BRASILEÑOS DAN MARCHA ATRÁS EN INAMBARI
Energía. Egasur pide prórroga de un año para intentar lograr licencia social. Presidente del proyecto asegura que por el tamaño de la obra y la elevada inversión requiere antes la aprobación del pueblo para iniciar las obras.
Se respetará la voluntad del pueblo altiplánico. El contundente rechazo mostrado desde un inicio por la población puneña al proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari obligó a la empresa encargada de su construcción a dar un paso atrás, hasta conseguir la aún esquiva licencia social.
La Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) anunció ayer, en conferencia de prensa, que solicitarán al Ejecutivo en dos semanas una prórroga de un año de la concesión temporal para resolver los actuales conflictos sociales generados en dicha zona.
La concesión temporal otorgada a la empresa brasileña vence el 23 de junio de este año, fecha en la que deberían estar listos los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el de factibilidad, al ser la siguiente etapa la solicitud de concesión definitiva.
Miguel Evandro, presidente del proyecto Inambari, aclaró que la prórroga que solicitarán al Ministerio de Energía y Minas (MEM) no busca dilatar los plazos de entrega de dichos estudios y, por el contrario, será un instrumento para mejorar las relaciones sociales con las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico.
Es más, para evitar suspicacias, el funcionario brasileño aseguró que Egasur ya concluyó la elaboración de los estudios que le exige el gobierno peruano para la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, pero aclaró que por la envergadura del proyecto y el nivel de inversión (US$ 4 mil millones) la empresa requiere previamente la licencia social.
“La realidad social y económica en el sur andino amazónico, incluida la zona de influencia del proyecto Inambari, obliga a trascender el corto plazo para adaptar el proyecto al ritmo de los procesos sociales locales”, destacó el presidente del proyecto Inambari.
Sorpresa en el ministerio
La solicitud de prórroga que presentará Egasur fue toda una sorpresa para el viceministro Daniel Cámac, quien al enterarse del anuncio de Egasur comentó todavía con un aire de incredulidad que el ministerio tendrá que evaluar antes las motivaciones del pedido y “si es que la empresa llegara a solicitarlo”.
“Hay muchas concesiones temporales que se extienden porque a veces, por ejemplo, no te dejan hacer los estudios en las áreas de influencia, entonces lógicamente van a requerir más tiempo para completar sus talleres y ese tipo de cosas”, comentó Cámac, quien participó en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos para justamente hablar sobre el caso Inambari.
Puno: No hay nada que negociar
1] A pesar de su voluntad de diálogo, el proceso de negociación con la población altiplánica no se avizora nada sencillo para la empresa brasileña. El alcalde de San Gabán, Reynaldo Quispe, comentó a La República que la población puneña ya ha manifestado su rotundo rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, que según dijo significaría la desaparición del poblado de San Gabán.
2] Comentó que a modo de estrategia, Egasur tiene todo el derecho a buscar el diálogo con la población y establecer sus talleres informativos, pero ve con mucho escepticismo que la población puneña tenga algún punto que negociar ante el riesgo de perder su hogar y sus centros de trabajo.
Así es el proyecto
1 Inversión. Egasur, conformado por las empresas brasileñas OAS, Furnas y Electrobras, tiene previsto invertir US$4,000 millones en la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Inambari, para producir 2,200 megavatios (Mw) de electricidad.
2 Impacto. Comprende la construcción de una represa de 20 millones de metros cúbicos en un área de 21 mil hectáreas, es decir, 21 kilómetros cuadrados. Las instalaciones abarcan los centros poblados de Loromayo, Lechemayo y Puerto Manoa en Carabaya (Puno), Puente Inambari en Madre de Dios y Ciudad Nativa y San Lorenzo en el Cusco.
3 Compensación. La empresa está dispuesta a destinar US$200 millones para compensar los daños que se causarían a las más de 3,360 personas que viven en la zona de la futura hidroeléctrica. Además aseguraron que están dispuestos a ceder y negociar todas las exigencias de la población puneña.
Diario La República-Lima 10/04/2010
TÍA MARÍA, OTRO CONFLICTO A PUNTO DE ESTALLAR EN EL SUR
Protesta. Convocan a paro indefinido desde el miércoles 14 Minera insiste en audiencia pública
Tras lo vivido en Chala, otro conflicto podría estallar en el sur del país. Esta vez sería contra la minería formal. La Coordinadora Provincial contra la Agresión Minera de Islay, integrada por autoridades y organizaciones sociales de esa provincia, convocó a un paro indefinido desde el próximo miércoles 14. Un sector de la población rechaza el proyecto Tía María, promovido por Southern Perú que proyecta obtener 120 mil toneladas de cobre al año.
