Que el presidente Humala y el ministro Urresti digan que es una
“vergüenza” lo que ha ocurrido en Cajamarca, refiriéndose a la muerte de
Fidel Flores Vásquez, causada por la Policía Nacional por un desalojo,
es un descaro. Lo ocurrido en Cajamarca debe alertarnos sobre tres
problemas estructurales en el país, legitimados por el marco normativo
vigente, mantenido y profundizado por el actual presidente de la
República. Humala, quien tiene responsabilidad directa, debe asumir que
son políticas de SU gobierno las que permiten que este tipo de
atrocidades se cometan.
Problema uno: Impunidad para matar. Alan García,
responsable de las muertes de El Frontón y de las causadas por el mal
llamado “Comando Rodrigo Franco”, siguiendo su línea, aprobó,en el 2010,
el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de
fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional. Esta
norma confirmaba descaradamente un camino ya abierto de impunidad, a
menos de diez años de recuperada la democracia.
Ollanta Humala, en su época de candidato, hizo declaraciones en
contra de esta política, que permitía actuar a la PNP con impunidad.
Dijo: “Presentar la vacancia al presidente García, por la política de
criminalización de la protesta que ha causado 70 muertos y 600 heridos
en su gestión, no significa un acto de ruptura del sistema democrático”.
El señor ganó las elecciones, y lejos de erradicar esta política de
criminalización, en la práctica coercitiva y represiva, de las fuerzas
del orden, suscribió la Ley 30151, que aumenta la impunidad de la cual
ya gozaba la Policía Nacional. Así, por ejemplo, hace posible que un
efectivo que dispara contra un civil, lo patea en el suelo con
desprecio, permite que se desangre hasta morir, agrede a su mujer y la
amenaza con un arma de fuego, amenaza a su hijo…esté libre. Así como lo
leen: los responsables de la muerte de Fidel Flores, crudamente
expuesta ante los ojos de todo el mundo, están libres, y lo más probable
es que no purguen condena alguna. La impunidad reina en el Perú, con la
complicidad de las leyes de Humala. Que le dé vergüenza su rúbrica en
la ley que legitima este crimen.
Problema dos: Legalizando lo gris. El Poder
Judicial es conocido por todos como el centro de la corrupción en el
Perú. Quien quiere justicia debe “aceitar” el sistema; es decir, debe
pagar. Quien quiere beneficiarse de un fallo judicial sabe que debe
hacer lo mismo:“aceitar” a un magistrado.
En el caso de Fidel Flores, hay una duda seria sobre la legalidad
del fallo de la jueza Carmen Araujo, quien dicta sentencia para quitar
la vivienda a Flores por una deuda. Esta causa –la pelea sobre la
propiedad– estaba en debate en otro juzgado, en torno a una
prescripción. Este hecho parece no haberle importado a la señora, quien
dicta sentencia y manda el desalojo. La magistrada notifica, el mismo
día de la muerte de Flores, a la familia, la misma que pide que la
diligencia se suspenda. La señora decide proseguir.
La PNP sostiene que informó a la jueza que la situación no era
propicia para continuar con el desalojo. ¿Qué hizo la señora? Insistió
¿Cuál era el interés de esta magistrada en efectuar el desalojo a como
dé lugar ese día?
Hasta ahora, Carmen Araujo ha recibido como sanción una “remoción”
del cargo. ¿Habrá alguna investigación adicional? ¿Alguna pena efectiva
por una decisión como esa? Lo dudo. Sino, veamos el caso de Orellana y
su manejo del Ministerio Público y el Poder Judicial para poder comandar
una red de apropiación de terrenos como negocio rentable y estable.
Problema tres: La vivienda no es un derecho. Algo
que pocos han dicho es que lo más cínico de toda esta tragedia es que
Fidel Flores debía 1,500 dólares por una motosierra. Es decir, tenía una
deuda menor por un bien secundario. Tras un proceso lleno de zonas
grises, la deuda –absurda– le costaba LA VIVIENDA, que no es una
mercancía más, que es vital, que es, además, un derecho fundamental. Sí,
un derecho reconocido globalmente, pero dejado de lado históricamente
en el Perú, donde nuestra política al respecto se ha reducido a generar
bonos para la clase media.
¿Qué autoridad ha visitado a la familia? Ninguna. El ministro
Urresti ha mandado un helicóptero para trasladar a la familia a Lima,
pues si él va a Cajamarca “se politizará” la situación. ¡Una vergüenza!
Debiéramos demostrarle al ministro que la situación ya se politizó, vaya
o no Cajamarca.
Fidel defendió con su vida su vivienda, que construyó con esfuerzo;
donde vivían él, sus siete hijos y siete nietos. Murió porque no
tenemos una política mínima de defensa del derecho a la vivienda. Murió
porque el Poder Judicial es un tramitador de intereses económicos que
legitima acciones dudosas. Murió porque en el Perú hay licencia para
matar.
Fuente: Noticias SER
