13 de diciembre de 2006

Pronunciamiento del señor Obispo José Carmelo Martínez Lázaro y los Sacerdotes de la Diócesis de Cajamarca







[ADITAL] Agencia de Información Fray Tito para América Latina
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13.12.06 - PERÚ
"Mineradoras persiguen líderes sociales y ambientalistas

Hasta la fecha, la Federación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería -CONACAMI/Perú- tiene registrado más de 600 dirigentes y comuneros (a nivel nacional) que están siendo injustamente investigados y procesados judicialmente por el único hecho de defender la vida, la salud, el agua, su territorio, un ambiente saludable y el futuro de nuestros hijos, y no permitir la contaminación indiscriminada por parte de las empresas mineras. En estas luchas perdieron la vida varios líderes sociales, como José Llajahuanca Adriánzen, Juan Montenegro Lingán, Godofredo García Baca, Remberto Herrera Racho, Melanio García Gonzales, Carlos Guillén y Edmundo Becerra Cotrina. La entidad condena esta práctica porque no se ajusta al Estado Constitucional y Democrático en que viven en Perú hoy.
Conacami es solidaria ante los recientes hechos de reglaje y persecución en Cajamarca, con la ONG Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible - GRUFIDES y el padre Marco Antonio Arana por lo que exige a las autoridades una exhaustiva investigación para determinar los verdaderos responsables intelectuales y ejecutores de las persecuciones de toda índole de las cuales son víctimas centenares de dirigentes y líderes de las regiones afectadas por la minería.
También demanda al Gobierno central la creación de una autoridad autónoma e independiente para una verdadera fiscalización a las empresas mineras por sus actividades de exploración y explotación de los recursos naturales, una indemnización por los daños causados hasta el momento y el respeto por parte de las empresas transnacionales a la legislación peruana y los convenios internacionales.
En su declaración, la entidad afirma: ´El Estado tiene la obligación de defender la vida de los ciudadanos, salvaguardar la libertad de opinión y el derecho a la intimidad y por ello proteger a los líderes ambientalistas que por su labor pueden ser objeto de hostigamiento y agresiones como ocurre hoy. Por ello responsabilizamos al Gobierno central ante cualquier atentado físico contra los derechos a la vida, a la integridad física, moral y psicológica que pudiera ocurrir contra nuestros líderes y dirigentes sociales, por lo que exigimos las garantías de Ley correspondiente´." (sic)
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