El presidente de la Coordinadora contra la Agresión Minera y alcalde de distrital de Cocachacra, Juan Guillén López, no descartó la posibilidad de bloquear la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 1061 en el poblado El Fiscal, dejando incomunicados a los departamentos de Moquegua y Tacna.
En tanto, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, destacó la importancia de promover el diálogo entre el Ministerio de Energía y Minas y los dirigentes que se oponen al proyecto para evitar hechos que lamentar. “La conversación debe darse antes de que comience el paro”, advirtió preocupado Guillén.
A su vez, representantes del MEM han manifestado su deseo de entablar la comunicación. El último martes, el presidente de la Coordinadora recibió un fax de la dirección general del MEM en el que solicita una reunión. Ante las exigencias de los dirigentes, en la cita no participará la minera. “Convocaremos a asamblea y allí pondremos a consideración el pedido del MEM. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero queremos que la reunión sea en Islay y que esté el ministro Pedro Sánchez, a quien queremos explicar las razones por las que no queremos minería en la provincia. La principal actividad de Islay es la agricultura y esta se verá amenazada por el uso del agua y por la contaminación”, aseguró Guillén.
Se refuerzan
La Coordinadora contra la Agresión Minera ha recibido el respaldo de organizaciones del sur. A la paralización se sumarán 500 puneños que llegarán el día 14 a El Fiscal. Ese día habrá una movilización en Moquegua y no se descarta que se haga lo propio en Tacna.
El último martes hubo una reunión en la municipalidad de Mariano Melgar, en Arequipa, en la que participaron gremios mistianos que se sumaron a la protesta. Incluso evalúan llegar hasta Islay. Lo que se viene es de cuidado y sería oportuno evitar pérdidas humanas.
Minera insiste en audiencia pública
1] La paralización en Islay es contra la audiencia pública del próximo 19 de abril, en la que Southern presentará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. En agosto del 2009 una reunión similar se suspendió por falta de garantías.
2] Ante el paro que se viene en Islay, el director del proyecto Tía María, Henry Walqui, descartó que exista la posibilidad de reprogramar la reunión que se desarrollará en el molino La Pascana , ubicado a 10 minutos de El Fiscal. Esta audiencia es fundamental para que continúe el proyecto minero.
3] La reprogramación de la audiencia se fijó inicialmente para el 15 de febrero pasado, pero sufrió una modificación ante el descontento social en Islay. Desde entonces, hubo intentos de diálogo pero todos fracasaron.
Datos
Hubo consulta. En setiembre del 2009, en Islay, se realizó una consulta vecinal en la que el 80% de la población opinó contra Tía María. Pero esa consulta no es vinculante y ahora se viene la consulta del EIA, que el Ministerio de Energía y Minas ha postergado para el 19 de abril.
Desconfían. Existe una enorme desconfianza de los agricultores y de la población frente a las propuestas de la minera.
Diario La República-Lima 10/04/2010
PISCO ACATARÍA PARO PROVINCIAL DE CONSTRUIRSE PETROQUÍMICA
En caso el gobierno no desista en instalar una petroquímica en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, los moradores del distrito de San Andrés en Pisco (Ica), organizarán un paro provincial.
Así lo anunció Joél de la Cruz, dirigente del asentamiento Humano “Jorge Chávez”, quien demandó al Ejecutivo atender los reclamos de la población. Así mismo, indicó que dicha comunidad entrará en breve en un diálogo con el congresista iqueño Isaac Serna.
El dirigente acusó a la empresa Nitratos del Perú, encargada de la construcción del proyecto, de contratar personas para que provoquen disturbios en las audiencias realizadas previamente en Paracas sobre la planta.
De la Cruz aseguró que cuentan con todo la documentación donde prueban los graves efectos que causaría la construcción de esta petroquímica en esta zona.
“La gente está tomando conciencia de todo ello y del daño gravísimo al medio ambiente. Será afectado la pesca artesanal. Un 85% de la población en San Andrés somos pescadores y dependemos de la pesca”, manifestó.
Cabe indicar que un informe de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) señala una serie de irregularidades en las que incurriría la empresa Nitratos del Perú si da paso a la construcción de una planta petroquímica para la producción de amoniaco y nitrato de amonio en la zona de amortiguamento de la Reserva Nacional de Paracas.
