Carlos Castro
Subdirector.
El método de Montesinos de espionaje y persecución contra los dirigentes sociales y políticos reapareció esta semana clonado en la Operación El Diablo, financiad
a por Forza, la compañía que da seguridad a Yanacocha, una de las transnacionales de oro más ricas del mundo.Edmundo Cruz, del área de Investigación de La República, desarrolló en los últimos días documentados informes en los cuales desnudó los alcances del operativo de C&G Investigaciones dirigido contra el padre Marco Arana y dirigentes del movimiento ambientalista de Cajamarca que reclaman a Yanacocha una mayor responsabilidad social ambiental y que resuelva la contaminación de las cuencas hídricas derivada de las actividades mineras.
Lo que llama la atención es la inacción de las autoridades –Congreso, Poder Ejecutivo, Ministerio Público– y de algunos medios de comunicación, siempre tan diligentes para levantar cualquier declaración del extraditable. ¿Cuál es el problema si no pasó nada?, preguntó el conductor de una radio cuando uno de sus invitados denunció la persecución contra el padre Arana. Otro interrogó en dónde estaba el delito, y la presentadora de un programa se dedicó a pedirle al padre Arana que se olvide de las mineras y recuerde más bien la frase bíblica ‘A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César’. Le recordó además que Cajamarca, “gracias a Yanacocha”, tiene uno de los PBI regionales más altos. Lo que olvidó la conductora es decir que “gracias a Yanacocha” las aguas contaminadas por la extracción del oro arrasan con los sembríos de las comunidades campesinas, matan a sus animales, y atentan contra la vida de sus hijos. Todo ello sin olvidar que el 77.4% de los habitantes de Cajamarca está en situación de pobreza y que el 72% de su población es campesina.
Por el lado del Ejecutivo, el premier Jorge del Castillo, si bien dijo que el caso debe investigarse, recordó que a él también le toman fotos a cada momento. “Y no me quejo”, espetó con ironía. Roque Benavides, ejecutivo de Yanacocha vinculado al Apra, dijo –a diferencia de Raúl Benavides, para quien Forza “podría haber actuado por su cuenta”– que “el padre Arana como sujeto público puede ser objeto de seguimiento, a menos que oculte algo”. Lo peor vino del presidente García: “Los periodistas –sostuvo– me filman a cada momento, y no hay problema con eso. No sé qué tanto se preocupa la gente (de un supuesto reglaje al cura Arana)”.
Lo que García y los periodistas no toman en cuenta es que estamos ante un hecho que pone a prueba a nuestra sociedad. Un sacerdote, cuyo único poder es el liderazgo que tiene por su trabajo en las comunidades campesinas, y al otro lado una empresa que es una de las más ricas del mundo, posición que le permite contar con medios de comunicación, autoridades, policías, fiscales y jueces a su total disposición. En vez de ser imparciales inquisidores de la realidad social, algunos colegas adoptan el papel de abogados del poder económico frente a los más débiles, olvidando que los periodistas nos debemos a la verdad. Exponemos los hechos y no dictamos sentencia porque esa es función de jueces y fiscales. Mientras tanto, las autoridades miran este caso desde la majestad del poder. Es posible que la minera no haya estado detrás del reglaje, pero es evidente que la información obtenida sirve a sus intereses. Es peligroso que un operativo como el descrito por Edmundo Cruz sea tomado por las autoridades con total indiferencia. Porque entonces volveremos a las épocas de los enclaves –IPC o Cerro de Pasco–, en que las leyes peruanas no existían. La democracia se debilita ante la mirada de los pobres y de los excluidos cuando vemos cómo Yanacocha, basada en ese poder económico, se apropia –porque el agua de sus pozos no les alcanza para la extracción de sus millones de onzas de oro– del recurso hidríco de las comunidades campesinas. En las dictaduras y regímenes autoritarios subsisten grupos paramilitares paralelos que se encargan de acosar, perseguir y espiar a los ciudadanos. Lo hemos vivido con Fujimori y Montesinos. Si hoy se acepta el reglaje a los dirigentes sociales por parte de una empresa como algo normal, entonces que nadie proteste más tarde cuando otros sean los espiados. La cultura del pase del sombrero, a Yanacocha o a otras empresas, que este gobierno ha puesto en práctica para pedirles un óbolo en vez de exigirles los millones de dólares que les corresponde pagar por impuestos (se estima que en el 2006, solo Yanacocha obtendrá utilidades por S/. 2,150 millones), no lo debe hacer olvidar que una de las primeras obligaciones de un Estado democrático es garantizar el pleno respeto
y ejercicio de los derechos de sus ciudadanos. Y no solo de los que se sientan a la derecha del presidente García.
Diario La República-Lima 10/12/2006
