PRONUNCIAMIENTO
CNDDHH CONDENA BRUTALIDAD POLICIAL EN CAJAMARCA Y EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
La CNDDHH expresa su más enérgica condena frente a la ejecución extrajudicial de Fidel Flores Vásquez por la Policía Nacional del Perú el día de ayer en la ciudad de Cajamarca. De acuerdo a las imágenes difundidas en los medios, un efectivo policial le disparó con un arma de largo alcance en el pecho mientras la víctima trataba de impedir el desalojo de su vivienda lanzando piedras. La desproporción del uso de la fuerza es evidente. Asimismo condenamos las torturas a los familiares del fallecido que trataron de auxiliarle, así como las detenciones arbitrarias de personas que se encontraban en el lugar. Hace dos semanas en Cajamarca también hubo otra brutal intervención policial con disparos al aire, detenciones y golpes a ronderos y ronderas que, actualmente, se encuentran detenidos en el penal de Huacariz.
Con Fidel Flores Vásquez ya son 43 civiles fallecidos por el accionar de la PNP en situaciones de conflicto social durante el gobierno de Ollanta Humala: estamos hablando de una política de gobierno y no de acciones aisladas de malos elementos policiales. Esta situación le ha valido graves cuestionamientos al Estado ante instancias internacionales, en tanto que la policía solo está autorizada a usar la fuerza letal cuando es estrictamente necesario para proteger una vida humana. Es totalmente posible y plausible que el orden interno se controle con armas no letales. La responsabilidad del Estado es aún mayor porque, en los últimos años, ha generado todo un marco legal que favorece la impunidad de los abusos policiales (DL 1095, Ley 30151, entre otras).
Demandamos al Estado que realice una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad por la ejecución extrajudicial de Fidel Flores Vásquez , incluyendo no solo al efectivo que apretó el gatillo sino también a los mandos policiales que coordinaron el operativo de desalojo, entre ellos al Gral. Jorge Gutiérrez Senisse, jefe del Frente Policial de Cajamarca.
Recordemos que de todas las denuncias presentadas por diversas instancias de defensa de derechos humanos durante conflictos sociales, hasta la fecha ninguna ha llegado hasta una sentencia condenatoria, archivándose innumerables casos. En este particular, el Estado debe reparar a los familiares del occiso, y en especial a sus siete hijos, que se han quedado sin sostén económico.
Para evitar hechos como este es necesario que se regulen de forma precisa los procedimientos de control del orden interno, que los policías cuenten con armamento y entrenamiento adecuados, y que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con firmeza para erradicar la impunidad imperante.
En lo inmediato, es necesario que el Jefe de Estado dé una señal clara de su rechazo a los abusos policiales, reemplazando al actual Ministro del Interior Daniel Urresti Elera, bajo cuya gestión ya han perdido la vida siete civiles.
31 de octubre de 2014
Secretaría Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos