(...) Del Castillo estará hoy en Cajamarca para reunirse por tercera vez con los pobladores de Combayo y la minera Yanacocha, que debaten un pliego de acuerdos. Será en el Teatro Cajamarca y estarán 210 comuneros de Combayo, asesorados por el padre Marco Arana, experto en la solución de conflictos mineros.
Diario La República – Lima 23/09/2006 007iauyxgh.pdf
Del Castillo encabeza reunión de Comisión con pobladores de Combayo
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, encabeza la reunión de la Comisión de Alto nivel con los comuneros de Combayo y la minera Yanacocha.
En conferencia de prensa, realizada a su llegada a esta ciudad, Del Castillo anunció la puesta en marcha del proyecto de reconstrucción del hospital de Cajamarca y la culminación de la línea de transmisión Carhuaquero-Jaén, a la que se destinarán 12
millones de dólares. El jefe del Gabinete Ministerial llegó a la ciudad de Cajarmarca a las 7:35 de la mañana, acompañado de los titulares de Energía y Minas, Juan Valdivia, de Salud, Carlos Vallejos y Agricultura, Jorge Salazar.
Diario La República – Lima 23/09/2006 007ymssvqj.pdf
Comuneros de Combayo y minera Yanacocha firman acuerdo
En presencia del Primer ministro, Jorge del Castillo, comuneros de Combayo y representantes de la minera Yanacocha lograron esta tarde un importante acuerdo para solucionar la problemática de la zona. En el convenio de doce puntos la compañía se compromete a financiar las obras y los estudios que sean necesarios para garantizar la buena calidad del agua, tanto para consumo humano como para actividades agrícolas.
Por su parte, los comuneros de Combayo declararon que no se oponen al desarrollo de la actividad minera, pero que buscarán que la misma no atente con sus actividades productivas.
En ese contexto, Yanacocha financiará la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento en las partes altas y bajas de Combayo, que serán administradas por Sedacaj (la empresa regional del agua), pero fiscalizadas con la participación de sus pobladores.
Paralelamente, la minera y la comunidad coordinarán la elaboración de un estudio de afianzamiento hídrico de la cuenca para asegurar y mejorar el abastecimiento de agua en el presente y futuro, para regadío y consumo humano.
La empresa también se compromete a continuar la construcción de la carretera Puente Otuzco-Combayo y Combayo-Pabellón, con una inversión de 2 millones 686 mil 200 soles. Las obras empezarán antes de fines de mes y culminarán en el 2007. La conversaciones para este acuerdo se realizaron en el Teatro Municipal de Cajamarca, en presencia de la Comisión de Alto Nivel llagada esta mañana desde Lima, presidida por el primer ministro Jorge del Castillo.
Diario La República – Lima 23/09/2006 007pgjljfe.pdf
"Nos anticiparemos a los conflictos"
Por Cecilia Niezen
Entrevista: ROSARIO PADILLA VIDALÓN
En un difícil momento para el sector, la viceministra de Minas opina que es necesario generar mecanismos de participación desde antes de que se inicien las exploraciones mineras.
Rosario Padilla es la primera mujer en pisar los pasillos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) como viceministra y está convencida de que la mujer puede aportar un punto de vista diferente en la solución de los difíciles conflictos sociales que aquejan el sector. Abogada de profesión, sus propuestas pasan principalmente por introducir cambios normativos, algunos de ellos tan importantes como requerir a las mineras que cuenten con el permiso de la población local desde antes de iniciar las exploraciones, lo cual recoge uno de los reclamos con mayor consenso entre los críticos de la actual legislación. El Comercio conversó con la funcionaria.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que siete de los diez conflictos sociales activos
en el país son mineros. ¿Cómo manejar tantos frentes a la vez?
Estamos tratando de adelantarnos al estallido del conflicto. Sabemos que las crisis se han generado por falta de diálogo entre empresas y comunidades. Es posible que las compañías hayan venido haciendo un buen trabajo de inversión social, pero no lo comunicaban bien. Los frutos tampoco se veían a nivel de Estado -los del canon minero, por ejemplo- porque las autoridades regionales y locales no han tenido una capacidad de gasto acorde con las normas, que aún son muy centralistas. El proceso de descentralización ha despegado, pero no ha ido acompañado por la actualización de las normas.
