FARSA CON RESULTADO CANTADO

Manipulación y coerción en Majaz

La consulta popular realizada ayer en Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera en contra de la minera Majaz estuvo marcada por un profundo ausentismo y denuncias de diversas autoridades sobre actos de coacción dirigidos por sectores antimineros. Según los diversos reportes de la zona, el “No” ganó en estos tres poblados, pero sin la participación de la mayoría de votantes.
Al cierre de edición, se supo que en Pacaipampa 5878 votaron por el NO, 76 por el Sí; mientras que en Ayabaca 8878 por el No y 176 por el Sí y hubo apenas un 44% de asistencia. En Carmen de la Frontera 2825 por el No y 73 por el Sí (de un total de 59% que acudió a las urnas).
Según la Cadena Nacional de Radio, en Pacaipampa (Ayabaca) al 97.78% del total de votos emitidos, la opción “No” se imponía por un 97.02%; y lo mismo se repetiría en otras comunidades.
A ello se incluye la denuncia del gobernador de Paima, en Ayabaca, Erick Francisco Salas, de que muchos comuneros votaron a favor del “No” ante presiones de los presidentes de comunidades y ronderos quienes los amenazaban con imponerles sanciones de S/.50 y s/.100, además de una ronda de latigazos, si no expresaban su rechazo a la minera de Majaz.
Reveló también la presencia de gente, que no pertenecía a la jurisdicción, acudía a votar. Esta información fue confirmada por Transparencia, que en su informe señaló que en el padrón electoral no figuraban algunas personas que acudieron al local de votación.
Transparencia también revela que no existió una información adecuada, debido a que los argumentos a favor de la opción del “Sí” estuvieron prácticamente ausentes debido a que los partidarios de esta opción decidieron abstenerse de participar.
Por otro lado, el jefe del Gabinete Jorge del Castillo destacó que miles de pobladores de Talara, Sullana, Chulucanas votaron a favor del Sí.

¿Ollanta promovió rechazo?

Correo accedió a panfletos en los que Ollanta Humala posa al lado de la congresista nacionalista, Marisol Espinoza, exigiendo a los diversos poblados de Piura decir: “No al Proyecto Minero Río Blanco de Majaz”. Los panfletos repartidos en Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera también atacan al premier Jorge del Castillo. “Digámosle no a las políticas retrógradas y fascistas del Premier de la Derecha”, se lee.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007








FASE FINAL DE “OPERACIÓN MAJAZ”

Aldo Mariategui

¿Son o se hacen? Da risa cuando uno lee o escucha a algunos decir que esta “consulta vecinal” de Majaz es un espontáneo e imparcial acto pacífico y democrático. Oigan, ¿cómo va a ser algo así un proceso fríamente diseñado y organizado por agentes externos a la comunidad local para manipularla? ¿Cómo se puede negar que estamos ante una mentirosa, totalitaria, sofisticada y bien financiada campaña de varias ONG y de curas radicales para que todos allá se crean que la minería es el diablo, donde no se ha dejado –apelando muchas veces a la violencia– que nadie disienta y donde luego se ha montado esta mascarada electoral como acto final para cerrarle definitivamente las puertas a esta inversión, con resultados de dictadura franquista? ¿O me van a venir a decir que 90% de votos a favor de determinada postura es “normal”? ¡Nos quieren vender una operación de manipulación de miedos como si se tratase de un impecable referéndum en un cantón suizo! Como daba cuenta ayer un corresponsal de El Comercio, en Ayabaca sonaba todos los días una insidiosa canción que decía “Nada con el cobre/nada con el oro/para los pobres no es solución/cuidado campesinos/este gobierno nos quiere matar”. ¡Matar! ¡Son palabras mayores! Si han hecho hasta radionovelas para lavarle la cabeza al campesinado con la noción de que cualquier cosa que venga del otro lado es automáticamente “mentira”. Las ONG detrás de esto jamás quisieron diálogo sino imponer su posición.
Y se molestan porque se habla de “curas rojos”. ¿Y qué otra cosa son esos jesuitas extranjeros Revesz y Muguiro de Radio Cutivalú y Radio Marañón? ¿Curas apristas? Niegan que las ONG que están metidas en esto sean izquierdistas. Ahora resulta que los conocidos comunistas de la ONG Conacami y de la Red Muqui son centristas… Además, si se quieren realizar consultas para este tipo de cosas, pues que se hagan a nivel regional, porque el canon está en juego. Ya que esta mina es una riqueza de Piura y no únicamente de Ayabaca, pues que vote Piura entera al respecto.
Y mandan cómicos e-mails diciendo qué pensaría uno si encontrasen una mina de ese tamaño al lado de su propia casa en Lima... ¡Pues feliz de la vida! ¡La tinka, el pollón! Le trataría de sacar los mayores beneficios posibles al inversionista.
Pero si algo positivo debe salir de todo esto es que ya se debe acabar cuanto antes con esa contaminación medieval en La Oroya y Pasco. Las concesiones a Doe Run y todos los que operan por allí deben ser canceladas si no solucionan eso ya, comenzando por ese desagüe infernal llamado túnel Kingsmill. Además de estar dañando a seres humanos, les dan falaces pero efectivos argumentos a estos extremistas antimineros.
Finalmente, yerra Alan García cuando se tira contra el Vaticano. Aquí el enemigo son los jesuitas…
Diario El Correo – Lima 17/09/2007







