25 de febrero de 2011

“DU 001 Y 002 TRANSFIEREN GRATIS LOS ACTIVOS DEL PERÚ”


PROTESTA. Exigen su derogatoria total. Expertos sostienen que inversionistas obtendrían ganancias sin pagar derecho por terrenos del Estado.

No bastó la derogatoria parcial de los Decretos de Urgencia (DU) 001 y 002 para acallar las protestas sobre los 33 proyectos que el Gobierno pretende acelerar.

Esta vez, el coro de reclamos confluyó en un detalle consignado en el DU 001, el cual dispone la transferencia de terrenos y/o edificaciones a título gratuito en favor de los concesionarios.

El sociólogo Manuel Dammert, en una conferencia dada por la CGTP, alertó sobre esta disposición, alegando que se pretende “transferir gratis los activos del Perú”. Es decir: entregar el territorio que les pertenece a todos los peruanos.

Benefician al inversor
Según Walter Vargas, investigador del Grupo de Trabajo Contra la Corrupción, esta situación solo pretende beneficiar íntegramente a los inversionistas, pues existiría la posibilidad de ofrecer infraestructura pública construida para desarrollar proyectos privados, dándoles carta libre para obtener ganancias sin pagar derecho alguno sobre ello, como sucedió con el puerto de Paita.

Asimismo, Vargas añadió que la población queda al margen con esta medida, ya que los bienes del Estado utilizados con otros fines, como educación o salud, podrían entregarse al concesionario si este los requiere para sus fines, toda vez que estén en las inmediaciones del proyecto de inversión.

Derogatoria total
Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz recalcó la inconstitucionalidad de los DU 001 y 002, puesto que no cumplen con los requisitos normados por la Constitución, el Reglamento del Congreso y el Tribunal Constitucional.

Basándose en ello, el sociólogo Dammert exigió la derogatoria total de los DU, puesto que el veto parcial es solo “una maniobra para acallar la protesta”.

La clave
PARCIAL. El pasado 16 de febrero, el Consejo de Ministros derogó parcialmente el DU 001 ante la presión de los Gobiernos Regionales y la opinión pública. De esta manera, anularon las flexibilizaciones ambientales, que exigían los Estudios de Impacto Ambiental antes de la ejecución de las obras, y no como requisito previo.

Diario La República-Lima 25/02/2011