CONCESIONES MINERAS EN FRONTERA CONSTITUYEN OFENSA A COMUNIDADES CAMPESINAS
El Decreto Supremo Nº 024-2008-DF que entrega una porción de la frontera norte a la empresa minera Zijin evidencia las políticas del gobierno orientadas a consolidar las grandes inversiones sin importar la opinión de la ciudadanía.
Así lo sostuvo el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, quien a través del programa "Diálogo Directo" de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), explicó que esta norma representa una afrenta del Ejecutivo a las comunidades campesinas.
En el caso particular del Alto Piura, Palacios recordó que la población se pronunció mayoritariamente en contra de la presencia de la entonces empresa minera Majaz en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, según consta en una consulta vecinal realizada en setiembre del 2007.
En ese sentido, Palacios Quispe subrayó que la contaminación ambiental originada por la minería afectaría otras actividades de gran aporte a la región, como la producción agrícola, que anualmente genera ingresos por varios millones de soles.
“En el norte del país, en estas zonas frágiles, no están garantizadas las condiciones ambientales para desarrollar actividades extractivas de gran dimensión como estas que se pretenden imponer. Es poco viable la actividad minera en esta zona”, aseveró
Agregó que la decisión del Ejecutivo de ampliar concesiones se enmarca en un contexto mayor pues constituye la imposición de actividades mineras a una región para facilitar la explotación de empresas, obligando a las autoridades y pobladores que serán afectadas, a aceptarlas.
“Eso pasa por decisiones políticas; pero esas decisiones tienen que respetar el derecho de las población a decidir por un modelo de desarrollo".
Finalmente, ratificó que en los próximos días plantearan una demanda al Estado para corregir esta norma; reveló, del mismo modo, que la población local está proponiendo una movilización en Piura.
El sábado 27 de diciembre se publicó en el diario oficial "El Peruano", el Decreto Supremo Nº 024-2008 del Ministerio de Defensa, mediante el cual se facilita la transferencia de la titularidad de concesiones mineras a inversionistas extranjeros dentro de los 50 kilómetros de frontera en la sierra de Piura.
Las ocho concesiones mineras que estaban a nombre de la empresa Río Blanco Limited y que tienen una extensión de seis mil 500 hectáreas aproximadamente, han pasado ahora al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development.
Adicionalmente a ello, se han otorgado 27 derechos mineros que estaban a nombre de otras empresas, a la citada empresa china, sumando en total 35 derechos otorgados.
Coordinadora Nacional de Radio Lima 02/01/2009
El Decreto Supremo Nº 024-2008-DF que entrega una porción de la frontera norte a la empresa minera Zijin evidencia las políticas del gobierno orientadas a consolidar las grandes inversiones sin importar la opinión de la ciudadanía.
Así lo sostuvo el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, quien a través del programa "Diálogo Directo" de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), explicó que esta norma representa una afrenta del Ejecutivo a las comunidades campesinas.
En el caso particular del Alto Piura, Palacios recordó que la población se pronunció mayoritariamente en contra de la presencia de la entonces empresa minera Majaz en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, según consta en una consulta vecinal realizada en setiembre del 2007.
En ese sentido, Palacios Quispe subrayó que la contaminación ambiental originada por la minería afectaría otras actividades de gran aporte a la región, como la producción agrícola, que anualmente genera ingresos por varios millones de soles.
“En el norte del país, en estas zonas frágiles, no están garantizadas las condiciones ambientales para desarrollar actividades extractivas de gran dimensión como estas que se pretenden imponer. Es poco viable la actividad minera en esta zona”, aseveró
Agregó que la decisión del Ejecutivo de ampliar concesiones se enmarca en un contexto mayor pues constituye la imposición de actividades mineras a una región para facilitar la explotación de empresas, obligando a las autoridades y pobladores que serán afectadas, a aceptarlas.
“Eso pasa por decisiones políticas; pero esas decisiones tienen que respetar el derecho de las población a decidir por un modelo de desarrollo".
Finalmente, ratificó que en los próximos días plantearan una demanda al Estado para corregir esta norma; reveló, del mismo modo, que la población local está proponiendo una movilización en Piura.
El sábado 27 de diciembre se publicó en el diario oficial "El Peruano", el Decreto Supremo Nº 024-2008 del Ministerio de Defensa, mediante el cual se facilita la transferencia de la titularidad de concesiones mineras a inversionistas extranjeros dentro de los 50 kilómetros de frontera en la sierra de Piura.
Las ocho concesiones mineras que estaban a nombre de la empresa Río Blanco Limited y que tienen una extensión de seis mil 500 hectáreas aproximadamente, han pasado ahora al consorcio chino Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development.
Adicionalmente a ello, se han otorgado 27 derechos mineros que estaban a nombre de otras empresas, a la citada empresa china, sumando en total 35 derechos otorgados.
Coordinadora Nacional de Radio Lima 02/01/2009
