CAMBIOS EN LEYES PARA ACTUACIÓN EN CONFLICTOS
La Defensoría del Pueblo recomendó a diversas entidades del Estado trabajar en la especialización de la Policía Nacional y su equipamiento con armas no letales al momento de intervenir en los conflictos sociales.
Así lo manifestó el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, Rolando Luque, quien recomendó al Congreso que apruebe la ley de desarrollo del marco del Derecho Internacional de derechos humanos en cuanto a la intervención de la Policía en los conflictos sociales.
Durante la exposición del Informe Defensorial 156 denominado “Violencia en los Conflictos Sociales”, Luque afirmó que esta norma debe basarse en el Código de Conducta para estas intervenciones y los Principios Básicos sobre empleo de la fuerza de las Naciones Unidas, que contemplan el uso de armamento no letal.
El referido informe también da cuenta que desde el año 2006 hasta setiembre de 2011, hubo 195 muertos y 2312 heridos producto de actos de violencia originados por conflictos sociales no solucionados, cuya mayor cantidad de víctimas ocurrió entre 2007 y 2009, durante el segundo gobierno del expresidente Alan García.
Según las cifras de la Defensoría, en el 2007 fueron registrados 41 muertos y 357 heridos; en el 2008, 37 muertos y 752 heridos; y en el 2009, 52 muertos (33 en el “Baguazo”) y 604 heridos (200 de éstos en el mismo episodio).
Luque aconsejó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional diseñar un plan de fortalecimiento de las Unidades de Servicios Especiales para que intervengan en los conflictos en vez de las Direcciones de Operaciones Especiales, pues éstas actúan con el criterio que utilizaron para enfrentar al terrorismo.
Al respecto, el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, afirmó que ya tuvo una reunión con el ministro del Interior, Daniel Lozada, de quien dijo ha mostrado una buena disposición para emprender estas propuestas.
La Primera-Lima 30.03.2012
La Defensoría del Pueblo recomendó a diversas entidades del Estado trabajar en la especialización de la Policía Nacional y su equipamiento con armas no letales al momento de intervenir en los conflictos sociales.
Así lo manifestó el adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, Rolando Luque, quien recomendó al Congreso que apruebe la ley de desarrollo del marco del Derecho Internacional de derechos humanos en cuanto a la intervención de la Policía en los conflictos sociales.
Durante la exposición del Informe Defensorial 156 denominado “Violencia en los Conflictos Sociales”, Luque afirmó que esta norma debe basarse en el Código de Conducta para estas intervenciones y los Principios Básicos sobre empleo de la fuerza de las Naciones Unidas, que contemplan el uso de armamento no letal.
El referido informe también da cuenta que desde el año 2006 hasta setiembre de 2011, hubo 195 muertos y 2312 heridos producto de actos de violencia originados por conflictos sociales no solucionados, cuya mayor cantidad de víctimas ocurrió entre 2007 y 2009, durante el segundo gobierno del expresidente Alan García.
Según las cifras de la Defensoría, en el 2007 fueron registrados 41 muertos y 357 heridos; en el 2008, 37 muertos y 752 heridos; y en el 2009, 52 muertos (33 en el “Baguazo”) y 604 heridos (200 de éstos en el mismo episodio).
Luque aconsejó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional diseñar un plan de fortalecimiento de las Unidades de Servicios Especiales para que intervengan en los conflictos en vez de las Direcciones de Operaciones Especiales, pues éstas actúan con el criterio que utilizaron para enfrentar al terrorismo.
Al respecto, el defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, afirmó que ya tuvo una reunión con el ministro del Interior, Daniel Lozada, de quien dijo ha mostrado una buena disposición para emprender estas propuestas.
La Primera-Lima 30.03.2012