Según el documento, la compañía no ha cumplido con señalar cómo mitigará la contaminación que se generará por la emisión de amoniaco, óxido de carbono y óxido de nitrógeno.
El estudio precisa, además, que a Nitratos del Perú le falta detallar el sistema de detección y control de derrames así como los refugios de la fauna silvestre existente el zona.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/04/2010
CONVOCAN MARCHA CONTRA PROYECTOS MINEROS EN MOQUEGUA
Organizaciones agrarias y sociales de Moquegua se movilizarán este 14 de abril para rechazar la actividad minera y futuras operaciones de proyectos mineros de la región.
El acuerdo fue tomado durante una asamblea convocada por el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua (FREDIM), cuyo presidente Alex Sosa Ocampo explicó que la medida servirá como respaldo al paro indefinido convocado para el mismo día por la población de Cocachacra (Arequipa).
Como se recuerda, los habitantes de dicha localidad, perteneciente a la provincia de Islay, protestarán contra el proyecto minero Tía María que la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) pretende ejecutar en su jurisdicción.
El dirigente precisó que, en el caso de Moquegua, la movilización será para protestar por los presuntos abusos de SPCC -que opera a través de la mina Cuajone- y contra la posible puesta en marcha del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American.
Otro pedido está referido a la escasez del recurso hídrico en el departamento. En este sentido, Sosa demandó que las cuencas hídricas sean reservadas para el sector agrario y para el consumo de la población, y no para la minería.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/04/2010
TICACO CONSIGUE RESTABLECIMIENTO DE DOTACIÓN HÍDRICA EN TARATA
La comisión de regantes del distrito de Ticaco, que disputa la distribución hídrica con sus similares de Tarata, suscribió un acta donde se les garantiza la dotación del 17% del agua que discurre por el partidor Irabalaco.
Al promediar las 14:00 horas del viernes, los ticaqueños ingresaron a la Ciudad Heroica, marchando por diversas arterias rumbo al local de la Autoridad Local del Agua (ALA) Locumba-Sama, frente al cual exigieron una reunión con su titular, Juan Gil Vizcarra.
La demanda fue concedida y tras una hora de conversaciones, la delegación de Ticaco, encabezada por la presidenta del grupo de regantes, Teresa Condori Mamani, el alcalde Noe Soto Pérez y el juez de paz de la zona, anunciaron que se les restituirá la dotación de agua reclamada.
De esta forma, el ALA Locumba Sama se comprometió a respetar la distribución en la zona en conflicto. El 17% del agua que discurre por el partidor de Irabalaco será para Ticaco; el restante será dividido para las comisiones de regantes Yunga y Lupaja de Tarata.
"Se requiere de su cumplimiento inmediato bajo responsabilidad considerando que se encuentra próxima la fecha en la que se dividirá la distribución del agua a las comisiones", sentencia el acta suscrita.
Al respecto, el alcalde de Ticaco, Noe Soto, afirmó que los agricultores de Tarata no respetaban el porcentaje del recurso hídrico que le correspondía a su jurisdicción. "Lo que esta cometiendo Tarata es injusto, pero los de aguas (ALA Locumba-Sama) nos dieron una solución de por medio", aseveró.
Por su parte, Teresa Condori destacó la marcha de sacrificio hecha. "Agradezco la unión de los ticaqueños, de ahora en adelante lucharemos para defender nuestro distrito, nuestro recurso hídrico", manifestó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/04/2010
EL LADO OCULTO DE LA MINERÍA ARTESANAL
Si bien el conflicto con los mineros artesanales con el gobierno ha entrado al camino del diálogo para ver en qué queda el DU-012, es indudable que ahora la opinión pública comienza a enterarse que esta actividad ha alcanzado niveles económicos y sociales de gran impacto. Comencemos por lo último.
En toda la minería formal hay algo más de 90,000 obreros y empleados, de los cuales 37,000 laboran en las minas de oro. Pues bien, en la minería artesanal de oro, únicamente, existen 80,000 trabajadores directos en 17 Regiones del país (según un estudio del Ing. Benavente, ya citado antes en esta columna). Si a esta cifra se le agregan los 160,000 trabajadores indirectos tendremos un total de 240,000 personas que están vinculadas a esta actividad.
Y si le agregamos una carga familiar de 3 personas por trabajador directo e indirecto, los dependientes ascienden a 720,000 personas.
En total, entonces, cerca de 1 millón de los 28 millones de peruanos están ligados a la minería artesanal de oro. Eso es bastante gente. Y, ojo, debe considerarse que más del 90% (o quizá el 100%) de estos trabajadores son informales y no gozan de beneficio alguno.
