MINERÍA INFORMAL AMENAZA A COSPÁN
El día 31 de enero del corriente representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), conjuntamente con 14 efectivos de la XIV DITERPOL – Cajamarca al mando de Mayor Jorge Rojas Quispe, se dirigieron a la comunidad de Culquimarca, del distrito de Cospan, provincia de Cajamarca, donde se reunieron con los representantes de las doce bases de la Federación de Rondas Campesinas del distrito cajamarquino.
En dicha reunión autoridades de la zona manifestaron su malestar puesto que la empresa Explomina Perú Santa Ana S.R.L. habría realizado operaciones mineras hace seis meses, dejando en la actualidad abandonado el lugar; en la zona se identificó dos pozas y cuatro recipientes con contenido líquido, motivo por lo que los pobladores del distrito de Cospan alarmados habían acudido a las autoridades regionales para buscar apoyo.
El pedido de los pobladores era que se tape las pozas (cierre de mina) y se saque los recipientes existentes; por su parte el representante de la Dirección Regional de Energía y Minas explicó a la población que no se podría manipular esos recipientes puesto que la sustancias que existían eran desconocidas y que se iba a coordinar con el personal especializado para su manipulación, el trabajo de la Dirección Regional de Energía y Minas era levantar el informe de inspección para que se inicie la respectiva investigación y se identifique a los responsables de los trabajos.
Por su parte el funcionario de la Dirección Ejecutiva de salud ambiental al tomar las muestras del agua de escorrentía, estas se estarían enviando a Lima y en cuanto se obtengan los resultados se estarían enviando a las autoridades competentes.
Diario El Mercurio-Cajamarca 02/02/2010
DAN PLAZO AL GOBIERNO PARA DESALOJAR CONCESIONARIA DE ALTO AMAZONAS
Las organizaciones de base de Alto Amazonas dieron un plazo de 45 días para que el gobierno desaloje del distrito de Teniente César López Roja a la empresa maderera Ayar Perú SAC.
Fue en la asamblea de bases celebrada el último sábado, donde los dirigentes sociales acusaron a la concesionaria de no respetar el territorio de los campesinos de la localidad.
Los grandes ausentes de la sesión fueron las autoridades provinciales, así como los representantes del Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA), pese a que fueron convocados con anticipación.
Al término de la jornada, los participantes suscribieron un documento donde dan plazo hasta mediados de marzo para que el Ejecutivo disponga el retiro de Ayar Perú SAC; de lo contrario, emprenderán una serie de medidas radicales.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/02/2010
CONFLICTO A PUNTO DE ESTALLAR: IMPONEN MINERÍA EN COMUNIDAD CAMPESINA EN CAJAMARCA
Preocupa. Contra la opinión de los campesinos de El Tingo (Provincia de Hualgayoc, Cajamarca), el Ministerio de Energía y Minas ha decidido imponer el derecho de servidumbre minera en 34 hectáreas de propiedad de la comunidad, a favor de la empresa Coimolache, propiedad de Grupo Buenaventura. Ante esta decisión, que consideran como una “expropiación administrativa”, los comuneros anuncian una marcha para este miércoles 3 de febrero.
La decisión del Ministerio de Energía y Minas se dio cuando acababa el 2009, a través de la Resolución Suprema 08-2009-EM del 15 de diciembre. En la misma se señala que la compañía minera Coimolache solicitó el derecho a la servidumbre minera el 2008 a fin de llevar a cabo la construcción del proyecto Tantahuatay, que incluye un pad de lixiviación, pozas, echaderos, planta de procesos, talleres, laboratorios, campamentos, edificios, entre otras construcciones. Tras realizar una reunión en San Borja (Lima) a la que no asistieron los representantes de la comunidad, la Dirección General de Minería solicitó un peritaje para tasar los terrenos de la comunidad. Luego de que el peritaje concluyera que “la servidumbre minera es posible sin enervar el derecho de propiedad de la comunidad” y estableciera un precio por las 34 hectáreas, el Ministerio decidió otorgar la servidumbre.
¿Qué significa esto? Que la empresa deposita en el Banco de la Nación un precio por las 34 hectáreas, y listo: tiene potestad para utilizar esas tierras de la comunidad por el lapso de 20 años para realizar las actividades mineras. Eso, a pesar de que los campesinos no estén de acuerdo ni con el precio asignado, ni con el ingreso de la minería a su zona. Es decir, una violación flagrante al derecho a consulta, y una actitud autoritaria que sólo genera más conflictos en torno a las actividades extractivas.
A raíz de esta decisión, los campesinos de El Tingo lanzaron un comunicado pidiendo solidaridad y explicando que “la servidumbre minera no es más que una expropiación administrativa, que se nos aplica a quienes nos hemos negado a vender nuestras tierras a los mineros”. Los comuneros aseguran que ya han recibido amenazas de ser desalojados mediante la fuerza pública, y afirman: “no vamos a permitir que nos echen de las tierras que nos vieron nacer, nos declaramos dispuestos a resistir dentro de ellas, ya que son nuestro único sustento económico”. Los campesinos también señalan que “nuestras tierras constituyen el colchón acuífero para otras zonas como el propio Chugur y Hualgayoc, además se pone en riesgo el Proyecto Manuel Vásquez Díaz que abastece a 18 comunidades, y 38 canales de diferentes comunidades que son utilizados para regadío, pues el Complejo Tantahuatay tiene previsto instalar pozas de cianuración, con los peligros que ello implica”. De hecho, la foto que ilustra esta nota es de una de las lagunas que se encuentran en el territorio de la comunidad de El Tingo.
Por su parte, en declaraciones a Alerta Perú el ingeniero Daniel Malpica, de la ONG GRUFIDES, explicó que estos procesos de servidumbre minera se amparan en la legislación que dio Fujimori en los años 90 para promover la inversión minera, y que con ellos “los comuneros ya no tienen posibilidades de negociar”. También explicó que “cuando el Ministerio llama a conciliación, no se ubica en una posición altamente neutral sino sólo busca qué quieren los campesinos para que la empresa minera trabaje”, y por ello muchas veces los comuneros deciden no participar en estas reuniones.
La comunidad de El Tingo ha convocado a una marcha en la ciudad de Cajamarca este miércoles 03 de febrero, con el objetivo de impedir el posible despojo de sus tierras.
La Mula.pe-Lima 01/02/2010
ACUSAN AL MEM DE PRETENDER CONFUNDIR A LA OPINIÓN PÚBLICA CON RESERVAS DE GAS
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) pretende confundir a la opinión pública con un "carnaval de cifras" auspiciosas sobre las reservas de gas en el país, aseveró Aurelio Ochoa, especialista en temas de hidrocarburos.
A través de CNR, Ochoa cuestionó los anuncios formulados en días pasados por el MEM, respecto a que las reservas de gas natural en los lotes 88 y 56 de Camisea (Cusco) ascienden a 17.4 trillones de pies cúbicos (TCF).
Sobre el particular, el especialista recordó que hace dos semanas se puso en subasta 80 millones de pies cúbicos de gas para el mercado interno, los cuáles recién serían entregados en 2012.
En contraste, en unos cuatro meses exportaríamos 620 millones pies cúbicos del hidrocarburo. "Es decir, aquello de priorizar el mercado interno, que (el presidente Alan García) mencionó en el mensaje de Fiestas Patrias, ha quedado en el papel".
Así mismo, indicó que cuando el MEM alude a 13 TCF de reservas de gas recuperable obvia que en ningún yacimiento del mundo se puede extraer la totalidad del recurso energético.
Para Ochoa, se repite la situación de meses atrás, cuando el presidente Alan García anunció el descubrimiento de un lote con 14 TCF y que permitiría al país contar con reservas hasta el 2040.
"Luego vino la certificadora del propio consorcio y dijo que habían 8.8 TCF, que lógicamente no son suficientes para atender la demanda interna y la exportación".
"Se trata de confundir a la gente con un carnaval de cifras, de modo que en cuatro meses estaremos exportando por encima de las necesidades del país (...) no podemos darnos el lujo de dejar desabastecido al mercado interno", anotó.
Finalmente, recordó que existe un decreto supremo que destina un TCF para el Gasoducto Sur Andino; y el hecho es que tampoco habrían reservas para tal fin, pero sí para vender al extranjero.
"Si no hay para Lima, vemos que el racionamiento que se esta produciendo, entonces menos va a haber para el sur (...) cuando la gente del sur se de cuenta que no hay gas, se van a producir situaciones que no me quiero imaginar", acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/02/2010
El día 31 de enero del corriente representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) y Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), conjuntamente con 14 efectivos de la XIV DITERPOL – Cajamarca al mando de Mayor Jorge Rojas Quispe, se dirigieron a la comunidad de Culquimarca, del distrito de Cospan, provincia de Cajamarca, donde se reunieron con los representantes de las doce bases de la Federación de Rondas Campesinas del distrito cajamarquino.
En dicha reunión autoridades de la zona manifestaron su malestar puesto que la empresa Explomina Perú Santa Ana S.R.L. habría realizado operaciones mineras hace seis meses, dejando en la actualidad abandonado el lugar; en la zona se identificó dos pozas y cuatro recipientes con contenido líquido, motivo por lo que los pobladores del distrito de Cospan alarmados habían acudido a las autoridades regionales para buscar apoyo.
El pedido de los pobladores era que se tape las pozas (cierre de mina) y se saque los recipientes existentes; por su parte el representante de la Dirección Regional de Energía y Minas explicó a la población que no se podría manipular esos recipientes puesto que la sustancias que existían eran desconocidas y que se iba a coordinar con el personal especializado para su manipulación, el trabajo de la Dirección Regional de Energía y Minas era levantar el informe de inspección para que se inicie la respectiva investigación y se identifique a los responsables de los trabajos.
Por su parte el funcionario de la Dirección Ejecutiva de salud ambiental al tomar las muestras del agua de escorrentía, estas se estarían enviando a Lima y en cuanto se obtengan los resultados se estarían enviando a las autoridades competentes.
Diario El Mercurio-Cajamarca 02/02/2010
DAN PLAZO AL GOBIERNO PARA DESALOJAR CONCESIONARIA DE ALTO AMAZONAS
Las organizaciones de base de Alto Amazonas dieron un plazo de 45 días para que el gobierno desaloje del distrito de Teniente César López Roja a la empresa maderera Ayar Perú SAC.
Fue en la asamblea de bases celebrada el último sábado, donde los dirigentes sociales acusaron a la concesionaria de no respetar el territorio de los campesinos de la localidad.
Los grandes ausentes de la sesión fueron las autoridades provinciales, así como los representantes del Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA), pese a que fueron convocados con anticipación.
Al término de la jornada, los participantes suscribieron un documento donde dan plazo hasta mediados de marzo para que el Ejecutivo disponga el retiro de Ayar Perú SAC; de lo contrario, emprenderán una serie de medidas radicales.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/02/2010
CONFLICTO A PUNTO DE ESTALLAR: IMPONEN MINERÍA EN COMUNIDAD CAMPESINA EN CAJAMARCA
Preocupa. Contra la opinión de los campesinos de El Tingo (Provincia de Hualgayoc, Cajamarca), el Ministerio de Energía y Minas ha decidido imponer el derecho de servidumbre minera en 34 hectáreas de propiedad de la comunidad, a favor de la empresa Coimolache, propiedad de Grupo Buenaventura. Ante esta decisión, que consideran como una “expropiación administrativa”, los comuneros anuncian una marcha para este miércoles 3 de febrero.
La decisión del Ministerio de Energía y Minas se dio cuando acababa el 2009, a través de la Resolución Suprema 08-2009-EM del 15 de diciembre. En la misma se señala que la compañía minera Coimolache solicitó el derecho a la servidumbre minera el 2008 a fin de llevar a cabo la construcción del proyecto Tantahuatay, que incluye un pad de lixiviación, pozas, echaderos, planta de procesos, talleres, laboratorios, campamentos, edificios, entre otras construcciones. Tras realizar una reunión en San Borja (Lima) a la que no asistieron los representantes de la comunidad, la Dirección General de Minería solicitó un peritaje para tasar los terrenos de la comunidad. Luego de que el peritaje concluyera que “la servidumbre minera es posible sin enervar el derecho de propiedad de la comunidad” y estableciera un precio por las 34 hectáreas, el Ministerio decidió otorgar la servidumbre.
¿Qué significa esto? Que la empresa deposita en el Banco de la Nación un precio por las 34 hectáreas, y listo: tiene potestad para utilizar esas tierras de la comunidad por el lapso de 20 años para realizar las actividades mineras. Eso, a pesar de que los campesinos no estén de acuerdo ni con el precio asignado, ni con el ingreso de la minería a su zona. Es decir, una violación flagrante al derecho a consulta, y una actitud autoritaria que sólo genera más conflictos en torno a las actividades extractivas.
A raíz de esta decisión, los campesinos de El Tingo lanzaron un comunicado pidiendo solidaridad y explicando que “la servidumbre minera no es más que una expropiación administrativa, que se nos aplica a quienes nos hemos negado a vender nuestras tierras a los mineros”. Los comuneros aseguran que ya han recibido amenazas de ser desalojados mediante la fuerza pública, y afirman: “no vamos a permitir que nos echen de las tierras que nos vieron nacer, nos declaramos dispuestos a resistir dentro de ellas, ya que son nuestro único sustento económico”. Los campesinos también señalan que “nuestras tierras constituyen el colchón acuífero para otras zonas como el propio Chugur y Hualgayoc, además se pone en riesgo el Proyecto Manuel Vásquez Díaz que abastece a 18 comunidades, y 38 canales de diferentes comunidades que son utilizados para regadío, pues el Complejo Tantahuatay tiene previsto instalar pozas de cianuración, con los peligros que ello implica”. De hecho, la foto que ilustra esta nota es de una de las lagunas que se encuentran en el territorio de la comunidad de El Tingo.
Por su parte, en declaraciones a Alerta Perú el ingeniero Daniel Malpica, de la ONG GRUFIDES, explicó que estos procesos de servidumbre minera se amparan en la legislación que dio Fujimori en los años 90 para promover la inversión minera, y que con ellos “los comuneros ya no tienen posibilidades de negociar”. También explicó que “cuando el Ministerio llama a conciliación, no se ubica en una posición altamente neutral sino sólo busca qué quieren los campesinos para que la empresa minera trabaje”, y por ello muchas veces los comuneros deciden no participar en estas reuniones.
La comunidad de El Tingo ha convocado a una marcha en la ciudad de Cajamarca este miércoles 03 de febrero, con el objetivo de impedir el posible despojo de sus tierras.
La Mula.pe-Lima 01/02/2010
ACUSAN AL MEM DE PRETENDER CONFUNDIR A LA OPINIÓN PÚBLICA CON RESERVAS DE GAS
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) pretende confundir a la opinión pública con un "carnaval de cifras" auspiciosas sobre las reservas de gas en el país, aseveró Aurelio Ochoa, especialista en temas de hidrocarburos.
A través de CNR, Ochoa cuestionó los anuncios formulados en días pasados por el MEM, respecto a que las reservas de gas natural en los lotes 88 y 56 de Camisea (Cusco) ascienden a 17.4 trillones de pies cúbicos (TCF).
Sobre el particular, el especialista recordó que hace dos semanas se puso en subasta 80 millones de pies cúbicos de gas para el mercado interno, los cuáles recién serían entregados en 2012.
En contraste, en unos cuatro meses exportaríamos 620 millones pies cúbicos del hidrocarburo. "Es decir, aquello de priorizar el mercado interno, que (el presidente Alan García) mencionó en el mensaje de Fiestas Patrias, ha quedado en el papel".
Así mismo, indicó que cuando el MEM alude a 13 TCF de reservas de gas recuperable obvia que en ningún yacimiento del mundo se puede extraer la totalidad del recurso energético.
Para Ochoa, se repite la situación de meses atrás, cuando el presidente Alan García anunció el descubrimiento de un lote con 14 TCF y que permitiría al país contar con reservas hasta el 2040.
"Luego vino la certificadora del propio consorcio y dijo que habían 8.8 TCF, que lógicamente no son suficientes para atender la demanda interna y la exportación".
"Se trata de confundir a la gente con un carnaval de cifras, de modo que en cuatro meses estaremos exportando por encima de las necesidades del país (...) no podemos darnos el lujo de dejar desabastecido al mercado interno", anotó.
Finalmente, recordó que existe un decreto supremo que destina un TCF para el Gasoducto Sur Andino; y el hecho es que tampoco habrían reservas para tal fin, pero sí para vender al extranjero.
"Si no hay para Lima, vemos que el racionamiento que se esta produciendo, entonces menos va a haber para el sur (...) cuando la gente del sur se de cuenta que no hay gas, se van a producir situaciones que no me quiero imaginar", acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/02/2010
