CUNDE EL MIEDO POR LA REAPERTURA DE UNA PLANTA POTENCIALMENTE TÓXICA EN PERÚ

En una región andina, una planta de fundición de metales era la causante de que más del 90 por ciento de sus niños mostraran niveles excesivos de plomo en sus cuerpos, según un estudio de la Universidad St. Louis. Cerrada desde hace dos años, la planta amenaza con volver a abrir.

Durante casi 90 años la fundición de La Oroya, en los Andes peruanos, expulsaba al aire un cóctel tóxico de metales pesados que lentamente envenenó a los habitantes de la ciudad.

La contaminación se volvió tan grave que La Oroya ha sido comparada a Chernóbil e incluida entre los 10 lugares más contaminados del mundo, según la lista del Instituto Blacksmith (una organización sin ánimo de lucro dedicada a constatar los problemas medioambientales de países en desarrollo)

La planta lleva dos años sin funcionar debido a problemas financieros, según sus propietarios.

Pero ahora (pese a las dudas sobre si la empresa estadounidense que gestiona la planta, Rengo Group, ha instalado la nueva tecnología necesaria para prevenir la emisión de nubes tóxicas), la fundición parece que podría volver a abrir.

“Estamos totalmente expuestos, especialmente los pobres, los niños y los ancianos”, asegura la profesora jubilada Rosa Amaro, que encabeza el Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO).

Esta planta de fundición es una de las pocas que hay en el mundo que pueden procesar varios metales, incluyendo cobre y plomo, así como refinar zinc. Pero su tecnología anticuada emite contaminantes como arsénico, cadmio, plomo y dióxido de azufre, que provocan serios problemas de salud.

En un estudio realizado por la Universidad St. Louis en 2005, más del 90 por ciento de los niños de La Oroya mostraban niveles excesivos de plomo en sus cuerpos. Y los niveles de dióxido de azufre en el ambiente, que provoca lluvia ácida, han alcanzado la cifra récord de 27.000 partes por metro cúbico, casi 100 veces el límite establecido por la ley peruana.

La fundición terminó su actividad después de que los bancos le cerrasen el crédito a Doe Run Perú, la subsidiaria local de Renco, en 2009. La empresa alegó dificultades económicas y no implementó el plan de gestión medioambiental, una condición impuesta por el Gobierno cuando le vendió la fundición de propiedad estatal en 1997.

Preguntado sobre si Doe Run engañó a las autoridades peruanas durante el proceso de compra de la compañía, Luis Hernández, su portavoz, lo niega e insiste en que “se cumplieron todas las leyes relevantes”.

Ahora, tres años después de su cierre, el congresista Casio Huaire está intentando que el Congreso de Perú apruebe una nueva ley que conceda a Doe Run Perú dos años de prórroga para que termine sus tareas de limpieza medioambiental y que le permita operar mientras tanto.

Si se aprueba la ley, será la tercera vez que la compañía consigue permiso para retrasar la implementación de un plan de gestión medioambiental.

Pese a la contaminación, muchos vecinos de hecho apoyan a Doe Run, que desde que cerró ha mantenido a cuatro mil empleados de La Oroya en nómina, lo que supone un importante incentivo para una región empobrecida a 12.000 pies de altura en los Andes.

José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental que ahora lidera la ONG CooperAcción, asegura que Perú debería de tener más cuidado respecto a cómo permite a las empresas extranjeras operar en su suelo.

“Enviaría un terrible mensaje sobre el tipo de inversiones que Perú, como país, está buscando”, asegura. “Las nuevas emisiones tendrían un efecto negativo inmediato sobre la población de La Oroya”.

Detrás de la falta de modernización de la planta por parte de Doe Run Perú y su ineficacia para frenar su contaminación hay una complicada y polémica historia de problemas económicos.

Propiedad del magnate neoyorquino Ira Renners y su familia, las ventas globales de Renco en 2011 se calculan en unos 7.750 millones de dólares, según la revista Forbes.

Eso sin embargo no ha impedido a Doe Run Perú declararse insolvente y dejar de pagar una serie de deudas multimillonarias, incluyendo sus impuestos en Perú.

Recientemente, la empresa incluso pidió al Gobierno peruano que le subvencione los gastos de la limpieza medioambiental.

Según los términos de la operación de venta de la fundición a Renco, la compañía tenía que haber reservado 100 millones de dólares para el plan de gestión medioambiental. Pero, según informaciones locales, ese plan nunca se materializó.

Doe Run insiste en que ha tomado numerosas medidas para mejorar la fundición y ayudar a los habitantes de la zona. Pero pocos en Perú creen a la compañía, que al ser de propiedad privada tan sólo difunde información financiera limitada.

“El problema es que la compañía no es transparente”, dice Echave.

Hugo Villa, un médico que trabajó en una clínica privada en La Oroya durante tres décadas, no está convencido de que la empresa haya cumplido la ley peruana. “Aquí hay una epidemia silenciosa”, denuncia. “Los efectos en los niños no se ven fácilmente, pero tienen todo tipo de problemas serios de salud, que empeorarán si la fundición reabre”.

Una persona que ya lo está sufriendo. Es Moisés, el hijo de 18 años de Rosa Amaro. Moisés tiene serios episodios de fatiga, dolores, cambios de humor y problemas respiratorios.

Servindi-Lima 02.03.2012