NUEVA LEY DE AGUAS PROVOCA PROTESTAS
La bancada nacionalista encabezó las protestas en el Congreso.
La aprobación de un nuevo texto de la Ley de Recursos Hídricos, diferente del aprobado por consenso de las bancadas del Congreso y las centrales agrarias el 1 de marzo pasado, provocó ayer no sólo la indignada protesta de la bancada nacionalista, sino además la inmediata reacción de las juntas de usuarios de riego del país, que anunciaron la reanudación, desde el próximo 30 de marzo, de sus protestas contra la legislación, que consideran privatista y centralista.
La congresista nacionalista Marisol Espinoza, secretaria de la Comisión Agraria, criticó las modificaciones consecutivas que ha sufrido el texto en cada nueva votación de la llamada Ley de Aguas, las mismas que han sido hechas a espaldas de las organizaciones sociales y los gremios agrarios, que son los más afectados.
Señaló que tales modificaciones han dado como resultado una Ley de Recursos Hídricos a la medida de los llamados "operadores hídricos privados", que no son otros que las empresas mineras y las firmas que negocian con las necesidades de la población, en este caso del agua para las poblaciones de menores recursos económicos. Además, la ley promueve el centralismo de la gestión del recurso, dijo Espinoza.
Borra también “de un plumazo” una serie de párrafos contenidos en el texto de consenso. Por ejemplo, el artículo 34 del texto original que señalaba la prioridad del uso para consumo humano, indicó la congresista.
Polémico artículo
El nuevo texto fue aprobado por los miembros de las bancadas aprista, fujimorista, de Unidad Nacional y algunos de Alianza Parlamentaria, entre otros grupos políticos menores.
Los nacionalistas protestaron con indignación cuando se sometió a votación, por separado, el artículo 2º de la Ley, sobre Dominio y Uso Público del Agua, el mismo que fue aprobado por mayoría, eliminándose del texto el concepto clave “sin fines de lucro”, en la definición de que la gestión del agua puede estar a cargo de empresas privadas.
La protesta de la bancada nacionalista, que se situó en el centro del hemiciclo con carteles de rechazo, motivó la suspensión momentánea de la sesión.
Al término de la votación, el presidente de la Comisión Agraria, Mario Alegría, sostuvo que la eliminación del concepto “sin fines de lucro” obedece a la intención de no afectar el ingreso de inversiones.
Diario La Primera-Lima 13/03/2009
RESPETEN TERRITORIOS COMUNALES
Nativos son perjudicados.
Los dirigentes de un centenar de comunidades de las cuencas del Alto Putumayo y del Alto Napo, en Loreto, exigieron ayer al gobierno la anulación de la concesión del lote 117 otorgado a la empresa brasileña Petrobras en sus territorios, porque esa no es una opción de vida para ellos.
Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), exigió al gobierno respeto a los territorios indígenas, pues el ingreso de la petrolera (Petrobras) no es una opción de vida para las comunidades. Al contrario, la explotación petrolera trae contaminación y muerte de la biodiversidad en estas últimas reservas naturales, explicó.
Refirió que estas zonas son protegidas y cuidadas por los descendientes de las comunidades ancestrales, los mismos que son considerados internacionalmente como los verdaderos guardianes del pulmón del mundo.
Añadió que Perupetro pretende engañar a los comuneros con los llamados “talleres informativos” que organiza en Iquitos y que su verdadero objetivo sería obtener fraudulentamente las firmas de los asistentes para usarlas con el fin de aparentar que los indígenas están de acuerdo con la explotación petrolera en sus tierras, señaló.
Por su parte, el dirigente de la Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR), Nemesio Tangoa, informó que su comunidad está tramitando ante el Instituto de Recursos Naturales la creación de un Parque Nacional y dos Reservas Comunales en la zona reservada Gueppi.
Finalmente, Pizango denunció que, además del lote petrolero 117, el gobierno pretende entregar la construcción de la hidroeléctrica de Paquitzapango (Satipo). “Allí la Central Ashaninka del río Ene se opone, pues la energía que se generará beneficiaría a la ciudad de Acre en Brasil, sin contar con la construcción del proyecto IIRSA presentado por la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez”, precisó.
Diario La Primera-Lima 13/03/2009
ANUNCIAN PARO NACIONAL AGRARIO
Sigue la protesta.
DETALLE
La dirigencia de la Junta Nacional de Usuarios de Riego entró en contradicción con sus bases de la sierra y la selva, al declarar anoche su conformidad con la nueva legislación aprobada en el Congreso, pese a que ésta cambia importantes aspectos del proyecto previamente concertado.
Antenor Carhuaz Carhuaz, coordinador de la Junta de Usuarios de Agua de Sierra y Selva, que reúne a 52 Juntas de Usuarios del país, señaló que el texto aprobado ayer en el Parlamento modificó sustancialmente el proyecto concertado con las centrales agrarias, en puntos que afectan a un gran sector de campesinos de nuestro país, lo que abre el camino a la privatización del agua.
El dirigente Antenor Carhuaz señaló que, tal como fue aprobada, la nueva Ley de Aguas permitirá privatizar los recursos hídricos, afectando sobre todo a los campesinos de la sierra y de la selva. Indicó que actualmente ya se aprecian conflictos por la administración privada del agua, como ocurre en Ancascocha, en el sur de Ayacucho, donde esa modalidad afecta a los usuarios de la parte alta, de la cabecera de la cuenca.
El dirigente campesino lamentó que la ley, que viene a ser la Carta Magna en el uso y administración de los recursos hídricos del país, no haya merecido la mejor atención e interés del Congreso y anunció que las Juntas de Usuarios de la Sierra y la Selva iniciarán las acciones de protesta desde el 30 del presente mes. También la Confederación Nacional Agraria CNA expresó su rechazo a la ley aprobada porque, dijo, privatiza la gestión del agua en el país, y anunció su disposición a iniciar el paro nacional agrario programado para el 30 de marzo.
Diario La Primera-Lima 13/03/2009
La bancada nacionalista encabezó las protestas en el Congreso.
La aprobación de un nuevo texto de la Ley de Recursos Hídricos, diferente del aprobado por consenso de las bancadas del Congreso y las centrales agrarias el 1 de marzo pasado, provocó ayer no sólo la indignada protesta de la bancada nacionalista, sino además la inmediata reacción de las juntas de usuarios de riego del país, que anunciaron la reanudación, desde el próximo 30 de marzo, de sus protestas contra la legislación, que consideran privatista y centralista.
La congresista nacionalista Marisol Espinoza, secretaria de la Comisión Agraria, criticó las modificaciones consecutivas que ha sufrido el texto en cada nueva votación de la llamada Ley de Aguas, las mismas que han sido hechas a espaldas de las organizaciones sociales y los gremios agrarios, que son los más afectados.
Señaló que tales modificaciones han dado como resultado una Ley de Recursos Hídricos a la medida de los llamados "operadores hídricos privados", que no son otros que las empresas mineras y las firmas que negocian con las necesidades de la población, en este caso del agua para las poblaciones de menores recursos económicos. Además, la ley promueve el centralismo de la gestión del recurso, dijo Espinoza.
Borra también “de un plumazo” una serie de párrafos contenidos en el texto de consenso. Por ejemplo, el artículo 34 del texto original que señalaba la prioridad del uso para consumo humano, indicó la congresista.
Polémico artículo
El nuevo texto fue aprobado por los miembros de las bancadas aprista, fujimorista, de Unidad Nacional y algunos de Alianza Parlamentaria, entre otros grupos políticos menores.
Los nacionalistas protestaron con indignación cuando se sometió a votación, por separado, el artículo 2º de la Ley, sobre Dominio y Uso Público del Agua, el mismo que fue aprobado por mayoría, eliminándose del texto el concepto clave “sin fines de lucro”, en la definición de que la gestión del agua puede estar a cargo de empresas privadas.
La protesta de la bancada nacionalista, que se situó en el centro del hemiciclo con carteles de rechazo, motivó la suspensión momentánea de la sesión.
Al término de la votación, el presidente de la Comisión Agraria, Mario Alegría, sostuvo que la eliminación del concepto “sin fines de lucro” obedece a la intención de no afectar el ingreso de inversiones.
Diario La Primera-Lima 13/03/2009
RESPETEN TERRITORIOS COMUNALES
Nativos son perjudicados.
Los dirigentes de un centenar de comunidades de las cuencas del Alto Putumayo y del Alto Napo, en Loreto, exigieron ayer al gobierno la anulación de la concesión del lote 117 otorgado a la empresa brasileña Petrobras en sus territorios, porque esa no es una opción de vida para ellos.
Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), exigió al gobierno respeto a los territorios indígenas, pues el ingreso de la petrolera (Petrobras) no es una opción de vida para las comunidades. Al contrario, la explotación petrolera trae contaminación y muerte de la biodiversidad en estas últimas reservas naturales, explicó.
Refirió que estas zonas son protegidas y cuidadas por los descendientes de las comunidades ancestrales, los mismos que son considerados internacionalmente como los verdaderos guardianes del pulmón del mundo.
Añadió que Perupetro pretende engañar a los comuneros con los llamados “talleres informativos” que organiza en Iquitos y que su verdadero objetivo sería obtener fraudulentamente las firmas de los asistentes para usarlas con el fin de aparentar que los indígenas están de acuerdo con la explotación petrolera en sus tierras, señaló.
Por su parte, el dirigente de la Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR), Nemesio Tangoa, informó que su comunidad está tramitando ante el Instituto de Recursos Naturales la creación de un Parque Nacional y dos Reservas Comunales en la zona reservada Gueppi.
Finalmente, Pizango denunció que, además del lote petrolero 117, el gobierno pretende entregar la construcción de la hidroeléctrica de Paquitzapango (Satipo). “Allí la Central Ashaninka del río Ene se opone, pues la energía que se generará beneficiaría a la ciudad de Acre en Brasil, sin contar con la construcción del proyecto IIRSA presentado por la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez”, precisó.
Diario La Primera-Lima 13/03/2009
ANUNCIAN PARO NACIONAL AGRARIO
Sigue la protesta.
DETALLE
La dirigencia de la Junta Nacional de Usuarios de Riego entró en contradicción con sus bases de la sierra y la selva, al declarar anoche su conformidad con la nueva legislación aprobada en el Congreso, pese a que ésta cambia importantes aspectos del proyecto previamente concertado.
Antenor Carhuaz Carhuaz, coordinador de la Junta de Usuarios de Agua de Sierra y Selva, que reúne a 52 Juntas de Usuarios del país, señaló que el texto aprobado ayer en el Parlamento modificó sustancialmente el proyecto concertado con las centrales agrarias, en puntos que afectan a un gran sector de campesinos de nuestro país, lo que abre el camino a la privatización del agua.
El dirigente Antenor Carhuaz señaló que, tal como fue aprobada, la nueva Ley de Aguas permitirá privatizar los recursos hídricos, afectando sobre todo a los campesinos de la sierra y de la selva. Indicó que actualmente ya se aprecian conflictos por la administración privada del agua, como ocurre en Ancascocha, en el sur de Ayacucho, donde esa modalidad afecta a los usuarios de la parte alta, de la cabecera de la cuenca.
El dirigente campesino lamentó que la ley, que viene a ser la Carta Magna en el uso y administración de los recursos hídricos del país, no haya merecido la mejor atención e interés del Congreso y anunció que las Juntas de Usuarios de la Sierra y la Selva iniciarán las acciones de protesta desde el 30 del presente mes. También la Confederación Nacional Agraria CNA expresó su rechazo a la ley aprobada porque, dijo, privatiza la gestión del agua en el país, y anunció su disposición a iniciar el paro nacional agrario programado para el 30 de marzo.
Diario La Primera-Lima 13/03/2009
