28 de abril de 2010

Ya se cumplió un año que trató este proceso sobre el recurso hídrico de las 280 lagunas de Tumbadén y hasta la fecha no emite la resolución.

TC “NO RESUELVE” EL CASO DE LAGUNAS DE ALTO PERÚ


"Increíble pero cierto. El Tribunal Constitucional de la República amarra la resolución del caso de las lagunas de Tumbadén desde el 27 de abril de 2009, fecha en la que fue visto en la cuidad blanca de Arequipa", asegura el presidente de la Asociación de Sanpablinos residentes en Cajamarca, Edilberto Barrantes Terán. "Es indignante y alarmista la noticia que vertimos al Perú y al mundo, donde medio país de agricultores y ganaderos siguen esperando con mucha preocupación una respuesta por parte de la entidad que administra justicia- el Tribunal Constitucional. Si el Perú camina rumbo al abismo, no es culpa de las instituciones, sino de quienes lo administran, y así podemos decir ¿Que el Perú Avanza?", puntualizó Barrantes Terán.

El dirigente sanpahlino señala que “el pasado 11 de abril, más de mil 500 personas de diversos lugares del Perú visitaron a estas hermosas lagunas, quienes quedaron impresionados por la belleza del paisaje y la ubicación de las lagunas que vierten sus cristalinas aguas a cuatro importantes valles del norte de la patria: Llaucano, Marañón, Cajamarca y Jequetepeque”

Agrega que “el Tribunal Constitucional en el caso de emitir una resolución en contra, los moradores de los mencionados valles, se levantaran en defensa de sus aguas y no permitirán que sean trasladadas a la minería, tal como ocurrió con el Cerro Quilish, símbolo de los Cajamarquinos”.

"En el último reglamento de la nueva Ley de Aguas, señala que es de preferencia para los seres humanos, animales, planta y si sobra se otorgará a la industria minera. Asimismo, el gobierno regional de Cajamarca acaba de suscribir un importante convenio con la municipalidad provincial de San Pabilo donde se acuerda proteger 2 mil 960 hectáreas como reserva turística y ecológica junto a las 280 lagunas de Tumbadén", puntualiza.

Finalmente, Edilberto Baarrantes señala que "para fortalecer la confianza de las instituciones de nuestra patria y en forma especial, las que administran justicia como es el Tribunal Constitucional merece que se reivindique con los peruanos y emita una resolución acorde con las necesidades de los campesinos y en éste caso, velar por la existencia de las últimas reservas de agua que quedan en la región Cajamarca".

Diario El Clarín-Cajamarca 28/04/2010





CUESTIONAN COMPOSICIÓN DE MESA TÉCNICA SOBRE PROYECTO TÍA MARÍA


El alcalde del distrito de Cocachacra, Juan Guillén, cuestionó la composición de la mesa técnica para evaluar el Estudio de Impacto Ambiental (EAI) presentado por la minera Southern Perú sobre el proyecto Tía María.

Ayer, el Ejecutivo oficializó ayer la constitución de una mesa técnica, encargada del análisis y absolución de las observaciones sobre el proyecto, origen del paro de seis días que acató la población de la provincia de Islay semanas atrás.

Según la resolución Nº 133-2010 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicada en el diario oficial "El Peruano", la comisión estará integrada por dos representantes del Ministerio del Ambiente (MINAM); otro del sector Agricultura; un representante del Gobierno Regional de Arequipa (GRA); cinco miembros de la sociedad civil y similar número de la empresa Southern Perú Cooper Corporation (SPCC).

Guillén criticó que se designe al MINAM como responsable de dirigir la mesa, ya que al levantar el paro en la provincia de Islay se pactó que dicho portafolio sólo fungiría como árbitro.

De igual manera, Guillén cuestionó la composición de la mesa técnica, al considerar que mientras el gobierno y la minera cuentan en conjunto con ocho representantes, Arequipa suma apenas seis delegados.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 28/04/2010





DOE RUN PIDE OTROS 30 DÍAS MÁS PARA REINICIAR OPERACIONES


La minera Doe Run Perú propuso extender el reinicio de sus operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya por 30 días más, informó el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.

Según el acuerdo que tenía la compañía con sus trabajadores, el reinicio de las operaciones estaba previsto para este jueves 29 de abril. Sin embargo, la minera dice no estar en condiciones de reanudar sus actividades porque no pudo cerrar contrato con sus proveedores y socio estratégico.