DESPUÉS DE MAJAZ

Gran artículo el de Julio María Sanguinetti publicado ayer en El Comercio. A propósito de la aproximación del bicentenario del proceso de independización de Iberoamérica, comenta la lamentable preexistencia de los dilemas ideológicos que han acompañado a la región desde el siglo pasado.
“El rumbo económico es aún materia de cuestionamiento agudo en asuntos básicos. Estado planificador y empresario o Estado administrador y regulador; política abierta a la inversión extranjera o sospecha ante todo lo foráneo; cooperación u hostilidad con el sistema financiero internacional; economías abiertas o espacios cerrados por mecanismos proteccionistas; creencia en las posibilidades de un desarrollo propio integrado al mundo global o retórico discurso sesentista asentado en la teoría de la dependencia y un trasnochado tercermundismo (...)”.
Asociaba esta reflexión con lo sucedido en Majaz. Y más allá del tema de la manipulación de sectores radicales de izquierda, ONG perfectamente financiadas, operadores políticos a sueldo, religiosos antimineros, y la presión y el chantaje del que han sido objeto las personas que apoyan a la empresa en la zona, definitivamente hay un debate de ideas pendiente sobre el rol que en países como el nuestro cumple la inversión privada.
Debate que hay que empezar a dar (reitero que lamentablemente porque en el Perú de hoy deberíamos estar discutiendo hace buen rato más bien sobre las reformas de la segunda y/o tercera generación) como antelación a lo que con toda seguridad va a volver a suceder en la campaña electoral del 2011.
Y en este punto coincido plenamente con quienes plantean que esta batalla de ideas la debería encabezar el empresariado. Ojo, no sólo el minero; todo el empresariado. Pero tratándose de un sector que viene siendo objeto de una suerte de acoso político sistemático desde hace unos tres años, aquel debería ser el que inicie el ”match“.
El haber estado vinculado profesionalmente al sector minero-energético me permite asegurar que ideas existen y de sobra para desmitificar (al menos de parte de la minería formal) cosas como el daño al agua, la no información o participación de la población en las operaciones de las empresas, el abuso sobre la propiedad territorial de las comunidades, la relación minería-pobreza, etc.
Pero nadie mejor que los propios mineros para defenderse. Lo que hoy se observa es que cada empresa, de manera particular y bajo sus propias capacidades y condiciones, libra sus propias batallas.
Sin embargo, el gremio que los representa no logra articular una respuesta nacional, masiva y eficaz como la de las ONG, producto de las diferencias a su interior, que van desde el tamaño de las operaciones, la ubicación geográfica de las mismas, su régimen tributario, hasta el concepto de responsabilidad social que adopta cada compañía.
Mientras esas diferencias inmovilicen al gremio minero, su esfuerzo podría ayudarlos a empatar marcadores en contra, pero no a ganar la batalla.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007







GARCÍA ENFRENTA AL VATICANO POR CONSULTA ANTIMINERA

Mandatario cuestiona intervención de sacerdotes y se pregunta qué hace la Iglesia jugando a la política

El presidente Alan García no vio con buenos ojos el apoyo que dieron algunos religiosos a quienes se oponen a las labores de la minera Majaz y alentaron la realización de una consulta popular, por lo que lanzó duras críticas en su contra.
García se mostró extrañado de que Radio Cutivalú, administrada por la orden jesuita, se haya negado a difundir los spots elaborados por la Presidencia del Consejo de Ministros.
“Se negaron a transmitir un aviso del gobierno porque ellos tienen un compromiso para que no vaya ninguna inversión allá. Lo que lamento es que sea una radio de la Iglesia (católica)... Entonces yo me pregunto qué hace la Iglesia jugando a la política”, sostuvo.
Recordó que las relaciones del Estado peruano con la Iglesia se cimentan sobre la base de un concordato con el Estado Vaticano, por lo cual las relaciones entre ambas partes son de Estado a Estado.
“La relación con la Iglesia se sustenta en un tratado internacional con un Estado. Así como no me gusta que intervenga en la política (del Perú) el gobierno venezolano o argentino, tampoco es bueno que intervenga en la política el Estado Vaticano”, añadió.
Consideró, en ese sentido, que la Iglesia debe difundir el buen pensamiento cristiano “y los sacerdotes extranjeros deben ir a luchar por su revolución en su tierra y no sólo aquí”.
El Presidente declaró durante su visita a Pisco, donde además aprovechó para denunciar que existen personas que piensan como viejos comunistas y sostienen que toda inversión minera es mala.
“Están malinformando, manipulando, obstaculizando el desarrollo del país. ¿Queremos o no queremos ser más grandes que Chile?”, se preguntó.

SOSPECHAS

Finalmente, el Mandatario expresó su sospecha de que detrás de la consulta vecinal existe una conspiración extranjera para que el país no crezca.
“Hay que tener mucho cuidado con los intereses económicos y tácticos internacionales. La estrategia del capital mundial y de los estados utiliza todos estos recursos. ¿A quién le conviene que el Perú no produzca cinco millones de toneladas de cobre sino que se quede en uno? ¿A qué país le conviene, díganmelo?”, remarcó en clara alusión a Chile.

