Acuerdan solicitar que exista licencia social para operaciones mineras, petroleras y forestales
Escrito por Carlos Alayza
En Foro Social Mundial, de Nairobi, A este evento asistió el sacerdote Marco Arana por GRUFIDES.
En el Foro Social Mundial, Nairobi, desarrollado en el mes de enero por CIDSE y organizaciones contrapartes provenientes de todo el mundo se presentaron una serie de recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil a los gobiernos, las compañías, las instituciones financieras y las Naciones Unidas, con relación a las industrias petrolera, minera y forestal y sus impactos en el desarrollo.
Las organizaciones asistentes a este foro, firmaron un documento en el cual expresan que los recursos naturales de los países pertenecen a sus ciudadanos y deben ser utilizados en el mejor interés de todos sus habitantes. Estos recursos naturales son un don de Dios y deben servir para toda la humanidad y las futuras generaciones.
En este aspecto han demostrado su preocupación porque en vez de beneficiarse de sus recursos naturales, las comunidades locales en las áreas de explotación de petróleo, gas, minería e industria forestal están experimentando un aumento de la pobreza, la que se nota en la pérdida de medios de vida, los conflictos violentos, las violaciones de derechos humanos persistentes, la degradación ambiental y la corrupción, con consecuencias especialmente adversas para las mujeres. La competencia por los limitados recursos naturales amenaza la seguridad humana a nivel mundial.
Ante esta situación hacen un llamado a los gobiernos, pidiendo, entre otras cosas, responsabilidad a las compañías por sus actividades extractivas, donde sea que realicen sus operaciones, requerir evaluaciones de impacto ambiental, social y de los derechos humanos y a publicar sus resultados de manera temprana, accesible y comprensible para las poblaciones afectadas. De igual manera, piden a los países del sur, en donde se encuentra el Perú a incluir en sus marcos legales las garantías para una genuina participación de las comunidades locales en todas las etapas de los proyectos extractivos; a otorgar licencias para operaciones de las industrias extractivas solamente si cuentan con el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales afectadas; a permitir la renegociación de los contratos que no garantizan el mejor interés de las comunidades afectadas; poner término inmediato a toda criminalización e intimidación a los defensores que abogan contra la corrupción, la violación de los derechos humanos y la destrucción ambiental relacionada con la explotación de los recursos naturales, entre otros planteamientos.
A los países ricos en particular se les ha solicitado que a honrar sus contratos con los gobiernos anfitriones, los que deben respetar las leyes nacionales así como los estándares internacionales de derechos humanos y ambientales, y contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales antes de iniciar sus operaciones y a respetar el derecho de las comunidades a decir “NO” a los proyectos que no garantizan su mejor interés. El consentimiento libre, previo e informado debe ser una condición para la firma de cualquier contrato con los gobiernos, asegurar que sus operaciones no causen o exacerben los conflictos. Donde esto suceda, a suspender las operaciones hasta que los conflictos sean resueltos con satisfacción de todas las partes involucradas y de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales.
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