9 de marzo de 2010

EN HUALGAYOC NO DESEAN MÁS CONCESIONES MINERAS


El consejero regional por la provincia de Hualgayoc, Domitilo Vásquez Suarez, afirmó que la población, en una última reunión, exigió al Gobierno Central no otorgar más concesiones mineras.

Si el Gobierno no quiere otro suceso como lo ocurrido el 15 de setiembre del 2009, donde hubo muertos y decenas de heridos en Vista Alegre, debe empezar por tomar en cuenta qué es lo más beneficioso para los pobladores de la provincia de Hualgayoc.

Como se recuerda, un contingente de comuneros en desacuerdo con la mina Consolidada arremetieron contra los pobladores que apoyan la presencia minera. En tanto que la policía, que había permanecido a la expectativa, intervino con fuerza para disolver a los manifestantes.

Domitilo Vásquez aseguró que el diálogo es la única forma de evitar más conflictos sociales en la provincia de Hualgayoc, y el punto de partida está en tomar en cuenta la participación de la sociedad civil.

Por otro lado, el consejero regional adelantó que la población de Hualgayoc está a la espera del informe de Zonificación Ecológica – Económica (ZEE). Es importante porque delimitará las áreas de conservación, apuntó.

Finalmente, dijo que por el momento están acordando la próxima reunión con el Ministerio de Energía y Minas. “Si bien aún no tienen fecha, el sentir de la población sigue siendo el mismo, no más concesiones mineras y poner un alto a los informales”, anotó.

Diario Panorama Cajamarquino 09/03/2010






FRENTE DE DEFENSA DE ISLAY ORGANIZA PARO CONTRA PROYECTO MINERO TÍA MARÍA


El Frente de Defensa de Islay (Arequipa) coordinará con sus bases un paro provincial indefinido en rechazo al proyecto Tía María, de la empresa Southern Copper Corporation (SPCC).

A través de la CNR, Julio Gutiérrez, dirigente de la referida organización de base, indicó que la medida de fuerza se llevaría a cabo antes del 19 de abril para cuando la minera ha convocado una nueva audiencia pública.

Sobre el encuentro, donde se presentará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Gutiérrez aseveró que no existen las condiciones para su realización en el Molino San Vicente en el anexo de La Pascana, en el distrito de Cocachacra.

Dijo que se trata de una zona agreste, con una vía de comunicación poco conveniente, donde se ubica un asentamiento humano de apenas 20 personas. "Programar una audiencia en esas condiciones, no sé a qué quieren llegar. El gobierno regional no enviará un representante por falta de garantías", manifestó.

En tal sentido, recordó que los pobladores de la localidad se han pronunciado mayoritariamente en contra del proyecto minero. Esto consta en la consulta vecinal desarrollada en setiembre del 2009, donde un 91% de los participantes se declaró opuesto al proyecto Tía María.

"Cocrachacra en mayoritariamente agrícola; (es una localidad) que abastece a muchas zonas del sur del país y (con la minería) se puede perder el valle del Tambo", aseveró.

Por ello, insistió en que llevarán adelante una medida de fuerza, en fecha aún por definir, que incluiría el bloqueo de las carreteras y puertos hacia el sur del país.

"Si el gobierno no quiere escuchar la voz del pueblo, creo que al gobierno le gusta la violencia. No somos violentistas, pero no nos va a quedar otra alternativa", expresó.

Cabe recordar que, el 10 de febrero último, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) decidió postergar la audiencia pública programada para el 15 de ese mes, tras una reunión sostenida en Mollendo (Ilo) por la empresa con la población y autoridades de los poblados de Cocachacra y Dean Valdivia, que se encuentran ubicados en la zona de influencia.

Según los pobladores de Islay, serían alrededor de doce mil 500 hectáreas de cultivos como caña de azúcar, arroz, legumbres, olivos, tubérculos y otros, que se verían comprometidos con las operaciones mineras de SPCC.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/03/2010





PIDEN DEBATE NACIONAL SOBRE HIDROELÉCTRICA DE INAMBARI


La congresista por Puno, Susana Vilca, solicitó someter a debate nacional el proyecto de construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, motivo de un paro de 48 horas los días jueves y viernes pasado.

A través de CNR, Vilca Achata señaló que se requiere del concurso de especialistas y de la sociedad civil para analizar otras alternativas al proyecto, que supondría el embalse de 27 comunidades.

"Esos planteamientos se tienen que llevar a un debate nacional para luego orientarse a plantear una política energética coherente, con cuidado del medio ambiente y con respeto a nuestras poblaciones selváticas, amazónicas y comunidades campesinas", expresó.

Sobre la medida de fuerza de la semana pasada, la parlamentaria señaló que si bien fue protagonizada por los habitantes del distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, el proyecto afectaría directamente a otras localidades como son Puerto Manaos, Loromayo y Lechemayo, entre otras.

Refirió que la oposición de los puneños a esta iniciativa quedó manifiesta en la reciente visita del viceministro de Energía, Daniel Cámac, a San Gabán. "Son 27 comunidades que temen por su actividad productiva, vivienda, minería y futuro de sus hijos", enfatizó.

Vilca dejó entrever que habrían otros proyectos en Junín y Cusco, con características similares al de la hidroeléctrica de Inambari. "El planteamiento debe pasar por el Congreso, a un debate nacional para plantear bien las cosas. Por que así sólo viendo superficialmente, sería una gran preocupación para quienes seguimos el tema", acotó.

Diversos líderes de base han denunciado que la ejecución de la hidroeléctrica significará la inundación de unos 50 kilómetros de la Carretera Interoceánica. Además, exigen a la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (EGASUR) -responsable del proyecto- exponer el impacto ambiental que sufriría el Parque Nacional Bahuaja-Sonene.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/03/2010





ALCALDES DE SAN MARTÍN SOLICITARÁN MESA DE DIÁLOGO SOBRE BARRANQUITA


Los alcaldes de San Martín solicitarán al Ejecutivo la instalación de una mesa de diálogo a fin de tratar el problema de tierras del distrito de Barranquita, provincia de Lamas, a raíz de las operaciones del Grupo Romero.

Para ello, se designará una comisión técnica y de autoridades que será integrada por el presidente regional César Villanueva; Enrique Flores Pinedo, presidente de la Asociación de Municipalidades de San Martín (AMRESAM); y el gerente regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ulderico Fasanando Ramírez.

A ellos se sumarán los burgomaestres provinciales y distritales, así como la hermana Lucero Guillén, presidenta de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la localidad.

Esta comisión se encargará de elaborar la propuesta técnica y ayuda memoria a presentar ante los distintos ministerios, según los acuerdos alcanzados en la reunión del último sábado en el auditorio de la AMRESAM.

Así mismo, otro acuerdo fue concretar una agenda de trabajo con los ministerios de Agricultura, Ambiente y de Energía para exigir una solución inmediata e integral a los problemas territoriales en Barranquita, Mariscal Cáceres, Sacanche, Soritor y otros distritos de la región.

Como se recuerda, a fines de enero, la Dirección Regional Agraria de San Martín (DRASAM) declaró nula la resolución administrativa que permitía al Grupo Romero realizar actividades de deforestación y conversión de uso del predio denominado “Palmas del Oriente”, en el distrito de Barranquita.

La resolución Nº 023-2010-GRSM/DRASAM anula, así mismo, la autorización para el cambio de uso de tierra con aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva.

De esta manera, el emporio empresarial queda prohibido de realizar actividades en esta zona, donde más de mil hectáreas de bosques vírgenes fueron depredados, según denunció en su momento Radio y Televisión Oriente de Yurimaguas.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 08/03/2010