DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTÓ AL CONGRESO APROBAR LEY DE DERECHO A CONSULTA A LOS PUEBLOS NATIVOS
Varios frentes indígenas han anunciado para el lunes 22 una paralización como medida de protesta contra el Gobierno Central
Ante el anuncio de diversas organizaciones indígenas de acatar un paro el 22 de este mes en varios puntos del país, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, insistió en la necesidad de aprobar una ley que instaure el derecho a consulta de los pueblos nativos, como lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Varios frentes indígenas, como se sabe, han anunciado esta paralización como medida de protesta contra el Gobierno Central.
“Una ley de esta naturaleza garantizará un escenario de diálogo institucionalizado, capaz de evitar que toda manifestación se torne en violencia”, declaró Merino Lucero.
Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo presentó meses atrás la denominada ley de derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que planteaba la creación de mecanismos para que se cumpla este proceso, y que incluía la participación de tres actores: el Estado, las organizaciones indígenas y un ente técnico especializado.
EN MANOS DEL CONGRESO
Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, precisó que un dictamen de esa ley se encuentra en la comisión de Constitución del Congreso y otro en la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos.
Lanegra explicó que ese dictamen, al momento de entrar a debate, debe incluir los temas consensuados durante la tercera mesa del grupo nacional de coordinación, entidad que se formó poco después de los hechos de violencia registrados en Bagua el 5 de junio del 2009.
“La congresista Mercedes Cabanillas [presidenta de la Comisión de Constitución] se ofreció a darle prioridad al proyecto apenas se dé inicio a la nueva legislatura, en marzo próximo”, comentó Lanegra.
SEPA MÁS
La paralización de protesta ha sido anunciada para el lunes 22 por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y otras organizaciones indígenas afines.
El proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo estipula que los procesos de consulta a las comunidades indígenas sirvan para las disposiciones de cualquier autoridad en los ámbitos regional o municipal.
Varios frentes indígenas han anunciado para el lunes 22 una paralización como medida de protesta contra el Gobierno Central
Ante el anuncio de diversas organizaciones indígenas de acatar un paro el 22 de este mes en varios puntos del país, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, insistió en la necesidad de aprobar una ley que instaure el derecho a consulta de los pueblos nativos, como lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Varios frentes indígenas, como se sabe, han anunciado esta paralización como medida de protesta contra el Gobierno Central.
“Una ley de esta naturaleza garantizará un escenario de diálogo institucionalizado, capaz de evitar que toda manifestación se torne en violencia”, declaró Merino Lucero.
Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo presentó meses atrás la denominada ley de derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que planteaba la creación de mecanismos para que se cumpla este proceso, y que incluía la participación de tres actores: el Estado, las organizaciones indígenas y un ente técnico especializado.
EN MANOS DEL CONGRESO
Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, precisó que un dictamen de esa ley se encuentra en la comisión de Constitución del Congreso y otro en la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos.
Lanegra explicó que ese dictamen, al momento de entrar a debate, debe incluir los temas consensuados durante la tercera mesa del grupo nacional de coordinación, entidad que se formó poco después de los hechos de violencia registrados en Bagua el 5 de junio del 2009.
“La congresista Mercedes Cabanillas [presidenta de la Comisión de Constitución] se ofreció a darle prioridad al proyecto apenas se dé inicio a la nueva legislatura, en marzo próximo”, comentó Lanegra.
SEPA MÁS
La paralización de protesta ha sido anunciada para el lunes 22 por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y otras organizaciones indígenas afines.
El proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo estipula que los procesos de consulta a las comunidades indígenas sirvan para las disposiciones de cualquier autoridad en los ámbitos regional o municipal.
Diario El Comercio-Lima 17/02/2010
CIDH AMPLIA INFORME SOBRE NUEVE CASOS DE MINERÍA EN EL PERÚ
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha solicitado a los peticionarios, CONACAMI y comunidades demandantes, información actualizada sobre nueve casos, los que serán admitidos luego de que la comisión estudie y evalúe sobre el tratamiento administrativo, legal y judicial que el Estado Peruano haya otorgado sobre estos, posterior a la presentación de la denuncia realizado el 28 de febrero del 2003. Estos casos responden a violaciones de derechos fundamentales, individuales y colectivos, como los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, protección a la honra y dignidad, libertad de asociación, protección a la familia, derechos del niño, a la propiedad, circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales; todos los cuales están consagrados en los artículos 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los casos sobre los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado información actual son:
P-506-03 Pobladores del Callao en conflicto por los almacenes de metales tóxicos en el puerto.