Entrando a lo económico, se produce oro artesanal en 17 Regiones, siendo Puno la más importante con 12 toneladas, lo que significó un ingreso bruto de US$ 391 millones (al precio de S/. 31,300 por kg). Después vienen Arequipa y Madre de Dios con 2.86 y 2.75 toneladas, respectivamente, lo que les deja cerca de US$ 90 millones anuales. Aquí debemos consignar que en Madre de Dios se producen 17.2 toneladas adicionales por la Mediana Minería Informal (la que usa las dragas en los ríos).
Estas 30.9 toneladas de la minería artesanal son comercializadas por empresas que compran el mineral “en bruto” a los artesanos.
Estos nombres tampoco son desconocidos. Según un estudio de los Ings. Guillermo Medina, Jorge Arévalo y Felipe Quea (1), “las empresas que hemos por tener locales de compra en las zonas de extracción artesanal / informal / ilegal son: Minera Laytaruma, Minera Dynacor, Oro Fino Asociados, Sociedad Minera Trece Barras e Investment S y R”, entre otras.
El mismo estudio consigna también las plantas procesadoras de mineral que “por la cercanía a los centros de minería artesanal / informal o a operaciones de mediana minería de propiedad de los mismos que son titulares de las plantas procesadoras”. Aquí tenemos a Planta Ishihuinca, Minera Caravelí, Calpa, Colibrí, Calminsa, El Inka, entre otras. El estudio sigue la cadena de la comercialización hasta la exportación, interrogándose acerca de las ramificaciones hacia negocios ilícitos como el comercio de explosivos, el narcotráfico y el contrabando.
En suma, un millón de personas girando alrededor de la minería artesanal, cerca de US$ 1,000 millones de ingreso bruto (a los que habría que agregar los US$ 538 millones de la mediana minería informal de Madre de Dios), empresas comercializadoras y plantas procesadoras de mineral, aparte de las empresas que exportan “legalmente” este oro artesanal. Todo un mundo al que tendrá que enfrentarse la Comisión que va a revisar el DU 012-2009. ¿Lo hará?
Diario La República-Lima 10/04/2010
DEFENSORÍA: 60% DE CONFLICTOS LLEGAN AL DIÁLOGO RECIÉN TRAS HECHOS DE VIOLENCIA
Un 60% de los más de 250 conflictos sociales que se registran en el país son atendidos por el gobierno central recién una vez que éstos adquieren un matiz violento.
Así lo denunció Miguel Lévano Muñoz, miembro de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, quien a través de CNR criticó la falta de previsión del Ejecutivo para prevenir hechos de violencia como los ocurridos en Chala (Arequipa).
"Todavía vemos la actuación de un Estado que no es preventivo sino reactivo. Ve la situación de violencia y recién procura atenderla", subrayó.
El representante de la Defensoría del Pueblo destacó la necesidad de reforzar determinados niveles de gobierno para que asuman una labor preventiva que permita atender las demandas sociales a través de canales institucionales o mediante mesas de diálogo, pero antes de que estallen los conflictos y lleguen a una situación de crisis.
Aseveró que, desde hace dos años, la Defensoría ha pedido al Ejecutivo asumir una postura vigilante de modo que apenas hayan demandas sociales, éstas sean canalizadas.
Lévano consideró que esta tarea demanda fortalecer capacidades en los diferentes niveles de gobierno, sobretodo en aquellos que tienen más contacto con la población y que puedan identificar tempranamente las situaciones de crisis.
"De repente, no tiene que estar en su competencia (de una autoridad) la resolución de las demandas, pero sí buscar una vía institucional o cómo motivar a alguna autoridad que sí tenga competencia más cercana con el problema", expresó.
Agregó que, por ese motivo, desde marzo último el 87% de acciones de la Defensoría del Pueblo ha estado concentrada en tareas de prevención; empero, lamentablemente, las acciones de otras autoridades no han ido en esa misma línea. "Se espera a veces el último momento para intervenir", acotó.
Cabe indicar que, de acuerdo al reporte Nº 73 de la Defensoría, existen 10 nuevos conflictos sociales durante marzo. De la cifra, seis son socioambientales, tres por asuntos de gobiernos locales y otro por un tema laboral.
El documento da cuenta de un total de 255 conflictos hasta el 31 marzo del 2010; del total, son 102 los que al menos tuvieron un episodio de violencia. La mayor cantidad, como siempre, está referida a asuntos medio ambientales.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/04/2010
Energía. Egasur pide prórroga de un año para intentar lograr licencia social. Presidente del proyecto asegura que por el tamaño de la obra y la elevada inversión requiere antes la aprobación del pueblo para iniciar las obras.
