Poder en la sombra

Con ocasión de la documentada serie que viene publicando nuestra unidad de investigación a partir de los documentos incautados al agente de seguridad Miguel Saldaña, los mismos que se encontraban en los CPU de las computadoras que poseía la empresa C&G Investigaciones y que evidencian su vinculación con la empresa Forza SA, encargada de prestar seguridad a las instalaciones de Minera Yanacocha SRL, se han registrado varias reacciones, previsibles unas, sorprendentes otras.
En primer lugar, la toma de distancia de Yanacocha, mediante su director Raúl Benavides Ganoza, respecto de lo ocurrido: "Puede ser una iniciativa de Forza. Ellos tienen sus valores, sus códigos; nosotros tenemos los nuestros", ha declarado el señor Benavides a nuestro diario. En segundo lugar, el comunicado publicado ayer por Forza SA y las apariciones de sus responsables en diversos medios, pero no para establecer un deslinde con hechos que, con pruebas documentales, los vinculan al accionar de C&G Investigaciones, sino para intentar minar la credibilidad de La República.
Este modo de actuar nos merece el más rotundo rechazo. Nuestro diario no ha inventado nada: se ha limitado a exponer los correos electrónicos intercambiados entre C&G y personal de Forza, los recibos de pago hechos a los agentes y las fotografías que documentan los seguimientos. Porque de esto se trata: de la violación de los derechos de un grupo de personas, entre las cuales se encuentran el padre Marcos Arana –cuya ONG Grufides y su personal fueron objeto de vigilancia–, personalidades de iglesia, ronderos y hasta el propio presidente del Consejo de Ministros, doctor Jorge del Castillo.
Estas tareas solo pueden ser realizadas por el Estado y su servicio de inteligencia en nuestro país, siempre y cuando cuenten con autorización judicial. Que las realice una empresa privada con una estructura rayana en lo paramilitar es un hecho gravísimo que nos retorna a los ignominiosos tiempos del fujimontesinismo.
Con la enorme diferencia de que ahora vivimos en democracia e impera el estado de derecho, por lo mismo resulta inadmisible la existencia de una o más empresas para quienes el derecho a la privacidad y a la seguridad, garantizado por la Constitución y las leyes, no cuenta. Entre las reacciones sorprendentes, todo hay que decirlo, se cuenta la del Poder Ejecutivo, el mismo que luego de una correcta actitud del premier Del Castillo manifestando su rechazo a los hechos y su solidaridad con el padre Arana, intenta a través de su máximo vocero minimizar lo ocurrido y ponerse de perfil ante tamaña violación de los derechos ciudadanos por parte de un aparato privado que se atribuye el ejercicio de una coacción que nadie le ha conferido, y que le está vedada por la ley. La República, que no se ha doblegado ante las presiones y calumnias de la dictadura, continuará revelando el accionar y artimañas de este nuevo poder en la sombra, que ha demostrado ya que puede dotarse de arsenales con armamento prohibido y cuya osadía responde al retroceso registrado en el Estado bajo el toledismo en tareas de seguridad, que ha facilitado la existencia de esta zona gris que toma la justicia en sus manos y se ampara en intereses económicos para obtener impunidad. Algo muy grave ocurre en el país si el nuevo gobierno no ocupa este espacio, tal como lo manda la Constitución.
Diario La República-Lima 07/12/2006

Padre Arana y directivos de la ONG Grufides piden garantías para su vida

SERIA DENUNCIA • Consideran que reglaje tenía el objetivo de intimidarlos, causarles daño moral y probablemente eliminarlos físicamente • Piden que el gobierno investigue y garantice su vida y derechos.
Redacción. La República.

El padre Marco Arana, directivos de la ONG Grufides y varios dirigentes populares cajamarquinos denunciaron que el reglaje de que han sido objeto en los últimos meses pretendía intimidarlos, causarles daño moral y probablemente atentar contra sus vidas.
En ese sentido, el padre Marco Arana y Mirtha Vásquez Chuquilín solicitaron al gobierno una profunda investigación a fin de establecer quién pagó las actividades de la empresa C&G Investigaciones, autora del seguimiento. También solicitaron protección para los dirigentes críticos de la minera Yanacocha.
"El reglaje realizado por C&G Investigaciones no solo se centró en mi persona y en la ONG Grufides, sino contra muchos líderes ambientales de Cajamarca", refirió el padre Arana. Recordó que pidieron garantías a la Subprefectura de Cajamarca y al Ministerio Público a mediados de setiembre, cuando empezaron a darse cuenta del seguimiento de que eran objeto; incluso presentaron una denuncia ante la fiscalía de prevención del delito, pero no se observó interés en investigar.
Otras víctimas
Ante la prensa, el padre Arana presentó las pruebas del reglaje que se pudieron obtener tras la intervención a uno de los agentes de C&G Investigaciones. Mirtha Vásquez recordó que el 20 de octubre lograron intervenir a Rafael Inche Aldama, pero que la policía lo dejó escapar. El 14 de noviembre lograron intervenir a Miguel Saldaña, a quien le encontraron grabaciones en video y fotos del seguimiento al padre Arana.
Agregó que el seguimiento se habría producido en paralelo con una campaña de desprestigio en medios afines a Yanacocha.
"Se estima que por la duración del operativo (cuatro meses), el número de agentes involucrados y la logística utilizada, el operativo debió tener un costo aproximado de 40 mil dólares.
El padre Arana y las otras víctimas del seguimiento piden que las autoridades investiguen y esclarezcan la denuncia.
Reglaje recuerda al fujimorismo
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) consideró sumamente grave el plan de espionaje dirigido contra el personal de la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides, así como otros dirigentes sociales, religiosos y personalidades políticas en Cajamarca, que han criticado a la minera Yanacocha. La Coordinadora agregó que no se trata de un hecho aislado. La recurrente acción de hostilización y amenazas contra los defensores del medio ambiente se comete en diversas partes del Perú, generalmente donde operan las mineras.
"La naturaleza de estos hechos daña la democracia y hace recordar las técnicas operativas del régimen de Fujimori-Montesinos, los agentes y operadores que ya han sido identificados y denunciados continúan en libertad", indicó Francisco Soberón, de la CNDDHH.
Diario La República-Lima 07/12/2006