9 de abril de 2008

BHP: BAOSTEEL NO SABE NADA DE LA POSIBLE ENTRADA DE CHINA EN LA COMPAÑÍA

BHP Billiton ha sido una de las protagonistas del mercado australiano esta madrugada al calor de los rumores, desatados por The Australian, que aseguraban que el gobierno chino, a través de Baosteel Co., estaba pensando en comprar una participación en la compañía, en un intento de frenar su posible fusión con Rio Tinto.

El país asiático es el mayor consumidor del mundo de mineral de hierro, cobre y aluminio, metales cuyo precio se ha disparado hasta niveles récord. Debe abastecer de dichas materias primas a una población que creció un 11,4% en 2007, el mayor ritmo en 13 años. Una fusión entre BHP y Rio Tinto le perjudicaría, ya que la compañía resultante controlaría la oferta global y tendría un mayor control sobre los precios lo que, a su vez, afectaría a los productores de metales de Oriente Medio.

De todos modos, el desmentido no se ha hecho esperar y ha llegado por boca de fuentes próximas a la propia Baosteel. Éstas han asegurado no saber nada de la información anterior. “Si Baosteel tuviera cualquier plan de entrar, yo estaría al corriente, y no ha sido así”, han declarado a Reuters. BHP baja un 2,04%, hasta las 17,26 libras.

www.bolsamania.com – Lima 09/04/2008










MINISTERIO DEL AMBIENTE REQUIERE MAYOR DEBATE'


Congresista Tapia propone que se incluya el clima en la denominación del portafolio.


La Defensoría del Pueblo cree necesario que se amplíe el debate sobre la creación del Ministerio del Ambiente.

En un comunicado, dicho organismo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se publique el proyecto de ley que da origen al nuevo portafolio, toda vez que la comisión técnica encargada de su diseño -y que lideró el ecólogo Antonio Brack- ya concluyó con su labor.

"Ello con aras de una mayor transparencia y legitimación del proceso de reforma de la institucionalidad ambiental, así como para garantizar el derecho de la población a participar en la vida política, económica y social de la nación", afirmó la defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

En ese sentido, la funcionaria consideró necesario que se amplíe el debate y la participación democrática (sobre este nuevo sector), "ya que se trata de fundamentos de particular importancia en materia ambiental". Agregó que existen normas que, debido a su impacto nacional, requieren de una mayor legitimación social.

Cabe recordar que la Defensoría fue el primer organismo que expresó sus críticas al proyecto inicial que elaboró la PCM respecto al Ministerio del Ambiente. En esa ocasión discrepó del diseño de la organización pues no se separaba la gestión política del trabajo técnico que necesita un portafolio de este tipo.

Por su parte, el congresista Hildebrando Tapia (Unidad Nacional) propuso que el nuevo pliego se denomine Ministerio del Clima y del Medio Ambiente, "toda vez que dicho término está directamente ligado a la alteración y a los cambios climáticos".


ÚLTIMOS AVANCES.


Según la última versión del proyecto de la Comisión Brack, el ministerio en creación tendrá las atribuciones que hoy posee el Osinergmin, es decir, la función de fiscalizar a los sectores energía y minería en lo que se refiere al cumplimiento de la legislación ambiental.

Se espera que el Consejo de Ministros apruebe la propuesta mediante un decreto legislativo.

Diario Perú 21 – Lima 09/04/2008








¿DENUNCIA BASADA EN RECORTES PERIODÍSTICOS?


Remurpi como caja de resonancia de las mentiras de la red


“Rechazamos la denuncia por terrorismo (contra alcaldes y otros 32 miembros de la red antiminera)…considerada ´absurda´ y ´abusiva´ por basarse únicamente en recortes periodísticos del diario Correo…”. La frase es del último pronunciamiento de la Red de Municipalidades Rurales de Piura (Remurpi), tras su sesión del último sábado. En el manifiesto, los alcaldes hacen eco de una de las verdades a medias que la red de oposición a la actividad minera en el norte del Perú divulga en sus presentaciones y en los documentos que distribuye entre sus miembros. La misma está referida a la denuncia penal que el Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas de Huancabamba (FUCSC) hizo contra los miembros de esta organización; digitados -como ya es de dominio público- por la Red Muqui y Conacami. Según los ‘ambientalistas’ a ultranza, esa demanda ante la Quinta Fiscalía especializada en terrorismo de Piura tiene cómo único sustento lo publicado por Correo sobre las actividades de esa agrupación radical con inocultables intereses económicos en la cooperación internacional. Los instigadores de una ‘guerra sin cuartel’ contra las operaciones de Majaz (hoy Río Blanco C.) en la sierra de Piura olvidan adrede los cinco años de terror de sus actividades, las que tienen como picos los dos asaltos a los campamentos de la minera con su secuela de víctimas fatales.