¿Seguirán empleando el esquema de resolución de conflictos utilizado en el caso de
Combayo (Yanacocha)?
El MEM ha activado su rol de prevención de conflictos. En el caso de Cajamarca, le hemos dicho a la población: si tienen temor de que el recurso hídrico vaya a estar en riesgo, entonces hagamos los estudios correspondientes por un ente independiente que ustedes puedan elegir. Si el estudio demuestra que no va a haber impacto, entonces todos felices; y si el estudio demuestra que hay impacto, pero que hay una solución técnica para resarcir o reponer los recursos hídricos, también acéptenlo. Y lo aceptaron. Eso me pareció muy maduro por parte de la población.
Sin embargo, los conflictos aumentan. ¿Qué zonas son para ustedes las más preocupantes?
Creo que hay que trabajar más en Cajamarca, no solo por Yanacocha sino también por los futuros proyectos que se avizoran. Ahí está Michiquillay, que queremos que salga ya, y prospectos atractivos como La Granja y Cerro Corona. Otra zona que debemos trabajar es Puno, donde hay mucha minería artesanal e informal, pero eso es a otro nivel. Más allá de los sitios concretos, el tema pasa también por un importante cambio normativo.
¿Es necesario cambiar normas para evitar estallidos sociales?
Creo que las normas están desactualizadas en cuanto a medio ambiente y gestión social. En hidrocarburos vemos que, por ejemplo, desde antes de iniciar una exploración se requiere el permiso de las comunidades. En minería, en cambio, para iniciar las actividades de exploración solo se necesita permisos técnicos, como la viabilidad ambiental que otorga el MEM, y entonces las comunidades perciben la actividad como una violación a sus derechos. Eso nos hace reflexionar que las normas que tenemos son de 1993, que han pasado ya muchos años y es necesario renovarlas.
¿Concretamente, qué cambios propone?
Estamos evaluando, por ejemplo, si es necesario incorporar una participación ciudadana más efectiva en las exploraciones, porque vemos que las crisis están surgiendo allí. También hemos visto que empresas como Río Tinto que se relacionan con las comunidades antes de iniciar la exploración - incluso antes de pedir el permiso al ministerio - no tienen problemas. Ahora, puesto que los proyectos de exploración abarcan por lo general áreas muy pequeñas que a veces solo involucran a una comunidad, entonces también estamos considerando que las mineras cuenten con el permiso de las comunidades aledañas, de aquellas que se verían afectadas directamente por las operaciones.
¿Eso requeriría la modificación de la Ley General de Minería?
La Ley General de Minería establece que las concesiones mineras se otorgan después de
cumplir ciertos requisitos formales. Pero todos los permisos de exploración hasta la
explotación son materia de diferentes reglamentos. Esos son los reglamentos que queremos actualizar.
Pero colocándonos en los zapatos de las mineras, ellas critican esos procesos por ser engorrosos. ¿Lo que usted propone no implicaría añadir más requisitos a los existentes? ¿Cómo lograr un equilibrio?
Es verdad que hay una maraña de procedimientos que entrecruzan facultades de un sector y de otro, pero el incorporar requisitos de mayor importancia no significa aumentar su número. Podemos ir eliminando condiciones poco importantes y añadir otras cruciales, como la participación ciudadana.
¿Qué opina de un ordenamiento territorial económico-social para prevenir conflictos?
Justamente ese es un proceso que ya se inició y está a cargo del Conam. El proceso es un poco lento, pero creo que va a establecer mayores seguridades para la inversión.
¿Y si la población de una zona apta para la minería decide que no haya minería en su
suelo?
En el Perú no existe el derecho de veto de las poblaciones, porque quien decide es el que jurídicamente tiene la atribución, que es el Estado. En este caso tendría que decidir el Poder Ejecutivo porque así lo manda la Constitución. Sin embargo, creo que ningún inversionista va a optar por realizar actividades donde ve que hay un rechazo total, porque no sería viable. Así, si bien es cierto que no existe un veto oficialmente reconocido, los inversionistas tienen un respeto a la licencia social de las comunidades.
