DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGISTRÓ 76 CONFLICTOS EN EL PAÍS EN SETIEMBRE
Un 47% de los conflictos reportados está referido a asuntos socio ambientales, un 25% cuestiona el desempeño de alcaldes provinciales y distritales.
La Defensoría del Pueblo registró en el mes de setiembre 29 conflictos sociales activos y 47 latentes, de distinta intensidad, y que involucran a diversos sectores de la población y autoridades de diferentes entidades públicas y empresas privadas.
De este conjunto de conflictos; un 47% de los conflictos reportados está referido a asuntos socio ambientales, un 25% cuestiona el desempeño de alcaldes provinciales y distritales, un 7% se refiere a disputas en comunidades y un 7% a demandas gremiales, entre otros.
El reporte también da cuenta de 27 casos de movilizaciones de protesta, seis acciones de violencia política y dos casos nuevos de conflictos sociales, uno en Huancavelica y el otro en San Martín. Además, se reporta que se han resuelto dos casos en Áncash.
Respecto a las autoridades y entidades cuestionadas, 76 casos dan cuenta del cuestionamiento a 84, autoridades, funcionarios y entidades varias.
El 20% de autoridades cuestionadas está integrado por alcaldes provinciales y distritales. Otras entidades incluidas son empresas extractivas (35), ciudadanos o comunidades (6), gobiernos regionales (4) y Poder Judicial (2).
Con relación a la situación socioeconómica de las zonas de conflicto, el reciente reporte señala que el 59% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (45) Según el nivel de ingresos económicos de su población, 62 conflictos (82%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza.
En 46 casos (61 %) se han producido enfrentamientos, agresiones e inclusive, la retención de personas. En 26 conflictos (34%), la población tomó el local de la institución cuestionada (en la mayoría de los casos se trató de municipalidades).
En 46 casos (61 %) se han registrado paros y movilizaciones. Asimismo, en 26 conflictos (34%) se han reportado, como parte de las protestas, bloqueos de vías de comunicación.
Diario El Clarín – Cajamarca 08/10/2007
Un 47% de los conflictos reportados está referido a asuntos socio ambientales, un 25% cuestiona el desempeño de alcaldes provinciales y distritales.
La Defensoría del Pueblo registró en el mes de setiembre 29 conflictos sociales activos y 47 latentes, de distinta intensidad, y que involucran a diversos sectores de la población y autoridades de diferentes entidades públicas y empresas privadas.
De este conjunto de conflictos; un 47% de los conflictos reportados está referido a asuntos socio ambientales, un 25% cuestiona el desempeño de alcaldes provinciales y distritales, un 7% se refiere a disputas en comunidades y un 7% a demandas gremiales, entre otros.
El reporte también da cuenta de 27 casos de movilizaciones de protesta, seis acciones de violencia política y dos casos nuevos de conflictos sociales, uno en Huancavelica y el otro en San Martín. Además, se reporta que se han resuelto dos casos en Áncash.
Respecto a las autoridades y entidades cuestionadas, 76 casos dan cuenta del cuestionamiento a 84, autoridades, funcionarios y entidades varias.
El 20% de autoridades cuestionadas está integrado por alcaldes provinciales y distritales. Otras entidades incluidas son empresas extractivas (35), ciudadanos o comunidades (6), gobiernos regionales (4) y Poder Judicial (2).
Con relación a la situación socioeconómica de las zonas de conflicto, el reciente reporte señala que el 59% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (45) Según el nivel de ingresos económicos de su población, 62 conflictos (82%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza.
En 46 casos (61 %) se han producido enfrentamientos, agresiones e inclusive, la retención de personas. En 26 conflictos (34%), la población tomó el local de la institución cuestionada (en la mayoría de los casos se trató de municipalidades).
En 46 casos (61 %) se han registrado paros y movilizaciones. Asimismo, en 26 conflictos (34%) se han reportado, como parte de las protestas, bloqueos de vías de comunicación.
Diario El Clarín – Cajamarca 08/10/2007
RONDEROS SE ENCARAMAN ANTE PROYECTO MINERO
Ante el continuismo entreguista y vende patria del régimen de Alan García, que en alianza con las transnacionales extranjeras y sus socios parasitarios de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, el Presidente de la República y el Presidente del Consejo de Ministros han presentado el Proyecto Ley N° 1640/2007 PE, con fecha 22 de septiembre del presente año, en el cual DECLARA DE INTERES NACIONAL LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LA ACTIVIDAD MINERA. Con lo cual pretenden legalizar las concesiones ilegales otorgadas por la mafia fujimontesinista, el régimen de Toledo y el de García.
En el articulo primero señala: "Declárese de interés nacional, la ejecución preferente de proyectos de inversión pública o privada que estén destinados a la concesión, financiación, planeamiento, contratación o ejecución de actividades "mineras en aplicación a la potestad del Articulo 66 de la Constitución Política del Perú, que dispone, que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y corresponde al Estado su aprovechamiento.
En el artículo segundo señala: "Determinación de proyectos de inversión en la actividad minera declarados de interés nacional y ejecución preferente los proyectos mineros Michiquillay (Región Cajamarca), Galeno (Región Cajamarca), La Granja (Región Cajamarca) , rió Blanco - Majaz (Piura- Cajamarca" "Tienen el carácter de interés nacional y de ejecución preferente en el marco de lo dispuesto en la presente norma"
Con ello legalizan la represión y la injusticia contra las comunidades y los campesinos, es un proyecto de Ley de expropiación de tierras, los campesinos serán expulsados, bajo orden de ser arrestados por las fuerzas del orden, si es que no se permite el ingreso de los extranjeros a nuestros territorios.
POR LO TANTO:
1. Rechazamos el Proyecto de Ley 1640 y llamamos al movimiento campesino y popular a rechazar la actitud entreguista del actual gobierno.
2. Demandamos a los gobiernos regionales y alcaldes distritales y provinciales, hacer valer la autonomía en sus territorios y rechazar la imposición de modelos de desarrollo extractivos que han fracasado en los lugares donde se han desarrollado, han dejado conflictos sociales y graves problemas ambientales.
3. Llamamos a los campesinos ronderos, a sus centrales a pronunciarse y preparar la Gran Movilización Campesina a Palacio de Gobierno, por Nueva Constitución, Por una Ley de participación y consulta, por la creación del Ministerio del Medio Ambiente, como autoridad autónoma ambiental, por el respeto al territorio y a las leyes comunales.
Diario El Mercurio – Cajamarca 08/10/2007
