17 de octubre de 2007

PRESENTAN PROYECTO PARA QUE EMPRESAS CONTRATISTAS APORTEN CANON MINERO




El acalde de la municipalidad provincial de Cajamarca Marco la Torre presentó ayer al congresista Alejandro Rebasa, un proyecto para que las empresas contratistas y subcontratistas aporten canon minero, durante la reunión convocada por el congresista en las instalaciones de la Beneficencia Pública.

Es un proyecto que pretende involucrar a todos los actores sociales de Cajamarca y emitir una opinión con respecto a que las empresas transnacionales que trabajan con la minería aporten canon minero, señaló Marco la Torre.

Además estas empresas que utilizan nuestro territorio y vías de acceso no invierten ni aportan un sol a Cajamarca, llevando todas sus utilidades y ganancias para invertir en otros departamentos.

El Burgomaestre puntualiza, en un caso específico, de una empresa transnacional que abastece de combustible a la minería “esta empresa que utiliza 15 trailers, es una de las que malogra la principal carretera Cajamarca – Ciudad de Dios”.

Y DESPUES DE LA MINERIA

Marco la Torre es contundente y advierte que cuando el recurso minero se agote en Cajamarca el impacto social será más fuerte que el impacto ambiental. Todo gira alrededor de la economía de las grandes empresas mineras, desde ese punto de vista el gobierno central debe enfocar el incremento del canon minero, indicó.

Diario Panorama – Cajamarca 17/10/2007










RECHAZO FUNDADO



Por una vez, hay que felicitar a nuestros congresistas por lo ocurrido en la Comisión de Energía y Minas, ante la que habían concurrido el premier Jorge del Castillo y el titular del sector Juan Valdivia con el fin de fundamentar el proyecto de Ley 1640, que declara "de interés nacional" la ejecución de 20 proyectos de inversión en actividad minera. Salvo al PAP –que le dio su apoyo– la sustentación del referido proyecto no convenció a ninguna de las bancadas, que subrayaron su generalidad y vacíos y criticaron el que ni siquiera se exija a las mineras un estudio de impacto ambiental previo.

Acorralado, el premier escapó por la tangente al afirmar que la oposición "no desea el éxito del gobierno" y que la intención del proyecto no es otra que "dar una clara señal a la comunidad de que en nuestro país sí se respeta la inversión minera", añadiendo que "algunos quieren vivir en la Edad de Piedra". Un argumento más bien discutible, pues identifica la explotación minera con una supuesta modernidad, la misma que el gobierno pretende imponer por encima de la voluntad de las comunidades afectadas.

El equivocado y en la Edad de Piedra es el gobierno, que busca imponer al país un modelo de explotación minera que ha caducado en todo el mundo, y que con el pretexto de la necesidad a como dé lugar de inversión externa consagra la presencia de empresas transnacionales a las que llena de privilegios por encima de lo que piensen las poblaciones afectadas. Asombra que, cuando nos encontramos en pleno conflicto provocado por Majaz –rechazada en una consulta popular libérrima y con observadores internacionales– se pretenda extender los enfrentamientos a todo el país mediante implantaciones mineras inconsultas.

Es que el Ministerio de Energía y Minas no puede seguir siendo juez y parte, al ser el ente estatal encargado de promover la inversión en actividad minera y a la vez ser el encargado de la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), a través de los cuales el inversionista se obliga a cumplir con determinadas metas que preserven el desarrollo sostenible mediante el respeto del hábitat y el entorno ecológico del espacio en el que va a operar. Tal hecho da origen a los EIA laxos y poco exigentes, que son mayoría.

Pero como en nuestro país no existe una Autoridad Autónoma en materia ambiental –propuesta por la Defensoría del Pueblo–, un Ministerio del Medio Ambiente o siquiera un Centro de Planeamiento Estratégico, organismos que podrían indicarnos las prioridades territoriales en materia de inversión minera, seguimos en las mismas, y el gobierno puede plantear sin pudor la amputación de parte de la reserva de Candamo para dedicarla a la explotación de gas o, como en Majaz, pensar que es posible imponer un modelo de desarrollo empresarial minero por encima de las demandas populares. Es decir que, cual si fuera un irremediable pirómano, prepara los próximos incendios.

Diario La República – Lima 17/10/2007