“Hay una propuesta que se ha concordado acá de extender este plazo por 30 días adicionales en los cuales el esquema de reinicio de labores en La Oroya debe materializarse de manera mucho más concreta“, señaló el ministro tras una hora y media de diálogo multisectorial con diversos representantes.

Sánchez Gamarra detalló que en la reunión de ayer se resolvieron dos temas del Decreto Supremo Nº 075; por tanto ahora la empresa podrá cerrar contratos con los proveedores y con su socio estratégico para que reinicie sus operaciones, que según la ley debe ser antes del 24 de julio.

El titular del MEM manifestó que la empresa incorporó el 100% de sus activos como garantía para la ejecución de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). De no cumplir con el plazo, el gobierno podría hacerse cargo de la planta, afirmó el funcionario.

En la reunión también participó la ministra de Trabajo, Manuela García; el viceministro de Minas, Fernando Gala; el presidente del Gobierno Regional de Junín, Vladimiro Huaroc; el arzobispo de Huancayo, monseñor Pedro Barreto; y el alcalde de Yauli – La Oroya, César Augusto Gutiérrez.

Por parte de la empresa estuvo presente el vicepresidente Corporativo de Asuntos Ambientales, José Mogrovejo y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Eduardo Pando.

En representación de los trabajadores asistieron el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, Luis Castillo, así como delegados de los trabajadores de la empresa como Royberto Guzmán, Isaías Aquino Vega y Luis Mantari Pérez.

Doe Run Perú paralizó en junio pasado la producción en el complejo metalúrgico de La Oroya, luego de que los bancos le cortaron sus créditos.A inicios de marzo, la firma anunció un acuerdo financiero con la operadora de materias primas suiza Glencore que allanaría el camino para el reinicio de la fundición y la concreción del PAMA.

El Gobierno dijo el mes pasado que la firma debe reanudar sus faenas en la planta antes del 31 de julio, cuando vence el plazo de 10 meses concedido por las autoridades para que lo haga.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 28/04/2010





BARRETO: DOE RUN DEBIÓ IRSE HACE TIEMPO DEL PAÍS


El arzobispo de Huancayo, monseñor Pedro Barreto, opinó que la minera estadounidense Doe Run Perú (DRP) debió irse "hace tiempo" del país, debido al reiterado incumplimiento de sus obligaciones ambientales y laborales.

A través de CNR, Barreto Jimeno expresó su preocupación por lo que pasará este viernes, fecha en que vence el plazo para que la minera reanude sus operaciones -suspendidas desde hace 10 meses.

Ayer, la compañía norteamericana propuso extender el reinicio de sus operaciones en el complejo metalúrgico de La Oroya por 30 días más, alegando que no cuentan con los recursos financieros para asumir su compromiso de retomar las faenas a partir del 30 de abril.

Además, la empresa incorporó el 100% de sus activos como garantía para la ejecución de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Sin embargo, Barreto Jimeno refirió que al término de la sesión del martes no se firmaron actas de acuerdo.

"La pregunta es, ¿porqué se permite a esta empresa poner en jaque al gobierno, a la región y al país?", manifestó el religioso.

De igual manera, se preguntó qué pasaría en el caso que DRP no cumpla con sus compromisos el 25 de julio, cuando vence el plazo de 10 meses concedido por las autoridades.

"Ni el Estado, la región ni los trabajadores están preparados para ese escenario. Tenemos cortos dos meses para resolver un problema que puede dar pie a una situación por demás peligrosa", enfatizó.

Finalmente, anunció que en 30 días se reunirán nuevamente para verificar si la empresa tiene una voluntad "seria y transparente" por asumir sus compromisos.

Cabe recordar que diversos dirigentes de los trabajadores de La Oroya han anunciado que, de todas maneras, se reincorporarán a sus puestos de trabajo este viernes, en virtud al acta suscrita el año pasado por DRP.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 28/04/2010





PETROLEO, MINERÍA Y CORRUPCIÓN APRISTA


Entre los escándalos de corrupción sacuden al país, los petroaudios están sacando a la luz varios elementos vinculados al saqueo de nuestro petróleo y nuestros minerales. El más notorio ha sido la revelación de que los dirigentes apristas José Carrasco Távara y Jorge del Castillo estaban en el centro de un esquema mafioso, junto con el encarcelado don “Bieto” Químper, para REDUCIR EL PAGO DE REGALIAS a una poderosa empresa petrolera.

