado latente (35%). Además se da cuenta de 32 acciones colectivas de protesta a nivel nacional y 5 acciones de violencia subversiva.
Asimismo, se retiraron del registro principal 8 casos latentes, al no registrarse hechos que demuestren el interés de los actores involucrados en mantener activas sus diferencias.
En lo referente a los cinco nuevos casos, dos de ellos se han producido en Piura (un caso por asuntos de gobierno local, y otro responde a la existencia de dos alcaldes, uno reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones y otro por el Poder Judicial); los otros tres se ubican en La Libertad, Puno y Ucayali (un caso laboral, socioambiental y comunal, respectivamente).
El reporte de conflictos sociales registra un total de 124 actuaciones defensoriales, de las cuales 110 corresponden a acciones de supervisión preventiva y 12 de intermediación, además de efectuarse dos acciones de defensa legal.
Entre las actuaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo destacan las efectuadas en el caso Laguna de Parón, en Ancash; en Camisea (Cusco); en los casos ubicados en Yambrasbamba (Amazonas), Quilcas (Junín), Colquirrumi (Cajamarca), y Tapayrihua (Apurímac); y el conflicto por demarcación territorial entre Moquegua y Puno.
Diario La República-Lima 09/02/2010
