Serios cuestionamientos recibió el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de ampliación de la mina El Pilar, por parte de diversas instituciones locales, frentes cívicos y de juventudes de la región Pasco.
La municipalidad distrital de Yanacancha, el Centro Labor, el Barrio Huancapucro, ACICPAEM, Frente Cívico, la Asociación de Propietarios de Chaupimarca, el Comité Patarcocha y Juventud con Valores presentaron en setiembre pasado diversas observaciones al EIA del Proyecto de Ampliación de Explotación de la Mina El Pilar.
Entre las principales observaciones se encuentra la necesidad de presentar un Estudio de Estabilidad Física, debido a que en los últimos tres meses se ha ido abriendo boquerones entre los 200 metros que dividen el Tajo Abierto Raúl Rojas y la Mina El Pilar.
Otro aspecto cuestionado en el EIA es la no consideración del boquerón ubicado en el Barrio Huancapucro N° 102, que lleva abierto varios años y que con el reinicio de las operaciones de El Pilar se volverá más frágil.
Asimismo, la actualización de datos del área de influencia directa que supone 763 viviendas, pero cuyos datos corresponden al Censo del 2005. Las instituciones sugieren la participación de los gobiernos locales, organizaciones y el sector vivienda, para este nuevo proceso.
El documento presentado al ministerio de Energía y Minas, propone que Volcan Compañía Minera SAA, dueña de la Mina El Pilar, presente el Plan de Reasentamiento Involuntario, de las familias de Columna Pasco (sector 5 parte alta y baja y los del sector 6), así como los de Miguel Bravo Quispe, Tahuantinsuyo y Huancapucro.
“Quién asumirá los costos; no se puede solucionar comprando las viviendas, necesitamos alternativas viables para la población que viene siendo desplazada” mencionan en el informe las instituciones.
Otro aspecto que es una constante en la ciudad de Cerro de Pasco, son las rajaduras de las viviendas, el Barrio de Huancapucro no es ajeno a ello, por lo que se solicita incluir en el Estudio de Impacto Ambiental la reposición, compensación y sobre todo un plan de reasentamiento involuntario por parte de la empresa Volcan.
Asumir los impactos ambientales
Desde 1999, los diferentes estudios han demostrado el exceso de plomo en la sangre de la población, a causa de los más de 219 hectáreas de desmonte que rodean la ciudad, sumadas a las partículas que emite la actividad minera en sus diferentes operaciones.
Por ello, el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ampliación de la Mina El Pilar debe presentar el plan de atención a los afectados por plomo y otros metales, así como la debida indemnización.
“Es necesario que en el Estudio de Impacto Ambiental se presente los impactos que generarán las más de tres mil toneladas de desmonte en los dos años de vida de la ampliación de La Mina El Pilar, respecto al uso del depósito de Rumiallana” menciona el documento.
Agrega además, “que la empresa considere las emisiones de los gases de efecto invernadero que se producirá con la ampliación de esta mina; según nuestros cálculos este proyecto ocasionará al menos 32 toneladas de gases nitrosos al año y más de 1000 toneladas de dióxido de carbono”.
Las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de ampliación de la mina El Pilar deberán ser levantadas en un plazo de un mes a 45 días ante el ministerio de Energía y Minas.
Servindi-Lima 18/10/2010