¿Entonces a qué atribuye los conflictos actuales?
Lo que pasa es que se ha quebrado la confianza porque ha habido compromisos de parte de empresas y del Estado de hacer obras que no se han cumplido. Por eso debemos trabajar en agilizar los fondos de fideicomiso (producto de las privatizaciones mineras) o en solucionar los problemas del canon minero.
También pasa por un tema de fiscalización y transparencia
Estamos tratando de afinar un texto de proyecto de ley porque creemos que Osinerg podría ser el que asuma este tipo de funciones (que actualmente son del MEM), porque es un ente técnico que ya tiene experiencia en fiscalización de hidrocarburos y energía. Pero Osinerg no podría otorgar permisos porque de nuevo estaríamos incurriendo en que quien concede, fiscaliza.
¿En cuanto a la recaudación, considera posible que los proyectos de ley de sobreganancias sean aprobados a pesar del aporte voluntario al que se han comprometido las empresas?
Todo impuesto se aprueba mediante ley, por lo que es el Congreso de la República el que tiene la atribución de aprobar o desaprobar un impuesto a las sobreganancias. De aprobarse la ley, puede que el Ejecutivo la observe eventualmente. Pero sería tema de análisis una vez que se tenga un texto final.
¿Pero cuál es la posición del MEM?
Cuando el presidente García anunció el aporte voluntario minero lo hizo a modo de generar una alternativa justamente al impuesto a las sobreganancias
Creo que los empresarios saben que este asunto se está debatiendo a todo nivel, pues ha
sido tema de la campaña electoral. Además, si ya forma parte de proyectos de ley, vamos a tener que seguir conversando al respecto.
Muchos de estos contratos de estabilidad están por vencer en estos años. ¿Se seguirá
firmando contratos similares? ¿Serían los nuevos contratos tan largos como los que se
firmaron en los 90?
No es que tengamos especial interés en seguir firmando contratos. Pero si el inversionista estuviese seguro de que aquí la palabra se respeta, que los procedimientos son ágiles y que los estamentos del Estado son serios, no tendríamos necesidad de firmar más contratos. Por eso el Gobierno tiene por convicción respetar la palabra empeñada en los contratos de estabilidad. Es más, creo que hay que revisar las normas que otorgan garantías a nivel de contratos, aprovechando esta ventaja en los precios que no sabemos cuánto va a durar - aunque tampoco debemos perder de vista las sobrepérdidas-. Es verdad que los contratos de estabilidad suelen darse por 10 o 15 años, pero en ningún caso se ha exonerado del pago de impuestos a una empresa, pues los contratos son una fotografía del momento. Pero si quisiéramos cambiar la normatividad -acortando los plazos, por ejemplo- tendría que hacerse con una norma de rango de ley, pues el tema se rige bajo la Ley General de Minería.
Sin embargo, existe la impresión de que algunas mineras renegociaron favorablemente
sus contratos, y que en esta coyuntura de precios altos el Estado no fue capaz de decirles: ustedes deben aportar más...
No creo que haya esa percepción en la población, aunque creo que sí la hay en algunas
personas que tienen una posición definida. En todo caso, cualquier contrato es renegociable en cuanto las partes así lo quieran. Desde mi punto de vista, en minería no ha sido necesario renegociar, pero estamos siguiendo este tema de cerca. Algunos especialistas han hecho los cálculos y nos han manifestado que si las empresas que tienen contratos de estabilidad hubieran pagado regalías, no hubiéramos logrado un mayor monto que el aporte voluntario (S/.2.500 millones en cinco años).
¿Con todos los retos actuales se mantendrán las proyecciones de inversión?
Nos hemos planteado en el subsector minero que el quinquenio termine con US$10.000
millones en inversiones. Creemos que es posible conseguir esto, pues hay proyectos que se avizoran, y entre todos pueden lograr el monto estimado.