Se respetará la voluntad del pueblo altiplánico. El contundente rechazo mostrado desde un inicio por la población puneña al proyecto de la central hidroeléctrica de Inambari obligó a la empresa encargada de su construcción a dar un paso atrás, hasta conseguir la aún esquiva licencia social.
La Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur) anunció ayer, en conferencia de prensa, que solicitarán al Ejecutivo en dos semanas una prórroga de un año de la concesión temporal para resolver los actuales conflictos sociales generados en dicha zona.
La concesión temporal otorgada a la empresa brasileña vence el 23 de junio de este año, fecha en la que deberían estar listos los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el de factibilidad, al ser la siguiente etapa la solicitud de concesión definitiva.
Miguel Evandro, presidente del proyecto Inambari, aclaró que la prórroga que solicitarán al Ministerio de Energía y Minas (MEM) no busca dilatar los plazos de entrega de dichos estudios y, por el contrario, será un instrumento para mejorar las relaciones sociales con las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico.
Es más, para evitar suspicacias, el funcionario brasileño aseguró que Egasur ya concluyó la elaboración de los estudios que le exige el gobierno peruano para la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, pero aclaró que por la envergadura del proyecto y el nivel de inversión (US$ 4 mil millones) la empresa requiere previamente la licencia social.
“La realidad social y económica en el sur andino amazónico, incluida la zona de influencia del proyecto Inambari, obliga a trascender el corto plazo para adaptar el proyecto al ritmo de los procesos sociales locales”, destacó el presidente del proyecto Inambari.
Sorpresa en el ministerio
La solicitud de prórroga que presentará Egasur fue toda una sorpresa para el viceministro Daniel Cámac, quien al enterarse del anuncio de Egasur comentó todavía con un aire de incredulidad que el ministerio tendrá que evaluar antes las motivaciones del pedido y “si es que la empresa llegara a solicitarlo”.
“Hay muchas concesiones temporales que se extienden porque a veces, por ejemplo, no te dejan hacer los estudios en las áreas de influencia, entonces lógicamente van a requerir más tiempo para completar sus talleres y ese tipo de cosas”, comentó Cámac, quien participó en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos para justamente hablar sobre el caso Inambari.
Puno: No hay nada que negociar
1] A pesar de su voluntad de diálogo, el proceso de negociación con la población altiplánica no se avizora nada sencillo para la empresa brasileña. El alcalde de San Gabán, Reynaldo Quispe, comentó a La República que la población puneña ya ha manifestado su rotundo rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, que según dijo significaría la desaparición del poblado de San Gabán.
2] Comentó que a modo de estrategia, Egasur tiene todo el derecho a buscar el diálogo con la población y establecer sus talleres informativos, pero ve con mucho escepticismo que la población puneña tenga algún punto que negociar ante el riesgo de perder su hogar y sus centros de trabajo.
Así es el proyecto
1 Inversión. Egasur, conformado por las empresas brasileñas OAS, Furnas y Electrobras, tiene previsto invertir US$4,000 millones en la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Inambari, para producir 2,200 megavatios (Mw) de electricidad.
2 Impacto. Comprende la construcción de una represa de 20 millones de metros cúbicos en un área de 21 mil hectáreas, es decir, 21 kilómetros cuadrados. Las instalaciones abarcan los centros poblados de Loromayo, Lechemayo y Puerto Manoa en Carabaya (Puno), Puente Inambari en Madre de Dios y Ciudad Nativa y San Lorenzo en el Cusco.
3 Compensación. La empresa está dispuesta a destinar US$200 millones para compensar los daños que se causarían a las más de 3,360 personas que viven en la zona de la futura hidroeléctrica. Además aseguraron que están dispuestos a ceder y negociar todas las exigencias de la población puneña.
Diario La República-Lima 10/04/2010
TÍA MARÍA, OTRO CONFLICTO A PUNTO DE ESTALLAR EN EL SUR
Protesta. Convocan a paro indefinido desde el miércoles 14 Minera insiste en audiencia pública
Tras lo vivido en Chala, otro conflicto podría estallar en el sur del país. Esta vez sería contra la minería formal. La Coordinadora Provincial contra la Agresión Minera de Islay, integrada por autoridades y organizaciones sociales de esa provincia, convocó a un paro indefinido desde el próximo miércoles 14. Un sector de la población rechaza el proyecto Tía María, promovido por Southern Perú que proyecta obtener 120 mil toneladas de cobre al año.
