19 de agosto de 2008

VALLE JEQUETEPEQUE CONDENADO A SER DESIERTO


La guerra del futuro, llegó. De calificarse de ilegal la resolución municipal emitida por el gobierno edil de San Pablo, el agua de las lagunas del Alto Perú sería utilizada para la explotación minera, condenando al Valle del Jequetepeque a convertirse en un desierto, sentenció Edilberto Barrantes Quiroz, presidente de la asociación de sanpablinos residentes en Cajamarca.

“Este problema viene desde el año 2003, donde el distrito de riego del Jequetepeque viene otorgando el agua de las lagunas de Alto Perú a la Minera Yanacocha. Esas lagunas son fuente de vida del Llaucano y Jequetepeque”, agregó Barrantes.

Hoy, a partir de las nueve de la mañana en la Segunda Sala Civil de la Corte de Lima, se ventilará el caso, donde se pretende declarar ilegal la Resolución Municipal emitida por el gobierno edil provincial de San Pablo, declarando que las 280 lagunas de la zona Alto Perú son intangibles. Según la resolución esta zona es declarada como ecológica y turística.

“Se cuenta con una Corte de Justicia en Cajamarca, sin embargo la denuncia que impone Yanacocha la asienta en la capital, la verdad difícil entender el por qué de esta actitud de la trasnacional”, agregó Barrantes.

Las lagunas del Alto Perú son una esperanza de vida, es deber de cada cajamarquino defender esa cabecera de cuenca, por ello una comisión estará en Lima para defender los derechos que asisten a la población, indicó.

Diario Panorama – Cajamarca 19/08/2008









RONDEROS DE QUEROCOTO DEBATEN SOBRE ACTIVIDAD MINERA


CHOTA. El presidente del comité central de rondas en el distrito de Querocoto, José Lorenzo Silva Ramos, dio a conocer las actividades que viene cumpliendo la organización campesina en su jurisdicción respecto a la coyuntura actual que viven los ciudadanos en la zona.

También informó las Rondas Campesinas que tienen como agenda para el 08 de setiembre desarrollar una reunión amplia, en el caserío de Ayanchacra, jurisdicción del mismo distrito en donde participen líderes sociales, autoridades locales, provinciales y sociedad civil en su conjunto a fin de intercambiar ideas sobre la actividad minera en la Granja de Querocoto por parte de la empresa Rió Tinto.

El dirigente Rondero consideró que la reunión es muy importante, porque también estarán presentes representantes de la empresa minera, para explicar a la población las condiciones medio ambientales y sociales con las que se ejecutan trabajos en las zonas concesionadas por el Estado, para ejecutar la extracción de los metales.

Diario Panorama – Cajamarca 19/08/2008









LA MOVILIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LA SELVA


Por: José De Echave


Es más que sorprendente seguir escuchando las explicaciones de los principales responsables del gobierno sobre el conflicto en la Selva. Ministros y asesores repiten lo mismo: “las comunidades amazónicas están siendo manipuladas”. Esa es la gran explicación para este caso, como lo fue para todos los conflictos pasados vinculados a industrias extractivas en los últimos años y seguramente lo será para los que vendrán.

Demás está decir que esta explicación tiene a la base una hipótesis lamentable: el terrible desprecio a estas poblaciones, que para nuestros gobernantes no tienen la capacidad de darse cuenta por si solos si un conjunto de decretos afectan sus intereses. Supuestamente, ellos solamente son sujetos de manipulación por actores ocultos, que tienen sus propias agendas. Además, solo esos actores los pueden manipular; por una extraña razón, las empresas y las autoridades no lo pueden hacer.

Terrible argumento. Es lamentable que se siga viendo a las comunidades campesinas y nativas como ciudadanos de segunda categoría y hasta débiles mentales. Y es preocupante que nuestras autoridades sigan negando las bases objetivas que explican el conflicto minero y el de hidrocarburos que se expande en todo el país.

No hay que ser un riguroso analista para darse cuenta que un conjunto de decretos (como el 1015 y el 1073, así como el 1064) afecta aun más la situación de las comunidades campesinas y nativas. Solo un ejemplo, el 1064 deroga un artículo clave de una ley anterior (el artículo 7 de la ley 26505) que establecía que: “la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos requiere acuerdo previo con el propietario o la culminación del procedimiento de servidumbre”. Se ha eliminado en la nueva legislación toda mención al “acuerdo previo”. Por la tanto ya no habrá norma expresa a la cual apelar ante la autoridad administrativa, lo que representa un retroceso sumamente peligroso.

Las comunidades los saben. Además, saben que tampoco se ha tomado en cuenta la resolución legislativa mediante la cual se aprueba el convenio 169 de la OIT que establece en su artículo 6 que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante los procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Las movilizaciones en la Selva responden al paquete de decretos que generan una situación de indefensión para las comunidades campesinas y nativas. Esa es la explicación.

El gobierno no ha tenido hasta el momento la capacidad de leer adecuadamente los mensajes que traen los conflictos sociales que se producen en el país. Ese debe ser uno de los motivos que explican el actual nivel de aprobación de la gestión de Alan García que sigue en caída libre, como lo demuestran las últimas encuestas. A ello le debemos agregar la enorme dosis de soberbia que tiene el equipo de gobierno y que no le permite reconocer las consecuencias de las políticas que vienen implementando.