MAS DATOS

El Mandatario aclaró que el cierre de Radio Orión en Pisco no constituye un ataque a la libertad de prensa y sólo responde a una medida adoptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de evitar la proliferación de radios clandestinas.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007








RADIO CUTIVALÚ DISCREPA DE POSICIÓN PRESIDENCIAL

Ondas jesuitas

Rodolfo Aquino, director general de Radio Cutivalú, consideró como “inadmisibles” los cuestionamientos del presidente Alan García a la injerencia de la Iglesia católica en esa radioemisora para impedir la difusión de spots estatales.
“Es inadmisible que el Presidente lleve este tema (del papel de la Iglesia católica en Radio Cutivalú) al ámbito de la política. Cuando el Premier vino días atrás a Piura, llegó acompañado por monseñor (Luis) Bambarén. Es decir, para unas cosas sirve la Iglesia y para otras no. ¿En que quedamos?”, se preguntó Aquino.
Agregó que García “dice falsedades al afirmar que Radio Cutivalú es direccionada por la Iglesia católica y el Arzobispado. La emisora es promovida por la Compañía de Jesús y no responde a intereses que pretendan apañar el inicio de las actividades mineras de la empresa Majaz S.A.”, comentó.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007









“50% DE AUSENTISMO REVELA EL RECHAZO A LA CONSULTA”

Del Castillo señala que se dio la espalda a ciertas ONG

Como un fiasco calificó el premier, Jorge del Castillo, la consulta popular en las poblaciones piuranas de Pacaipampa, Ayabaca y Carmen de la Frontera en rechazo a la inversión minera y la exploración del consorcio Majaz.
En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, Del Castillo señaló que la convocatoria tuvo un ausentismo o abstención del 50%, lo que implica una actitud de rechazo a la campaña de ciertas ONG y fuertes sumas de dinero invertidas.
“Cuando se hace una inversión millonaria para un proceso así y no va a votar ni la mitad evidentemente es un fiasco, en Piura algunos están con las caras largas pues no hubo éxito. La noticia es el marcado ausentismo de la votación contra la minería”, dijo.
Agregó que al no acudir una mayoría se demuestra que no todos estaban de acuerdo con este referéndum.
Sin embargo, Del Castillo señaló que pasado este tema de la consulta “se impondrá un ambiente de diálogo, distensión y respeto”.
Finalmente el Premier recordó que las provincias de Huancabamba y Ayabaca se benefician del petróleo de Talara, pero quieren recibir canon y no quieren la inversión minera lo cual es una contradicción.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007








“LA APCI HA QUEDADO SÓLO COMO UNA OFICINA DE INSCRIPCIÓN”

Presidente de la SNMPE manifiesta malestar por recorte de funciones para fiscalizar a ONG antimineras

Gabriel González. Nos encontramos en Arequipa, pero las miradas apuntan hacia Piura. En la víspera de la consulta de Majaz, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ysaac Cruz, conversó con Correo sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la relación de la minería con las comunidades.
Correo: Las comunidades creen que así como la superficie, el subsuelo también es de su propiedad. ¿Debería darse una precisión legal?
Ysaac Cruz (YC): No, la Constitución es muy clara en ese sentido: Los recursos naturales son de la nación, de todos los peruanos. El subsuelo no es parte de la propiedad superficial y si el Estado no quisiera que se desarrolle la minería, no entregaría la concesión. Es una disposición implícita del Estado.
C: Entonces el gobierno debería ser más firme...
YC: Tal vez debería ser más explícito, no sólo entregar esto, sino decir para qué se entrega. En determinado momento coexisten la propiedad del subsuelo y la propiedad superficial. Entre ambos titulares debe haber una relación y un acuerdo para poder trabajar, pero eso no lo permiten las ONG.
C: El ministro de Energía afirmó que detrás de las ONG existen intereses internacionales. ¿De quiénes se estaría hablando?
YC: Todo lo que sabemos es que los fondos vienen desde el exterior y son entregados a organizaciones locales e internacionales que tienen como misión evitar la actividad minera. No son ONG que estén preocupadas realmente por coadyuvar al desarrollo de las poblaciones. La mejor demostración de ello es lo que está sucediendo en Tambogrande con la minería informal, ahí no ha aparecido ninguna ONG.
C: ¿Cuál debería ser el papel de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)?
YC: El Tribunal Constitucional (TC) le ha quitado las herramientas para fiscalizar a estas ONG. Al no permitírsele que fiscalice la procedencia de los fondos y sus usos, prácticamente la APCI queda sólo como una oficina de inscripción. Estamos realmente insatisfechos con la actuación del TC en esa materia.

SE APROVECHAN DE LA INOCENCIA

C: En Cajamarca los proyectos prácticamente están paralizados. ¿En otras regiones ocurre lo mismo?
YC: Si bien tenemos problemas, en otras partes del país no hay paralizaciones. Se mantienen los procesos de consulta y diálogo que están teniendo éxito, pero en el norte se tiene ese elemento adicional de organizaciones abiertamente en contra de la actividad minera y la intervención nefasta de un sector de la Iglesia.
C: ¿Por qué en el norte y no en el sur donde la izquierda radical tiene mayor presencia?
C: Es más fácil influenciar a comunidades rurales de extrema pobreza que a poblaciones como a Arequipa que tiene un nivel educativo más alto. Estas organizaciones aprovechan la inocencia de los pobladores.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007