El presidente de la Coordinadora contra la Agresión Minera y alcalde de distrital de Cocachacra, Juan Guillén López, no descartó la posibilidad de bloquear la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 1061 en el poblado El Fiscal, dejando incomunicados a los departamentos de Moquegua y Tacna.
En tanto, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, destacó la importancia de promover el diálogo entre el Ministerio de Energía y Minas y los dirigentes que se oponen al proyecto para evitar hechos que lamentar. “La conversación debe darse antes de que comience el paro”, advirtió preocupado Guillén.
A su vez, representantes del MEM han manifestado su deseo de entablar la comunicación. El último martes, el presidente de la Coordinadora recibió un fax de la dirección general del MEM en el que solicita una reunión. Ante las exigencias de los dirigentes, en la cita no participará la minera. “Convocaremos a asamblea y allí pondremos a consideración el pedido del MEM. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero queremos que la reunión sea en Islay y que esté el ministro Pedro Sánchez, a quien queremos explicar las razones por las que no queremos minería en la provincia. La principal actividad de Islay es la agricultura y esta se verá amenazada por el uso del agua y por la contaminación”, aseguró Guillén.
Se refuerzan
La Coordinadora contra la Agresión Minera ha recibido el respaldo de organizaciones del sur. A la paralización se sumarán 500 puneños que llegarán el día 14 a El Fiscal. Ese día habrá una movilización en Moquegua y no se descarta que se haga lo propio en Tacna.
El último martes hubo una reunión en la municipalidad de Mariano Melgar, en Arequipa, en la que participaron gremios mistianos que se sumaron a la protesta. Incluso evalúan llegar hasta Islay. Lo que se viene es de cuidado y sería oportuno evitar pérdidas humanas.
Minera insiste en audiencia pública
1] La paralización en Islay es contra la audiencia pública del próximo 19 de abril, en la que Southern presentará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. En agosto del 2009 una reunión similar se suspendió por falta de garantías.
2] Ante el paro que se viene en Islay, el director del proyecto Tía María, Henry Walqui, descartó que exista la posibilidad de reprogramar la reunión que se desarrollará en el molino La Pascana , ubicado a 10 minutos de El Fiscal. Esta audiencia es fundamental para que continúe el proyecto minero.
3] La reprogramación de la audiencia se fijó inicialmente para el 15 de febrero pasado, pero sufrió una modificación ante el descontento social en Islay. Desde entonces, hubo intentos de diálogo pero todos fracasaron.
Datos
Hubo consulta. En setiembre del 2009, en Islay, se realizó una consulta vecinal en la que el 80% de la población opinó contra Tía María. Pero esa consulta no es vinculante y ahora se viene la consulta del EIA, que el Ministerio de Energía y Minas ha postergado para el 19 de abril.
Desconfían. Existe una enorme desconfianza de los agricultores y de la población frente a las propuestas de la minera.
Diario La República-Lima 10/04/2010
PISCO ACATARÍA PARO PROVINCIAL DE CONSTRUIRSE PETROQUÍMICA
En caso el gobierno no desista en instalar una petroquímica en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, los moradores del distrito de San Andrés en Pisco (Ica), organizarán un paro provincial.
Así lo anunció Joél de la Cruz, dirigente del asentamiento Humano “Jorge Chávez”, quien demandó al Ejecutivo atender los reclamos de la población. Así mismo, indicó que dicha comunidad entrará en breve en un diálogo con el congresista iqueño Isaac Serna.
El dirigente acusó a la empresa Nitratos del Perú, encargada de la construcción del proyecto, de contratar personas para que provoquen disturbios en las audiencias realizadas previamente en Paracas sobre la planta.
De la Cruz aseguró que cuentan con todo la documentación donde prueban los graves efectos que causaría la construcción de esta petroquímica en esta zona.
“La gente está tomando conciencia de todo ello y del daño gravísimo al medio ambiente. Será afectado la pesca artesanal. Un 85% de la población en San Andrés somos pescadores y dependemos de la pesca”, manifestó.
Cabe indicar que un informe de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) señala una serie de irregularidades en las que incurriría la empresa Nitratos del Perú si da paso a la construcción de una planta petroquímica para la producción de amoniaco y nitrato de amonio en la zona de amortiguamento de la Reserva Nacional de Paracas.
Según el documento, la compañía no ha cumplido con señalar cómo mitigará la contaminación que se generará por la emisión de amoniaco, óxido de carbono y óxido de nitrógeno.
