20 de agosto de 2008

Exige que el Tribunal Constitucional resuelva sobre inconstitucionali-dad de decreto legislativo 1015.

DEFENSORA RESPALDA DERECHOS INDÍGENAS



Los manifestantes de la selva decidieron despejar el puente Corral Quemado, en Amazonas.


DETALLE


La directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), Ada Chuecas, manifestó que las protestas de los nativos están amparadas en tratados internacionales, como el Convenio 169 citado por Merino. “Los reclamos son legítimos porque los decretos vulneran los derechos humanos de pueblos indígenas reconocidos en la OIT y la declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas”, subrayó.

La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, exigió ayer al Tribunal Constitucional (TC), entidad cuestionada porque la mayoría de sus miembros son de tendencia aprista, que resuelva a la brevedad la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por su institución el 30 de mayo último contra el decreto legislativo 1015, que facilita la venta de las tierras comunales de las comunidades campesinas.

El decreto dispone que sólo la mitad más uno de los miembros de una comunidad campesina o nativa pueda disponer de las tierras comunales. Con esta norma, según los especialistas, los empresarios mineros y forestales tienen el camino expedito para obtener esas tierras con más facilidad y a precios irrisorios.

En tal sentido, la defensora sostuvo que el tribunal ya tuvo el suficiente tiempo para resolver y lo emplazó a actuar con celeridad “más aún si se tiene en cuenta que desde el 30 de mayo último, día en que se presentó la demanda, ha transcurrido un plazo razonable”.

De otro lado, dijo que el Estado está obligado a darle estricto cumplimiento a las normas referidas al derecho a la consulta y a la participación, en este caso de las comunidades indígenas, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 2 de diciembre de 1993, ratificado por el Perú en 1994, lo que no se cumplió y por ello los nativos han levantado su voz de protesta.


PIDE DIÁLOGO


Merino invocó a las dirigencias de las comunidades nativas, así como a las instituciones del Estado, a reiniciar el diálogo suspendido. Advirtió también que el Estado de Emergencia decretado no supone la ausencia del Estado de Derecho y no anula la vigencia de los derechos fundamentales.


OLLANTA NIEGA SER UN CONSPIRADOR


El líder opositor Ollanta Humala rechazó la acusación gubernamental que le atribuye participar en un complot que supuestamente utiliza una protesta de indígenas amazónicos para derrocar al gobierno.

En declaraciones a la prensa internacional, el presidente del Partido Nacionalista (PNP) respondió a declaraciones del primer ministro, Jorge del Castillo, quien sostuvo que esa organización está detrás de las movilizaciones y de la alegada conspiración.

“No estamos atrás sinodentro de las protestas”, añadió Humala, al señalar que el PNP obtuvo en las elecciones de 2006 más de 47 por ciento del electorado y una proporción

Diario La Primera – Lima 20/08/2008








DECRETOS DEBIERON SER CONSULTADOS A NATIVOS


Todas las normas que cuestionan los indígenas vulneran el Convenio 169 de la

OIT. Algunas también violan la propia Constitución.




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Alerta. Normas defendidas por Brack y García serían inconstitucionales.

Si algo tienen en común los cinco decretos legislativos que han provocado la ira de las 65 etnias amazónicas, que protestan desde el 9 de junio en las siete regiones amazónicas del país, es que todos ellos vulneran el derecho a la consulta previsto en el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Libres de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), ratificado por Perú en 1993.

En efecto, los decretos legislativos 1015, 1064, 1073, 1089 y 1090 transgreden el derecho de los pueblos a dar su opinión sobre los temas que afectan directamente su desarrollo, previsto en el artículo 6, incisos 1.a y 2 del mencionado texto legal internacional, que hacen referencia específicamente al Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado, así como incumplen el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Además algunos de ellos (el 1015, 1073 y 1089) han sido emitidos al margen de los artículos 101, inciso 4 y 104 de la propia Constitución del Perú.

Estas son las principales conclusiones del último informe del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), publicado el 15 de agosto del presente año, en cuyas páginas se hace un análisis detallado de los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo en virtud de la ley 29157 (para legislar en materia del TLC con Estados Unidos) que afectan a los pueblos indígenas.

El estudio detalla en qué puntos concretos los textos legales perjudican a las comunidades (ver infografía adjunta) y concluye que "la política económica llevada a cabo por el gobierno genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas, debido a que las mismas no están acompañadas de un régimen de protección para los derechos colectivos de estos pueblos".


DEBE HABER CONSULTA


Del mismo modo recuerda que para respetar la integridad de los pueblos no basta la revisión normativa del régimen jurídico de las tierras y los recursos, y que antes de autorizar cualquier concesión, el Estado debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y sus recursos.

"En el país se vulnera el derecho a la consulta y participación, según lo prescrito en los artículos 6 y 7 del Convenio 169. La ausencia de procedimientos de consulta previa antes de emprender o autorizar actividades en tierras indígenas es una de las causas de conflicto socio ambiental", especifica el estudio.


EL CONGRESO Y UN REAL INDEPA


En su informe, el Caaap recomienda que el Congreso revise la constitucionalidad de los DL cuestionados y pide al Estado que mejore su institucionalidad y dote de instrumentos y potestad real al INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano).

Del mismo modo, solicita que se establezcan políticas coherentes de saneamiento legal de territorios y políticas de ordenamiento territorial, acordes al Convenio 169 de la OIT, así como recomienda implementar mecanismos de consulta y consentimiento adecuados. Pide, finalmente, que el manejo de los conflictos sea preventivo y con participación de varios sectores.haya electores nacionalistas, así como de otros partidos.

Humala reivindicó al mismo tiempo la legalidad de las movilizaciones iniciadas el 9 de agosto por más de 60 etnias amazónicas.

Subrayó que la protesta indígena no cuestiona al Estado de Derecho sino al abuso de poder de quienes lo administran (el gobierno).

Diario La República – Lima 20/08/2008
















CAEN LOS PRECIOS DE LOS METALES: TRES CUESTIONES CRÍTICAS


Armando Mendoza


La actualidad económica viene marcada por la caída en los precios internacionales de los metales, incluyendo aquellos que componen el grueso de nuestras exportaciones mineras. Como es conocido, esta caída de precios se debe al creciente temor de una desaceleración económica global y subsiguiente reducción en la demanda por parte de China, Estados Unidos y Europa. Obviamente, este tema preocupa por el peso de la minería en la economía, lo que exige plantear algunas cuestiones sobre el posible impacto que esta caída de precios tendrá para el país.

¿Se vino la noche para la minería peruana?. Aún no, más apropiado es decir que el sol brilla un poco menos.

Incluso con el ajuste a la baja en los precios de los metales, los niveles de rentabilidad del sector minero son aun considerables. Así, con la caída del precio del oro -de US$ 1,000 a US$ 800 la onza- las ganancias de las empresas auríferas pasaran de “recontrafabulosas” a ser, apenas, “fabulosas”. ¿Bancarrota minera?; todavía no, pues el sector aun tiene margen para operar y prosperar. Así que si lee o escucha por ahí a algún “experto” anunciando crisis y recomendando un “rescate minero” con rebajitas tributarias incluidas, ríase con toda confianza, porque esta bromeando.

¿Y el impacto sobre los ingresos fiscales?. Ahí si, mejor empezar a preocuparse.

El Estado se ha acostumbrado a los crecientes tributos mineros, y sí estos se reducen, sentirá la pegada, pues su participación en la recaudación total pasó de 3.8% en 1998 a nada menos que 24.6% en el 2007 (véase grafico). Si los aportes mineros se contraen –así sea levemente- ocurrirá un inevitable ajuste del cinturón fiscal, que afectara principalmente a rubros social y políticamente sensibles al nivel regional y local, como son el Canon y las Regalías (y mejor ni hablar del “Aporte Voluntario”).

La buena noticia es que hay algún tiempo de respiro, pues por motivos contables y tributarios, los recursos provenientes de la minería son distribuidos tras finalizar el año fiscal, significando que los menores ingresos fiscales percibidos en el 2008 recién empezaran a afectar las transferencias del 2009. Crucemos los dedos para que entretanto “alguien” se haga cargo de prevenir, racionalizar y compensar estos recortes, pues si no, va a arder Troya en más de una región.

¿”Perú: País Minero” y punto?. Hora de jubilar al Modelo Primario-Exportador.

Después de la borrachera de altos precios de los metales, la economía peruana esta despertando con resaca y amarrada al modelito primario-exportador, que apuesta al crecimiento basado en exportar materias primas, lo que es muy simpático y efectivo siempre y cuando se cumpla una condición: que los precios de las materias primas se mantengan en niveles adecuados. En el momento en que dichos precios se caen -lo cual ocurre cíclicamente, en mayor o menor medida- el modelito se va al suelo.

