25 de octubre de 2012

OPINION: LA COMUNICACIÓN ENTRE POBLACIÓN, EMPRESA MINERA Y ESTADO FRENTE A LOS CONFLICTOS MEDIO AMBIENTALES


La actividad de extracción de minerales ha crecido de manera significativa en el mundo, y el Perú no ha estado aislado a esta actividad siendo uno de sus más importantes puntos de ingresos económicos, habiendo implementado progresivamente, desde 1990 una serie de reformas destinadas a facilitar las inversiones orientadas a la explotación de los recursos mineros y mitigar los impactos negativos que pudiera tener esta explotación.

Estas reformas, sin embargo, no han logrado evitar que se multipliquen por todo el país conflictos sociales que giran en torno a la actividad minera.

El Estado peruano no ha logrado articular de manera coherente las políticas y estrategias sobre el desarrollo nacional mediante la promoción de las inversiones en el sector minero con la cosmovisión andina y la razón socioeconómica rural de las zonas donde se asientan las operaciones mineras.

Frente a este problema en las relaciones entre empresas mineras, población y Estado, se plantea, si las mineras tienen incorporadas en sí o les es inherente mantener buenas relaciones con su entorno, y el papel que juega el Estado entre estas dos, así finalmente se quiere ver qué tipo de comunicación existe entre Estado, población y empresa minera en nuestra región (donde existen varias concesiones mineras).

Veamos entonces:

Estado.
El querer ignorar la diversidad geográfica y por ende cultural de nuestro país es la primera gran debilidad, se evidencia que los representantes del Estado peruano con las poblaciones afectadas, y los lideres sociales, dirigentes están desconectados de la agenda política nacional, el proceso de descentralización no funciona como debería ser, debido a que la transferencia de poder político para tomar medidas que permitan manejar los problemas derivados de la actividad minera sigue siendo muy limitada, pues los principales procesos relacionados con la minería continúan concentrados en todo el país.

En general, la preocupación central del Estado frente a los conflictos mineros parece enfocarse, por un lado, en el mantenimiento del orden público y, por el otro, en evitar que las protestas desalienten la inversión minera. Para ello, más que la represión, debe buscar lograr el consentimiento de la población y su conformidad, para lo que está dispuesto a mediar y a proporcionar información, pero poco dispuesto a un diálogo que suponga la posibilidad de que un proyecto minero llegue a ejecutarse.

«La actuación del Estado en los conflictos muestra su presencia desigual en los diferentes casos y espacios. Sin embargo, coincide que esta actuación está más orientada a resolver los problemas generados por los estallidos de los conflictos que a solucionar las causas que los generan»

Las empresas mineras.
“Sus vínculos con las comunidades locales, enmarcados en el mejor de los casos en las lógicas de la responsabilidad social, transitan bajo los criterios de buena vecindad y de buena voluntad de las empresas y no son en absoluto forzosos ni regulados. Sus actividades de responsabilidad social pueden eventualmente orientarse al desarrollo local “ (ECKHARDT, Karen ; GIRONDA, Aldo ; LUGO, Jeannette ; OYOLA, Walter ; UZCÁTEGUI, Reina Empresas mineras y población: estrategias de comunicación y relacionamiento. – Lima : Universidad ESAN, 2009. – 180 p. – (Serie Gerencia para el Desarrollo ; 11) ).

Sin embargo, pocas veces se incluyen en las discusiones locales sobre planificación y presupuesto y, están orientadas a minimizar el descontento de la población local. Para ello, buscan convencer e informar a la población local de los beneficios que trae la actividad minera, al mismo tiempo que aseguran respetar los códigos del medio ambiente (dentro de los estándares establecidos) y no competir con la población local por los recursos de la zona. La mayor parte de las empresas saben que una nueva operación minera puede generar protestas.

Lo que está en juego
Los proyectos mineros están atados a un determinado espacio geográfico, es decir, no pueden trasladarse de lugar cuando las cosas no salen bien y deben encontrar una forma de convivencia con la población en las zonas de su intervención. De esta manera, el mantener buenas relaciones con las comunidades colindantes se ha convertido en “una necesidad, no una opción”( Empresas mineras y población: estrategias de comunicación y relacionamiento. – Lima : Universidad ESAN, 2009. – 180 p. –; 11)

o los temas más frecuentes en los conflictos mineros –el medio ambiente, los derechos de acceso a la tierra y el agua y la distribución de los beneficios económicos– expresan aspectos eminentemente políticos.
“ El problema radicaría en que no logran generar confianza en la población ni revertir esta imagen de un “pasado negro” dejado por la minería tradicional”

Las comunidades locales

Dos situaciones diferentes
PRIMERO: Ya se implementó un proyecto minero: Frente a los efectos generados por empresas en operación, las comunidades locales interponen una serie de reclamos. Estos son eventualmente manifestaciones de un malestar más general, originado en el cambio acumulado sobre la forma de vida anterior a las operaciones mineras, agravado muchas veces por la naturaleza de las relaciones establecidas con sus representantes y la sensación de desgobierno sobre el propio destino, sumada muchas veces a la sensación, más que al cálculo, sobre la relación costo-beneficio. Al respecto, las colectividades locales solicitan y reclaman a las empresas tanto empleo como obras. Pero dadas las características de la minería moderna, la oferta de trabajo es siempre insuficiente.