El estudio precisa, además, que a Nitratos del Perú le falta detallar el sistema de detección y control de derrames así como los refugios de la fauna silvestre existente el zona.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/04/2010
CONVOCAN MARCHA CONTRA PROYECTOS MINEROS EN MOQUEGUA
Organizaciones agrarias y sociales de Moquegua se movilizarán este 14 de abril para rechazar la actividad minera y futuras operaciones de proyectos mineros de la región.
El acuerdo fue tomado durante una asamblea convocada por el Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua (FREDIM), cuyo presidente Alex Sosa Ocampo explicó que la medida servirá como respaldo al paro indefinido convocado para el mismo día por la población de Cocachacra (Arequipa).
Como se recuerda, los habitantes de dicha localidad, perteneciente a la provincia de Islay, protestarán contra el proyecto minero Tía María que la empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) pretende ejecutar en su jurisdicción.
El dirigente precisó que, en el caso de Moquegua, la movilización será para protestar por los presuntos abusos de SPCC -que opera a través de la mina Cuajone- y contra la posible puesta en marcha del proyecto minero Quellaveco de la empresa Anglo American.
Otro pedido está referido a la escasez del recurso hídrico en el departamento. En este sentido, Sosa demandó que las cuencas hídricas sean reservadas para el sector agrario y para el consumo de la población, y no para la minería.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/04/2010
TICACO CONSIGUE RESTABLECIMIENTO DE DOTACIÓN HÍDRICA EN TARATA
La comisión de regantes del distrito de Ticaco, que disputa la distribución hídrica con sus similares de Tarata, suscribió un acta donde se les garantiza la dotación del 17% del agua que discurre por el partidor Irabalaco.
Al promediar las 14:00 horas del viernes, los ticaqueños ingresaron a la Ciudad Heroica, marchando por diversas arterias rumbo al local de la Autoridad Local del Agua (ALA) Locumba-Sama, frente al cual exigieron una reunión con su titular, Juan Gil Vizcarra.
La demanda fue concedida y tras una hora de conversaciones, la delegación de Ticaco, encabezada por la presidenta del grupo de regantes, Teresa Condori Mamani, el alcalde Noe Soto Pérez y el juez de paz de la zona, anunciaron que se les restituirá la dotación de agua reclamada.
De esta forma, el ALA Locumba Sama se comprometió a respetar la distribución en la zona en conflicto. El 17% del agua que discurre por el partidor de Irabalaco será para Ticaco; el restante será dividido para las comisiones de regantes Yunga y Lupaja de Tarata.
"Se requiere de su cumplimiento inmediato bajo responsabilidad considerando que se encuentra próxima la fecha en la que se dividirá la distribución del agua a las comisiones", sentencia el acta suscrita.
Al respecto, el alcalde de Ticaco, Noe Soto, afirmó que los agricultores de Tarata no respetaban el porcentaje del recurso hídrico que le correspondía a su jurisdicción. "Lo que esta cometiendo Tarata es injusto, pero los de aguas (ALA Locumba-Sama) nos dieron una solución de por medio", aseveró.
Por su parte, Teresa Condori destacó la marcha de sacrificio hecha. "Agradezco la unión de los ticaqueños, de ahora en adelante lucharemos para defender nuestro distrito, nuestro recurso hídrico", manifestó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/04/2010
EL LADO OCULTO DE LA MINERÍA ARTESANAL
Si bien el conflicto con los mineros artesanales con el gobierno ha entrado al camino del diálogo para ver en qué queda el DU-012, es indudable que ahora la opinión pública comienza a enterarse que esta actividad ha alcanzado niveles económicos y sociales de gran impacto. Comencemos por lo último.
En toda la minería formal hay algo más de 90,000 obreros y empleados, de los cuales 37,000 laboran en las minas de oro. Pues bien, en la minería artesanal de oro, únicamente, existen 80,000 trabajadores directos en 17 Regiones del país (según un estudio del Ing. Benavente, ya citado antes en esta columna). Si a esta cifra se le agregan los 160,000 trabajadores indirectos tendremos un total de 240,000 personas que están vinculadas a esta actividad.
Y si le agregamos una carga familiar de 3 personas por trabajador directo e indirecto, los dependientes ascienden a 720,000 personas.
En total, entonces, cerca de 1 millón de los 28 millones de peruanos están ligados a la minería artesanal de oro. Eso es bastante gente. Y, ojo, debe considerarse que más del 90% (o quizá el 100%) de estos trabajadores son informales y no gozan de beneficio alguno.