Resulta claro lo riesgoso de apostar al esquema primario-exportador, que es -literalmente- vivir rogándole al santo que los precios de las materias primas sigan altos. Así, es hora de replantear la política económica, empezando a invertir en la real base del desarrollo de un país: su capital humano, el único que puede crear verdadero valor agregado, innovar, diversificar y ganar competitividad. Obviamente, lo anterior no significa satanizar a la minería y demás industrias extractivas, que tienen un rol importante que cumplir en todo proceso de desarrollo, pero no pidamos peras al olmo, pues asumir que basta y sobra con exportar oro, cobre, gas, harina de pescado, maderas, etc. para convertir al Perú en Suiza, no nos llevará a ninguna parte.

www.aeperu.blogspot.com – Lima 20/08/2008









Legisladores no atendieron argumentos de ministros

COMISIÓN DEL CONGRESO APRUEBA DEROGAR DECRETOS SOBRE TIERRAS DE COMUNIDADES


Presidente del Parlamento mediará para que el pleno vea el tema mañana. Jefe del Gabinete reitera que existe manipulación política en paro amazónico

Las explicaciones de cuatro ministros no fueron suficientes para los integrantes de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, que ayer aprobó un dictamen para derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, referidos a la decisión sobre la posesión de tierras de las comunidades de la sierra y la selva.

Fueron seis votos a favor (especialmente del Partido Nacionalista Peruano y el sorpresivo respaldo de Gabriela Pérez del Solar de Unidad Nacional), contra dos inesperadas abstenciones de los apristas José Macedo y Tomás Cenzano, y el voto en contra de la también parlamentaria oficialista Helvezia Balta.

El dictamen pasaría mañana al pleno del Congreso para su discusión, aunque el tema también es visto por otras comisiones (Constitución y Agraria lo discutieron durante la jornada de ayer).

Este fue el colofón a una cita en la que el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, acompañado por los ministros Ismael Benavides (Agricultura), Rosario Fernández (Justicia) y Antonio Brack (Ambiente) sustentaron el contenido de los decretos y explicaron los problemas generados por el paro amazónico y las medidas adoptadas frente a ello.

Del Castillo indicó que el Gobierno es respetuoso de las comunidades y negó que se pretendiera afectar sus posesiones y propiedades. Sin embargo, el tono de sus declaraciones no opacó la dureza que empleó --durante la mañana, en diálogo con CPN Radio-- para referirse al asunto.

"Hay una red de organizaciones no gubernamentales en la selva que le ha metido a la gente la idea de que le quieren arrebatar sus tierras. Los están engañando para manipularlos políticamente. Encima los llevan a acciones de violencia (...). Quieren echarse al Gobierno abajo", dijo.

En un tono más conciliador, durante la tarde, el jefe del Estado, Alan García, subrayó que los mencionados decretos legislativos servirán para que "la comunidad campesina que lo desee y lo decida, con el voto de la mayoría" pueda "asociarse o alquilar tierras y convocar tecnología y capital para desarrollar recursos".


REUNIÓN EN EL CONGRESO


En la noche, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén (Apra), se reunió con representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que sostiene que son siete los decretos legislativos --incluidos los números 1015 y 1073-- los que afectarían la propiedad colectiva de la tierra.

Al término de la cita, Velásquez Quesquén informó que le ofreció al presidente de Aidesep, Alberto Pizango, consultar a la Junta de Portavoces si el dictamen aprobado en la Comisión de Pueblos Andinos puede tener prioridad en la agenda del pleno que se celebrará mañana.

También puso sobre la mesa la posibilidad de crear una comisión multipartidaria que estudie diversas iniciativas legales planteadas por las comunidades nativas.

"Este tema no se puede seguir dilatando para mañana, tarde y nunca", acotó.

Al preguntársele por el dictamen que busca derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, comentó que se trataba de una votación democrática que se debe respetar "así no nos guste".

En tanto, Pizango destacó la voluntad de diálogo mostrada por el presidente del Congreso y señaló que consultará con sus bases las propuestas alcanzadas durante la conversación. No precisó si se levantarán las medidas de fuerza.

A las 10 a.m. de hoy la delegación del Aidesep volverá a reunirse con el presidente del Congreso.


INVOCACIÓN DE DEFENSORÍA


Horas antes de los sucesos en el Congreso, la Defensoría del Pueblo le solicitó al Tribunal Constitucional --a través de un pronunciamiento-- que calificara y resolviera, "con la celeridad que exigen las circunstancias", la demanda de inconstitucionalidad que ella entabló contra el Decreto Legislativo 1015, el pasado 30 de mayo.

