Ambientalistas bajo amenaza
Defender medio ambiente frente a poderosas mineras se ha vuelto un riesgo para la propia vida.
“Operación Diablo” fue el nombre de un operativo de espionaje e intimidación que tuvo como blanco a activistas ambientales en la ciudad de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, llevado a cabo el año pasado.
En diciembre del 2006, el diario La República destapó que la empresa privada de seguridad C & G Investigaciones espiaba y filmaba al personal y simpatizantes de la
organización no gubernamental ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el desarrollo Sostenible (Grufides), las 24 horas del día.
En su centro de operaciones la empresa tenía fichados a los ambientalistas como si fueran delincuentes. El apodo que dieron al sacerdote católico Marco Arana, director de Grufides, fue “el diablo”.
“El objetivo de esta operación es tanto la difamación personal como la intimidación”, explica Arana.
Hay evidencias de que los resultados del seguimiento fueron a dar a la empresa de seguridad “Forza”, que presta servicios a la minera Yanacocha, que explota el más grande yacimiento aurífero de América Latina, ubicado a 14 km de Cajamarca.
Desde hace varios años, Arana, igual que la abogada Mirtha Vásquez y otros integrantes de Grufides, han venido llamando la atención sobre los daños ambientales causados por Yanacocha.
En el 2004 se suscitó un grave conflicto entre Yanacocha y los habitantes de Cajamarca opuestos a la explotación del cerro Quilish, que contiene reservas de oro y que según la comunidad sería el colchón acuífero de la ciudad. La empresa finalmente abandonó sus pretensiones de explotar Quilish (NA, Set. 22, 2004 y Oct. 18, 2006), pero los conflictos están lejos de terminar.
En agosto pasado, en un enfrentamiento entre habitantes del pueblo de Combayo y las fuerzas de seguridad privada de la minera, murió abaleado el campesino Isidro Llanos.
Arana y Vásquez no son los únicos que sufren hostigamientos y amenazas por defender el medio ambiente. Más bien son los últimos en una cadena de hasta 16 casos que tiene registrados la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y que en su mayoría no han sido hechos públicos hasta ahora.
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Escrito por: Hildegard Willer