Ese equipo si que necesita una verdadera reforma del alma ¿A eso se habrá referido García en su discurso de fiestas patrias?

www.cnr.org.pe – Lima 19/08/2008








AZUFRE EN EL AIRE DE LA OROYA SUPERÓ LOS NIVELES HISTÓRICOS


Los pobladores tuvieron que cubrirse el rostro para poder respirar en medio de una neblina gris


La contaminación en La Oroya llegó la semana pasada a niveles históricos y espeluznantes. El miércoles 13, la estación de monitoreo ubicada en el sector denominado Sindicato, la más próxima al complejo metalúrgico Doe Run, registró una concentración de azufre en el aire de 27.000 microgramos por metro cúbico, cuando lo permitido por la legislación peruana, a través del Estándar de Calidad de Aire (ECA), es de 364 microgramos por metro cúbico.

Una cantidad similar de concentración de azufre se consignó en la estación de monitoreo del hotel Inca, mientras que en las otras estaciones, como La Oroya, Marcavalle y Huari, ubicadas a varios kilómetros del complejo metalúrgico, también se registraron cifras muy elevadas del elemento químico.

Los reportes obligaron a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) a declarar en estado de emergencia a la ciudad desde las 9:15 a.m. hasta las 12:45 p.m., acción que luego se comunicó a la presidencia del comité provincial de Defensa Civil de La Oroya y a la jefatura del Instituto Nacional de Defensa Civil de Junín para que inicien las medidas que exige el plan de contingencia.

Este plan, elaborado por el comité provincial de Defensa Civil y el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), señala que durante las declaratorias de alerta los pobladores deben cerrar las ventanas de sus casas. Asimismo que las personas afectadas por males pulmonares o mujeres gestantes no salgan a la calle.

Aquel día, los pobladores de La Oroya, acostumbrados a convivir con el olor a azufre, no pudieron resistir la neblina gris que invadía la ciudad, por lo que tuvieron que cubrir sus rostros con pañuelos durante horas.

Diario El Comercio – Lima 19/08/2008








COMPLOT CONTRA EL PERÚ


El presidente del Consejo de Ministros dejó en claro que la declaratoria de emergencia en las zonas que vienen siendo tomadas por los nativos ha sido para resguardar la seguridad energética de todo el país y no para provocarlos u ofenderlos, porque ellos tienen los mismos derechos de los demás por ser peruanos.

Sin embargo, sí hizo la distinción en el hecho de que su medida de protesta dejó de ser pacífica desde el momento en que bloquearon vías de transporte.

Más adelante en el desarrollo de su exposición, Del Castillo denunció la existencia de “un complot contra el Perú” que viene actuando detrás del paro de los nativos, pues de forma sorpresiva y simultánea, se ha procedido a la toma de “lugares estratégicos” para la seguridad energética del país.

“Cómo me pueden explicar que simultáneamente y el mismo día tomen el puente Corral Quemado, tres subestaciones del Oleoducto, la central hidroeléctrica El Mullo, el campamento de Pagoreni en La Convención y amenacen Camisea (…), esto evidentemente responde a un complot contra el Perú”, puntualizó.

Enfatizó que las autoridades impondrán “severas sanciones” y se procesará judicialmente a quienes participen directamente o como actores intelectuales de estos desmanes.

No obstante, al igual que los demás ministros de Estado que participaron en la conferencia de prensa de anoche, ratificó en todo momento ratificó la voluntad de diálogo del gobierno, la cual “es indeclinable”, pero ello no puede llevarse adelante si se mantienen tomadas carreteras, puentes o estaciones.

En ese sentido, mencionó el caso del líder nacionalista Ollanta Humala, quien reconoció que su partido tiene participación activa en las movilizaciones de la selva, lo que alimenta la tesis de que existen intereses políticos detrás de las demandas de los indígenas.

“Esto responde a una estructuración, inclusive hoy (ayer), el señor Ollanta Humala, se ha sacado la máscara diciendo que ellos son parte de esto, lo ha dicho con todas sus letras. Y me ratifico en el congresista (Víctor) Isla, quien llamó para frustrar la reunión” que buscaba alcanzar una solución, manifestó.

“Esta es una información reconfirmada, y por tanto informamos a la opinión pública que esto va más allá de cualquier reclamo de las comunidades nativas”, enfatizó.


Aclaración


Del Castillo Gálvez aclaró sobre las normas que vienen cuestionando los indígenas, que estas de ninguna manera atentan contra las tierras de las comunidades.

“Ni el 1015 ni su modificatoria son para que el Estado despoje a los nativos de sus tierras, eso es absolutamente falso”, señaló.

Ministra Fernández: información distorsionada

Para la ministra de Justicia, Rosario Fernández, muy buena parte de lo que está ocurriendo se debe particularmente a una información distorsionada para hacer aparecer a los decretos legislativos como armas letales contra los derechos de los indígenas.

Brack: patearon el tablero


El ministro Antonio Brack señaló que los nativos desconocieron todo lo que se había acordado y patearon el tablero. Sólo habrá diálogo, si levantan las medidas de fuerza, señaló.

Diario Expreso – Lima 19/08/2008