POLÍTICA DE TEMOR EN MAJAZ

Denuncia Antonio Brack

Las entidades y autoridades de la provincia piurana de Ayabaca que rechazan la presencia de la minera Majaz en la zona han introducido una “información del temor” entre los pobladores, haciéndoles creer que existirán altos grados de contaminación si es que la empresa lleva a cabo el proyecto de explotación minera Río Blanco en la zona.
Así lo denunció a Correo el reconocido ecólogo e investigador Antonio Brack, a propósito de la ilegal “consulta vecinal” que se realizará hoy contra la labor de las mineras.
“Aterrorizan a los pobladores. Les presentan ejemplos como La Oroya, es decir, de una minería de 40 años atrás, sin controles y altamente contaminante, y el proyecto Río Blanco no va a ser así. La gente de la zona no tiene instrucción y no entienden un proceso minero, peor aún si no se permite que la empresa informe adecuadamente de los beneficios”, advirtió.
En ese sentido, el reconocido ecologista dijo haber estudiado al detalle el proyecto Río Blanco, y calificó como “infundados” los temores de la población. “Majaz explotará la zona mediante tecnología de punta, que evitará que el medio ambiente se vea afectado. Además dará marcha a proyectos de infraestructura educativa, vial y de servicios, lo que conllevará al empleo de la población de la zona”, afirmó Brack.
El especialista calificó de “lamentable” que aquellos que hoy rechazan la minería no tengan alternativas de desarrollo para la zona, y peor aún, no busquen solución a los actuales problemas ambientales del Alto Piura como “el incremento de la minería informal, la contaminación de los ríos por arrojo de basura y desagües, y la indiscriminada deforestación”.
Por su parte, el ex defensor del Pueblo Jorge Silva Santisteban afirmó que además de no ser vinculante, la “consulta vecinal” de hoy es inconstitucional e ilegal, toda vez que no se debe confundir “el resultado de una consulta con un rechazo sobre las concesiones (mineras) que el Estado haya otorgado o vaya a otorgar”.

MAS DATOS

Muestra de improvisación & La ilegal consulta a desarrollarse hoy en Ayabaca sólo cuenta con 100 miembros de mesa inscritos, de los 536 titulares y suplentes hábiles, reconoció Daniel Alva, representante de la consultora Poder Net, organizadora del evento. Alva sostuvo que era necesario llegar a los 287 titulares para conformar las 89 mesas de votación que se abrirán hoy a partir de las 8 de la mañana. ”Se tendrá que llenar las mesas con los primeros votantes que lleguen“, dijo en diálogo con la agencia estatal.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007







E-MAIL MINERO

A propósito de Majaz, un amigo minero me manda un e-mail interesante. Lo copio parcialmente porque –estemos de acuerdo o no con su perspectiva– enriquece el debate:
“El inversionista minero, nacional o extranjero, adquiere del Estado concesiones de explotación en áreas donde éste dice tener los derechos de los recursos del subsuelo. Luego de pagar al Estado por esos derechos y de invertir en su desarrollo, cumpliendo con toda la normatividad vigente (que no es poca), el mismo Estado le dice al inversionista que para poder usufructuar del derecho adquirido tiene que además obtener una ‘licencia social’ de las comunidades circundantes a la concesión, lo que implica admitir que el Estado ha cedido un derecho que no tiene, y por tanto no es suyo, lo que configuraría una forma de estafa.
Es como que uno comprara un departamento en un edificio, y luego de revisar la titularidad del predio, pagarlo y registrarlo en RRPP, la municipalidad distrital le exigiera además obtener la aprobación y visto bueno de los vecinos del edificio para poderse mudar y vivir en él. Y luego de solicitar esa aprobación a los vecinos, estos le exigieran que primero debe pintar todo el edificio, arreglar el parque de enfrente y dar una fiesta con buffet y orquesta para todos los vecinos, sin lo cual no le darán la ‘licencia social’.
¿Qué haría uno en ese caso? ¿Denunciar a quien le vendió el departamento por ‘vicio oculto’, exigiéndole la devolución del dinero más intereses, daños y perjuicios? ¿O a la municipalidad por atropellar nuestro derecho a la propiedad y a su libre usufructo? ¿O a los vecinos por exigirnos obligaciones a derechos que no tienen?
Esa es más o menos la situación absurda en que se encuentran los mineros, donde el vendedor del predio es el Estado, los vecinos son las comunidades y la municipalidad son los gobiernos regionales y locales, pero con el agravante de que el encargado de resolver legalmente este entuerto es el Estado, ¡O sea, el mismo que nos vendió el departamento!, y que obviamente dirá que el culpable es uno por incumplir las normas municipales y el reglamento vecinal. Por tanto, nos pide que le devolvamos el departamento calladito nomás y que no hagamos mucho lío si no queremos terminar peor. Eso es más o menos lo que le ocurrió a Manhattan con Tambogrande hace cinco años y está por ocurrir nuevamente en Majaz, gracias a la astuta estrategia de los mismos curas diablos, radios rojas y ONG antimineras. Y a la negligencia y lenidad del Estado y sus autoridades. ¿Es o no una estafa?
(…) Y el canon no es una ‘obligación’ de las mineras sino una decisión tomada por el Estado de distribuir el 50% de los impuestos, que de todas formas éstas deben pagarle, entre los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, se les atribuye (a las mineras) la responsabilidad de su mala administración”.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007






LOS PELIGROSOS ANTECEDENTES DE RADICALES ANTIMINEROS

Inteligencia detecta presunta relación de varios promotores antimineros con el MRTA, Sendero Luminoso y Patria Roja

Varios integrantes de la red antiminera que promueve la ilegal “consulta popular” en Piura contra el proyecto Río Blanco, de la compañía Majaz, tienen entre sus antecedentes haber sostenido algún tipo de relación con grupos subversivos como Sendero Luminoso (SL) o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). O en algunos casos, pertenecer a agrupaciones radicales como Patria Roja (PR).
Según información reservada de órganos de inteligencia, uno de ellos sería Euler Jave Díaz, presunto ex miembro del MRTA conocido como camarada Jave. El forma parte del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), que agrupa a los alcaldes provinciales y distritales, comunidades y rondas campesinas, frentes de defensa, organizaciones sociales y población en general de Ayabaca, Huancabamba, Jaén, San Ignacio, Morropón y Tambogrande.
En abril pasado, Euler Jave se encargó de corregir el pronunciamiento de esta organización “para reforzar la presentación del informe de Perú Support Group (de Inglaterra)” mediante el cual se advertía –con poca consistencia– de un supuesto mayor impacto ambiental del proyecto minero de Majaz en la zona.
Asimismo, los datos de inteligencia apuntan a que existirían algunos ex militantes del MRTA en la llamada Vicaría del Medio Ambiente (Vima), que también tiene una activa participación en la “consulta popular” antiminera que se realizará hoy en tres distritos piuranos.