P-1214-03 Pobladores del Puerto de Huarmey – Ancash en conflicto con Antamina
P-1211-03 Pobladores de Tambogrande – Piura en conflicto Manhattan Minerals Corporation
P-505-03 Comunidad de Choropampa – Cajamarca en conflicto con Minera Yanacocha
P-1216-03 Comunidad de Quishque Tapayrihua – Apurimac en conflicto con Southern Peru
P-1213-03 Pobladores de la comunidad San Marcos – Ancash en conflicto con Antamina
P-1210-03P-1217-03 Pobladores de la Ciudad de la Oroya en conflicto con Doe Run
P-1210-03 Pobladores de la Comunidad Campesina de Collanac
P-1212-03 Pobladores de la Provincia de Yauli – Junin
La CIDH anteriormente otorgó medidas cautelares sobre 3 casos denunciados en este mismo bloque. El 17 de agosto de 2004 para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de la Comunidad de San Mateo de Huanchor, el 11 de agosto de 2006 fue favorecido con estas medidas Margarita Pérez Anchiraico, Presidenta del Comité de Afectados por la Minería de Mayoc, porque había sido objeto de constantes actos de hostigamiento a causa de su activismo respecto de la situación de la Comunidad de San Mateo de Huanchor. El 31 de agosto de 2007 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya, porque los beneficiarios sufren de una serie de afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua.
Conacami-Lima 16/02/2010
EL DISTRITO DE MOROCOCHA Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UN PROYECTO MINERO
La localidad de Morococha es un pequeño distrito que se encuentra en la provincia de Yauli, en la región Junín. En su territorio, la empresa Chinalco viene desarrollando uno de los proyectos mineros más grandes, el de Toromocho.
El proyecto minero viene generando algunas controversias. Por ejemplo, el pasado 15 de enero, en la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se produjo un enfrentamiento entre la policía y los pobladores de la zona, quienes protestaban por no habérseles permitido el ingreso al local donde se desarrollaba la audiencia. Ante esta situación, el alcalde de Morococha interpuso ante el Ministerio de Energía y Minas la nulidad de la referida audiencia.
Las autoridades de Morococha y el equipo técnico de la institución CooperAccion, han revisado al detalle el EIA y han presentado un conjunto de observaciones ante el Ministerio de Energía y Minas. Entre las observaciones presentadas se señala lo siguiente:
- Las redes de drenaje de las cuencas de Huascacocha y Rumichaca que se encuentran en ese distrito, así como la flora y fauna de la zona se verían afectadas por el emplazamiento directo de la infraestructura del proyecto Toromocho.
- La ubicación donde se pretende construir los depósitos de relaves es un ecosistema húmedo, con pantanos, lagos y pozos, que constituyen todo una reserva de agua para esta región altoandina. En el mismo EIA se menciona la posible desaparición de la laguna Tunshuruca y los bofedales (reguladores hídricos), además de afectar la calidad del agua del río Rumichaca.
- Por otro lado, hasta el momento no se establece un acuerdo entre la población y la empresa minera por el tema de la reubicación, pese a que el EIA da por sentado que el lugar del reasentamiento sería la Hacienda Pucará.
- En las observaciones hechas por CooperAccion, se destaca que el lugar elegido para el reasentamiento se encuentra actualmente bajo concesión de la empresa minera Volcan, por lo que no existe garantía que en el futuro no se desarrolle un nuevo proyecto minero en la misma zona donde se pretende ubicar a la población.
Es imprescindible que estas observaciones sean tomadas en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Chinalco. Además, recomendamos que el proceso de discusión del EIA del proyecto de Toromocho y el reasentamiento de la localidad, sea realmente un proceso participativo y transparente.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/02/2010
URGEN AL CONGRESO DEBATIR CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS
La congresista Susana Vilca invocó a sus colegas del Parlamento Nacional a no posponer más el debate de la ley que reconoce el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas.
A través de la CNR, Vilca Achata refirió que son muchos los legisladores que se han adherido a la propuesta presentada por la Defensoría del Pueblo, con relación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicho acuerdo, suscrito por nuestro país en 1989, tiene dos postulados básicos: el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas; y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan.
"Una población bien informada siempre va a dar una buena respuesta; creo que este tema de la consulta tiene que ser ya trabajado (...) el tema es que aún no se debate (...) hay muchos proyectos que no pueden pasar por alto este tema social para evitar conflictos" anotó.
Puso como ejemplo el caso el de la central hidroeléctrica de Inambari, que implica un desembalse que afectaría a más de 15 mil personas, de las cuáles al menos tres mil deberán ser reubicadas a zonas más altas de la región Puno.
Vilca indicó que, en los últimos cinco días, más de 50 delegados de los centros poblados de la parte norte de Puno permanecieron en Lima, para tratar de encontrar apoyo a su posición en contra de la hidroeléctrica.
"Las aguas serán desembalsadas y esos centros poblados van a desaparecer. Esa gente deberá ser reubicada. Temen por la sostenibilidad de sus economías, en base a la agricultura y la minería; no sólo es la reubicación sino el cambio de vida", anotó.
A esto, se suma el impacto que tendría la central en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene y en un importante tramo de la Carretera Interoceánica.
La legisladora refirió que existen otros sistemas menos riesgosos que los embalses para surtir de agua a una central -como los desniveles y cascadas- que han sido comprobados en otros países vecinos.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/02/2010
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha solicitado a los peticionarios, CONACAMI y comunidades demandantes, información actualizada sobre nueve casos, los que serán admitidos luego de que la comisión estudie y evalúe sobre el tratamiento administrativo, legal y judicial que el Estado Peruano haya otorgado sobre estos, posterior a la presentación de la denuncia realizado el 28 de febrero del 2003. Estos casos responden a violaciones de derechos fundamentales, individuales y colectivos, como los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, protección a la honra y dignidad, libertad de asociación, protección a la familia, derechos del niño, a la propiedad, circulación y residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley, protección judicial y el desarrollo progresivo de los derechos económicos sociales y culturales; todos los cuales están consagrados en los artículos 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los casos sobre los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado información actual son:
P-506-03 Pobladores del Callao en conflicto por los almacenes de metales tóxicos en el puerto.
P-1214-03 Pobladores del Puerto de Huarmey – Ancash en conflicto con Antamina
P-1211-03 Pobladores de Tambogrande – Piura en conflicto Manhattan Minerals Corporation
P-505-03 Comunidad de Choropampa – Cajamarca en conflicto con Minera Yanacocha
P-1216-03 Comunidad de Quishque Tapayrihua – Apurimac en conflicto con Southern Peru
P-1213-03 Pobladores de la comunidad San Marcos – Ancash en conflicto con Antamina
P-1210-03P-1217-03 Pobladores de la Ciudad de la Oroya en conflicto con Doe Run
P-1210-03 Pobladores de la Comunidad Campesina de Collanac
P-1212-03 Pobladores de la Provincia de Yauli – Junin
La CIDH anteriormente otorgó medidas cautelares sobre 3 casos denunciados en este mismo bloque. El 17 de agosto de 2004 para proteger la vida y la integridad personal de los miembros de la Comunidad de San Mateo de Huanchor, el 11 de agosto de 2006 fue favorecido con estas medidas Margarita Pérez Anchiraico, Presidenta del Comité de Afectados por la Minería de Mayoc, porque había sido objeto de constantes actos de hostigamiento a causa de su activismo respecto de la situación de la Comunidad de San Mateo de Huanchor. El 31 de agosto de 2007 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 65 moradores de la ciudad de La Oroya, porque los beneficiarios sufren de una serie de afectaciones a la salud a consecuencia de altos índices de contaminación del aire, suelo y agua.