Diario El Comercio – Lima 23/09/2006 007uqynpox.pdf
Punto de vista: Es una nueva prueba de fuego
Carlos Basombrío, Ex vice ministro del Interior
El problema de Ilo es un desafío importante y difícil para el nuevo régimen, por la importancia económica que tiene Southern Perú en el país, inclusive más que el reciente conflicto ocurrido en Cajamarca con Yanacocha. Hay muchos problemas sociales y conflictos embalsados y estamos viendo que en los últimos días están volviendo a aparecer rápidamente. Hay que tener en cuenta también que el Gobierno ha planteado dos formas de cómo manejar estos conflictos: Que no van a recurrir a la represión y que van a propiciar el diálogo, y, segundo, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, ha dicho claramente que no se va a negociar en situaciones de fuerza y contrarias a la ley. Estas dos afirmaciones se pondrán a prueba en este conflicto, lo cual es una nueva prueba de fuego. Sin duda ahora hay una especie de 'pulseo' de fuerzas entre los sectores que lideran la protesta y el Gobierno, cuyo desenlace de lo que ocurra influirá sin duda en la forma en que otros conflictos se manejen en el futuro.
Diario El Comercio – Lima 23/09/2006 007wwxjgef.pdf
Licitarán proyecto cuprífero
Michiquillay en diciembre Inversión estimada que deberá realizar el concesionario sería de US$300 millones Pro Inversión convocó al proceso de licitación internacional del proyecto cuprífero Michiquillay, ubicado en Cajamarca. Dicho yacimiento, que también tiene contenidos de oro y plata, tendría reservas de cobre calculadas en 544 millones de toneladas, cifra equivalente a las que se estiman para Las Bambas y la mitad de las estimadas para La Granja, con una ley de cobre de 0,69%.
De acuerdo con la agencia promotora, el ganador de la subasta (se entregará el proyecto a quien ofrezca la mayor retribución al Estado) se dará a conocer el 15 de diciembre, estimándose que la suscripción del contrato con el ganador se realizaría, a más tardar, el 31 de enero del 2007.
Para participar en el proceso de subasta, los potenciales postores deberán demostrar que
poseen un patrimonio no menor a US$100 millones y acreditar al menos una operación
minera o de concentración, con capacidad para procesar al menos 10.000 TM de minerales al día (está previsto que el proyecto mueva 40.000 TM al día).
ALGUNOS DETALLES
Michiquillay tuvo sus orígenes en 1959, pero nunca se explotó, pues la ley (calidad) de sus reservas, al igual que las de Las Bambas, eran bajas respecto de otros proyectos
administrados por el Estado y, por tanto, se vieron relegados. Ha sido el incremento de
precios en la cotización del mineral rojo, producto de la demanda china (que consume la mitad de la oferta del planeta), lo que ha hecho atractiva la explotación de estos yacimientos.
Si bien el nombre del proyecto puede inducir a creer que se trata de una sola operación, en realidad consta de 19 concesiones mineras que cubren un área de 18.978 hectáreas.
Diario El Comercio – 23/09/2006 007abgkhjw.pdf
PIDE SU APOYO
Luego de reunirse por más de dos horas con el presidente Alan García en Palacio de Gobierno, la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, hizo un llamado al Poder Judicial (PJ) para que apoye las acciones de la Policía Nacional (PNP) en épocas de conflictos.
"Quiero hacer presente a todos que se están produciendo desórdenes en nuestro país. Se están levantando atestados. Sin embargo, muchas veces las personas son están detenidas son liberadas", remarcó.
En ese sentido, la titular del sector lamentó que el PJ no ayude a su portafolio en el restablecimiento del orden, como ocurrió con los detenidos en la comunidad de Combayo y, recientemente, en Ilo, donde se bloquearon las vías del tren. Sobre este último punto, Mazzetti Soler refirió que la PNP detuvo a ocho personas y que los pobladores de esa zona han decidido reunirse con las autoridades regionales este martes 26. Como se recuerda, el Frente Amplio de Lucha de Moquegua protagonizó un paro de 24 horas contra la minera Southern Perú, argumentando que sus aportes son "irrisorios" y que ha ocasionado la contaminación de esa provincia durante más de 40 años.
www.peru.com 23/09/2006