Los crímenes de la red. ¿Acaso es un invento de este Diario los secuestros y la tortura infringidos contra quienes piensan diferente a ellos?¿o la campaña de satanización, persecución, quema de propiedades y violencia contra todo aquel que se pronuncie a favor del desarrollo? Esa es la gran mentira que, ahora cuando las comunidades comienzan a mirarlos como lo que realmente son, buscarán sostener ante los tribunales. La otra es aquella de que la denuncia persigue a quienes organizaron la consulta ilegal del 16 de setiembre de 2007. Pero esa es harina de otro costal.

Diario El Correo – Piura 09/04/2008









RED ANTIMINERA LANZA OFENSIVA INTERNACIONAL

Se hacen las ‘víctimas’ y se declaran ‘perseguidos’ ante Naciones Unidas y agencias de cooperación internacional


HUANCABAMBA. Esta vez no salieron a responder en banda, pero igual apelaron a la vieja estrategia de ‘victimizarse’ para enfrentar la denuncia por terrorismo y violación de derechos humanos que le endilgaron los comuneros de Huancabamba. El Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, que aglutina a las organizaciones radicales opuestas a la ejecución del proyecto minero Río Blanco, priorizaron el ámbito exterior para denunciar una supuesta campaña de persecución a manos del gobierno peruano y la minera Río Blanco Copper. En una rueda de prensa en la sede de Pidecafe, el asesor Quique Rodríguez anunció que esta semana el caso fue puesto en conocimiento del relator especial de las Naciones Unidas para casos de personas cuya libertad se encuentra en grave riesgo. Según expresó, ya esa organización se habría puesto en contacto con el gobierno de Alan García a fin de expresarle su preocupación por la denuncia formulada contra alcaldes, ex alcaldes, regidores, asesores técnicos y presidentes de comunidades de Piura y Cajamarca.El abogado que asumió la defensa de los denunciados, David Velasco Rondón, alegó que la denuncia no tiene ningún sustento y sólo buscaría ‘desmovilizar’ al movimiento comunal y acallar sus demandas por un desarrollo sostenible en sus jurisdicciones. Por lo pronto y sin que se les haya todavía notificado, ya el abogado de Fedepaz se apersonó a la investigación mediante un escrito en el que señalan que ninguna de las conductas atribuidas a los denunciados estaría tipificada como terrorismo. De hecho, Velasco dijo haberse reunido ayer con el titular de la investigación, el fiscal Juan Ortiz, y éste le habría adelantado opinión en el sentido de que los hechos deunciados no se adecúan al tipo penal alegado.

Piden que la Dincote los investigue. Un escrito solicitando que la investigación por terrorismo contra los miembros de la red antiminera de Piura y Cajamarca sea derivada a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote), ingresó al despacho de la Quinta Fiscalía Penal que ventila ese caso. El documento proviene de un grupo de mineros artesanales de Piura, representados por Celey Pitman Castillo, que se expresan “preocupados porque cesen de una vez los actos de violencia que este grupo radical ha desatado en la sierra piurana desde hace cinco años”. “Tal como ocurrió en el Caso de Minera Manhattan, en Tambogrande, y ahora con Majaz (Minera Río Blanco Copper S.A.) en Huancabamba, la actividad minera que nosotros desarrollamos a menor escala corre peligro por el vandalismo y la destrucción de esta gente”, sostiene el escrito. Como lo denunció oportunamente Correo, el fiscal Juan Ortiz Arévalo dispuso que la denuncia presentada por el Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas sea devuelta a ese despacho por la unidad antiterrorista con sede en Piura. Tal decisión, como se dijo, habría obedecido a fuertes presiones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de izquierda defensores de los derechos humanos como Fedepaz y la Red Muqui.


MAS DATOS


Desde San Ignacio, donde se quedó varado por la emergencia de las lluvias, el presidente del FDSFNP, Carlos Martínez, hizo declaraciones rechazando la denuncia que los tilda de terroristas.

Diario El Correo – Piura 09/04/2008