13 de septiembre de 2008

PALACÍN PRESENTA HÁBEAS CORPUS POR CAMPESINOS


El coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín, sostuvo ayer que interpondrá una Acción de hábeas corpus contra la resolución fiscal que dispone abrir una investigación preliminar a 35 ciudadanos por delito de terrorismo.

Ello está vinculado a las acciones de protesta contra la ilegal incursión de la minera Río Blanco Cooper S.A. (ex Majaz) en las comunidades de Ayabaca y Huancabamba de la región Piura.

Una organización fantasma, denominada “Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas”, creada y financiada por la empresa minera, denunció a ambientalistas y campesinos.

Diario La Primera 13/09/2008





ADMITEN QUE SON FINANCIADOS POR MINERA RÍO BLANCO


El abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), David Velazco, reveló que los integrantes de la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad de Segunda y Cajas” admitieron en sus declaraciones ante la justicia que fueron financiados por la minera Río Blanco Cooper S. A (ex Majaz).

La asociación denunció penalmente el 26 de marzo, por el delito de terrorismo, a 35 ambientalistas, autoridades y dirigentes campesinos, por haber rechazado públicamente la presencia de la minera Río Blanco.

Los comuneros de Segunda y Cajas denunciaron que la asociación era una organización fantasma, pues sus miembros no vivían en la zona, y su representante, José Porras García, era pagado por la minera Río Blanco. La secretaria de Economía de la apócrifa asociación, Rosa Sandoval Barco, confirmó esta versión, pues dijo ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura que su organización es financiada por “el proyecto minero Río Blanco, el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), el Gobierno Regional de Piura y algunos congresistas como Luisa María Cuculiza”, según su Declaración Indagatoria del 30 de mayo.

Asimismo, Nexar Labán Majuán, secretario de actas de la asociación, ratificó lo dicho por Sandoval. “Para hacer la denuncia y con objetivos confusionistas, ellos cambiaron su nombre en los Registros Públicos por el de ‘Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas’. La comunidad de Segunda y Cajas no recibe ayuda del Pronaa ni del gobierno regional, ellos son los únicos beneficiados”, dijo Velazco.

El fiscal Juan Ortiz, encargado de la investigación, ha sido cuestionado por no haber sancionado a los denunciantes por no asistir a sus citaciones hasta en cuatro oportunidades.

Diario La Primera 13/09/2008