Conacami-Lima 16/02/2010
EL DISTRITO DE MOROCOCHA Y EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE UN PROYECTO MINERO
La localidad de Morococha es un pequeño distrito que se encuentra en la provincia de Yauli, en la región Junín. En su territorio, la empresa Chinalco viene desarrollando uno de los proyectos mineros más grandes, el de Toromocho.
El proyecto minero viene generando algunas controversias. Por ejemplo, el pasado 15 de enero, en la audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se produjo un enfrentamiento entre la policía y los pobladores de la zona, quienes protestaban por no habérseles permitido el ingreso al local donde se desarrollaba la audiencia. Ante esta situación, el alcalde de Morococha interpuso ante el Ministerio de Energía y Minas la nulidad de la referida audiencia.
Las autoridades de Morococha y el equipo técnico de la institución CooperAccion, han revisado al detalle el EIA y han presentado un conjunto de observaciones ante el Ministerio de Energía y Minas. Entre las observaciones presentadas se señala lo siguiente:
- Las redes de drenaje de las cuencas de Huascacocha y Rumichaca que se encuentran en ese distrito, así como la flora y fauna de la zona se verían afectadas por el emplazamiento directo de la infraestructura del proyecto Toromocho.
- La ubicación donde se pretende construir los depósitos de relaves es un ecosistema húmedo, con pantanos, lagos y pozos, que constituyen todo una reserva de agua para esta región altoandina. En el mismo EIA se menciona la posible desaparición de la laguna Tunshuruca y los bofedales (reguladores hídricos), además de afectar la calidad del agua del río Rumichaca.
- Por otro lado, hasta el momento no se establece un acuerdo entre la población y la empresa minera por el tema de la reubicación, pese a que el EIA da por sentado que el lugar del reasentamiento sería la Hacienda Pucará.
- En las observaciones hechas por CooperAccion, se destaca que el lugar elegido para el reasentamiento se encuentra actualmente bajo concesión de la empresa minera Volcan, por lo que no existe garantía que en el futuro no se desarrolle un nuevo proyecto minero en la misma zona donde se pretende ubicar a la población.
Es imprescindible que estas observaciones sean tomadas en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Chinalco. Además, recomendamos que el proceso de discusión del EIA del proyecto de Toromocho y el reasentamiento de la localidad, sea realmente un proceso participativo y transparente.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/02/2010
URGEN AL CONGRESO DEBATIR CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS
La congresista Susana Vilca invocó a sus colegas del Parlamento Nacional a no posponer más el debate de la ley que reconoce el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas.
A través de la CNR, Vilca Achata refirió que son muchos los legisladores que se han adherido a la propuesta presentada por la Defensoría del Pueblo, con relación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicho acuerdo, suscrito por nuestro país en 1989, tiene dos postulados básicos: el respeto de las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas; y la consulta y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan.
"Una población bien informada siempre va a dar una buena respuesta; creo que este tema de la consulta tiene que ser ya trabajado (...) el tema es que aún no se debate (...) hay muchos proyectos que no pueden pasar por alto este tema social para evitar conflictos" anotó.
Puso como ejemplo el caso el de la central hidroeléctrica de Inambari, que implica un desembalse que afectaría a más de 15 mil personas, de las cuáles al menos tres mil deberán ser reubicadas a zonas más altas de la región Puno.
Vilca indicó que, en los últimos cinco días, más de 50 delegados de los centros poblados de la parte norte de Puno permanecieron en Lima, para tratar de encontrar apoyo a su posición en contra de la hidroeléctrica.
"Las aguas serán desembalsadas y esos centros poblados van a desaparecer. Esa gente deberá ser reubicada. Temen por la sostenibilidad de sus economías, en base a la agricultura y la minería; no sólo es la reubicación sino el cambio de vida", anotó.
A esto, se suma el impacto que tendría la central en el Parque Nacional Bahuaja-Sonene y en un importante tramo de la Carretera Interoceánica.
La legisladora refirió que existen otros sistemas menos riesgosos que los embalses para surtir de agua a una central -como los desniveles y cascadas- que han sido comprobados en otros países vecinos.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 16/02/2010
