DEFENSORÍA DEL PUEBLO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL AYUDARÁ A DISMINUIR CONFLICTOS
El ordenamiento territorial y el establecimiento de mayores mecanismos de participación ciudadana ayudarán a disminuir los conflictos en el país y permitirán que el reclamo social sea abordado de manera constructiva y no mediante el uso de la fuerza, aseveró la Defensoría del Pueblo.
Alicia Abanto, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la referida institución, indicó que se requiere una ley de ordenamiento territorial para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y desarrollo sostenible.
Sostuvo que en la actualidad se han efectuado trabajos técnicos de zonificación en algunas regiones, con el objetivo de determinar las áreas del país adecuadas para las actividades productivas, aunque se necesita una labor integral y no esfuerzos aislados.
Asimismo, dijo que resulta fundamental que se institucionalice el diálogo en los tres niveles del Estado para promover una mayor participación de la población en la elaboración de los estudios de impacto ambiental.
“Estas acciones junto a la Ley de la Consulta van a favorecer el clima de inversiones, al desarrollo del país y a la gente más desatendida para que nunca más se repitan los lamentables hechos luctuosos de Bagua, (donde murieron unas 30 personas, entre civiles y policías)”, expresó.
Destacó que exista una conciencia colectiva en el Estado para institucionalizar el diálogo, empero, invocó al Congreso y a todas las instituciones del Ejecutivo adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de incorporar los procedimientos de la Consulta Previa, tal y como lo ordena la ley.
Recordó que la referida norma establece que cada entidad pública tiene que consultar con los pueblos nativos las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar su territorio o ámbito de acción.
Por ejemplo, “si la Comisión de Justicia del Congreso aprueba una ley de justicia indígena, esa norma antes de ir al Pleno del Parlamento tiene que ser consultada con las comunidades indígenas”, explicó.
Lo mismo debe ocurrir con el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, agregó.
Subrayó que a cada sector gubernamental le toca definir, a través de un reglamento interno, en qué situaciones se procede a consultar a los pueblos indígenas.
“Esto es parte de la implementación de la norma y es un trabajo que requiere de un estudio técnico para el cabal cumplimiento del derecho a ser consultados”, refirió.
Andina-Lima 26.09.2011
El ordenamiento territorial y el establecimiento de mayores mecanismos de participación ciudadana ayudarán a disminuir los conflictos en el país y permitirán que el reclamo social sea abordado de manera constructiva y no mediante el uso de la fuerza, aseveró la Defensoría del Pueblo.
Alicia Abanto, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la referida institución, indicó que se requiere una ley de ordenamiento territorial para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y desarrollo sostenible.
Sostuvo que en la actualidad se han efectuado trabajos técnicos de zonificación en algunas regiones, con el objetivo de determinar las áreas del país adecuadas para las actividades productivas, aunque se necesita una labor integral y no esfuerzos aislados.
Asimismo, dijo que resulta fundamental que se institucionalice el diálogo en los tres niveles del Estado para promover una mayor participación de la población en la elaboración de los estudios de impacto ambiental.
“Estas acciones junto a la Ley de la Consulta van a favorecer el clima de inversiones, al desarrollo del país y a la gente más desatendida para que nunca más se repitan los lamentables hechos luctuosos de Bagua, (donde murieron unas 30 personas, entre civiles y policías)”, expresó.
Destacó que exista una conciencia colectiva en el Estado para institucionalizar el diálogo, empero, invocó al Congreso y a todas las instituciones del Ejecutivo adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de incorporar los procedimientos de la Consulta Previa, tal y como lo ordena la ley.
Recordó que la referida norma establece que cada entidad pública tiene que consultar con los pueblos nativos las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar su territorio o ámbito de acción.
Por ejemplo, “si la Comisión de Justicia del Congreso aprueba una ley de justicia indígena, esa norma antes de ir al Pleno del Parlamento tiene que ser consultada con las comunidades indígenas”, explicó.
Lo mismo debe ocurrir con el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, agregó.
Subrayó que a cada sector gubernamental le toca definir, a través de un reglamento interno, en qué situaciones se procede a consultar a los pueblos indígenas.
“Esto es parte de la implementación de la norma y es un trabajo que requiere de un estudio técnico para el cabal cumplimiento del derecho a ser consultados”, refirió.
Andina-Lima 26.09.2011