JUNTOS Y REVUELTOS

Otro caso es el de Edgardo Adrianzén, dirigente comunero que integra el Comité Ejecutivo Provincial de las Rondas Campesinas de Huancabamba. Fue elegido en el II Congreso Provincial de ronderos de la zona, en julio del año pasado.
Los organismos de seguridad indican que Adrianzén “tiene antecedentes por delito de terrorismo” por su presunta vinculación con SL.
Con respecto a miembros de Patria Roja, un documento reservado señala que “la Red Muqui a través de la Coordinadora Regional de Organizaciones Sociales del Norte y Oriente Peruano, liderada por el radical Gregorio Santos, promovería la tercera marcha contra Río Blanco, trasladando ronderos y comuneros militarizados de las bases de Ayabaca, Huancabamba y San Ignacio”.
Otro integrante de PR que participa en la campaña contra Majaz es Manuel Campos, representante de las Rondas Campesinas de Huancabamba, según información oficial.
En la apreciación de inteligencia se afirma que “la nueva organización Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte y Oriente del Perú (COSNOP) es fachada de la Red Muqui –que lidera la ONG Fedepaz–, del FDSFN, de la diócesis de Chulucanas y Jaén, Patria Roja, el MRTA, SL y la Coordinadora Continental Bolivariana (vinculada al chavismo)”.

MAS DATOS

El 20 de junio último, en Ayabaca, se detuvo a Teodoro Carhualloclla durante un operativo antidrogas realizado en Mirapampa, comunidad de Mostazas. Pero fue liberado por unas 60 personas armadas que adujeron que el detenido era presidente de las rondas campesinas de la zona. Luego, el 5 de agosto, se produjo un enfrentamiento armado entre efectivos policiales y narcoterroristas en Yanchala, también ubicada en Ayabaca, cuando se realizaba una acción policial contra el tráfico de narcóticos. Los delincuentes estaban armados con fusiles y granadas, de acuerdo con reportes oficiales.
Diario El Correo – Lima 17/09/2007






PELIGROS DE LA MINERÍA

Señor Director:

A propósito de la entrevista realizada al padre Marco Arana en la edición anterior, estimo oportuno recordar al lector que la minería extractiva utiliza y manipula químicos peligrosos para la salud humana. Por lo tanto esta actividad siempre asumirá el riesgo de que por causas antropogénicas, una comunidad rural altoandina, o urbana costera, quede expuesta a efectos tóxicos al diluirse los químicos usados en las aguas subterráneas. Los derrames ácidos, accidentales, causados por negligencia, y los provocados por sismos o lluvias catastróficas, al percolar en el subsuelo contaminan las aguas subterráneas, según investigaciones científicas. La realidad indica algo más: como el agua dulce de la superficie de los continentes está acabándose, la única que sostendrá la vida humana será, precisamente, la contenida en los estratos acuíferos cuaternarios y terciarios del planeta. Y esa es precisamente la que la minería contamina.

Miguel García Puémape

Ingeniero sanitario y ambiental

mgarciapuemape@yahoo.esEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Una advertencia más que debería ser tomada en cuenta por los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Algunos de los cuales, por cierto, han confundido sus roles y ahora parecen voceros de relaciones públicas de grandes empresas mineras.
Diario La República – Lima 17/09/2007







AGUSTÍN HAYA DE LA TORRE: ¿CONSERVADOR EL APRA?

El director de la APCI y disciplinado militante aprista niega que exista una persecución contra las ONG. Por el contrario, culpa a sus directivos de haber provocado la controversia. Diez años después de su reinscripción en el Apra, "Cucho" Haya también ensaya una explicación de un salto a todas luces pragmático: de la utopía mariateguista al alanismo realmente existente.

Por Enrique Patriau

–¿Fue un revés para el gobierno el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de las ONG?

–¿Por qué? La ley se aprobó en el Congreso con una votación que alcanzó casi las dos terceras partes del pleno. Hubo respaldo de la mayor parte de las fuerzas políticas. ¿Qué cosa ha declarado inconstitucional el TC?

–La obligatoriedad de las entidades privadas de inscribir en el registro de la APCI la ejecución del gasto que realizan con cooperación internacional privada.

–¿Y usted sabe qué dice la ley? Que quedan excluidas de la normatividad de la ley 28925 las entidades que reciben cooperación no gestionada por el Estado y que no se acogen a beneficios tributarios. Es decir, quedan excluidas de la fiscalización de la agencia. Y solamente por fines de transparencia, no de fiscalización, deben declarar sus programas, proyectos, actividades. El extremo referente a la inscripción de la ejecución del gasto ha sido descartado.

–Eso es lo que yo le he dicho.

–Es que existe mucha confusión. La ley no considera fiscalizar la cooperación entre privados que no se acogen a beneficios.