Hablando del tema, ¿recuerdan en que quedó la investigación sobre el negociado de Petrotech y los US$ 300 millones de dólares de impuestos que se dejaron de pagar cuando se vendió esa empresa a coreanos y colombianos ¿En nada, y en el total y vergonzoso silencio de Jonny Peralta.

Hay más: el escándalo de los petroaudios ha revelado que BTR ha chuponeado y espiado a varios de los líderes y organizaciones opuestas a las empresas mineras que son dañinas al medio ambiente y abusivas con la gente, como el sacerdote Marco Arana, recientemente lanzado como candidato presidencial por el Movimiento Tierra y Libertad y tenaz defensor de los derechos de los campesinos y del agua de Cajamarca frente a la poderosísima Yanacocha.

También figuran entre aquellos con correos electrónicos ilegalmente interceptados Fedepaz, una institución que apoyó a los agricultores de Tambogrande contra la minera Manhattan y apoya a los campesinos de Ayabaca y Huancabamaba frente a la abusiva Majaz. No hay que tener demasiada imaginación para sospechar quienes son los principales interesados en ese chuponeo y ese espionaje, y por lo tanto quiénes contrataron – seguramente pagando varios miles de dólares – la ilegal actividad de BTR.

Estas revelaciones salieron al mismo tiempo que el pueblo de Islay protestaba pacíficamente contra los intentos de imponer los tajos abiertos de La Tapada y la Tía María en su zona. Los arequipeños tienen razón en su protesta. El Estudio de Impacto Ambiental presentado por Southern Copper deja de lado que su pretendido uso de 7 mil millones de litros de agua al año provenientes de pozos reduciría peligrosamente la disponibilidad de aguas río abajo en épocas y años secos, y llevarían a una peligrosa concentración de boro y arsénico. La población de Islay ya ha participado masivamente en una consulta ciudadana, en la que más de 12 mil ciudadanos manifestaron su oposición al proyecto.

A pesar de que la razón asistía a los arequipeños, el gobierno aprista optó por parcializarse y favorecer abiertamente a Southern Copper, no exigiendo las condiciones mínimas establecidas en la ley para los estudios de Impacto Ambiental y para las audiencias, y promoviendo las estrategias de la trasnacional minera para imponer su proyecto.

Esta empresa Southern Copper ha tenido ganancias netas de 5,300 millones de dólares en los últimos 5 años, más de 3 veces su inversión. La sobreganancia de esta sola empresa, su ganancia por encima de lo razonable, es de 4,300 millones de dólares, lo que alcanzaría para que todos, TODOS, los peruanos mayores de 65 años, reciban una pensión básica los doce meses del año. Ese gobierno no ha tomado medida alguna para recaudar parte de esa enorme riqueza e invertirla en la mejora de la salud, la educación y la seguridad social.

El caso de Southern no es, por cierto, el único caso de privilegios indebidos. Un par de meses atrás, la minera Antamina informó que dejaría de pagar impuestos por 300 millones de dólares acogiéndose a unas exoneraciones tributarias sinvergüenzas establecidas por Fujimori y derogadas una década atrás. El gobierno no movió un pelo para remediar este abuso.

Si el mismo gobierno que permite el chuponeo a los opositores y llega a arreglos bajo la mesa para entregar lotes petroleros y reducirles impuestos a las trasnacionales, actúa parcializadamente para favorecer a una gran empresa minera, ¿no debemos sospechar que hay alguna conexión entre ambos fenómenos¿

La enorme corrupción que el petróleo y la minería han generado en países subdesarrollados con democracias débiles, por lo demás, está ampliamente documentada. Economistas y científicos sociales han mostrado hasta la saciedad este fenómeno.

El gobierno aprista, está claro, pretende seguir imponiendo nuevas minas por encima de la voluntad de los pobladores y mantener impuestos bajísimos a las existentes. El cálculo económico de Alan García y su entorno es simple: hay miles de millones de dólares en juego en la explotación minera y petrolera, y les quedan sólo 15 meses de gobierno.

No hay que dejar que se sigan llevando nuestras riquezas a manos llenas, dejándonos un país ambientalmente dañado y socialmente herido.

Por Pedro Francke 27/04/2010