SEGUNDO: Se pretende iniciar una operación o ampliar las áreas de operación ya existentes
Planteándose el conflicto en términos de la afectación y de la participación de los beneficios de la actividad.

En donde los reclamos se orientan a la conveniencia o no de dicha actividad, por múltiples consideraciones

Esta demanda que encuentra eco en las políticas de responsabilidad social y de buena vecindad de las empresas, supone cierta suerte de reemplazo del Estado por agentes privados, aunque ello es bien recibido por las poblaciones pobres y con sensibles carencias.

Este interés y reclamo por las obras directas contrasta con el limitado interés que exhiben las colectividades locales por los recursos provenientes del canon.

Por lo tanto la relación entre las colectividades locales y las empresas (y también con el Estado) está marcada por las mutuas desconfianzas y la escasa credibilidad en las acciones y promesas del otro.

Comunicación
Detrás de esta actitud hay herencias históricas, constataciones más recientes, pero también problemas de comunicación intercultural e incomprensión mutua. En general, las colectividades locales se enfrentan a la problemática desde una posición estructural de debilidad económica, técnica-legal e incluso cultural. Por ello, para la consecución de sus propósitos, las comunidades locales necesitan conseguir y asegurar un soporte externo, técnico, económico y mediático, tanto para la mediación como para la interlocución, así como para la formulación de alternativas y el desarrollo de las mismas. Los actores externos se convierten, así, en una suerte de complemento a las colectividades locales en el marco del desarrollo de los conflictos mineros.

“Población local, empresas, estado está marcada por las mutuas desconfianzas y la falta de credibilidad en las acciones y promesas del otro”

“Para las empresas, entonces, los conflictos se deben principalmente a una deficiente comunicación con la población afectada, la que no se encuentra debidamente informada sobre los peligros reales (o la ausencia de ellos) de la “nueva minería”. Comunicación e información son los elementos clave para mejorar la relación: este argumento se menciona en virtualmente todas las publicaciones sobre conflictos mineros, en todo caso en aquellas que vienen desde el lado de las empresas”. (Tanaka y Ludwig Huber – IEP, Bruno Revesz y Alejandro Diez – CIPCA, Xavier Ricard y José de Echave – CBC) Minería y conflicto social1)
Esta posición supone que una población adecuadamente informada estaría –de manera casi natural y lógica a favor de una minería moderna. Se sustenta en un lenguaje técnico-científico que no toma en cuenta o, en todo caso, trata de disimular que los temas más frecuentes en los conflictos mineros el medio ambiente, los derechos de acceso a la tierra y el agua y la distribución de los beneficios económicos expresan aspectos eminentemente políticos.

• Uno de los problemas más graves es que se continúa generando mecanismos de participación ciudadana de “baja intensidad” que no son útiles para influir en la toma de decisiones, razón por la que no gozan de una mayor credibilidad en las poblaciones.

• Los procesos de participación ciudadana deben contar con comunidades involucradas, con estructuras organizadas, representativas y fuertemente comprometidas. Por ello, los procesos de participación ciudadana deben es proceder de un trabajo de fortalecimiento interno de las organizaciones de las poblaciones que permita identificar una agenda legítima, capaz de recoger los verdaderos intereses en juego, para que a partir de ellos se pueda tomar las decisiones más adecuadas.

 o Participación informada. El control de la información, de sus contenidos y de su circulación, es uno de los principales atributos de poder. Es fundamental que el Estado ponga a disposición de estas poblaciones la información total disponible y que lo haga además de una forma eficaz y culturalmente adecuada.

o Participación oportuna. Los procesos de información y consulta deben realizarse a tiempo y en diferentes tiempos. Es necesario definir mecanismos transparentes y criterios compartidos para poder fijar el momento y los plazos de la fase de consulta.

o Participación influyente. Las decisiones tomadas en el marco de las consultas públicas deben generar derechos y deberes de todos, en función de criterios y procedimientos transparentes.

o Participación culturalmente adecuada. Todos los mecanismos de participación anteriormente mencionados tienen que ser culturalmente adecuados. Se debe respetar las formas de transmisión de información, de negociación política, de sanción, culturalmente asentadas en los espacios locales.

Radio Onda Azul.Puno 24.10.2012