–Sin embargo, el presidente Alan García declaró en una entrevista: "Sé que el TC ha corregido el artículo primero de la ley que permitía vigilar el origen del dinero que algunas instituciones utilizan para sus actividades". ¿Vigilar no es casi lo mismo que fiscalizar?

–Lo que el presidente dice es que el TC debió esperar a que sus nuevos miembros se incorporen. Es una simple apreciación. Pero yo le insisto, lo que se ha declarado inconstitucional no es la fiscalización, sino la obligatoriedad de informar, con fines de transparencia, sobre un solo aspecto: la ejecución del gasto.

–El presidente dice además que el argumento del TC consiste en que como el dinero que utilizan dichas instituciones no es público, el Estado no puede o no debe vigilar. ¿Entonces el presidente se ha confundido?

-No, señor, yo no digo eso. Usted quiere ganar un titular, que es otra cosa. La sentencia del TC es clarísima: ha declarado infundada la mayor parte de las demandas presentadas contra las dos leyes y solamente ha declarado inconstitucional este aspecto, el de la inscripción de la ejecución del gasto, que no era para fiscalizar a nadie sino que tenía simples fines de transparencia. Eso es todo lo que se ha anulado.


"¿En qué caso el gobierno ha perseguido por ojeriza a las ONG? Al contrario, nuestra tarea es sintonizar la demanda pública con el trabajo privado...".


–¿No hay una campaña del gobierno contra las ONG?

–En absoluto.

–El presidente dijo desde Pisco: "Las ONG podían hacer 10 veces más para ayudar a las víctimas del sismo". Y Mauricio Mulder declara: "Hay que controlar a las ONG porque si no hasta el Cartel de Tijuana podría financiarlas". Y después de la sentencia del TC dijo que el Apra tampoco dará cuenta de la ejecución del dinero que ingresa.

–Las ONG son una categoría legal, y eso no imprime carácter, lo que significa que las personas que allí trabajen actuarán de acuerdo a las leyes y a sus principios. ¿Qué sucede? Que hay ONGs que cometen actos incorrectos. Nosotros hemos denunciado una estrategia de estafas de una serie de personas que dicen representar a entidades y solicitan dinero. Para eso está la ley, para cautelar el bien público, como lo dice el TC. Hay que tener cuidado. No hay que generalizar.

–Si los que generalizan son sus compañeros de partido. Ellos hablan de "las ONG" sin distinción. Al menos admitirá que la atmósfera es abiertamente negativa.

–Pero la responsabilidad recae sobre quienes fomentan este tipo de debates. Nosotros solamente decimos que, efectivamente, hay irregularidades y por eso la ley nos da la capacidad de establecer sanciones. Por lo demás, dígame contra cuál ONG hay persecución. ¿En qué caso el gobierno ha perseguido por ojeriza a las ONG? Al contrario, yo recibo regularmente entre 30 y 40 alcaldes de los lugares más pobres del país y el 90% tiene una opinión negativa y nosotros intentamos comprender a qué se debe ello. Nuestra tarea es sintonizar la demanda pública con el trabajo privado.

–¿Niega que dentro de su partido haya dirigentes que miren mal a las ONG?

–Puede ser, como en cualquier otro partido.

–Usted perteneció al Foro Democrático, ¿no es cierto?

–Que no era una ONG. Era una asociación civil sin fines de lucro.

–¿Nunca fundó una ONG?

Alguna vez me parece que sí, aunque nunca funcionó como tal. Ni siquiera recuerdo cómo se llamaba. Además no creo que esto sea un tipo de falta, ni mucho menos.

–No lo es, desde luego. ¿Usted suscribe las declaraciones de los líderes de su partido?

–Puede ser. Son declaraciones políticas perfectamente respetables.

–¿Puede ser?

–¿Y qué quiere que le diga? Usted quiere el titular "no suscribe frases ni de García ni de Mulder". ¿No es cierto? En el Apra hay un pensamiento común. Sí las suscribo, ¿qué problema puede haber? Además me parecen declaraciones perfectamente claras. El tono cargado de algunos representantes de algunas ONG provoca respuestas de ese tipo también, ¿no es cierto? ¿Usted sabe quién encabezó el proceso ante el TC? El señor Luis Sirumbal. ¿Y a nombre de quién habla él? Su institución, Cedal, nunca ha sido una organización no gubernamental de desarrollo, jamás se ha inscrito ante la APCI en toda su historia. Y sin embargo argumenta y tiene una prensa notable. Es un señor muy curioso, un activista político que representa a un sector mínimo.

–Usted perteneció a Izquierda Unida y regresó al Apra en 1996. ¿Se sigue considerando de izquierda?

–Sin duda. El Apra es un partido de izquierda democrática, y el único peruano que forma parte de la Internacional Socialista.

–¿Y no le molesta el rumbo conservador que ha tomado el gobierno?

–¿Conservador? No veo por dónde. El gobierno ha planteado con absoluta claridad un modelo social moderno.

–¿Y Rafael Rey?

–El señor Lula, en Brasil, incorporó en su fórmula presidencial a un destacado empresario de la derecha brasileña para ganar las elecciones.

–Pero Rey llegó después de la elección.

–Es parte de una política que tiene que ser, obligatoriamente, de concertación. Lo mismo sucede con los sectores empresariales en los países donde gobiernan partidos socialistas, o laboralistas. Acá en el Perú, ¿qué otras fuerzas proponen algo? Los grupos de Susana Villarán y de Javier Diez Canseco se reclaman socialdemócratas, el único problema es que no tienen votación. La alternativa que alienta el Apra desde el gobierno es el de la izquierda democrática.