Sin embargo, cuando a Velásquez Quesquén se le inquirió sobre este punto, respondió: "El Parlamento no puede condicionar la discusión de una norma a una acción de inconstitucionalidad".

La Defensoría del Pueblo reiteró que el Decreto Legislativo 1015 colisiona con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el Estado Peruano y que tiene rango legal, por lo que es de estricto cumplimiento.

La Defensoría del Pueblo, además, invocó a las comunidades nativas y a las autoridades a reanudar el diálogo y recordó que las medidas de protesta, aun cuando justas, deben evitar la agresión y el daño a personas inocentes ajenas a los asuntos en disputa.


PARA RECORDAR


El 20 de mayo, al amparo de las facultades legislativas para implementar el tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1015.

Este decreto permite que solo se requiera el 50% de votos más uno entre los miembros de cada comunidad campesina de la sierra y selva, asistentes a una asamblea general, para gravar, arrendar o vender las tierras comunales. Antes se requería del voto a favor de dos tercios de cada comunidad.

Debido a las fuertes críticas, el Ejecutivo promulgó el 28 de junio el Decreto Legislativo 1073, que precisa que los votantes que definirán el destino de las tierras deben ser posesionarios (de predios) con más de un año en esa condición.


EL DATO

Extraño robo


El contador de Aidesep, José Luis Masías, fue asaltado ayer en el local de esta entidad por dos sujetos, quienes lo despojaron de una fuerte suma de dinero.


AL GRANO


"No hay espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad"*

¿Existe algún patrón de comportamiento del Estado que desencadene estos conflictos sociales en el país?

El Estado no está suficientemente preparado para atender la conflictividad en el país. Cuando se presenta una demanda social no hay una reacción inmediata, no hay un espacio de interlocución entre el Estado y la sociedad.

¿Ha habido, entonces, problemas de comunicación?

No está instalado en el Estado ni tampoco en buena parte de la sociedad el valor del diálogo. Es mirado por encima del hombro, cuando es a través de él que se forjan los acuerdos más duraderos. Ello es un problema que contribuye a que hasta ahora no se tenga una respuesta institucional frente a los conflictos.

Diario El Comercio – Lima 20/08/2008








CHOTA DESABASTECIDA DE AGUA POTABLE


CHOTA. Varios ciudadanos de esta ciudad de Chota mostraron su indignación y preocupación por el desabastecimiento de agua potable que se viene presentando con mayor frecuencia en los últimos meses, ya que este liquido es elemento insuficiente para abastecer a los habitantes de la zona Urbana, demandaron.

Los ciudadanos manifestaron que desde el pasado viernes no cuentan con el servicio de agua potable y que esta carencia se viene presentando en varios sectores de la población, además agregaron que este problema viene desde hace muchos años, sin embargo las autoridades no dan solución definitiva al buen funcionamiento del sistema de agua potable.

Muestra de esta necesidad es que muchas familias y establecimientos comerciales acuden a manantiales para abastecerse de este líquido fundamental, sin considerar el grado de contaminación que podría ocasionar al consumir esta agua.

Asimismo señalaron que existe ineficiencia en los trabajadores del servicio municipal de agua potable y alcantarillado, SEMAPA por que han transcurrido cuatro días y la población en su mayoría no cuenta con el servicio del agua potable, expresaron los usuarios.

Diario Panorama – Cajamarca 20/08/2008









EMPRESAS MINERAS EVALÚAN PROYECTOS PARA GENERAR ENERGÍA PROPIA


Empresas mineras estudian generar su propia energía eléctrica


Las empresas mineras evalúan el portafolio de proyectos que tiene el Ministerio de Energía y Minas para la participación en generación eléctrica propia, tras el incremento de la demanda de energía eléctrica, informó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Ysaac Cruz.

"Si eso se decide hoy, tardaría cinco años para ponerlo en práctica, no es algo que solucione la coyuntura actual, estoy seguro que algunas de ellas van a tomar ese tipo de decisiones", comentó en declaraciones citadas por la Agencia Andina.

El titular del gremio minero recordó que las empresas mineras han realizado inversiones en generación de energía eléctrica para sus operaciones.

"Siempre lo hemos hecho, hay bastantes empresas mineras que están operando en Perú que tienen sus centrales hidroeléctricas, otras no, pero eso ha sido parte de los programas de inversión de las empresas mineras de siempre", explicó.

Radio RPP – Lima 20/08/2008