Entrando a lo económico, se produce oro artesanal en 17 Regiones, siendo Puno la más importante con 12 toneladas, lo que significó un ingreso bruto de US$ 391 millones (al precio de S/. 31,300 por kg). Después vienen Arequipa y Madre de Dios con 2.86 y 2.75 toneladas, respectivamente, lo que les deja cerca de US$ 90 millones anuales. Aquí debemos consignar que en Madre de Dios se producen 17.2 toneladas adicionales por la Mediana Minería Informal (la que usa las dragas en los ríos).
Estas 30.9 toneladas de la minería artesanal son comercializadas por empresas que compran el mineral “en bruto” a los artesanos.
Estos nombres tampoco son desconocidos. Según un estudio de los Ings. Guillermo Medina, Jorge Arévalo y Felipe Quea (1), “las empresas que hemos por tener locales de compra en las zonas de extracción artesanal / informal / ilegal son: Minera Laytaruma, Minera Dynacor, Oro Fino Asociados, Sociedad Minera Trece Barras e Investment S y R”, entre otras.
El mismo estudio consigna también las plantas procesadoras de mineral que “por la cercanía a los centros de minería artesanal / informal o a operaciones de mediana minería de propiedad de los mismos que son titulares de las plantas procesadoras”. Aquí tenemos a Planta Ishihuinca, Minera Caravelí, Calpa, Colibrí, Calminsa, El Inka, entre otras. El estudio sigue la cadena de la comercialización hasta la exportación, interrogándose acerca de las ramificaciones hacia negocios ilícitos como el comercio de explosivos, el narcotráfico y el contrabando.
En suma, un millón de personas girando alrededor de la minería artesanal, cerca de US$ 1,000 millones de ingreso bruto (a los que habría que agregar los US$ 538 millones de la mediana minería informal de Madre de Dios), empresas comercializadoras y plantas procesadoras de mineral, aparte de las empresas que exportan “legalmente” este oro artesanal. Todo un mundo al que tendrá que enfrentarse la Comisión que va a revisar el DU 012-2009. ¿Lo hará?
Diario La República-Lima 10/04/2010
DEFENSORÍA: 60% DE CONFLICTOS LLEGAN AL DIÁLOGO RECIÉN TRAS HECHOS DE VIOLENCIA
Un 60% de los más de 250 conflictos sociales que se registran en el país son atendidos por el gobierno central recién una vez que éstos adquieren un matiz violento.
Así lo denunció Miguel Lévano Muñoz, miembro de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, quien a través de CNR criticó la falta de previsión del Ejecutivo para prevenir hechos de violencia como los ocurridos en Chala (Arequipa).
"Todavía vemos la actuación de un Estado que no es preventivo sino reactivo. Ve la situación de violencia y recién procura atenderla", subrayó.
El representante de la Defensoría del Pueblo destacó la necesidad de reforzar determinados niveles de gobierno para que asuman una labor preventiva que permita atender las demandas sociales a través de canales institucionales o mediante mesas de diálogo, pero antes de que estallen los conflictos y lleguen a una situación de crisis.
Aseveró que, desde hace dos años, la Defensoría ha pedido al Ejecutivo asumir una postura vigilante de modo que apenas hayan demandas sociales, éstas sean canalizadas.
Lévano consideró que esta tarea demanda fortalecer capacidades en los diferentes niveles de gobierno, sobretodo en aquellos que tienen más contacto con la población y que puedan identificar tempranamente las situaciones de crisis.
"De repente, no tiene que estar en su competencia (de una autoridad) la resolución de las demandas, pero sí buscar una vía institucional o cómo motivar a alguna autoridad que sí tenga competencia más cercana con el problema", expresó.
Agregó que, por ese motivo, desde marzo último el 87% de acciones de la Defensoría del Pueblo ha estado concentrada en tareas de prevención; empero, lamentablemente, las acciones de otras autoridades no han ido en esa misma línea. "Se espera a veces el último momento para intervenir", acotó.
Cabe indicar que, de acuerdo al reporte Nº 73 de la Defensoría, existen 10 nuevos conflictos sociales durante marzo. De la cifra, seis son socioambientales, tres por asuntos de gobiernos locales y otro por un tema laboral.
El documento da cuenta de un total de 255 conflictos hasta el 31 marzo del 2010; del total, son 102 los que al menos tuvieron un episodio de violencia. La mayor cantidad, como siempre, está referida a asuntos medio ambientales.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/04/2010