–¿Con Rey, con Luis Carranza y con Julio Favre?

–Porque la izquierda democrática supone realismo político y trabajar con la correlación de fuerzas existentes.

–Con los fujimoristas... Bonita convivencia.

–Lo que hay son coincidencias en las votaciones. Nuestra historia política dice que cuando un partido ganaba el gobierno, pero no el Parlamento, venía la inestabilidad, el golpe. Este es el primer gobierno que con una minoría en el Congreso logra construir estabilidad, al punto que la gente piensa que el Apra tiene mayoría. Ese es el juego democrático. Lo que algunos ven como un demérito, yo lo veo como un mérito.

–Usted es impermeable, ¿eh?

–En absoluto. Soy realista sencillamente.

–Ud. saltó de la utopía al realismo de una manera impresionante.

–El realismo es un componente de la política. Lo otro es quedarse en la luna y no darse cuenta de por qué se saca 0.5% de votos.
Diario La República – Lima 17/09/2007







HOY HABLA EL PUEBLO

El discurso oficial sostiene que el pronunciamiento de miles de campesinos en el extremo norte del país es ilegal, inconstitucional y hasta subversivo. No tienen derecho a pronunciarse, repite a diario el premier Del Castillo. La verdad, sin duda, es otra. Un experto en solución de conflictos y otro en derecho ambiental sustentan la validez legal de la consulta popular prevista para hoy en tres distritos de la sierra de Piura.

Por Enrique Patriau

¿Es legal la consulta popular de hoy?

A pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la ha declarado ilegal y el presidente Alan García habla de usurpación de funciones, la consulta para que las poblaciones de los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa se pronuncien a favor o en contra del Proyecto Río Blanco de la minera Majaz se encuentra dentro del marco constitucional. Así lo ha declarado la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino. De igual opinión es el abogado especialista en derecho ambiental Carlos Chirinos. Consultado por DOMINGO, señala que se trata de una modalidad típica de participación ciudadana. "Es legal. Cualquiera puede, bajo el amparo de la Constitución, opinar respecto de lo que desee", añade. Este es el punto clave. Lo que se celebra hoy en la sierra piurana es un acto ciudadano de pleno derecho. Cosa distinta es que no tiene carácter vinculante. Es decir, si gana la posición en contra de Majaz (es casi seguro que así ocurrirá, y por un amplio margen) no significa que la minera deberá abandonar inmediatamente sus trabajos en la zona.

¿Entonces qué buscan los impulsores de la consulta? Básicamente dos cosas:

• a) Legitimar socialmente su propia posición, consiguiendo el respaldo de la mayoría de campesinos.

• b) Presionar a Majaz para que, confrontada con los resultados, decida paralizar sus operaciones y retirarse, como debió hacerlo Manhattan de Tambogrande en el 2002.

Pero si Majaz, abiertamente apoyada por el gobierno, insiste a pesar de todo en sus planes de extracción de cobre y molibdeno, la tensión que se vive en la zona podría derivar en violencia.
Propaganda de la minera Majaz en Ayabaca. No existe el clima de terror del que hablan los defensores de la empresa. En la página anterior, los comuneros. Tienen pleno derecho sobre las tierras de sus comunidades. ¿Los respetarán?

¿Qué derechos les asisten a las comunidades?

La concesión minera en entredicho se ubica dentro de las fronteras políticas de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, ambas legalmente reconocidas. Majaz está ocupando esos terrenos de manera irregular. Si bien los comuneros no poseen los derechos del subsuelo, dos tercios de la asamblea comunal deben dar su aprobación antes de que la superficie sea utilizada por terceros. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, hecho público el año 2006, la empresa no ha conseguido ese aval indispensable para iniciar exploraciones ni para instalar campamentos. Eso por un lado. Pero el caso Majaz, afirma Chirinos, nos recuerda que en el Perú conviven varios niveles de derechos. Mientras un costeño occidental entiende la propiedad como algo exclusivo y excluyente, un comunero le otorga una naturaleza colectiva. A ello se superpone el concepto de Patrimonio de la Nación, manejado por el Estado, que implica que los recursos naturales les pertenecen a todos los peruanos.

José Luis López Follegatti, asesor en temas mineros y coordinador del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, declara que la economía nacional no puede crecer a costa de economías locales vulneradas. En otras palabras, no porque la inversión que representa el Proyecto Río Blanco ascienda a US$ 1,000 millones podemos cerrar los ojos al derecho que les asiste a los campesinos piuranos de vivir sin contaminación minera. ¿O cómo se sentiría usted, vecino de Surco, San Isidro o Miraflores, si una empresa obtiene la concesión para explotar un yacimiento aurífero al lado de su casa? ¿Se quedaría tranquilo si le aseguran que la empresa en cuestión mantiene los niveles de calidad, salud, seguridad y protección del medio ambiente bajo los estándares más altos?

El premier Del Castillo fue a Piura el lunes 10 de setiembre. Dijo que quería dialogar, pero luego se dedicó a satanizar a los campesinos.

¿Qué debió haber hecho el gobierno?

Si bien López Follegatti admite que la consulta es preferible a cualquier acto de violencia, considera que lo mejor hubiese sido contratar, primero, a una consultora técnica independiente, escogida por los comuneros y financiada por la empresa o el Estado, que determine en base a un estudio detallado la real dimensión del impacto ambiental. "Lo ideal pasa por negociar y arribar a consensos. Después podría haberse dado paso a una consulta, con ambas partes en capacidad de promover sus respectivas posiciones", añade.

Ha pasado exactamente lo contrario. El estudio de impacto ambiental de Majaz es todavía una incógnita mientras empresa y comunidades, lejos del entendimiento, se han enfrascado en un conflicto que podría arreciar más pronto que tarde. López Follegatti considera que, acaso, hemos llegado a este punto muerto debido a que Majaz se obsesionó por empezar a operar lo más pronto posible, sin aceptar un "no" por respuesta. Y es muy claro que la presión genera una reacción similar. También ayudaría a evitar situaciones similares en el futuro el hecho de que el Estado defina dónde sí y dónde no pueden llevarse a cabo determinadas actividades. "No es una posición ideológica, sino una política de desarrollo", sostiene al respecto Chirinos. En la zona donde pretende operar Majaz hay fructíferas áreas de cultivo y valiosos bosques. ¿Es conveniente la explotación minera ahí ignorando lo que piensan los comuneros?

OBSERVADORES ELECTORALES

La consulta popular de hoy contará con la presencia de 29 observadores internacionales provenientes de 16 instituciones, entre ellas:

- Misión Belén de Immensee (Suiza)
- Entre Pueblos (España)
- Congregación Religiosa de las Hermanas Misioneras (Alemania)
- SIAN (Alemania)
- Ingeniería sin Fronteras (zona andina)
- Comité Cristiano de Derechos Humanos de América Latina.
Además, Transparencia le confirmó a DOMINGO que 30 observadores suyos se repartirán hoy día entre los tres distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa.
Diario La República – Lima 17/09/2007






PRESIDENTE REGIONAL DE PIURA CONSIDERA “UN FRACASO” CONSULTA VECINAL SOBRE MAJAZ

Solamente votó el 50 por ciento de la población. (Foto: P. Ramírez)

El presidente regional de Piura, César Trelles Lara, señaló que la consulta vecinal realizada en las provincias de Ayabaca y Huancabamba sobre el proyecto Río Blanco de la minera Majaz fue “un fracaso”, pues solamente votó un 50 por ciento de la población.
Trelles sostuvo que de acuerdo al padrón electoral debieron votar 31 mil 700 personas y sólo acudieron 16 mil 500, es decir, “casi el 50 por ciento, a pesar que los organizadores de la consulta popular la prepararon desde hace más de año y medio”.
También indicó que en Sechura, Sullana, Paita, Morropón y Talara se realizó una consulta en la que los resultados indican que la mayoría de la población respalda la inversión minera en sus localidades.
“Esto demuestra que el pueblo de Piura está convencido que es necesaria la inversión en nuestra región. Esto se demuestra con los 50 mil votos de las provincias mencionadas”, enfatizó.
No obstante, la autoridad regional señaló que seguirá conversando con los organizadores la consulta, porque cree en la democracia y en el diálogo.
“Hay que tratar de invitarlos a nuestras reuniones para sentarnos en una mesa de concertación tanto los señores alcaldes como los presidentes de las comunidades y de las rondas, el Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, la Iglesia, y todas las instituciones que tienen que ver con el pueblo”, puntualizó.
La consulta vecinal fue convocada para que la población de los distritos de Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba) expresen su rechazo o respaldo a las operaciones de la minera Majaz en las cercanías de sus localidades. (Con información de Andina)
Diario La República – Lima 17/09/2007








DE FRENTE. SÓCRATES VS. ALAN

Nadine Heredia.

Hace aproximadamente 4 siglos a. C., Sócrates demostró que en política todos tenemos derecho a opinar. Lamentablemente el gobierno no piensa igual cuando se trata de la libertad de opinión de aquellos afectados por la minería. Más allá de discutir si la consulta tiene carácter vinculante o no, la actitud del gobierno denota el miedo que las élites dominantes tienen a una verdadera democracia donde el pueblo participe y sea consultado sobre las actividades a realizarse dentro de su jurisdicción.
Evidentemente esta actitud del gobierno pone en tela de juicio su tan mentada defensa a la libertad de expresión y desnuda la intención de utilizar este principio sólo para amparar aquello que comulga con sus ideas pero no para permitir el derecho ciudadano de acceder a los medios de comunicación y menos para legitimar a aquellos periodistas y medios opositores. El amedrentamiento a periodistas y medios se ha extendido desde principios del gobierno, el cierre de 3 radios y 3 televisoras en Áncash, el cierre de Radio Orión en Pisco argumentado falta de licencia y la amenaza lanzada contra Radio Cutivalú de Piura son ejemplos claros de cómo este gobierno interpreta el concepto de la libertad de expresión.
Lo cuestionable es cómo las grandes empresas de comunicación en Lima no se han solidarizado organizando alguna marcha de protesta a favor de sus colegas como sí lo hicieron con RCTV, cadena venezolana a la que se le había terminado la licencia. La utilización hipócrita de la "libertad de expresión" cumple una función represiva de los grandes poderes que controlan el país contra aquellos que cuestionan el sistema, pero es bienvenida cuando se trata de proteger sus intereses.
La consulta popular planificada en Piura es legítima y busca la reflexión del gobierno y de las empresas mineras para que entiendan que una buena inversión es aquella que paga impuestos y regalías, genera transferencias tecnológicas, da empleo y busca el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los habitantes, respetando su medio ambiente. Este es un problema nacional y Majaz un precedente importante de que el habitante de zonas mineras ya no se quedará de brazos cruzados.
Diario La República – Lima 17/09/2007